Caronte
Foto: Diego Simón Sánchez/ Cuartoscuro
Estas son parte de las conclusiones de la visita a México del Alto
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein,
en octubre de 2015.
A partir de entonces quedamos a la espera de las recomendaciones
que haría como resultado de su visita. La semana pasada nos enteramos
que ese documento fue enviado al gobierno mexicano desde marzo. ¿Por qué
no se hizo público como normalmente se hace? ¿Qué tipo de acuerdo hubo?
Las recomendaciones se dieron a conocer junto con, lo que intentan ser,
las respuestas del gobierno mexicano.
Las 14 recomendaciones abordan temas como impunidad, graves violaciones a derechos humanos,
justicia militar, seguridad pública, uso de la fuerza, capacidades
forenses, detenciones, autonomía de poder judicial e instituciones de
derechos humanos, consulta a pueblos indígenas, violencia contra las
mujeres, leyes pendientes y otras.
Quisiera centrarme en la primera ya que ha sido motivo de grandes
reflexiones en los últimos meses en nuestro país. La primera
recomendación del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos
es la creación de un Consejo asesor en temas de derechos humanos y combate a la impunidad
que elabore y presente públicamente una evaluación a nivel nacional
sobre la impunidad y recomendar una hoja de ruta para atender el asunto,
evaluar su efectiva implementación y presentar informes públicos
periódicos.
Parece ser un primer paso para que se pueda llegar a esquemas ya
probados internacionalmente y que fueron recomendados dentro del informe
de Open Society Justice Initiative (OSJI) Atrocidades innegables: Confrontando crímenes de lesa humanidad en México. Allí se sugería “la creación de una entidad de investigación internacional,
con sede en México, que tenga el poder de investigar y procesar causas
de manera independiente en materia de crímenes atroces y casos de gran
corrupción… Este órgano también puede brindar asistencia técnica…
desarrollar propuestas… y elaborar informes públicos”.
Evidentemente la confrontación del gobierno con el GIEI, la CIDH,
relatores y comités de Naciones Unidas en materia de derechos humanos
deja en claro cuál sería la respuesta oficial. El rechazo absoluto a toda supervisión internacional.
A pesar de que la recomendación no hace referencia al origen de los
miembros del Consejo asesor, el gobierno deja en claro que debe ser
nacional. No nada más eso, su respuesta es ambigua, niega la realidad y
comprueba, una vez más, su falta de voluntad.
“Esta recomendación podría atenderse mediante el establecimiento de
un organismo nacional de derechos humanos, que cuente con un grupo
asesor de personalidades en la materia. En adición, se destaca que el
país cuenta con instituciones autónomas que promueven y defienden los
derechos humanos, y se abocan al combate a la impunidad, en particular
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el
Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia
Penal y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la
Información. En todos los casos, se cuenta con los expertos y
capacidades para atender la sustancia de la recomendación”.
Aquí dejo varias preguntas:
-¿La recomendación podría atenderse o va a atenderse? ¿De qué depende? ¿Cuándo se haría?
-La recomendación no habla de un organismo nacional de derechos humanos
con un consejo asesor. ¿La alternativa propuesta por el Alto comisionado
es rechazada en sus términos?
-La grave crisis de derechos humanos y la casi absoluta impunidad se han
generado con las instituciones con las que proponen resolver el
problema. ¿Se cuenta con las capacidades y voluntad para atender la
recomendación? ¿Cuentan con credibilidad e independencia?
-¿Cuál es el problema para que se incorporen expertos internacionales?
Aunque nunca serán respondidas por la autoridad, las respuestas están
en múltiples informes y recomendaciones al Estado mexicano. Las más
recientes son las del caso Ayotzinapa del GIEI, la de OSJI, la presentada por El Colegio de México En el desamparo y los múltiples casos de corrupción reportados por la prensa.
Sin duda la ruta óptima es clara. La oficina del Alto comisionado
deberá seguir insistiendo, se debe seguir documentando al interior, la
prensa y la sociedad deben hacer su papel. Los objetivos: detener la violencia, conocer la verdad, abatir la impunidad, reparar integralmente a las víctimas y garantizar la no repetición.
El trabajo es titánico, de al menos una generación. Parece que este
gobierno no será el que inicie el trabajo. Espero equivocarme.
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