CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Comunidades indígenas de la Montaña alta de Guerrero buscan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare inconstitucional la ley minera, por considerarla violatoria a los derechos humanos de los pueblos originarios y contraria a tratados internacionales firmados por México.
En conferencia de prensa autoridades comunitarias de San Miguel del Progreso, e integrantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT), resaltaron que tras haber atraído la revisión de un juicio de amparo, el miércoles 25 la ministra Norma Lucía Piña Hernández tiene programado exponer para su análisis una ponencia sobre este caso ante ministros de la Primera Sala de la SCJN.
Con la defensa del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, los indígenas de San Miguel –Júba Wajiín, en lengua me’phaa– alertaron que el gobierno federal “busca impedir que la Corte examine el fondo del asunto, al pedir a través de la Secretaría de Economía (SE) el sobreseimiento del amparo en revisión 393/2015”.
En febrero de 2014, los mep’haas ganaron un amparo por el que un juez de distrito en Guerrero suspendió en definitiva las concesiones otorgadas a las empresas mineras Hochschild y Zalamera, tras considerar que se violaron los derechos de los indígenas al no haberlos consultado previamente, como lo establece el Convenio 169 de la OIT firmado por México.
El fallo fue impugnado por la SE, y ante la atracción de la revisión por parte de la Primera Sala de la SCJN, la dependencia ha promovido el sobreseimiento, luego de que la empresas concesionarias de las vetas mineras “Corazón de Tinieblas” y “Reducción Norte de Corazón de Tinieblas” se desistieron de sus títulos .
Aun cuando el desistimiento benefició a 11 núcleos agrarios de seis municipios, donde están asentadas 240 comunidades en un territorio de 168 mil 346 hectáreas, en noviembre del año pasado la SE puso nuevamente en oferta esos lotes mineros, por lo que los comuneros se ampararon nuevamente para que las llamadas “declaratorias de libertad no surtan efecto”.
Agapito Cantú Manuel, presidente del comisariado ejidal de San Miguel del Progreso, sostuvo que la intención de continuar litigando “es en beneficio no sólo de nosotros, sino de los pueblos que se benefician de los ríos que bajan de la Montaña, nosotros somos campesinos, vivimos de lo que nos da nuestra madre tierra y no queremos vivir de otra forma, no queremos que se contamine la tierra ni el agua, queremos conservar la Montaña para nuestros hijos y nietos”.
Maribel González, abogada de Tlachinollan, explicó que el objetivo de llevar el caso hasta la SCJN es que “aunque se ganaron los amparos, el fondo de la violación a los derechos de los pueblos indígenas es la ley minera, que no reconoce el derecho de los pueblos, no se está pidiendo consulta sino que la ley se declare inconstitucional”.
González dijo que durante el litigio, la SE ha argumentado que a los pueblos indígenas no les asiste la razón, toda vez que la minería es un tema de utilidad pública, “pero ¿cómo puede ser de utilidad pública si las riquezas del subsuelo son entregadas a empresas privadas que, según la ley, tendrían facultades para expropiar la tierra de los campesinos?, ¿cómo pueden ser de utilidad pública ganancias privadas y estar por encima de los derechos de los pueblos originarios, sobre los que se funda la nación?”.
De declararse el sobreseimiento del amparo, advirtió, “lo que vendría es interponer amparos conforme la SE entregue concesiones mineras sobre el territorio indígena”.
Rogelio Teliz, abogado de Tlachinollan, explicó que en Guerrero la SE ha otorgado 816 títulos de concesión para la extracción minera, que implican 24% del territorio guerrerense.
Dijo que hasta ahora sólo operan tres mineras y lo hacen a cielo abierto: en Carrizalillo, en Zumpango; Campo Morado, en Arcelia, y Media Luna en Cocula, con secuelas negativas para el medio ambiente y la salud para los habitantes de las inmediaciones.
Taurino Carrazco y Valerio Amado Solano, miembros de la CRAADT, resaltaron que el proceso jurídico tiene carácter “preventivo”, porque las minas no están operando por el momento, sino que únicamente estaban en fase de exploración.
Aunque tienen información de los efectos nocivos de la minería, los integrantes de la CRAADT señalaron que no han tenido acercamientos con las autoridades comunitarias afectadas por la minería, porque “en esos lugares opera el crimen organizado”.
Carrazco advirtió que uno de los motivos por los que se oponen a la minería es precisamente de que al menos en Guerrero se ha demostrado que, “donde hay mineras, está el crimen organizado, son quienes matan a los líderes que están en contra de las mineras, y los que cobran cuotas, por eso nuestra lucha es preventiva”.