En la Agenda Nacional de Riesgos,
los organismos encargados de la seguridad y defensa nacionales
advierten de la formación de una nueva estructura guerrillera, con
algunos exintegrantes de otros movimientos armados pero, sobre todo, con
nuevas generaciones de combatientes.
El documento –de carácter
confidencial, bajo custodia del Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (Cisen)– señala como uno de los “escenarios de riesgo” la
irrupción de “nuevas expresiones” de lucha armada.
Advierte puntualmente del “surgimiento de una nueva expresión subversiva”. Según las versiones 2013, 2014 y 2015 de la Agenda Nacional de Riesgos –a las cuales Contralínea
tuvo acceso–, la nueva organización está integrada por “cuadros
históricos” de varias organizaciones vigentes “y nuevas generaciones de
militantes de mayor radicalidad de lucha”.
La Agenda Nacional de Riesgos
es un documento de carácter confidencial elaborado anualmente por el
Cisen –organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación (Segob)
encargado de los servicios de inteligencia civil del Estado mexicano–,
con información de las demás dependencias responsables de la seguridad y
defensa nacionales, principalmente las secretarías de la Defensa
Nacional (Sedena) y de Marina (Semar).
Los movimientos subversivos
se mantienen dentro de las 10 principales “amenazas” a la seguridad
nacional que reconoce el Estado mexicano. Llegaron a significar en 2013
la quinta más importante, pero desde finales de 2015 ocupan el lugar
décimo en las prioridades de los encargados de los servicios de
inteligencia civil y militar.
Vigencia de la lucha armada
El
propio documento reconoce que en amplias regiones del país predominan
“los factores” que favorecen la subversión: “asilamiento físico,
ineficacia de las políticas públicas, corrupción y alto nivel de
marginación”.
Ante ello, la vía armada es hoy una opción “lógica y
teórica”, señala Gilberto López y Rivas. El doctor en antropología por
la Universidad de Utah e investigador del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) señala que a la cerrazón de los espacios
de participación política, por fraudes electorales, se suma “el mundo de
la impunidad total, donde los delitos no se persiguen, no se obtiene
justicia para ninguno de los grandes crímenes”.
El de la impunidad
que se vive en México es uno de los factores que también destaca Daniel
Zizumbo-Colunga, doctor en filosofía por la Universidad de Vanderbilt.
Entre más casos que hagan ver a la justicia como comprada por los
políticos o las clases adineradas, mayores serán las posibilidades de
que las personas consideren el uso de las armas como una vía para
defenderse y obtener justicia. “Aunque no necesariamente estos grupos se
conviertan en guerrillas con reivindicaciones antiestatales”, aclara el
experto en autodefensas y policías comunitarias.
López y Rivas,
por su parte, señala que así como las grandes masacres de las décadas de
1950 y 1960, que quedaron en la impunidad, dieron origen a las luchas
de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, también se está mandando un mensaje a
los desposeídos de que no es posible caminar por la vía electoral.
Agrega que ninguna de las autoridades electorales funciona para detener
los fraudes que se ponen en marcha con cada elección.
“Y cuando
uno analiza los factores que llevaron a muchos jóvenes a levantarse en
armas y recurrir a un recurso tan extremo como la lucha armada, se da
uno cuenta que estos factores permanecen hoy, incluso algunos más
agudizados. Por ello uno puede concluir que la lucha armada es tan
vigente hoy como ayer”, explica López y Rivas.
Coincide con Daniel
Zizumbo en que, ante la incapacidad o criminalidad del Estado, muchos
de los grupos que han aparecido recientemente son de autodefensa armada,
independientemente de que quieran cambiar el régimen o sólo defenderse
de la violencia del Estado o de la criminalidad.
Se pregunta:
“¿Qué hacer ante una circunstancia donde el Estado, por omisión o
comisión, se convierte en un cómplice de la impunidad, de la
criminalidad, de la delincuencia; en donde no se puede garantizar la
justicia porque el 90 por ciento de los delitos no se investiga
siquiera?
Daniel Zizumbo-Colunga explica los tres grandes grupos
de causas que generan movimientos armados: “la inseguridad; las
comunidades fuertes llenando los vacíos del Estado y, finalmente, la
erosión del sistema democrático mexicano”.
Abunda en que “tenemos
un sistema muy mal diseñado, y no sólo me refiero a la corrupción.
Estamos viendo en muchos lugares una erosión del sentimiento de
representación de la gente. Muchas de las guerrillas emergen por un
sentimiento de la gente de no ser representada y de un desencanto con la
democracia. La gente empieza a sentir que los partidos políticos no la
representa y el sistema democrático no es el mejor. Intentan buscar un
cambio”.
