Imagen retomada de Twitter del TEPJF
Ciudad de México. El pleno de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al
Congreso de Nuevo León legislar y emitir cuanto antes la normativa
estatal sobre violencia política en razón de género y paridad en los
tres poderes y órdenes de gobierno.
En la sesión de este miércoles 5 de agosto, las y los magistrados
resolvieron un juicio de revisión constitucional (SUP-JRC-14/2020)
promovido por el partido local Movimiento Ciudadano, quien alegó la
omisión de diputadas y diputados locales de no legislar para garantizar
la participación política de las mujeres.
Así lo resolvieron las y los magistrados al determinar que el
Congreso fue omiso por no regular la paridad, como lo estableció la
reforma constitucional en la materia, publicada en el Diario Oficial de
la Federación (DOF) el 6 de junio de 2019, y sobre violencia política de
género, como se estableció en las leyes publicadas el pasado 13 de
abril de este año.
Sin embargo, estos cambios normativos no serán vigentes en el proceso
electoral de 2021 porque ya concluyó el plazo de 90 días para modificar
leyes que sean aplicables en los próximos comicios. Por esta razón la
Sala Superior ordenó al Organismo Público Electoral Local (OPLE) emitir
lineamientos para incluir reglas de paridad y prevención de la violencia
política en las próximas elecciones estatales. En 2021 Nuevo León
elegirá gubernatura, renovará el Congreso local y autoridades de 51
ayuntamientos.
Las y los magistrados resolvieron que esta resolución debe ser
orientadora para las entidades federativas cuyos congresos locales no
hayan legislado en torno a la paridad y la violencia política en razón
de género, en el plazo de 90 días previos al inicio de su proceso
electoral.
Por tanto, la Sala Superior también ordenó notificar a todos los
organismos públicos electorales del país los criterios del TEPJF y con
ello hacerles llegar la información sobre su obligación de emitir
lineamientos sobre paridad y violencia política, a pesar de que la
legislación estatal no esté armonizada con las leyes federales.
Desinterés de diputados
Desde hace un año el Congreso de Nuevo León tenía la obligación de
reformar su Constitución local para garantizar la paridad en los tres
poderes de gobierno y en los organismos autónomos, sin embargo no lo
hizo. Tampoco modificó sus leyes para definir y sancionar penal y
administrativamente los actos de violencia política por razones de
género.
Al observar que el plazo para legislar se agotaba, en junio pasado
colectivos de mujeres como “Derecho a Gobernar” y el “Futuro Florece”,
organizaron protestas frente al recinto legislativo para exigir que las y
los legisladores modificaran las leyes locales.
La presión de las defensoras de los derechos político-electorales de
las mujeres, hizo que el 23 de junio el Legislativo modificara la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para crear una
Comisión Estatal Electoral que promoviera la cultura de la no violencia;
sin embargo no se hicieron todas las adecuaciones en concordancia con
las ocho leyes generales que se modificaron a nivel federal.
Días después, el Congreso volvió a dejar ver que legislaría sin
seguir los parámetros de la federación. El 30 de junio diputadas y
diputados aprobaron una reforma al artículo 57 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, para hacer
frente a la violencia política en contra de las mujeres.
Ese mismo día, aprobaron en primera vuelta las reformas a su
Constitución local que establecen la paridad de género, gradual y no
obligatoria, en la integración de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, pero omitieron avalar los cambios en segunda vuelta.
En medio de estas adiciones, que se hicieron sin modificar la ley
electoral estatal, el 24 de junio Movimiento Ciudadano (MC) interpuso
ante el Tribunal Electoral un juicio electoral contra el Congreso de
Nuevo León por no legislar a tiempo en materia de paridad de género y
violencia contra las mujeres.
El 8 de julio, el Tribunal Electoral local resolvió sobreseer el
recurso de apelación, por considerar que era inexistente la omisión
legislativa aducida por MC. Posteriormente el caso llegó a la Sala
Superior, quien ordenó al Congreso legislar en la materia.
En la sesión de este miércoles, el magistrado Reyes Rodríguez
Mondragón dijo que todos los Congresos locales deben actualizar su marco
jurídico; mientras que la magistrada Janine Otálora Malassis destacó
que la armonización legislativa logrará saldar la deuda histórica que
tiene el sistema político- electoral con las mujeres.
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