El presidente insiste "en privilegiar el posicionamiento de funcionarios cercanos a él, o al primo de un amigo".
Foto: Cuartoscuro
El pasado 26
de julio, el presidente del PRI, Enrique Ochoa, se presentó ante los
senadores de su partido para solicitarles urgir a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) a que apurara la revisión de las acciones
de inconstitucionalidad presentadas en la PGR en contra de los
gobernadores de Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua y los congresos
locales por la aprobación de leyes a “modo” en materia anticorrupción,
en los llamados “paquetes de impunidad”. Dichos paquetes incluían la designación de fiscales que servirían
como tapaderas de gobernadores que, cercanos a su salida, garantizarían
la impunidad sobre sus actos corruptos que ya estaban en el ojo
público.
Un mes después de que el PRI perdió 7 gubernaturas y tras varios
meses en los que la corrupción se encontraban en el centro del debate
nacional, la intervención de la maquinaria del PRI en su dirigencia,
gobierno y Senado, parecía un acto desesperado enmarcado en un discurso
que ningún partido político podía evadir.
Desde mucho antes y gracias a las investigaciones periodísticas que
revelaron los escándalos de corrupción en esos estados, se sabía que no
era posible dejar de actuar frente a la red criminal que le permitió a Javier Duarte desviar recursos del erario a través de empresas fantasma; el sistema de despojo inmobiliario del círculo cercano de Roberto Borge y el enriquecimiento ilícito de César Duarte. Algo había que hacer y el PRI necesitaba tomar distancia de esos abusos de los que por años había sido cómplice.
Como se sabe, la SCJN invalidó los paquetes de impunidad, los
gobernadores alistaron sus maletas y en el río revuelto, el priísmo
intentó capitalizar lo que podía, repitiendo en toda oportunidad que se
encontraban combatiendo a la corrupción de forma frontal.
Pero así como los gobernadores priístas hicieron que un congreso
sometido a ellos aprobara un andamiaje de impunidad, con un fiscal a
modo para un futuro sin fueros y muchas cuentas que rendir, Enrique Peña Nieto está haciendo lo mismo, gracias a una reforma aprobada años atrás.
En la Reforma Política de 2013, se incluyó la creación de la Fiscalía General de la República (FGR) en sustitución de la PGR. Peña Nieto propuso que el nuevo fiscal durara en su encargo 9 años
y que el Procurador que se encontrara en el encargo al momento de la
entrada en vigor de la ley reglamentaria sería su primer titular, es
decir, de aprobarse dicha ley en la presente administración, el titular podría ver pasar hasta a tres Presidentes.
El exceso no fue detenido en el Congreso y la inminente designación de
Raúl Cervantes Andrade ha encendido focos de alerta en distintos
niveles.
Desde la salida de Jesús Murillo Karam y la llegada de Arely Gómez a la PGR,
estuvo latente la posibilidad de que el Congreso comenzara con el
proceso de aprobación de la ley reglamentaria de la FGR, pero las
coyunturas políticas, muchas de ellas alimentadas por actuaciones y
escándalos de la PGR, impidieron que esto sucediera. A pesar de que los
tiempos no han dejado de ser agitados, Peña Nieto ha decidido dar un
paso contundente en el proceso de transición hacia la FGR.
Raúl Cervantes Andrade solicitó licencia como senador de la
República. Senadores de todos los partidos lo llenaron de halagos y
buenos deseos par su nuevo encargo como Procurador rumbo a un proceso de
ratificación fast track que no durará mas de 48 horas.
Primo hermano de Humberto Castillejos, consejero
Jurídico de la Presidencia (y probablemente el hombre de mayor
influencia en Los Pinos), Cervantes fue presidente del Senado de
septiembre de 2013 a agosto de 2014 y al terminar su encargo pidió
licencia para retirarse a la academia. Lo que en verdad se planeaba, era
la llegada de Cervantes a la SCJN gracias a un pacto en el que el PRI colocaba a uno de los dos ministros
que salieron el año pasado del Alto Tribunal. Dicho plan se derrumbó
una vez que fue evidenciado, en buena medida gracias a la oposición de
diversas organizaciones de la sociedad civil que demandaron una Corte
“sin cuotas ni cuates”.
Tras la derrota del acuerdo político, Cervantes regresó al Senado el
pasado 5 de noviembre y desde su escaño vio pasar, como casi todos los
senadores, los escándalos de corrupción de los gobernadores sin mover un
dedo. A horas de su inminente llegada a la PGR, la Presidencia de la
República, en un comunicado, informó que “El doctor Cervantes
Andrade deberá, en caso de ser ratificado, en conjunto con el Congreso
de la Unión y la sociedad civil, generar el modelo para que la Fiscalía
General de la República sea efectiva y moderna”.
La afirmación de la Presidencia, probablemente intenta responder a lo
que el pasado 19 de octubre, más de un centenar de académicos,
activistas, líderes de opinión y organizaciones (todas muy diversas)
demandaron en una carta abierta a Peña Nieto y al Congreso de la Unión,
para iniciar un diálogo nacional sobre la Ley Orgánica de la FGR que
debiera “comenzar desde cero” para no heredar los vicios de la PGR.
Los firmantes expresamente solicitaron a Peña y al Congreso detener
la discusión de las iniciativas de ley reglamentaria que se encuentran
en el Senado para que en el diálogo nacional propuesto se discuta la
transición gradual de ambas instituciones; las facultades de los
fiscales que la integraran; la selección, profesionalización, evaluación
y control disciplinario de su capital humano; los costos del legado; la
transparencia y supervisión ciudadana; y la autonomía de los servicios
periciales.
Plantear un diseño institucional antes de designar al primer fiscal, no es una solicitud que descansa en la ingenuidad. La ineficacia, corrupción y desconfianza hacia la PGR han afectado profundamente la vida del país.
Ayotzinapa es una herida abierta en la que, en muchas ocasiones, la PGR
ha transgredido los derechos de las víctimas y sus familiares, desde la
construcción de la “verdad histórica” hasta la protección a
funcionarios acusados de lo que Tomás Zerón es acusado.
Que la reforma a la PGR se haya aprobado en una reforma política, es
casi un lapsus de quienes ven en la procuración de justicia y la
persecución criminal, una herramienta política al servicio de quienes la
controlan.
Es grave que ante las crisis de derechos humanos y política, Peña
Nieto insista en privilegiar el posicionamiento de funcionarios cercanos
a él, o al primo de un amigo, sobre la construcción de instituciones
que ya no se soportan a sí mismas, pero también es obvio: ¿A qué le teme
el presidente y su primer circulo?
Las acusaciones de corrupción pesan y amenazan la tranquilidad y el
futuro del presidente y algunos de sus cercanos en medida en que crece
la impopularidad presidencial y se rechaza más la corrupción. El paquete
de impunidad que ha preparado, como con los Duarte y Borge, incluye un
fiscal a modo, en perjuicio de un cambio sustancial, que debiera empezar
por la justicia y el combate a la impunidad.
¿Y el Senado? ¿Y la “oposición”? ¿Y el PRI que “reaccionó” con los paquetes de impunidad de sus gobernadores?
Deténganse la impunidad en los bueyes de mi compadre (sobre todo si ya está quemado).
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