En Estados Unidos el acceso a internet de alta velocidad será considerado un servicio público más.
lasillarota.com
Una de las principales banderas del movimiento global de defensa
de los derechos digitales es la neutralidad de la red, que es un
principio que marca que los proveedores del servicio den acceso a los
usuarios a los contenidos y aplicaciones sin privilegiar a ninguno en
particular como tampoco alterar las velocidades y tráfico para el acceso
a la red. El objetivo final es garantizar la universalidad de igualdad
de acceso a contenidos y aplicaciones, lo que incluye una velocidad de
internet estándar a fin de evitar que sólo los que tengan más poder
adquisitivo puedan tener mejor velocidad en la red, por encima de las
personas con menos poder económico.
Sin embargo, las empresas proveedoras del servicio de banda ancha han
emprendido acciones para vulnerar este principio, alegando tarifas
diferenciadas a los usuarios según la velocidad de red que contraten,
con lo cual la velocidad estándar quedaría nulificada.
En el 2008, la Federal Comission of Comunications (FCC) de Estados
Unidos generó un importante precedente en esta discusión cuando sancionó
a la empresa Comcast por bloquear el acceso a varios usuarios que
descargaban contenidos, y estableció reglas para obligar a los
operadores de red a garantizar un acceso abierto a internet para todos
los usuarios. El proceso derivó en una batalla en la que finalmente en
2015 la FCC determinó que el acceso a internet de alta velocidad será
considerado un servicio público más, por lo que las empresas iniciaron
una ofensiva legal que se mantiene hasta la actualidad.
En junio pasado la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de
Columbia le dio la razón a la FCC para declarar la banda ancha un
servicio público, con lo cual se protege la neutralidad de la red de
acuerdo a lo que defienden los activistas de los derechos digitales: que
los operadores estén sujetos a las reglas de no discriminación e
interconexión, prohibiendo a las compañías aumentar o disminuir la
velocidad de conexión de manera selectiva o establezcan acuerdos pagados
con determinadas compañías para priorizar el tráfico de sus datos.
La determinación fue histórica y de la más alta relevancia ya que
garantiza el acceso a internet para considerarlo como un servicio
esencial y no de lujo. Sin embargo, la Asociación Nacional de Cable y
Telecomunicaciones (NCTA, por sus siglas en inglés) y la Asociación de
Compañías Celulares (CTIA, por sus siglas en inglés), solicitaron
recientemente a la misma Corte de Apelaciones que reabra el caso para
revertir la determinación de que la banda ancha sea considerada como un
servicio público. Si las empresas no logran su objetivo podrían acudir
directamente a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, esto
podría darse en medio del proceso electoral para la presidencia de ese
país en el que la candidata demócrata Hillary Clinton se ha manifestado a
favor de la neutralidad de la red, mientras el republicano Donald Trump
ha declarado su desacuerdo al respecto. El desenlace de este proceso
sin duda estará relacionado con este entorno político, entre otros
factores, pero en definitiva lo que se defina influirá
internacionalmente en la regulación de la red, por el peso que tiene
nuestro vecino del norte sobre el desarrollo de la red global.
¿Y en México?
En nuestro país la neutralidad de la red se regula en la Ley Federal
de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los artículos 145 y 146
establecen que el Estado garantizará el derecho de acceso a las
tecnologías de la información así como a los servicios de radiodifusión y
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet y determina
que las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general,
por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de
competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión,
convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.
Estas disposiciones se deberían de traducir en que los proveedores
del servicio de internet no deberían realizar bloqueos, inspecciones,
filtraciones o discriminación de contenidos, pero corresponde al
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) emitir los lineamientos
para que eso se garantice. Desde el año pasado estaba programada la
consulta pública al respecto, pero no se realizó y se reprogramó para
este año sin fecha determinada.
En declaraciones al periódico El Economista del pasado 24 de febrero,
Gabriel Contreras Saldívar, presidente del IFT, manifestó; "No quisiera
comprometer una fecha particular (para la publicación de los
lineamientos) porque la consulta pública puede ser muy útil, hemos
tenido casos en que salimos con una consulta pública y por los
comentarios que se reciben o peticiones de la misma industria,
particulares o actor interesado se prolongan las consultas públicas. Lo
relevante es darle el tiempo necesario para recibir toda la información y
a partir de eso tomar una determinación".
Así como se dio una importante acometida en Estados Unidos entre las
autoridades, sociedad civil y empresas por la neutralidad de la red, es
altamente posible que también se dé en México ante la regulación que
deberá emitir el IFT sobre la neutralidad de la red, en Estados Unidos
la autoridad reguladora se impuso a las presiones de las grandes
empresas proveedoras de banda ancha como Comcast y Time Warner,
AT&T, Cisco, Motorola y Verizon, ¿Lo mismo sucederá con nuestro
regulador nacional? Veremos.
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