Perdones, sobornos y excepciones
PRI ¡exige castigos!
García Luna y los mdd
A confesión de violación...
▲ Los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
Claudia Ruiz Massieu y Miguel Ángel Osorio Chong ofrecieron una
conferencia de prensa para manifestar su oposición a que se perdone a
quienes violaron la ley en el pasado.
Quienes tenemos una responsabilidad pública debemos rendir cuentas a la gente, afirmó.Foto Guillermo Sologuren
Claudia Ruiz Massieu
Salinas de Gortari se le atravesó a Andrés Manuel López Obrador en la
ruta de levitación conceptual que en estas horas insiste en proclamar el
inminente fin de la corrupción histórica (a partir del uno de
diciembre) y el irrevocable advenimiento de un perdón amplísimo y con
absoluto efecto retroactivo para las pandillas que han saqueado al país:
la presidenta del fideicomiso de liquidación de lo que fue una longeva
empresa paraestatal, el Partido Revolucionario Institucional, ha dicho
con aire entre retador y supuestamente inocente que ni ella ni sus
presuntos dirigidos requieren de perdones y amnistías sino una recta
aplicación de la justicia, pues, dijo, los priístas no pueden aplaudir que se busque de parte de una persona subvertir la ley.
Vaya escena: López Obrador en abundante explicación (lo mismo en el
programa televisivo de Tercer Grado de Amabilidad que en declaraciones
luego de montar una guardia de honor en el sitio donde fueron asesinados
Francisco I. Madero y José María Pino Suárez; peculiar evocación, esta)
de que no desea empantanarse en la búsqueda de castigo a las legiones
de corruptos para los cuales no habría cárceles suficientes. Y, en la
esquina contraria, rechazando regalos de impunidad, la representante
formal de esas legiones, de esos pantanos.
Los capos cantores de Brooklyn continúan con el reparto de suciedad a
los integrantes de los poderes tradicionales. Ayer tocó turno a Genaro
García Luna y, por extensión a Felipe Calderón Hinojosa, quien lo
convirtió en poderoso secretario federal de Seguridad Pública (García
Luna a quien en esta columna se citaba con insistencia como
vicepresidente policiacoo
ejecutivo). Según la primera voz (de bajo, mundo) que en estos días ha llevado Jesús Zambada, apodado El Rey, al ingeniero de larga carrera policiaca le fueron entregados entre 6 y 8 millones de dólares para comprar protección al cártel de Sinaloa y, dijo, los hermanos Beltrán Leyva le habrían dado 50 millones de dólares a ese secretario para similares motivos.
En la arremetida de Zambada se incluyó a un subsecretario de
Seguridad Pública durante el gobierno capitalino de López Obrador. El
abogado Gabriel Regino, quien ocupó tal cargo, respondió de inmediato en
Twitter, al negar que le hubieran dado
unos millones de dólaresy ponerse a disposición de las autoridades nacionales o extranjeras que requieran de su testimonio y precisiones. Regino es profesor universitario y, luego de dejar el servicio público, se dedicó al ejercicio de la abogacía y es un opinante frecuente en medios de comunicación, con constantes visiones críticas del manejo de la institucionalidad judicial.
De madrugada, apenas saliendo del puente
revolucionario, ya estaba este martes en la Gaceta Parlamentaria la iniciativa de reformas a 13 artículos constitucionales que presentan los diputados de Morena para crear la Guardia Nacional. Horas más tarde, esa iniciativa sería presentada formalmente en la Cámara de Diputados con pretensiones de aprobación apresurada, aunque además de la aplanadora morenista en San Lázaro y el Senado se requiere la aprobación de cuando menos la mitad de los congresos estatales.
A juicio de quien estas líneas redacta, la iniciativa es toda una
confesión del propósito de darle a la militarización, iniciada por
Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña, un nuevo ropaje,
presuntamente atenuante del tono castrense, al llevar en el pecho un
emblema novedoso, el de una Guardia Nacional que se formará a partir de
las policías militar, naval y federal.
En particular, es rotundo el reconocimiento de ilegalidad
militarizada que hacen los propios diputados al proponer un artículo
transitorio, el quinto, que pide una
excepción expresa y específicapara que los soldados y marinos que pasen a la Guardia Nacional no les sea aplicada la limitación del artículo 129 constitucional, que prohíbe a las fuerzas armadas asumir funciones en tiempos de paz. A confesión de violación, relevo de pruebas.
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