Utopía
Eduardo Ibarra Aguirre
La
exigencia del Consejo Coordinador Empresarial con sus siete organismos
“asociados” –incluida la Asociación de Bancos de México formada por
firmas trasnacionales–, y sus cinco “invitados permanentes” –como la
Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, los
amos y señores del comercio–, lograron que el grupo gobernante asuma un
claro compromiso con las soluciones de fuerza frente al movimiento
magisterial y popular.
Conflicto que tiene como
epicentro las secciones de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca;
presencia en una veintena de estados más y referentes autónomos pero
convergentes con la Coordinadora Nacional en Chihuahua, Coahuila, Nuevo
León y Sonora, por los desatinos del titular de la Secretaría de
Educación Pública a la hora de aplicar su reforma educativa, como no
pagar a tiempo las quincenas o hacer descuentos arbitrarios a los
trabajadores de la educación, incluidos los del Sindicato Nacional que
administra Juan Díaz de la Torre con gran éxito económico personal.
Ante
la insistencia de Joaquín López-Dóriga –fatuo como es pero posando para
que la entrevista pareciera conversación improvisada–, Enrique Peña
Nieto prometió a los dueños de México y su base social: “El gobierno de
la república no tendrá reparo alguno, no tendrá reserva alguna en
recurrir al uso de la fuerza pública para poner orden y sobre todo,
hacer valer el Estado de derecho”.
El presidencial es el tercer aviso o amenaza –antes hubo dos a cargo de Miguel Ángel Osorio–, del que se autodenomina gobierno de la república,
pero que en rigor es un grupo cerrado que demostró hace una década, en
San Salvador Atenco, de lo que es capaz con los que luchan por sus
derechos con todo y errores que cometen, como el Frente de Pueblos en
Defensa de la Tierra que pagó tal osadía con dos asesinados –Alexis
Benhumea y Javier Cortés–, la detención de 207 personas –entre ellas 10
menores de edad–, 146 encarcelados, la expulsión de cinco extranjeros
previa tortura y 26 mujeres violadas por agentes policiacos que portaban
condón y antes les exhibieron películas de sexo explícito. La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos investiga el caso de las mujeres y el
“Estado mexicano” (los emisarios de Peña) buscan un “arreglo amistoso”
con dinero en la mano, lo que es rechazado por las víctimas.
La
Suprema Corte determinó que se cometieron “violaciones graves de
garantías individuales” por elementos policiacos mexiquenses y la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos dictaminó que “hubo un uso
excesivo de la fuerza”. Con todo, Enrique Peña defendió ante estudiantes
de la Universidad Iberoamericana “el uso legítimo de la fuerza del
Estado” (11-V-12), lo que provocó el #Yosoy132 que estuvo cerca de
hacerlo perder la elección presidencial, lo que se evitó con la presunta
compra de 4 millones de votos y la inducción de todas las encuestas
como favorables.
A qué viene esta remembranza,
pues a que el presidente con todo y su enorme falta de apoyo ciudadano
–que mal justifica con las reformas estructurales y los “intereses
afectados”–, su evidente debilidad, o por ambas, no puede y no quiere
resistir las presiones y exigencias empresariales, multiplicadas hasta
la náusea por el oligopolio mediático. Y asume un compromiso con las
“soluciones” represivas, pues la Policía Federal y las estatales, el
Ejército y la Marina no tienen capacidad para aplicar la “violencia
legítima del Estado” sin violar derechos humanos, herir y asesinar como
lo demostraron en Nochixtlán, Oaxaca. Y la generalizada repulsa los
obligó a dialogar con la CNTE.
Utopía 1716. El uso de la fuerza “para poner orden”. 17-VIII-16
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