Son varias las denuncias que hay en el tribunal internacional promovidas por diferentes organizaciones sociales por violaciones graves a los derechos humanos e incluso por “corrupción sistematizada”.
Lo que ha caracterizado a las distintas administraciones desde la salida del PRI, hace 18 años, ha sido la protección de sus antecesores. Empezó Vicente Fox cuando en lugar de crear una Comisión de la Verdad para después procesar y juzgar los crímenes del régimen priista, optó por crear una fiscalía especial.
La “fiscalía del pasado”, como se le conoció, dependía en última instancia del entonces titular de la Procuraduría General de la República, el general retirado Rafael Macedo de la Concha.
El jefe militar por supuesto que no iba a investigar a los miembros del Ejército implicados en graves violaciones a los derechos humanos entre los años sesenta y ochenta.
Felipe Calderón tenía más razones para sepultar ese pasado. Había decidido abrazarse con los militares para mantener la guerra que le declaró al narcotráfico. La falta de castigo de los crímenes del pasado y el decidido respaldo presidencial hicieron de ese sexenio uno de los más graves en violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas.
Por eso, Calderón está acusado en la Corte Penal Internacional. Peña Nieto hizo todas las gestiones político diplomáticas para que las demandas no prosperaran. Pero él mismo fue demandado por la masacre de Apatzingán, cometida por elementos de la Policía Federal en enero de 2015, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, en septiembre de 2014, y por “corrupción sistematizada” de su gobierno.
Las demandas siguen bajo estudio y le tocará al gobierno de López Obrador determinar si el Estado mexicano seguirá encubriendo incluso crímenes de lesa humanidad.
Aunque no quiere entrar en conflicto con nadie en relación con el pasado, para “no conspirar contra la estabilidad política del país”, López Obrador tendrá que definirse en los hechos: mantener el pesado manto que ha impedido el castigo a los responsables de esos crímenes o responder al imperativo moral de que el Estado mexicano se hago cargo de sus actuaciones y, en consecuencia, actué.
El “punto final” del que habló para no enfrentar a los corruptos del pasado, en una analogía con la ley que llevó ese nombre en Argentina para detener los procesos judiciales contra los acusados de desaparición forzada, podría ser un peligroso antecedente en el tema de los derechos humanos.
Al igual que Calderón, ha decidido abrazarse con los militares para su estrategia de seguridad. Como el expanista, los necesita para su propuesta de Guardia Nacional. Las probabilidades de investigar el largo pasado de violaciones cometidas por el Ejército y la Marina se reducen.
También como sus antecesores, y por la misma razón de militarizar la seguridad pública, ya enfrenta cuestionamientos internacionales. No vaya a ser que sea el próximo en la lista de los denunciados en La Haya, la sede de la Corte Penal Internacional.