Fuerzas Armadas, policías estatales, municipales y federales, los perpetradores
Durante
los últimos cuatro años el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín
Pro Juárez AC (Centro Prodh) ha conocido de 110 mujeres sujetas a
procesos penales que sobrevivieron a diversas formas de tortura sexual
por parte de Fuerzas Armadas, policías estatales, municipales y policías
federales.
En su reciente informe “Mujeres con la Frente en Alto. Informe sobre
tortura sexual en México y la respuesta del Estado” presentado ayer, el
Centro Prodh aseguró que la recurrencia de la tortura sexual en mujeres
detenidas es hasta cuatro veces mayor que en hombres y que la violencia
sexual es una práctica perpetrada con excesiva frecuencia contra ellas
por parte de fuerzas de seguridad civiles y castrenses.
Para la creación de este informe el Centro Prodh documentó a
profundidad sólo 29 de los 110 que ha conocido, en los que encontró un
patrón claro de actos cometidos a manos de las fuerzas de seguridad de
los tres niveles contra las mujeres.
Las detenciones fueron ilegales, no se les informó a las mujeres los
motivos; y se argumentó en 27 casos que fueron detenidas en presunta
flagrancia; la tortura sexual (violación, abuso sexual y tocamientos)
ocurrió en las instalaciones oficiales o clandestinas de las fuerzas de
seguridad, aunado a que permanecieron retenidas injustificadamente – en
la mitad de los casos- entre 12 horas a tres días.
En la investigación también hallaron que al presentarlas en el
Ministerio Público en la totalidad de casos se omitió investigar las
lesiones que presentaron. En 27 casos las y los jueces recibieron el
alegato de tortura en la declaración preparatoria y sólo dos no se
hicieron por el miedo de las víctimas o por consejo de su defensa.
A pesar de ello, en 18 casos se tiene certeza que la autoridad
judicial no ordenó indagar la tortura, sólo en 11 casos se ha intentado
documentar la tortura mediante la realización de dictámenes médicos y
psicológicos con base en el Protocolo de Estambul, y en 5 casos ya están
ambos peritajes practicados.
Estos 29 casos ocurrieron de 2006 a 2015 en las entidades de Baja
California, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guerrero,
Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas
y Veracruz.
El Centro Prodh indicó que el acercamiento y entendimiento de la
tortura sexual de mujeres por fuerzas de seguridad en México no ha sido
suficientemente analizado y el papel del Estado es de absoluta
pasividad.
A pesar que las organizaciones nacionales e internacionales llevan
décadas documentando el uso de la tortura en México hasta hace pocos
años no había un análisis sobre su práctica e impacto diferenciado en
víctimas mujeres, son las sobrevivientes de estas prácticas y las
agrupaciones civiles que las acompañan, quienes han escrito esta
historia y permiten constar que la recurrencia de la tortura sexual en
mujeres es hasta cuatro veces mayor que en hombres.
La documentación de los 110 casos del Centro Prodh se dio a raíz de
la campaña nacional denominada “Rompiendo el Silencio. Todas juntas
contra la tortura sexual” que iniciaron las 11 denunciantes
sobrevivientes de tortura sexual en San Salvador Atenco.
Caso que actualmente se encuentra pendiente de sentencia ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y fue litigado por el Centro
Prodh y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
Cabe mencionar que con esta sentencia México podría sumar tres
condenas de la Corte Interamericana por casos de tortura sexual contra
mujeres. Las dos sentencias previas fueron emitidas en 2010 cuando el
organismo encontró responsable al Estado mexicano por la tortura sexual
de las indígenas tlapanecas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo
Cantú, agredidas por militares en 2002, en el estado de Guerrero.
Los testimonios que presenta en el informe son muestra que los actos
de tortura contra mujeres alcanzan niveles alarmantes en México pero su
real dimensión está desdibujada ante la falta de un registro
estadístico, indicó el Centro.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su momento señaló
que de 2006 a 2016 en 72 por ciento de las recomendaciones que emitió
por violaciones a la integridad personal en casos de mujeres víctimas,
los hechos incluyeron actos de índole sexual.
En el informe de Amnistía Internacional “Sobrevivir a la muerte.
Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México” de los 100
casos que analizó 72 mujeres afirmaron haber sufrido actos de violencia
sexual al momento de su detención.
El Centro Prodh indicó que los esfuerzos del gobierno en la
documentación de estos casos han sido incipientes, no obstante en julio
de 2017 la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad arrojó
que la violencia sexual (violación en específico) estuvo presente en un
13 por ciento de los casos de mujeres y sólo 4 por ciento tratándose de
hombres. Es decir, según la información oficial se puede afirmar que la
recurrencia de la violencia sexual contra mujeres detenidas es tres
veces mayor que en hombres.
Entre las recomendaciones que la organización dio en su informe están
que el Poder Judicial debe garantizar la exclusión de toda prueba
obtenida directa o indirectamente mediante tortura o cualquier otra
violación a Derechos Humanos, a la Procuraduría General de la República
se le insta a realizar las investigaciones correspondientes e
identificar a los responsables de los actos de tortura documentados y la
principal recomendación es a la Secretaría de Gobernación a quien le
solicitan reactivar las mesas de trabajo del Mecanismo de Seguimiento de
Casos de Tortura Sexual, pues la tortura en gran medida se da por la
falta de capacidad para investigar y la impunidad que hay en estos
casos.
Imagen retomada de Twitter del Centro Prodh
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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