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| Arely Gómez celebra su designación como titular de la SFP. Foto: Miguel Dimayuga |
En un comunicado, en el que reprueban la “total ausencia de rendición
de cuentas”, los firmantes señalan que las designaciones que se
hicieron esta semana van en contra de “compromisos públicos e
internacionales hechos por la Presidencia en materia de gobierno
abierto”.
Además cuestionan la sumisión del Senado de la República porque “no
cumplió con su papel de contrapeso y ratificó los nombramientos sin dar
espacio a la reflexión y el debate”.
Los activistas destacan que por la forma en que se llevaron a cabo
los nombramientos, no hay garantías de “confianza y legitimidad” para
la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción y la construcción
de una Fiscalía autónoma, ni que los cargos sean ocupados por personajes
con “perfiles idóneos que garanticen independencia y profesionalismo”.
De acuerdo con el documento, los cambios en el gabinete demuestran
“la discrecionalidad y una total ausencia de rendición de cuentas y
criterios claros que sostengan las decisiones”.
En el caso de la designación de Arely Gómez al frente de la SFP,
“viola el compromiso internacional hecho por Presidencia de la República
en el marco del Tercer Plan de Acción de la alianza para el Gobierno
Abierto”.
Sostiene que “para nombrar a las autoridades del Sistema Nacional
Anticorrupción, la Presidencia se obligó en septiembre de 2016 a
conducir una consulta técnica con sociedad civil, academia y expertos
para elegir al Secretario o Secretaria. Esta consulta nunca se realizó”.
En cuanto a la asignación del procurador, apunta, lo que se advierte
es “la mayor muestra del divorcio entre la Presidencia y el Senado de la
República y los sectores de la sociedad que sí reconocen una grave
crisis del sistema de justicia penal en México”.
Pese a que más de 200 personas y 50 organizaciones expertas en la
materia exigieron un diálogo para “diseñar el organismo autónomo
procurador de justicia”, así como para definir el perfil más adecuado,
“el presidente, con el respaldo del Senado, designó inesperada y
discrecionalmente un perfil con cuestionamientos sobre su independencia
política y sin rendir cuentas sobre su idoneidad”, sobre todo en temas
del conocimiento del sistema penal, así como “su probidad y compromiso
con el avance de los derechos humanos y la democracia”, añaden los
activistas.
Asimismo, recuerdan que Cervantes Andrade pretendió formar parte de
la terna para integrarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), por lo que “la designación de un senador que quiso ser ministro,
pero ahora es procurador, daña severamente la división de los poderes
públicos y corrompe la idea de pesos y contrapesos que deben existir
entre éstos”.
Las organizaciones hacen un “extrañamiento directo y claro para el
Senado de la República”, porque con la ratificación en particular del
procurador, “anuló la naturaleza independiente que tiene del Ejecutivo
federal”.
Insisten que un nombramiento de esa naturaleza, “del mayor impacto
para la democracia y el estado de derecho, no debe realizarse como un
simple trámite legislativo: en menos de un día el Senado de la República
resolvió la designación presidencial”, subrayan.
Por ello, exigen que las designaciones sean transitorias, por
considerar que ni Gómez ni Cervantes son idóneos “para los retos que
enfrentan ambas instituciones”, y no cuentan con la “legitimidad ni
reconocimiento para encabezar la transformación hacia el mejor modelo de
Fiscalía General de la República ni la consolidación del Sistema
Nacional Anticorrupción”.
Rematan: “Los perfiles requeridos para estos órganos deben estar a la
altura del contexto, la exigencias sociales y las necesidades de
nuestro país. Estos dos nombres, sin embargo, no lo están”.
El documento está firmado por 80 organizaciones agrupadas en la Red
Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos
para Todas y Todos (Red TDT), así como Artículo 19, la Oficina de
Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Freedom House,
Defensoría de los Derechos de la Infancia, México Unido Contra la
Delincuencia, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE),
Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y Red en
Defensa de los Derechos Digitales, entre otras.
Algunas de las personalidades que signan el documento son: Aleida
Calleja, Denise Dresser, Catalina Pérez Correa, Miguel Sarre, Sergio
Aguayo, Silvano Cantú y Luis Daniel Vázquez.
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