Un derecho que no quieren los maestros

Tatiana Coll

La Jornada 

La presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Sylvia Schmelkes, informó el pasado día 20 que a una semana del cierre del registro de los maestros que voluntariamente quieren ejercer su derecho a ser evaluados, solamente se habían inscrito 10 mil sustentantes. Una realidad contundente: a pesar del constante y reiterado discurso de Aurelio Nuño, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), del propio Presidente y de todos los funcionarios en torno a los supuestos beneficios que la evaluación universal otorga al magisterio, prácticamente nadie se ha inscrito para disfrutar de estos suculentos dividendos que ofrecen.

En cada una de sus montadas y difundidas visitas a las escuelas, Nuño repite también que defenderá inquebrantablemente el derecho de los maestros a ser evaluados. Magro y ridículo derecho que solamente algo menos de uno por ciento, del millón y medio de maestros, está interesado en ejercer. Demagógico y espurio derecho que únicamente lograron aplicar mediante el desplazamiento policiaco y la amenaza directa. Contundente resultado de este falso derecho que solamente 10 mil maestros han querido aventurarse a experimentar. Cualquier político con un poco de sentido común tendría que darse cuenta de que para los maestros la evaluación universal no representa derecho alguno, más bien una imposición arbitraria que vulnera no sólo sus garantías laborales, sino su condición de educador en muchas de las dimensiones subjetivas y pedagógicas que deben acompañar su desempeño, y dejar de repetir mecánicamente este sinsentido.

Frente a estas cifras, podemos afirmar que ni siquiera el siempre presto y servil Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ha podido apoyar a sus autoridades y lograr enviar a la evaluación a sus más aborregados miembros, para disimular este rotundo fracaso. Si comparamos, incluso, con la primera convocatoria que se realizó a la evaluación universal, en tiempos de Calderón, ésta quedó muy por debajo; en junio de 2012 se convocó a maestros, directivos y asesores técnico-pedagógicos solamente de primaria, y acudieron más de 50 mil. En aquel momento esta evaluación no esgrimió su carácter netamente punitivo.

Al ser entrevistado, a Nuño no pareció preocuparle este hecho; por el contrario, se mostró muy confiado en que en el próximo ciclo se recuperará el proceso bajo el nuevo esquema de evaluación, también obligatorio (Laura Poy, La Jornada 21/10/16). Es decir, sabe perfectamente que solamente podrán recuperar las cifras al recuperar el carácter obligatorio. Ha habido denuncias de los maestros de que a docentes que obtuvieron algunas horas adicionales los han amenazado con suprimírselas si no se presentan a la evaluación.

Recordemos además que el nuevo esquema consiste en que las etapas 2 y 3, el expediente de evaluación y la planificación, se fusionan en una sola y, por otro lado, señalaron que se adicionarán elementos que atiendan la diversidad. Lo que sí han cambiado de manera estratégica es la aplicación del examen estandarizado, que ya no se realizará en una sola sede estatal, como la vez pasada, donde se concentraron los maestros por estado y se requirió asegurar la sede con cuerpos policiacos, sino que habilitarán diferentes sedes en los estados. La vieja consigna de divide y evitarás problemas.

A lo que no han dado respuesta clara ninguno de los funcionarios responsables del INEE y del Servicio Profesional Docente es al grave problema de saber quiénes son los miles de evaluadores de la evaluación, cómo han sido seleccionados y capacitados, pero, sobre todo, quién puede garantizar que todos y cada uno de ellos aplique rigurosamente los mismos criterios para calificar la diversa argumentación de los profesores en el expediente de evidencias y la planeación. Otra pregunta que inquieta a los docentes es si el INEE tiene la capacidad de distinguir entre los materiales confeccionados por los propios maestros con empeño y concentración, y los elaborados por personas o grupos que alquilaron sus servicios por diferentes montos para cubrir las etapas del expediente de evidencias y la planeación. Se preguntan si se estará premiando con 35 por ciento de aumento salarial a quienes pagaron los servicios de expertos, es decir, a la simulación.

Con todo ello, volvemos al problema de inicio: no se pueden realizar evaluaciones estandarizadas censales, para medir y clasificar, para premiar y castigar, y pretender que son evaluaciones formativas que abonarán a los procesos de enseñanza-aprendizaje. La única evaluación sustancial y enriquecedora es la que se realice en los propios colectivos escolares, mediante un análisis sistemático de los procesos, los problemas y las soluciones que se debatan en equipos sin mediar premios ni castigos. Pero para ello sería necesario que se confiara en los maestros, que se reconociera su responsabilidad frente a la escuela y los niños. Algo que para este gobierno es totalmente imposible.