Litigará casos de violencia política
Las
mujeres que viven violencia política en razón de género no cuentan con
vías institucionales para denunciar los ataques y muchas veces ni
siquiera cuentan con el apoyo de sus agrupaciones políticas, por lo que
es necesario que exista una defensoría de oficio que las acompañe.
Esta fue la idea que dio origen a la Comisión Nacional de Defensa de
los Derechos Políticos de las Mujeres (CNDM), una agrupación civil de
abogadas y expertas en derechos de las mujeres que se conformó en
noviembre de este año.
Estas abogadas y expertas en Derecho electoral se dieron cuenta que
al no contar con un tipo penal de violencia política de género y no
tener mecanismos institucionales claros para denunciar y obtener
justicia, la mejor forma de prevenir estas agresiones es sentar
precedentes en los tribunales electorales.
Así lo explicó en entrevista con Cimacnoticias, la directora de la
CNDM, Joanna Alejandra Felipe Torres, quien aseguró que este espacio se
trata de una defensoría de oficio que litigará, pro-bono (para el bien
público y sin retribución monetaria), y acompañará a víctimas de
violencia política.
La idea de Felipe Flores y cuatro expertas más se concretó tras la
elección del 1 de julio cuando se renovaron 3 mil 406 cargos de
elección. Hoy la agrupación cuenta con el respaldo de las ex candidatas
presidenciales Margarita Zavala y Josefina Vázquez Mota, quienes forman
parte de su Consejo Consultivo.
MÁS CANDIDATAS, MÁS VIOLENCIA
Para la abogada, este proyecto es importante porque si las candidatas
y funcionarias que quieren incursionar en este ámbito del poder son
violentadas, se les inhibe para continuar participando y se limitan sus
derechos político-electorales, lo que significa que en el futuro, no
habrá más mujeres tomadoras de decisiones.
La también licenciada en Derecho y maestra en Derecho Administrativo y
Fiscal explicó que las mujeres políticas normalmente viven violencia
pero no se dan cuenta y cuando lo detectan no saben a dónde acudir ni
cuál es el proceso jurídico a seguir, en parte gracias al vacío legal.
Entre 2013 y 2016 la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales (FEPADE) detectó 416 expedientes, entre
averiguaciones previas y carpetas de investigación, que podrían
constituir violencia política de género; y durante 2018 registró 11
denuncias por incidentes relacionados con esta violencia.
La primera forma de contrarrestar esta problemática, señaló Felipe
Torres, es crear precedentes a través de juicios. Si los tribunales
electorales emiten sentencias y precedentes cada vez que conozcan nuevos
casos similares, volverán a realizar los mismos señalamientos.
Por otro lado destacó el papel de los partidos políticos que dejan
solas a sus candidatas pues aunque cuentan con órganos de litigio estos
no defienden candidatas sino al partido; o bien, sólo dirimen conflictos
partidistas en el terreno interno de las agrupaciones políticas.
Joanna Felipe Torres, explicó que además de litigar los casos la
asociación civil tiene como fin dar un acompañamiento político, es
decir, promover acciones públicas de mujeres políticas, de ahí la
importancia de que legisladoras y funcionarias apoyen este proyecto.
Las abogadas también observaron que aun cuando las mujeres que acuden
a los tribunales y obtienen respuestas favorables, como la orden para
que el funcionario o candidato deje de amedrentarlas, no hay autoridad
que se cerciore del cese de la violencia. En estos casos, como los
ocurridos con alcaldesas y síndicas de Chiapas y Oaxaca, es necesario
hacer que las sentencias se cumplan.
Para lograr que una resolución se acate o se dicten sanciones
específicas a funcionarios como alcaldes y síndicos hay que llevar
procesos jurídicos ante los Congresos locales porque son las autoridades
facultadas para sancionar a los gobiernos locales, algo que actualmente
no ocurre, expuso la experta.
Advirtió que las candidatas o funcionarias que enfrentan violencia
deben tener acompañamiento político de mujeres que están en la vida
pública.
Es por ello que la CNDM tiene consejeras consultivas, entre ellas
legisladoras federales como la diputada federal Martha Tagle, la
diputada local Paula Soto; funcionarias electorales como la magistrada
Janine Madeline Otálora Malassis y mujeres de partidos políticos,
quienes tienen como tarea ser observadoras de los procesos, respaldar a
las mujeres y hacer pronunciamientos o recomendaciones en sus casos.
Aunque de Felipe Flores también es directora Jurídica del Comité
Ejecutivo Nacional del PAN, asegura que esta asociación civil defenderá
casos de mujeres sin importar su filiación política.
CARENCIA DE VÍAS LEGALES
En 2017, en México las instancias electorales crearon el Protocolo
para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de
Género, sin embargo la también síndica electa en Cuautitlán Izcalli,
aseguró que no hay mecanismos que digan cómo sancionar esta violencia.
En la capital del país, en junio de este año la Secretaría de
Desarrollo Social presentó la Guía para la atención de la violencia
política por razones de género en la CDMX; mientras que los partidos
políticos también han elaborado protocolos en la materia.
Sin embargo la Cámara de Diputados y el Senado aun no llegan a un
acuerdo de cómo debe incluirse el concepto de violencia política en la
ley, por esta razón a tientas, y en ocasiones a solas, o con apoyo de
agrupaciones civiles, las mujeres han acudido a los tribunales
electorales para dirimir conflictos y presentar acusaciones.
Con este ejercicio para exigir el respeto a sus derechos político-
electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) ha sentado una jurisprudencia, por ejemplo ya acordó una
definición de esta conducta (jurisprudencia 48/2016).
Además, en otros casos ha impuesto sanciones ejemplares: En el
proceso electoral de julio pasado, el Tribunal Electoral resolvió
cancelar el registro de Juan García Arias, candidato a presidente
municipal de San Juan Colorado, Oaxaca, por no contar con el requisito
de tener modo honesto de vivir al violentar a la síndica Herminia Quiroz
Alavéz.
A pesar de estos avances los juicios electorales son caros, en
algunos casos las candidatas no cuentan con recursos económicos para
solventar los procesos o si lo logran no conocen las formas idóneas para
lograr un resultado favorable, por ejemplo saber qué pruebas presentar y
cómo presentarlas.
La abogada explicó que muchas veces la violencia son afirmaciones
durante discursos pero la violencia también puede quedar plasmada en
audios, videos, mensajes en redes sociales, panfletos o incluso en spots
de radio y televisión y las denunciantes deben estar preparadas para
presentar estas pruebas para su defensa.
Mientras se concreta una tipificación de esta conducta, la tarea más
importante para la Comisión Nacional de Defensa de los Derechos
Políticos de las Mujeres será el próximo año cuando cinco estados del
país tengan elecciones: Aguascalientes elegirá 11 cargos; Baja
California, 31; Durango, 39; Quintana Roo, 25 y Tamaulipas, 36, pues
deberán conocer y litigar los casos que se presenten antes, durante y
después de la jornada electoral.
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