No importa el caso ni las medidas cautelares
Desconfianza en las autoridades municipales y en la aplicación de la
justicia, colusión de funcionarios con la delincuencia organizada,
amenazas e incluso agresiones de la policía a la población civil, son
algunas características de la vida en Iguala, Guerrero, afirma la
activista Diana Carolina Brito, quien recibió un machetazo en el brazo
derecho el pasado 13 de agosto, durante la irrupción de un grupo armado
en la colonia Tlachinollan.
La impunidad es la que gobierna, dice a Cimacnoticias la integrante de
la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, al
describir ese municipio, ubicado al norte del estado y escenario de la
desaparición, el 26 y 27 de septiembre de 2014, de 43 estudiantes de la
Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, a manos de
elementos de la fuerza pública, un caso que ha dado la vuelta al mundo.
Asegura que el pasado sábado, las autoridades municipales no actuaron
para defender a alrededor de 50 familias que fueron atacadas por unos cien hombres armados que los desalojaron de sus casas en la colonia Tlachinollan.
Tampoco nada hicieron para defenderla a ella, quien estaba con sus dos
hijos, menores de edad, al momento de recibir la herida en su brazo,
cuando intentó librarse de dos hombres que la sujetaron.
Para Diana Carolina, en Iguala no hay certeza de justicia en ningún
caso, no importa si tiene que ver con delincuencia organizada o es un
conflicto por la tenencia de la tierra, como el que originó la agresión
del pasado sábado. “Dudo, estoy temerosa de que haya justicia, trato de
cerrar los ojos, de tener calma pero creo que es peor, aumenta la
impotencia”, lamenta.
Peor aún, dice, porque el sábado, cuando los hombres armados con tubos,
palas, martillos, picos y machetes llegaron a desalojar a la gente, la
policía no intervino e incluso parecían estar de lado de los agresores,
quienes alegaban que las familias invadieron un predio propiedad de un
particular, aunque ella y los vecinos aseguran que todos compraron sus
terrenos.
Este conflicto lleva unos seis años en litigio pero no hay solución y
mientras los ataques crecen contra las personas la policía se mantiene
impávida, señala la defensora.
Pareciera, comenta, que esta colusión entre las autoridades, en
particular entre la policía y los delincuentes es común, lo que remite
al caso Ayotzinapa, cuando la policía municipal fue acusada de
participar en la desaparición de los estudiantes, lo que derivó en la
renuncia y encarcelamiento del entonces alcalde José Luis Abarca, pero
en el que aún no hay justicia.
He aprendido que la policía también agrede a la población, dice Diana
Carolina, quien cuenta con medidas cautelares, porque ha recibido
amenazas de muerte por defender el derecho a la vivienda, pero que no
recibió ninguna ayuda de la policía, ni la pusieron a salvo, cuando
estaba haciendo agredida con el machete.
La activista, quien decidió abandonar su hogar y desplazarse a donde
estuviera segura, se mantiene cercana a lo que ocurre en Iguala y
concluye que ahí las víctimas deben tener influencias para acceder a la
justicia. Por lo pronto ella –quien se recupera de la herida que le
causaron– y las otras familias resguardan los bienes que les quedan.
Sin embargo, tras los hechos del fin de semana, ella y los pobladores de
la colonia Tlachinollan presentaron una denuncia por los delitos de
robo, daños materiales y amenazas de muerte, así como una queja ante la
Comisión de los Derechos Humanos del estado, para que investiguen y
hagan justicia.
De acuerdo con la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de
enero a abril de 2016 se han registrado 92 casos de agresión a
defensoras, de estos 68 fueron contra mujeres activista, 18 contra
periodistas y seis contra sus organizaciones.
Aspecto del desalojo en la colonia Tlachinollan, en Iguala, Guerrero | Especial
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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