Inicia análisis de 12 iniciativas
En respuesta al incremento de la violencia contra las mujeres que
participan en política y a las 103 denuncias que se presentaron tan solo
este año por esas agresiones, el Congreso instaló esta mañana una mesa
de trabajo para analizar las siete iniciativas presentadas en el Senado
y las cinco en la Cámara de Diputados en los últimos tres años, con el
fin de definir y tipificar la violencia política de género.
Las doce iniciativas fueron presentadas desde febrero de 2013 hasta
agosto de 2016, con el propósito de modificar las Leyes Generales de
Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en
Materia de Delitos Electorales; del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia.
La mesa de trabajo pretende analizar las 12 iniciativas, para que en el
próximo periodo de sesiones ordinarias, que inicia este 1 de septiembre,
ambas Cámaras las discutan y dictaminen.
El análisis legislativo será respaldado por la Consejería Jurídica
Federal, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía
Especializada para Delitos Electorales (Fepade), que depende de la
Procuraduría General de la República (PGR), entre otros organismos.
La senadora Diva Hadamira Gastélum, del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y presidenta de la Comisión para la Igualdad de
Género del Senado, afirmó que el propósito de la mesa es hacer un traje a
la medida para esta problemática que se presenta en todo el país.
Señaló que desde hace dos años la Cámara alta ha impulsado la definición
y tipificación de este concepto, por ello aseguró que la mesa de
trabajo con la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados,
presidida por la priista Laura Nereida Plascencia Pacheco, permanecerá
hasta que se alcance el objetivo final.
PASO A PASO
La participación política femenina ha tenido avances, como la reforma
político electoral de 2014 y las Leyes Generales de Partidos Políticos y
de Instituciones y Procedimientos Electorales, que obligó a los
partidos políticos a que 50 por ciento de sus candidaturas a
diputaciones federales y locales sean ocupadas por mujeres.
Resultado de que la paridad sea un principio constitucional, la Cámara
de Diputados está conformada por 42.4 por ciento de mujeres y el Senado
por 32 por ciento. Sin embargo, frente a ello, crecieron también las
barreras.
Ejemplo de estos obstáculos, recordó Lorena Cruz Sánchez, presidenta de
Inmujeres, son los casos que se presentaron durante las jornadas
electorales de 2015 y 2016, cuando los partidos obligaron a las mujeres a
firmar sus renuncias y cuando varias candidatas fueron hostigadas para
abandonar sus aspiraciones.
“Es indignante que los hombres amenacen, ataquen e insulten a las
mujeres que ostentan cargos públicos o que, por su participación en los
comicios, se impida la instalación de casillas, se boicotee el voto y se
les niegue que tomen posesión de los cargos cuando son electas”, dijo
Cruz Sánchez.
Hasta hoy, frente a esto, debido a que no está reconocida la violencia
política contra las mujeres políticas, las aspirantes, candidatas o
funcionarias electas recurren a los tribunales, en algunos casos buscan
justicia en la Fepade.
Ante la falta de un tipo penal, en marzo pasado diversas instituciones
electorales y dependencias federales como el TEPJF, la Fepade, el
Inmujeres y el Instituto Nacional Electoral (INE) elaboraron el
Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres a fin de
establecer una ruta de denuncia y atención en estos casos.
De ahí la necesidad, dijo el magistrado presidente del TEPJF, Constancio
Carrasco Daza, de que exista una respuesta ejemplar que no permita la
impunidad en los casos de agresiones hacia las mexicanas que se
desenvuelven en la esfera pública.
El titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, recordó que en las
elecciones de 2015 se registraron 38 denuncias, las cuales revelan que
las conductas delictivas afectaron “de manera desproporcionada” a las
mujeres mientras que en 2016 se documentaron 103 casos más.
Estamos, dijo el fiscal Nieto, ante un marco legal insuficiente para
abarcar todas las conductas denunciadas que afectan a las militantes de
los partidos políticos o a las ciudadanas, lo que da como resultado una
sensación de impunidad. Foto: cortesía Senado de la República
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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