Si
el crimen toca a la puerta de las familias y las comunidades y, además,
ve que el sistema “democrático” no funciona, “muchas de las policías
comunitarias pueden surgir no solamente para llenar el hueco del Estado,
sino para oponerse a ese Estado y democracia que no funcionan”.
Por ello, una de las principales acciones de contrainsurgencia, según reconoce la Agenda Nacional de Riesgos,
es el uso de los programas asistenciales. Así, entre las “capacidades”
del Estado frente a la guerrilla anota la “aplicación de programas
federales y estatales de beneficio social en zonas con presencia de
grupos subversivos”.
Así, el documento recomienda “profundizar
estrategias en los municipios que registran promedios superiores en cada
uno de los factores predominantes asociados a la subversión”, incluso
en aquellas zonas donde aún no hay presencia de grupos guerrilleros. “En
este universo, los programas sociales tendrán mayor efecto preventivo”.
Abunda la Agenda Nacional de Riesgos
en “focalizar algunas acciones de política social con fines
preventivos, en la población de municipios que por sus características
socioeconómicas sean idóneos para la cooptación de nuevas bases
sociales”.
Como en el caso de la lucha del Estado contra el anarquismo (Contralínea
510), en el documento se recomienda el “relanzamiento de grupos
operativos al interior del Cisen enfocados a objetivos específicos”.
Señala
que los principales “problemas de gobernabilidad” asociados a
movimientos subversivos se encuentran en regiones de Chiapas, Guerrero,
Michoacán, Morelos y Oaxaca. Incluso, apunta que en estas amplias zonas
del país, las guerrillas “operan endémicamente”.
Entre las
vulnerabilidades del Estado mexicano frente a la “amenaza” subversiva,
destacan los “problemas de coordinación entre autoridades federales y
estatales” para atacar a los grupos guerrilleros.
Otras de las “vulnerabilidades” del Estado, según la Agenda Nacional de Riesgos, son las “demandas ante instancias internacionales sobre presuntas violaciones a derechos humanos”.
Entre
las capacidades para enfrentar a los movimientos guerrilleros, los
organismos de inteligencia señalan que cuentan –como en el caso de los
anarquistas insurreccionalistas (Contralínea 510)– con “trabajo
de inteligencia interinstitucional” que involucra a las secretarías de
Gobernación, de la Defensa Nacional y de Marina.
También se han
instalado “mesas de coordinación con los procuradores de los estados de
Chiapas, Michoacán, Morelos y Oaxaca para atender integralmente estos
temas”.
Los movimientos armados
De
manera pública, el Cisen reconoce la existencia de sólo tres
movimientos armados: el Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN), el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular
Revolucionario (PDPR-EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo
Insurgente (ERPI).
Lo anterior, según el documento Cronología de los grupos armados activos que el organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob) entregó a Contralínea
en días pasados. El texto es parte de la respuesta a la solicitud de
información 0410000005116 presentada por este medio de comunicación a
través de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
Sin embargo, en la Agenda Nacional de Riesgos se
revela que el Estado mexicano también sigue de cerca otra expresión
guerrillera: la Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo
(TDR-EP).
El Centro de Documentación de los Movimientos Armados
(Cedema) lleva el registro de 50 formaciones guerrilleras en México.
Muchas de ellas sólo son membretes o son comandos o brigadas de
organizaciones más grandes. De otras sólo se conocen sus esporádicos
comunicados sin que hayan llegado a realizar alguna acción
“revolucionaria” de carácter violento. Algunas más aparecieron y dejaron
de existir sin siquiera haber concretado algún hecho armado.
Para los organismos de seguridad nacional –según la Agenda Nacional de Riesgos–
sólo son cinco organizaciones con estructura y capacidad real para
desafiar al Estado mexicano: las cuatro citadas y la nueva agrupación
que no ha emitido aún comunicado alguno ni ha reivindicado hasta el
momento alguna acción “revolucionaria”.
De las cuatro guerrillas
activas que “preocupan” a los organismos de inteligencia, tanto civil
como militar, una (el EZLN) cuenta con bases que se cuentan por miles y
simpatizantes en todas las entidades de la República. Las otras tres son
resultado de la “diáspora” eperrista o “depuración”, como señala la
dirección del actual EPR. Varían en sus niveles de aceptación, pero
todas sus expresiones son de carácter clandestino. Cuentan con
organizaciones populares (o “de masas”) pero éstas no se reivindican
públicamente como parte civil del movimiento armado.
