En medio del enorme
desprestigio y sacudido por su incapacidad de distinguir el bien
público del bien privado, Javier Duarte y lo que queda de su gobierno
–diputados incluidos- han decidido pagar favores políticos en plena
campaña electoral al lobby fundamentalista católico veracruzano. Al
analizar semejante maniobra saltan a la vista tres cosas: la perversa
confusión entre bien público-bien privado; la criminalización de la
pobreza y del derecho de elegir; y el uso electoral del periodo
extraordinario de la LXIII legislatura estatal.
Con respecto a
la confusión entre lo privado y lo público no se caería en exageraciones
si se afirmase que la confusión es artificial y orientada a presentar
un código de valores privado como el equivalente de un código público.
Dicho de otro modo, la ley antiaborto, al igual que las aprobadas en
legislaturas de otros estados, insiste en poner por encima del principio
de la naturaleza laico del estado y sus instituciones a la moral
cristiana y sus ideas con respecta a la vida humana.
Hace ya
algunos años, la discusión con respecto a la legalidad del matrimonio
entre personas del mismo sexo realizada por la Suprema Corta de Justicia
no dejó lugar a dudas de que es el bien público el que debe ser
salvaguardado por el estado sin menosprecio de las morales privadas. En
ésa ocasión los fundamentalistas católicos presentaron un recurso de
amparo afirmando que el matrimonio tiene como finalidad básica la
procreación, argumento que reproduce la moral cristiana respecto al
matrimonio e incluso al acto sexual. Los ministros de la corte
rechazaron dicho argumento al afirmar que de acuerdo a la constitución,
el matrimonio no puede ser considerado como un contrato civil con la
única finalidad de tener hijos. Dos personas pueden unirse en matrimonio
legítimamente sin tener que estar obligados a procrear, incluso si son
católicos.
Por lo anterior se deduce que el bien público está
por encima del bien privado, como lo sería la adopción de un credo
religioso, ya que el que una persona asuma los valores morales de una
religión no significa que los puede imponer a los demás. Incluso si la
mayoría de los mexicanos se declaran católicos esto no obliga al resto a
seguir las máximas cristianas. Es curioso como en nuestro país nos
escandalizamos con el fundamentalismo musulmán, pasando por alto que la
iglesia católica y sus aliados políticos se comportan de la misma manera
en nuestro país. ¿No es acaso un rasgo fundamentalista de cualquier
religión obligar a personas que no la profesan a vivir de acuerdo a sus
principios y además estigmatizarlos como encarnaciones del mal, como
enemigos de la vida si no lo hacen?
Es por lo anterior que la
propuesta de Javier Duarte –que en realidad es la de la iglesia católica
oculta detrás de un grupo civil fachada, Sí a la Vida- utiliza
argumentos ‘científicos’ aportados por una bióloga de la UNAM y que son
reproducidos en el cuerpo del proyecto de ley. De ese modo coloca fuera
de foco el espíritu fundamentalista de la ley contra el aborto a pesar
de que está en el fondo del problema es simple y sencillamente la
imposición de la concepción católica de la vida –aunque lo más seguro es
que no se encuentra nada que soporte semejante idea en la Biblia.
Por otro lado se ha planteado que la ley no impedirá que las personas
puedan viajar a la ciudad de México o utilizar los servicios de un
médico y un hospital privado para realizar un aborto. Y es cierto, pero
siempre y cuando las personas posean los medios económicos para pagar
gastos de traslados o atención privada y discreta claro. De otro modo
tendrá que continuar con su embarazo -sea este producto de una violación
o de relaciones sexuales sin intención de procrear; de si la persona
tiene los medios materiales para mantener al infante o no; de si es
menor de edad o no; de si el embarazo representa un riego para su salud o
no.
La ley no acabará con la simulación y la hipocresía de los
estratos sociales acomodados, que seguirán pagándoles a sus hijas
abortos en clínicas en el extranjero –disfrazados de viajes turísticos-
pero profundizará la opresión hacia las mujeres que no cuentan con los
medios materiales para ello. Son ellas y sus descendientes las que
pagarán las consecuencias de la sumisión del gobernador del estado de
Veracruz para con el fundamentalismo católico, empecinado en imponer su
credo personal. Son ellas las que serán víctimas de una maniobra
electorera -cuidadosamente planeada por Duarte y la derecha veracruzana
para que coincidiera con las campañas- encaminada a presionar a los
candidatos a definir su postura frente a la ley antiaborto, o de plano a
chantajearlos para obligarlos a apoyarla y colocar el tema en el centro
de la disputa por los votos.
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