Imagen retomada de la conferencia de prensa
Ciudad de México. Defensoras de la participación política de las mujeres exhortaron al Congreso del Estado de México a aprobar, en este periodo de sesiones, el paquete de reformas para garantizar la paridad en todos los cargos de decisión del gobierno y sancionar la violencia política de género.
Representantes de la “Red de Mujeres en Plural, 50+1 Estado de México”, “Las Constituyentes Feministas”, “Nosotras Tenemos Otros Datos”, “Red de Abogadas Feministas” y de la “Asociación de Mujeres Abrazando a México”, expusieron en conferencia de prensa virtual que es necesario consolidar las reformas para visibilizar la violencia política contra las mujeres.
El pasado 9 de junio, las diputadas locales de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mariana Uribe Bernal y Karina Labastida Sotelo, presentaron la propuesta para modificar las leyes estatales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de la Fiscalía General de Justicia; y de Responsabilidades Administrativas, así como la Constitución local y el Código Electoral estatal.
El paquete obedece a la reforma a la Constitución federal sobre paridad en los tres poderes de gobierno y en los organismos autónomos, publicada el 6 de junio de 2019, y a las reformas a ocho leyes generales para definir y sancionar penal y administrativamente los actos de violencia política por razones de género, publicada el pasado 13 de abril, según explicó Claudia Castello Rebollar, Integrante de la “Red Mujeres en Plural”.
La defensora destacó que la reforma estatal contempla anular la elección si el cargo se ganó ejerciendo violencia política de género, crear una Defensoría Pública en el instituto estatal electoral, reconocer a periodistas y defensoras de Derechos Humanos como beneficiarias de las medidas de prevención y atención de la violencia política de género e instalar la paridad en todos los órdenes y poderes de gobierno.
La propuesta presentada por las legisladoras indica que la participación de las mujeres en la vida política estatal aún no es equitativa porque existe una brecha de 1.4 por ciento en cuanto a diputaciones; en presidencias municipales la brecha es de 90.4 por ciento ya que sólo 4.80 por ciento de mujeres ejercen este cargo. En regidurías, 39.90 por ciento son mujeres; y en las sindicaturas la brecha es de 50.40, ya que sólo 24.80 por ciento son mujeres.
La directora de la “Asociación de Mujeres Abrazando a México”, Enma Obrador Garrido, agregó que es necesario que exista una participación democrática de las mujeres ahora que la violencia se ha acrecentado, lo que junto con la polarización social provoca baja participación política de las mujeres. El reto es garantizar la participación libre de las mujeres en los procesos electorales, señaló.
Una aportación de la sociedad civil, añadió, es dejar ver la necesidad de que quienes deseen participar sean personas que tengan preparación y capacitación con perspectiva de género, porque ya no puede de ser otra manera, tienen que tener esta perspectiva porque más de la mitad de las mujeres viven violencia estructural y simbólica.
Al respecto, la integrante de “Las Constituyentes Feministas”, Yndira Sandoval, mencionó que la propuesta de este colectivo es que en la ley se establezca como requisito de elegibilidad para obtener una candidatura municipal, a diputaciones locales o gubernatura que la persona no tenga denuncia o sentencia por ser deudor de pensión alimenticia, acosador sexual o agresor por razones de género. La idea es tener más mujeres en el poder y menos agresores, dijo.
Las defensoras expusieron que esperan que el Congreso mexiquense apruebe las reformas lo más pronto posible a fin de que sean aplicables en el proceso electoral de 2021. La diputada federal, Ana Lilia Herrera Anzaldo, dijo “necesitamos llegar a la elección con una legislación que se pueda hacer valer ante las autoridades competentes”.
La consejera electoral local, Sandra Lopez Bringas, expuso que antes de las reformas federales se registraron 5 casos de violencia política en razón de género; mientras que Emma Obrador señaló que en el Tribunal Electoral del estado hasta 2019 hubo 175 juicios de protección a los derechos político electorales relacionados con violencia política y 11 sanciones
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