EZLN, reposicionamiento
En el horizonte, advierte la Agenda Nacional de Riesgos,
un “reposicionamiento del EZLN”. Señala que la nueva iniciativa
política de esta organización “buscará que las redes de apoyo zapatistas
repliquen el modelo de autonomía en diversas zonas del país”.
Se trata del movimiento armado al que mayores páginas le dedica el documento. Para los autores de la Agenda,
el EZLN se encuentra “aislado políticamente”, pero puede salir de esta
situación en cualquier momento. Destaca que los zapatistas mantienen
“disputas” por tierras con “grupos desafectos y exzapatistas”. Lo
anterior genera que en Chiapas se viva de manera permanente en conflicto
social.
Señala que los conflictos están focalizados en Chenalhó,
Chilón, Ocosingo, Sabanilla, San Cristóbal de las Casas y Tumbalá.
Destaca que algunos de estos conflictos focalizados han sido retomados
por “grupos nacionales e internacionales para denunciar acciones de
hostigamiento contra comunidades zapatistas”.
EL
EZLN irrumpió en Chiapas el 1 de enero de 1994, justo cuando entraba en
vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esa fecha tomó
siete cabeceras municipales chiapanecas y atacó un cuartel militar. Fue
replegado por el Ejército Mexicano pero desde entonces quedó claro que
la fuerza de este movimiento sobrepasaba a las de guerrillas anteriores.
Cálculos oficiales estiman que cuenta con más de 50 mil integrantes y
ocupa amplias franjas del estado donde apareció, pero ejerce influencia
en colectivos y organizaciones de las demás entidades de la República.
Además, mantiene una alianza estrecha con el Congreso Nacional Indígena,
organización de carácter pacífico en el que participan comunidades de
los 65 pueblos indígenas que sobreviven en México.
Se formó en
1983, como parte de las Fuerzas de Liberación Nacional, un movimiento
guerrillero de la década de 1970 que casi es aniquilado en Nepantla,
Estado de México, en febrero de 1974.
Hoy el EZLN, junto con el
Congreso Nacional Indígena, tiene en marcha consultas para elegir a una
candidata indígena a la Presidencia de la República que contienda en las
elecciones de 2018.
Según el documento, entre los objetivos
actuales del EZLN es “conservar presencia territorial y reclutar nuevos
integrantes”; además promover en toda la república la autonomía,
principalmente indígena.
Entre las “capacidades” específicas para
enfrentar al EZLN, en el documento se destaca el “establecimiento de la
Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México”. Y
recomienda echar a andar la “regularización” de la tenencia de la tierra
en la zona de esta guerrilla.
“El EZLN es una organización político militar que no ha entregado sus armas y que las mantiene ahí, como dijo el subcomandante Moisés,
como un instrumento más, como se tiene el azadón o como se tiene un
hacha; este tipo de planteamientos que hacen hoy los zapatistas de
reivindicar sus formas de autogobierno, sus formas de defesa colectiva,
de rotación de los cargos; todo lo que representan los procesos
autonómicos. Y representan un planteamiento que no solamente es para el
mundo indígena”, a decir de López y Rivas.
Sobre la candidatura a
la Presidencia de la República que impulsará el EZLN y el Congreso
Nacional Indígena, dice: “No podemos desechar nada; no podemos desechar
ni vías como una defensa armada, ni vías como los cambios a través de
vías electorales que hagan una ruptura”.
EPR, permanencia
Según la Agenda Nacional de Riesgos,
en su versión 2013, el EPR –en realidad PDPR-EPR– “conserva” su
“capacidad operativa”. Sin embargo, ha optado, en estos momentos por “la
vía política”.
Señala que la estrategia de la guerrilla decana
del movimiento armado en México es “penetrar movimientos sociales a fin
de radicalizarlos”, así como “generar conflictos comunitarios que puedan
escalar”.
El EPR se asume como la organización decana del
movimiento guerrillero en México. Surgió en Oaxaca en 1965 como Unión
del Pueblo. Luego se convirtió en el Partido Revolucionario Clandestino
Unión del Pueblo (PROCUP). Y a mediados de la década de 1980 integró a
algunos de los cuadros sobrevivientes del Partido de los Pobres (PDLP),
de Lucio Cabañas. Por ello cambió su nombre al del PROCUP-PDLP.
Más
tarde, a principios de la década de 1990 se renombró como PDRP-EPR.
Irrumpió en Guerrero el 28 de junio de 1996, en el vado de Aguas
Blancas, justo en el lugar y un año después de que fueran masacrados
campesinos inermes que luchaban por mejorar sus condiciones de vida.
