Dejan en libertad a agresor sexual y ponen en riesgo a la víctima
Conferencia
de prensa del Observatorio de Género, Violencias y Derechos Humanos, la
Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violentadas AC
(ADIVAC), la organización Equidad y Autonomía en Movimiento AC y el
Observatorio Ciudadano de la Justicia Federal
Organizaciones civiles con trabajo en infancia y violencia denunciaron
que la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de
Chilpancingo, Guerrero, violentó el “debido proceso” al que debe tener
acceso toda víctima de delitos sexuales; y los derechos de las niñas y
los niños, al otorgarle una sentencia absolutoria a Saúl Andoni Quintana
Campos, acusado de abusar sexualmente de una menor de edad.
En conferencia de prensa, el Observatorio de Género, Violencias y Derechos Humanos, la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violentadas AC (ADIVAC), la organización Equidad y Autonomía en Movimiento AC y el Observatorio Ciudadano de la Justicia Federal, manifestaron su preocupación, ya que esta decisión pone en riesgo la vida de la niña M, quien podría regresar al hogar donde vive su agresor.
Las activistas refirieron que el 27 de junio de 2013, el padre de la niña, Mario Alberto R, denunció a Saúl Andoni Quintana Campos, por el delito de abuso sexual contra su hija. El hecho fue confirmado a través de peritajes psicológicos realizados por el Centro de Apoyo Interdisciplinario a Víctimas de la Secretaría de la Mujer del estado de Guerrero y la Fiscalía General de Justicia del estado.
Sin embargo, pese a las evidencias, el agresor fue absuelto el 11 de enero de 2016 por la jueza tercera de primera instancia en materia penal del distrito de Los Bravos, Rosalinda Sáenz Rodríguez, en la causa penal 128/2013-II, decisión que fue ratificada el 16 de agosto de este año, por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero, Vicente Rodríguez Martínez.
Las representantes de las organizaciones denunciaron que el magistrado y la jueza que emitieron la sentencia no tomaron en cuenta los peritajes y desacreditaron la declaración de la niña argumentando su edad y una presunta manipulación por parte de su padre.
“Nos encontramos en un sistema de justicia donde no están preparados. Los jueces desestiman el dicho de la niña o el niño, o bien, no saben interpretar el peritaje, y a lo que obligan es a que los menores de edad tengan que seguir conviviendo con el abusador” señaló la especialista en comportamiento infantil, Denise Meade Gaudry.
Además, acusaron que ambos funcionarios han sido señalados reiteradamente en otros casos de violencia contra niñas y niños, por sus presuntos vínculos con los agresores, casos que siguen sin sentencia.
La representante de ADIVAC, Laura Martínez, dijo que las autoridades están cometiendo una falta grave a los Derechos Humanos de la menor de edad y lamentablemente es un caso que forma parte de las amplias denuncias ignoradas por abuso sexual cometidas contra la infancia en nuestro país.
“Después de 3 años, nos dimos cuenta que no hay justicia en Guerrero, existe una gran impunidad”, declaró la abuela de la víctima, e hizo un llamado a las autoridades para resolver el caso de su nieta, castigar a su agresor y dar la custodia a su padre con el fin de garantizar su seguridad.
En entrevista telefónica, Eva Albavera Viveros, activista que defiende y promueve los Derechos Humanos de mujeres y niñas en Guerrero, consideró que este caso es “paradigmático” porque el juicio ha durado casi 3 años, toda vez que las autoridades no han cumplido con los tiempos legales establecidos para integrar la averiguación previa, juzgar y emitir una sentencia.
EL CASO
El 27 de junio del 2013, Mario Alberto R. padre de la niña M, interpuso denuncia en contra de Saúl Andoni Quintana Campos, ante el Ministerio Público por el delito de abuso sexual contra su hija, la averiguación previa quedó registrada con el número 128/2013-II.
Saúl Andoni es la pareja actual de la madre de la niña; la menor de edad vivía con su mamá hasta que su padre biológico obtuvo la patria potestad como medida cautelar, el mismo día que interpuso la denuncia.
La niña fue valorada por una persona del área de Psicología de la Dirección de Servicios Periciales de la Ciudad de Chilpancingo, después por la perito en psicología, Carmen Olimpia Gardea Fajardo, adscrita al Centro de Apoyo Interdisciplinario a Víctimas de Violencia dependiente de la Secretaría de la Mujer del estado de Guerrero y también lo hizo el psicólogo Cristóbal Galarza de la Paz de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado.
Todos los expertos coincidieron en que la niña sí fue víctima de abuso sexual y en sus dictámenes señalaron que una niña con 2 años 8 meses de edad no es fácil de manipular ni tampoco mienten sobre actos de abuso sexual.
El 16 de agosto del 2016 el Tribunal Superior de Justicia Actuaria de la Primera Sala Penal, ratificó la sentencia absolutoria para Saúl Andoni Quintana Campos (dictada el 11 de enero del mismo año), en el expediente con Toca Penal número 394/2016, al mencionar que no se presentaron elementos suficientes que acreditaran el delito de abuso sexual contra la menor de edad.
