Las principales ciudades donde se registra alta incidencia están en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Guerrero y Quintana Roo
(La Silla Rota).-
Con información originada de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se mapeó las rutas de alta incidencia de la trata de personas y del trabajo forzado en México.
Las principales ciudades donde hay un registro de alta incidencia
delictiva, son: Tijuana y Mexicali en Baja California; Nogales en
Sonora; Ciudad Juárez en Chihuahua; Acapulco en Guerrero y Cancún en
Quintana Roo.
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a
conocer que de 3.6 millones de personas que sufren de trata en el país:
31 por ciento son menores de edad (de entre 5 y 17 años), mientras que
el 70 por ciento son personas migrantes e indígenas a quienes se explota
para realizar trabajos peligrosos para su seguridad, salud y dignidad.
La información estadística, documental y de campo disponible en el
Diagnóstico Nacional sobre la Situación de Trata de Personas en México
indica que la principal modalidad es la trata de personas es con fines
de explotación sexual o al menos es la que más se ha estudiado,
perseguido o cubierto en los medios de comunicación.
Le siguen en importancia la trata de personas con fines de trabajos
forzados, la venta de niños y niñas, y el trabajo forzado en actividades
relacionadas con la delincuencia organizada.
Entre el universo de posibles víctimas de trata de personas, los
grupos e individuos en mayor riesgo son aquellos que sufren exclusión y
discriminación, que viven condiciones de vulnerabilidad socioeconómica
de carácter sistemático y/o que sufren de carencias afectivas o
emocionales.
En este sentido, el perfil de las víctimas identificadas y rescatadas
hasta el momento, en conjunto con distintos indicadores económicos y
sociodemográficos, confirman que las mujeres, particularmente las niñas,
adolescentes y jóvenes, son las más susceptibles a ser víctimas de este
delito.
Foco rojo
Un foco rojo de particular preocupación es el caso de niñas y mujeres
indígenas en todo el país, particularmente en la región sur-sureste
donde las condiciones de empleo, migración y acceso a la educación son
más precarias y desfavorables que para el resto de la población femenina
en general.
También preocupa algunas prácticas culturales que promueven la venta y
explotación de las mujeres, pues contribuyen a la vulnerabilidad de
este grupo al delito de trata de personas.
Los varones también están en riesgo de ser víctimas de trata de
personas con fines de explotación sexual, sobre todo en el caso de
menores de edad, pero la evidencia explica que son relativamente más
vulnerables a la trata de personas con fines de trabajos forzados.
Bajo esta lógica, se determinó que en México la trata de personas
representa la tercera fuente de ingresos para la delincuencia
organizada, después de la venta de armas.
Esta información recopilada por la ONU sirvió para que la Comisión
Permanente promueva un punto de acuerdo para pedir a las autoridades
federales, estatales y municipales a que, de manera coordinada y en el
ámbito de sus respectivas competencias, fortalezcan las acciones
necesarias para combatir, reducir y sancionar la trata de personas con
fines de explotación sexual y de trabajos forzados en México; así como
para proporcionar atención y reparación integral a las víctimas de estos
delitos.
El documento legislativo sostiene que en este tema hay un avance
considerables de las distintas autoridades, pero se reconoce que aún
faltan accione conjuntas que permitan un combate más efectivo.
Este diagnóstico de la ONU muestra que sólo siete entidades (Baja
California, Colima, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Veracruz)
cumplen con la mayoría de los principios establecidos por el Protocolo
de Palermo y 17 los atienden parcialmente. El resto de los estados
atiende dichos principios de manera limitada.
Sobre el grado de vinculación que el tipo penal de trata de personas
tiene con otros ordenamientos y su operatividad, los resultados muestran
que sólo cuatro estados (Guerrero, Hidalgo, Querétaro y Sonora) cuentan
con reformas integrales que eviten contradicciones, duplicidad o
problemas operativos en el combate a la trata de personas como la
existencia de tipos penales relacionados.
El mismo estudio indica hay una escasez de estadísticas sobre la
incidencia del delito de trata de personas en México, pues entre el año
2009 y el 2011 se registraron sólo 629 averiguaciones previas por el
delito de trata de personas en el fuero común y en el fuero federal. El
32 por ciento de estas investigaciones correspondieron a actuaciones del
gobierno federal.
También destaca que ocho estados (Aguascalientes, Tlaxcala,
Chihuahua, Chiapas, Puebla, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo) y el Distrito
Federal concentran 81 por ciento del total de averiguaciones previas
sobre trata de personas del fuero común. En el fuero federal se observa
mayor dispersión, aunque también sobresalen los estados de Chiapas,
Veracruz y Tlaxcala.
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