Es
conocida su capacidad militar, sobre todo en materia de manejo de
explosivos. Desde que se llamaba Unión del Pueblo utilizó la colocación y
detonación de bombas como una herramienta precisa de su “crítica
armada”.
Es el movimiento armado con los desaparecidos políticos
más recientes. Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez –este
último parte de la dirigencia– fueron detenidos desaparecidos en la
ciudad de Oaxaca el 25 de mayo de 2007 en el contexto de las protestas
de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Fueron secuestrados por
policías estatales y militares. Desde entonces se desconoce su
paradero. El EPR inició entonces una serie de acciones de hostigamiento
contra el Estado mexicano que incluyeron la detonación precisa de
explosivos en ductos de Petróleos Mexicanos.
Entre las
“capacidades” que destacan los organismos de inteligencia contra el EPR
cuenta el “expediente penal” contra la guerrilla. Detalla que cuenta con
21 órdenes de aprehensión contra el mismo número de integrantes.
TDR, capacidad de fuego
Según el documento, TDR también “conserva su capacidad de realizar acciones violentas de alto impacto”.
Este
grupo armado se escindió del EPR a mediados de la década de 1990.
Cuenta con capacidad de fuego similar a la de esa guerrilla. Las
afinidades son incluso ideológicas pero rompieron con la dirección del
EPR por motivos políticos y “tácticos”.
Una de las características
de este grupo armado es que su llamado tribunal revolucionario ha
condenado a muerte a los perpetradores de la masacre de Aguas Blancas.
Ha elaborado una lista de los funcionarios involucrados y ha ordenado a
sus efectivos ejecutarlos en cuanto les sea posible.
ERPI: ¿el declive?
Según los organismos de seguridad, la guerrilla que se ha visto más golpeada es la del ERPI. Contralínea
documentó que hasta antes de 2012, era la formación más numerosa
después del EZLN. Luego de los golpes que recibió con la detención de su
dirigencia en 2008 y el asesinato del líder de su columna más
aguerrida, el comandante Ramiro, hoy viene en declive.
El
documento señala que el ERPI “se encuentra fragmentado”. Incluso, dice
que algunas de sus células se han vinculado a la delincuencia
organizada. Esto en las regiones guerrerenses de la Montaña y la Costa
Chica. En el documento se les acusa a algunos excombatientes de este
movimiento de dar cobertura a “secuestros, robos y siembra de
enervantes”.
Agrega que, por otra parte, “la dispersión que
enfrenta el ERPI en Guerrero ha propiciado el impulso de nuevas
expresiones armadas”.
Asimismo, otras células del ERPI que no
mantienen relaciones con la delincuencia organizada “se insertan en
conflictos con la expectativa de generar situaciones de inestabilidad”.
Señala concretamente, sin pruebas, que esta organización busca
insertarse en las policías comunitarias y en las oposiciones a las
reformas estructurales, proyectos de infraestructura y agrarios.
El diálogo, el camino
El
gobierno debería trabajar e restablecer la confianza ciudadana en el
Estado y el sistema antes de elegir la vía de la represión ante los
grupos armados, considera Daniel Zizumbo-Colunga.
Explica que el
país “muchas veces sí hay presencia de las autoridades, pero hay una
sensación muy deteriorada en la población de que los procedimienos son
justos, que la justicia es igualitaria. La gente no percibe que la ley
se aplica tanto a ricos como a pobres, que se aplica de manera
consistente y de manera justa”.
Por ello, Zizumbo-Colunga
considera que más que mostrar una mano dura, sobre todo a los grupos de
autodefensa, el Estado tiene que luchar para solucionar el problema de
la falta de justicia y los vacíos del Estado.
“En
la medida en que la ley se aplique tanto a ricos como a pobres, la
gente va a tener más confianza en el sistema de justicia y van a empezar
a delegar otra vez esa labor a las autoridades. Mientras el gobierno
siga reprimiendo a los pobres y siga mostrando una mano dura contra
estos movimientos y los políticos que delinquen sigan libres, sigan
sucediendo casos de gente rica que violan y matan y salen libres, pues
la gente va a seguir percibiendo que el sistema de justicia está
arreglado”, señala Zizumbo.
Por su parte, López y Rivas sentencia:
“Los movimientos armados no cesan porque no hay garantías de nada: de
justicia, de democracia, de una vida digna; el país está hecho un
desastre en lo que toca a la economía; las instituciones han perdido
toda legitimidad, si es que alguna vez la han tenido; no hay
credibilidad en ninguno de los tres poderes; es lógico que haya
movimientos armados”.
Zósimo Camacho
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