El 22 de septiembre del año en curso el padre de la víctima interpuso una demanda de amparo contra la sentencia absolutoria para el agresor ratificada el pasado 16 de agosto, para ser turnada al Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito en turno de Chilpancigo, Guerrero y donde exige la revocación de la sentencia, a condenatoria.
En conferencia de prensa, el Observatorio de Género, Violencias y Derechos Humanos, la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violentadas AC (ADIVAC), la organización Equidad y Autonomía en Movimiento AC y el Observatorio Ciudadano de la Justicia Federal, manifestaron su preocupación, ya que esta decisión pone en riesgo la vida de la niña M, quien podría regresar al hogar donde vive su agresor.
Las activistas refirieron que el 27 de junio de 2013, el padre de la niña, Mario Alberto R, denunció a Saúl Andoni Quintana Campos, por el delito de abuso sexual contra su hija. El hecho fue confirmado a través de peritajes psicológicos realizados por el Centro de Apoyo Interdisciplinario a Víctimas de la Secretaría de la Mujer del estado de Guerrero y la Fiscalía General de Justicia del estado.
Sin embargo, pese a las evidencias, el agresor fue absuelto el 11 de enero de 2016 por la jueza tercera de primera instancia en materia penal del distrito de Los Bravos, Rosalinda Sáenz Rodríguez, en la causa penal 128/2013-II, decisión que fue ratificada el 16 de agosto de este año, por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero, Vicente Rodríguez Martínez.
Las representantes de las organizaciones denunciaron que el magistrado y la jueza que emitieron la sentencia no tomaron en cuenta los peritajes y desacreditaron la declaración de la niña argumentando su edad y una presunta manipulación por parte de su padre.
“Nos encontramos en un sistema de justicia donde no están preparados. Los jueces desestiman el dicho de la niña o el niño, o bien, no saben interpretar el peritaje, y a lo que obligan es a que los menores de edad tengan que seguir conviviendo con el abusador” señaló la especialista en comportamiento infantil, Denise Meade Gaudry.
Además, acusaron que ambos funcionarios han sido señalados reiteradamente en otros casos de violencia contra niñas y niños, por sus presuntos vínculos con los agresores, casos que siguen sin sentencia.
La representante de ADIVAC, Laura Martínez, dijo que las autoridades están cometiendo una falta grave a los Derechos Humanos de la menor de edad y lamentablemente es un caso que forma parte de las amplias denuncias ignoradas por abuso sexual cometidas contra la infancia en nuestro país.
“Después de 3 años, nos dimos cuenta que no hay justicia en Guerrero, existe una gran impunidad”, declaró la abuela de la víctima, e hizo un llamado a las autoridades para resolver el caso de su nieta, castigar a su agresor y dar la custodia a su padre con el fin de garantizar su seguridad.
En entrevista telefónica, Eva Albavera Viveros, activista que defiende y promueve los Derechos Humanos de mujeres y niñas en Guerrero, consideró que este caso es “paradigmático” porque el juicio ha durado casi 3 años, toda vez que las autoridades no han cumplido con los tiempos legales establecidos para integrar la averiguación previa, juzgar y emitir una sentencia.
EL CASO
El 27 de junio del 2013, Mario Alberto R. padre de la niña M, interpuso denuncia en contra de Saúl Andoni Quintana Campos, ante el Ministerio Público por el delito de abuso sexual contra su hija, la averiguación previa quedó registrada con el número 128/2013-II.
Saúl Andoni es la pareja actual de la madre de la niña; la menor de edad vivía con su mamá hasta que su padre biológico obtuvo la patria potestad como medida cautelar, el mismo día que interpuso la denuncia.
La niña fue valorada por una persona del área de Psicología de la Dirección de Servicios Periciales de la Ciudad de Chilpancingo, después por la perito en psicología, Carmen Olimpia Gardea Fajardo, adscrita al Centro de Apoyo Interdisciplinario a Víctimas de Violencia dependiente de la Secretaría de la Mujer del estado de Guerrero y también lo hizo el psicólogo Cristóbal Galarza de la Paz de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado.
Todos los expertos coincidieron en que la niña sí fue víctima de abuso sexual y en sus dictámenes señalaron que una niña con 2 años 8 meses de edad no es fácil de manipular ni tampoco mienten sobre actos de abuso sexual.
El 16 de agosto del 2016 el Tribunal Superior de Justicia Actuaria de la Primera Sala Penal, ratificó la sentencia absolutoria para Saúl Andoni Quintana Campos (dictada el 11 de enero del mismo año), en el expediente con Toca Penal número 394/2016, al mencionar que no se presentaron elementos suficientes que acreditaran el delito de abuso sexual contra la menor de edad.
El 22 de septiembre del año en curso el padre de la víctima interpuso una demanda de amparo contra la sentencia absolutoria para el agresor ratificada el pasado 16 de agosto, para ser turnada al Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito en turno de Chilpancigo, Guerrero y donde exige la revocación de la sentencia, a condenatoria.
Foto: Rita Furiate Por: Hazel Zamora Mendieta y Gema Villela Valenzuela, Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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