La digna voz
La larga noche de
la gubernatura de Javier Duarte llega a su fin. Perdura, no obstante, la
estela del terror que sembró durante sus seis años de gestión,
prohijado desde las altas esferas del poder público federal, que ahora,
acorralado por las especulaciones de complicidad, conjura una suerte de
escenificación justiciera que a todas luces responde a los atrabiliarios
cálculos electorales de una clase política podrida hasta los tuétanos.
El horror innombrable que soportaron las víctimas del duartismo
no puede quedar en el olvido. No hay reparación posible para el dolor
que padece Veracruz. Documentar los horrores es sólo un gesto minúsculo
de justicia, necesario para sanar y compartir un duelo colectivo, que es
un primer paso, apenas modesto, en la dirección de un cambio urgente de
timón. Ese cambio es una tarea política de la sociedad, no de corruptos
olímpicos erigidos en gobernantes electos. La memoria del dolor es el
anticuerpo contra los gobiernos criminales. Este es un ejercicio de
memoria, una recapitulación de ese terror que diseminó un gobierno
criminal encumbrado en eso que su antecesor llamó “la plenitud del
pinche poder”.
- Los periodistas
Históricamente
Veracruz es uno de los estados más peligrosos para ejercer el oficio de
periodista. Esta toxicidad hacia el periodismo tiene sus raíces en la
histórica relación del gobierno y ciertos flancos del gremio
periodístico (maiceo, chayoteo, obediencia de la prensa a
los caprichos del poder en turno) y en la satanización y desprotección
de los periodistas independientes en un estado fuertemente castigado por
la excepcionalidad. Pero esa peligrosidad alcanzó niveles insospechados
durante la administración de Javier Duarte. Desde la llegada al poder
del impresentable Duarte de Ochoa, admirador confeso de Francisco Franco
(el otrora dictador de España), Veracruz se convirtió en el lugar más
peligroso en América Latina para el ejercicio profesional del
periodismo.
Acaso poco recuerdan, pero la secuencia de agravios
contra los periodistas en la era de Javier Duarte arrancó con un
incidente que alcanzó relevancia internacional, por la magnitud del
desgarriate. En agosto de 2011, María de Jesús Bravo Pagola, columnista
de Milenio El Portal, fue acusada por el gobierno estatal por presuntos
actos de terrorismo, luego de que en su cuenta personal de twitter
alertara a la población de una balacera. Después de un mes de reclusión,
Bravo Pagola salió de prisión. Pero la advertencia había sido emitida:
el duartismo no toleraría ningún señalamiento a sus allegados criminales.
Ese
incidente, para la historia del periodismo en Veracruz, marcaría un
punto de inflexión: si tradicionalmente la no alineación se pagaba con
persecución, a partir de ese antecedente la osadía de la denuncia se
pagaría con encarcelamiento, y no pocas veces con la muerte. No tardó en
llegar la ejecución de ese código. El asesinato de Regina Martínez (28
de abril de 2012), ex corresponsal de la revista Proceso, refrendó la ley de hierro del duartismo: muerte a los periodistas.
Veracruz se convirtió en un calabozo para los periodistas e
informadores. En este renglón, la entidad tiene saldos desastrosos. De
acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, el estado es uno de los 10 lugares
más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. La Asociación
Mundial de Periódicos y Editores de Noticias advirtió que el estado de
Veracruz concentra el 50 por ciento de los homicidios contra periodistas
en México desde 2011.
El gobierno de Javier Duarte fue
especialmente letal para el ejercicio periodístico. Sólo en los primeros
38 meses de su administración,
“[…] en promedio cada tres meses
[murió o desapareció] un periodista; y, aunque hay evidencias
irrefutables de la mala integración de las investigaciones de la
Procuraduría estatal y de ‘sospechosas coincidencias’ de las coberturas
periodísticas de algunos de los profesionales de información asesinados,
en todos los casos las autoridades niegan que tales crímenes tengan
relación con su ejercicio profesional” (Cantú en Proceso 16-II-2014).
En total, durante los seis años de la administración de Javier Duarte, 19 periodistas fueron asesinados.
Cualquiera que colaboró en algún medio de comunicación en la era duartista sabía que estaba expuesto a una lapidaria disyuntiva: “cooperas o cuello”, que es equiparable al “plata o plomo” de los narcos.
