CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La agenda de la semana ha tenido como uno de sus protagonistas al gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, quien tiene en su haber el premio mayor al ejercicio de la corrupción como práctica recurrente. No digo en modo alguno que no había –que no hay– otros casos de corrupción a lo largo y a lo ancho del país. El mérito, si así se le puede decir, de Javier Duarte es haber roto los umbrales de tolerancia no sólo de los ciudadanos, sino de los practicantes de la corrupción más afectos a la expoliación de los recursos públicos vía contratos amañados, concesiones discrecionales, moches y demás. Javier Duarte no sólo hizo, sino que escaló los niveles de descomposición del Estado donde se borraron las líneas –al menos las formales– del papel del Estado como garante de la seguridad y la convivencia social.
En Veracruz sucedió un primer experimento que llegó a sus últimas consecuencias: la presumible simbiosis entre el crimen organizado y gran parte del gobierno del estado de Veracruz. Ya en Michoacán, con Fausto Vallejo, se habían visto relaciones indebidas con cárteles del crimen. Asimismo, en Chihuahua hay datos presuncionales de la misma conducta con el exgobernador César Duarte. En Quintana Roo el exgobernador Roberto Borge suplió el papel del crimen organizado y operó una parte de estas actividades delictivas, como el despojo de bienes inmuebles revestido de las formalidades legales.
Pero Duarte se lleva aquí la medalla de oro porque existen indicios claros de que hubo una fusión con grupos del crimen organizado para delinquir. En diversos municipios hay registros de secuestros, extorsiones, homicidios, tiros de gracia a la opinión crítica, que fueron sólo algunas de las expresiones más desafortunadas de este impresentable personaje.
No había duda, pues, de que alguien con esas características era insostenible incluso para un gobierno como el de Enrique Peña Nieto, quien ha hecho de la corrupción su principal bandera de gobierno. El alumno salió mucho más aventajado que el maestro. Por esa razón esa reserva tradicional del PRI votó por otra opción también poco presentable, el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares, quien no es, en forma alguna, un ejemplo de ética pública.
Lo cierto empero es que Yunes Linares –quien conoce al monstruo en sus entrañas– advirtió oportunamente lo que sucedía en Veracruz. Hoy hay una supuesta búsqueda de Javier Duarte.
El principio del fin del gobernador con licencia tuvo lugar en una suma de eventos desafortunados. ¿Por casualidad, por ignorancia o por colusión o por las tres cosas juntas?
Duarte solicitó licencia al Congreso del Estado para “limpiar su nombre”. Aquí empezó un viacrucis jurídico. Si tan interesado estaba en “limpiar su nombre”, hubiese presentado su renuncia al cargo, la cual está prevista en el artículo 44 de la Constitución de Veracruz, que a la letra dice: “El cargo de Gobernador del Estado sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso del Estado”. No lo hizo, ni tampoco los legisladores exploraron esa hipótesis. Hay una diferencia sustantiva entre la licencia y la renuncia. En el caso de la renuncia no hay duda de que el gobernador que ha renunciado pierde su fuero constitucional, es decir la inmunidad procesal para ser juzgado. En el caso de la licencia me parece que no se pierde en automático el fuero. Considero que lo sigue conservando en tanto sigue siendo gobernador. En todo caso, la orden de aprehensión solicitada por la Procuraduría General de la República sería el primer elemento para requerir al Congreso veracruzano el retiro del fuero constitucional, siguiendo un proceso que, por muy rápido que sea, toma su tiempo.
Un legislador federal y la PGR han interpretado la constitución veracruzana y han concluido que no tiene fuero. Es su opinión. Resulta sin embargo que esa interpretación no forma parte de sus atribuciones constitucionales. Lo que opine o no el legislador o la PGR es irrelevante jurídicamente hablando. Sólo el Poder Judicial de la Federación puede interpretar si tiene o no fuero Javier Duarte, independientemente de que esa inmunidad se haya convertido hoy en impunidad.
Para tal efecto, una vía es la demanda de amparo, que seguramente ha conseguido ya Javier Duarte para evitar ser sancionado. Otro camino sería la solicitud de una opinión consultiva del Presidente de la República a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se pronuncie sobre el tema. Si no hay ninguna de las dos cosas, el señor Duarte sigue teniendo fuero constitucional como escudo para para no ser procesado.
¿Por qué no se acordó con el Congreso local retirar el fuero constitucional a Javier Duarte? ¿Por qué ahora con opiniones sin fuerza legal se dice, para consumo público, que Duarte no tiene fuero aunque sí lo tenga? Tengo la convicción de que todo este entramado digno del mundo al revés fue una estrategia para facilitar que el gobernador con licencia permanezca en libertad a pesar del cúmulo de presuntos delitos que se le podrían fincar.
Me parece una grave irresponsabilidad del gobierno federal lo que se ha hecho en este caso que transita por dos senderos: a) En la vertiente de los medios, y para calmar la protesta social, la PGR dice que está investigando dónde se encuentra Javier Duarte para detenerlo, porque a su parecer no tiene fuero o inmunidad alguna, y b) la estratagema legal que hizo transitar la “licencia” como una salida política, dejando intacto el fuero constitucional de Duarte como una especie de seguro para él, por si la PGR no cumplía el hipotético trato que hubiera tenido con el mandatario veracruzano.
Al final del día, las cosas están en el peor escenario posible para regenerar los tejidos sociales rotos por el gobierno de Javier Duarte. Se trata, en suma, de una simulación más, que busca ofender la inteligencia de los mexicanos aprovechando el desconocimiento legal de la mayor parte de los ciudadanos para salir del paso.
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