-Dulce Ximena Reyes era una niña de 9 años de edad que vivía con su mamá,
una tía, su abuela y su hermana mayor, en Tamuín, San Luis Potosí;
todas ellas en situación de pobreza. El 11 de abril del 2014 a las 10 de
la mañana, la abuela de la niña, Adela Rodríguez Santiago, envió a
Dulce a la tienda, pero ya no regresó.
Adela Rodríguez visitó por vez primera la capital en septiembre de este año para contar públicamente el caso de su nieta porque en su opinión, debido a su condición económica no ha tenido suficiente atención por parte de las autoridades potosinas.
La abuela de Dulce contó que el 12 de abril reportó la desaparición de su nieta ante la policía de Tamuín y al día siguiente interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, la cual quedó registrada con el número de Averiguación Previa 1/130/2014.
De acuerdo con el expediente consultado por Cimacnoticias, en su declaración, la abuela de Dulce narró que el principal sospechoso de la desaparición de su nieta era Filiberto Hernández Martínez, ex militar, que daba clases de zumba y coordinada actividades de catequesis en el templo del municipio de Tamuín. Y lo era, porque ella ya tenía antecedentes de que éste en reiteradas ocasiones le había pedido a su nieta “de favor” que entrara a su casa por dinero, a lo que Dulce se negó -afirmó la abuela- todas las ocasiones en la que se le solicitó.
En su declaración, la cual fue integrada a la averiguación previa, el acusado, Filiberto Hernández, de 43 años de edad -quien enfrenta proceso por otros tres casos de feminicidio- le dijo a los agentes del Ministerio Público, que “él se encontraba trapeando su casa en donde daba clases de zumba y karate, cuando vio pasar a la niña Dulce Ximena y la vio llorando, al ver que lloraba la invitó a pasar a su casa para darle un vaso con agua”.
Según el agresor, la niña le pidió dinero para ir a la escuela y le “sugirió tener relaciones sexuales” a cambio del pago. Él le pidió que lo acompañara a la segunda planta de su casa con el pretexto de ir por su celular y ahí la niña vio una alberca que le pidió de regalo, pero él le “respondió que era para sus hijos”.
En la misma declaración, el presunto feminicida dijo que “tuvo relaciones sexuales” con la niña y cuando bajaron las escaleras de su casa, ella cayó “accidentalmente” por las escaleras. Dijo que Dulce se quejaba mucho de dolor de tobillo debido a la caída y entonces él “decidió ahorcarla para que no dijera que tuvieron relaciones sexuales”.
Explicó que colocó el cuerpo en una caja de cartón que tenía en la segunda planta de su casa y la subió a la parte trasera de su camioneta para trasladarla al cañaveral de Puntilla, y ahí arrojarla.
El cuerpo de la niña Dulce Ximena fue encontrado por las autoridades potosinas -siguiendo las indicaciones del agresor- el 5 de julio del mismo año. De acuerdo al oficio de “Gestión de cadáveres y restos humanos no identificados post mortem”, de la Procuraduría de Justicia estatal, tenía una bolsa de plástico en la cabeza, un vestido color rosa o salmón con olanes y la valoración de primera observación señala que el motivo de su muerte fue “asfixia por estrangulación manual”.
El 22 de julio, Agentes del Ministerio Público catearon la camioneta de Filiberto Hernández para realizar pruebas de rastros de sangre, cabellos y objetos relacionados con la víctima, pero de acuerdo al equipo jurídico del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social A.C (quienes representan legalmente el caso) no hicieron el contraste con la genética de la niña Dulce Ximena, lo que es considerado una deficiencia en el proceso de investigación.
El presunto feminicida fue detenido el 3 de julio del 2014 pero por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército; sin embargo ese día él confesó la violación y asesinato de 4 niñas y uno de una adulta.
El 1 de agosto de 2014 el juez Primero del Sexto Distrito de lo Familiar, Juan Ignacio Ortega Morales, le dictó auto de formal prisión por el caso de Dulce, pero ese mismo día su defensa apeló la sentencia alegando tortura.
Cabe mencionar que según consta en el expediente, el 4 de julio de 2014 (un día después de su detención), el médico legista Saúl Onorio Barrios emitió el certificado médico en donde declara que Filiberto Hernández Martínez no presentaba lesiones en el cuerpo, lo que significa, aseguran los abogados que llevan el caso, que no hubo tortura al momento de su declaración.
El 12 de febrero de 2015 el juez Primero del Sexto Distrito de lo Familiar, Juan Ignacio Ortega Morales resolvió a favor el amparo para que se demostrara la tortura, pero fue hasta el 13 de mayo de 2016, que emitió el exhorto con número 84/2016/1, para que se realizara al exmilitar el Protocolo de Estambul. A la fecha la familia y litigantes del caso continúan a la espera de los resultados.
Aunque las familias de las 5 víctimas exigieron que los casos se investigaran con perspectiva de género y que se clasificaran como feminicidio, no se tomaron en cuenta sus testimonios.
San Luis Potosí tipificó el delito de feminicidio en 2013. El “Informe Especial sobre Respeto de los Derechos Humanos de las Mujeres en el caso de Feminicidios” elaborado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, reportó un total de 37 casos de feminicidio durante el período 2011 al 2015.
En tanto, el registro de “homicidios dolosos” de mujeres y niñas fue de 79 durante el mismo periodo, y añade 8 muertes violentas de mujeres (sin precisar el tipo penal).
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.
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