Debido
a ese clima de hostilidad algunos periodistas decidieron abandonar la
entidad y refugiarse en otros estados de la república. En 2013, el
periodista Noé Zavaleta –que por cierto abandonó recientemente el estado
por amenazas de muerte–, advirtió:
“Reporteros como Andrés Timoteo, excorresponsal de La Jornada, y Rafael Pineda, Rape,
tuvieron que salir de Veracruz por considerar que no hay garantías de
seguridad mínimas para ejercer el periodismo. El caso más reciente es el
del fotógrafo de la agencia Cuartoscuro Félix Márquez, quien abandonó
la entidad durante algunas semanas luego de que el secretario de
Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, ‘sugirió’ que debería estar preso
por publicar las fotos de un grupo de autodefensa que opera en
Tlalixcoyan” (Zavaleta en Proceso 28-IV-2013).
Pero no todos corrieron con la misma suerte en el exilio. El homicidio de Rubén Espinosa Becerril (colaborador de la revista Proceso,
excompañero de Regina Martínez) apunta a un crimen ordenado desde
Veracruz, con un mensaje dirigido a la totalidad del gremio periodístico
de la entidad: el brazo de venganza veracruzano no conoce fronteras
geográficas.
La denuncia no derroca gobiernos ni remueve
estructuras socioeconómicas. A lo mucho señala la podredumbre de una
fuente de autoridad o previene acerca de los abusos que frecuentemente
acompañan al ejercicio de poder. Pero en el Veracruz de Javier Duarte,
esa práctica ciudadana elemental era una herejía meritoria de
persecución, tortura y muerte. Rubén fue uno de los periodistas más
atentos a los abusos de la gestión de Javier Duarte. La evidencia
sugiere que pagó con la muerte esa “insolencia”. Poco antes del
homicidio de Espinosa Becerril, en un evento con periodistas celebrado
en Poza Rica, el mandatario veracruzano había advertido
amenazadoramente:
“Voy a tener mucho cuidado con lo que voy a
decir. Y si a alguien ofende lo que voy a decir, de antemano le ofrezco
una disculpa… Quienes integran esas células delictivas tienen pugnas,
quienes están abajo quieren estar arriba. Yo lo digo con total
conocimiento de causa. Lamentablemente la delincuencia tiene puentes,
nexos con notarios públicos, empresarios, funcionarios públicos, y
también algunos de los colaboradores, trabajadores de los medios de
comunicación, también están expuestos ante estas situaciones… Hay
momentos difíciles… Bajo advertencia no hay engaño. Se lo digo a
ustedes, por su familia, pero también por la mía, porque si algo les
pasa a ustedes a mí me crucifican todos. Pórtense bien (sic). Todos
sabemos quiénes andan en malos pasos. Dicen que en Veracruz sólo no se
sabe lo que todavía no se nos ocurre… No se hagan como que la virgen les
habla” (Zavaleta en Proceso 9-VIII-2015).
Un día antes de
huir del estado para exiliarse en la capital del país, y tras haber
recibido reiteradas amenazas de muerte en Veracruz, Rubén confesó al
reportero Noé Zavaleta:
“Ayer y hoy me han estado siguiendo. Ya
es muy directo: un tipo afuera de mi casa me tomó fotografías, y son los
mismos que he visto otras veces… Mejor me voy antes de que me pase lo
que a los estudiantes, que me peguen una madriza, que me manden al
hospital un mes y que me dejen loco, más de lo que ya estoy” (op. cit.).
Lo
que siguió después del asesinato de Rubén fue un éxodo de periodistas
que abandonaron la entidad veracruzana en busca de refugio en otras
ciudades. Otros optaron por la autocensura.
En una entrevista concertada en agosto de 2015, el reportero de Proceso
Noé Zavaleta explicó que los controles de censura se multiplicaron en
los últimos años en Veracruz, en el marco de la administración de Javier
Duarte, y que entre los tipos de controles más socorridos destacan:
“[…]
los autocontroles del propio reportero, controles económicos por parte
de los dueños de comunicación locales y controles gubernamentales que
condicionan a los medios pequeños a cambio de publicidad oficial, entre
otros”.
Todos los informes de organismos internacionales dibujan
un contexto siniestro para la profesión periodística en Veracruz, y en
aras de su conocimiento testimonial de esta coyuntura, se le pidió a
Zavaleta que señalara quién agrede o persigue a los periodistas en el
estado. Sin indicar nombres, y con visible cautela, Noé adujo: “Son
varios frentes: el crimen organizado, la Secretaría de Seguridad
Pública, servidores públicos que se esconden en el anonimato y los
propios dueños de los medios de comunicación locales”.
Otro
informador, que solicitó anonimato, refirió sin rodeos la situación de
los periodistas en Veracruz, y la razón que explica esa condición de
calabozo para el quehacer periodístico. Dijo: “En Veracruz, la autoridad
pública protege al criminal y persigue al periodista”.
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