José Antonio Almazán González
La Jornada
La extinción
liquidación de Luz y Fuerza del Centro se convirtió desde su inicio, en
octubre de 2009, en impenetrable misterio al que no han tenido acceso ni
el SME ni persona alguna, ni siquiera el Congreso de la Unión, cuando
se ha requerido información lo mismo a la Secretaría de Gobernación
(SG), a la Secretaría de Energía (Sener) que al Sistema de
Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
La respuesta de estos entes públicos a los requerimientos de
información ha sido invariablemente la misma: o declaran que no existe
la información o responden que los documentos han sido reservados por
cuatro, seis o 12 años, apoyándose en los artículos 13 y 14 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública
Gubernamental, alegando que su conocimiento y difusión pública
afectarían la seguridad nacional, la seguridad pública, provocando
incluso conflictos sociales de magnitudes insospechadas. Bajo estos
argumentosFelipe Calderón logró que documentos claves del proceso de extinción liquidación de LFC fueran reservados hasta por 12 años, cuya difusión oficial hubieran dado otro curso a los procesos legales entablados, para refutar el supuesto argumento de caso fortuito o de fuerza mayor que su gobierno alegó para justificarla.
Sin embargo, una vez vencida la carta de triunfo del SME, como fue el
reconocimiento del patrón sustituto, que el infame fallo de la SCJN
echó abajo, el gobierno de Peña Nieto se vio obligado a abrir la
negociación con el SME por un tema inevitable que requería negociar con
el sindicato, los llamados pasivos laborales de LFC, pero clasificando
como reservados todos los documentos de la extinción liquidación de la
empresa y de la negociación con el SME.
Una revisión de las solicitudes de información presentadas por
diferentes ciudadanos, tanto a la SG y la Sener como al SAE muestra que
el gobierno de Peña Nieto, al igual que el de Calderón, ha reservado en
periodos que van de cuatro, seis y 12 años toda la información relativa a
la extinción de LFC en sus diferentes facetas:
1) Acuerdo marco y su
anexo relativo a las pensiones con renta vitalicia para 996 trabajadores
no liquidados, reservado por seis años a solicitud del SME, se redujo
su reserva a un año a partir del 26 de agosto de 2015;
2) Memorando de
entendimiento firmado entre el SME y la SG, de fecha 10 de julio de
2015, en el que se acuerda una ruta para finalizar el conflicto derivado
de la liquidación de LFC. Reservado por el gobierno federal por cinco
años, pues
...su difusión causaría un acto de imposible reparación para el cumplimiento del laudo dictado por la Junta Especial número 5 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el expediente IV-239/2009;
3) Acuerdo entre el gobierno y el SME para la entrega de plantas
generadoras de electricidad, del 10 de septiembre de 2015, pues su
difusión
afectaría en forma irreparable el cumplimiento del laudo dictado por la Junta Especial número 5 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el expediente IV-239/2009;
4) Solicitud de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, del 7 de mayo de 2014, para que se
haga público el avance del plan y proceso de liquidación de LFC,
reservado por el gobierno federal por cuatro años, a partir del 12 de
octubre de 2013,
pues no ha concluido el inventario de los bienes que integran el patrimonio de LFC, y el destino de los recursos, bienes y activos del extinto organismo descentralizado;
5) Anexos del
contrato en comodato entre SAE y CFE. Solicitud de fecha 10 de
septiembre de 2015. Reservado por el gobierno federal por 12 años a
partir del 6 de octubre de 2010,
en virtud de que no ha concluido el inventario de bienes de LFC.
No se encuentra acreditada plenamente la propiedad de los inmuebles. Gran parte de los inmuebles identificados no se encuentran inscritos en el Registro Público de la Propiedad correspondiente. Los datos registrales identificados (medidas y colindancias) no corresponden con la realidad o presentan discrepancias. Algunos inmuebles presentan situaciones especiales, como la ocupación de terceros ajenos al proceso de liquidación. No se ha terminado de definir cuáles bienes son afectos o no al servicio público de energía eléctrica;
6) Estado en que se
encuentran las negociaciones tanto del Sindicato Mexicano de
Electricistas como de la Compañía Portuguesa Mota Engil, del 28 de enero
de 2016, reservada por 12 años, pues su difusión
puede llegar a comprometer la seguridad nacional y la seguridad pública.
En caso de proporcionar la información solicitada, se podrían ocasionar diversos actos como disturbios sociales, tales como bloqueos de vías generales de comunicación o perjuicio a las instalaciones y, en consecuencia, causar un daño al patrimonio de la nación.
Resulta increíble que a más de seis años seis meses del
decreto de extinción liquidación de LFC no se haya concluido un
inventario de sus bienes y que su rasgo distintivo sea la total falta de
transparencia y opacidad, terreno fértil para la corrupción en todos
los niveles de gobierno. Sobre todo tratándose de una empresa que en
2008 facturaba más de 50 mil millones de pesos por venta de energía
eléctrica. Con un valor contable de sus activos de más de 140 mil
millones de pesos y con un pasivo laboral, por lo menos a diciembre de
2013, de más de 325 mil millones de pesos, que nunca fue fondeado por el
gobierno federal. Habrá que esperar hasta 2017 para comenzar a develar
el misterio de una extinción ligada en tiempo y circunstancias al
proceso privatizador, a menos que el Congreso de la Unión tome cartas en
el asunto.
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