Con un saludo cordial comparto este texto.
Hace varias décadas la nación era propietaria de cientos de empresas en la mayoría de los sectores, además del energético que todavía conserva en parte. Pertenecían al Estado y por ende a los ciudadanos un gran número de entidades productivas que operaban en casi todas las ramas que van desde la banca y productos financieros, explotación minera, forestal, industria de la transformación, transporte, comunicaciones, almacenamiento, turismo, agro, hasta industrias culturales y de servicios.
Hace varias décadas la nación era propietaria de cientos de empresas en la mayoría de los sectores, además del energético que todavía conserva en parte. Pertenecían al Estado y por ende a los ciudadanos un gran número de entidades productivas que operaban en casi todas las ramas que van desde la banca y productos financieros, explotación minera, forestal, industria de la transformación, transporte, comunicaciones, almacenamiento, turismo, agro, hasta industrias culturales y de servicios.
La razón de ser de esta política fue, entre otras, garantizar, impulsar y fortalecer la planta productiva nacional con la multiplicación de empresas gubernamentales y privadas, así como lograr mayor equilibrio de la balanza de pagos con aumento de las exportaciones, entre otros soportes de la economía , sin embargo, la estatización se volvió un problema debido a que las empresas privadas quedaban en desventaja frente a la prácticamente inagotable solvencia, entre otras facilidades, que tuvieron las empresas propiamente oficiales o paraestatales. Ese fue siempre uno de los argumentos con los que la iniciativa privada exigía al gobierno deshacerse de dichas empresas; a los empresarios les parecía una competencia desleal la proliferación de tales organizaciones y la administración de las mismas una función ajena al perfil del Estado.
Estos activos públicos operaban por lo regular en base a planes sexenales que involucraban a miles de funcionarios o burócratas que a toda costa procuraban obtener buenos ingresos, además de aquello que les permitiera acomodarse holgadamente en las clases altas. A base de relaciones, algo de suerte, intuición o lo que llaman “olfato político”, les era posible escalar los peldaños del siempre movedizo y brioso ascenso hasta los puestos directivos de las paraestatales. Lo común, era aprovechar la ventaja del puesto que podía durar seis o más años, para concretar alianzas que significaban oportunidades y el aseguramiento de una carrera política, con negocios incluidos, dependiendo del grado de ética, convicciones, principios o habilidades de quienes se veían favorecidos con tan codiciados empleos.
Los cargos de importancia en las paraestatales daban la posibilidad de hacer enormes negocios tales como contrataciones o compras, con su respectiva participación, que no pocas veces resultaron en escándalos que hicieron pisar la cárcel a más de algún funcionario.
Además fungían como agencias de colocación para surtir de empleos como pago de favores o simplemente para acallar líderes de grupos disidentes que eran sistemáticamente comprados con puestos, comisiones o aviadurías. No solamente se veían favorecidos quienes estaban en la nómina si no que la derrama alcanzaba a instancias externas como subcontratistas y arrendatarios, entre otros proveedores del sector privado. Como parte del sistema fueron una pieza decisiva para nutrir procesos electorales al favorecer candidatos o grupos ligados al PRI, con pagos en efectivo o en especie.
La mayoría de dichas empresas operaba con números rojos por múltiples razones que van del total desinterés o incapacidad de quienes las manejaban, hasta el constante saqueo y despilfarro con que operaban. Por si fuera poco, fertilizaron el campo para que aparecieran y financiaron sindicatos más especializados en encumbrar gente para insertarla en el sistema en busca de los privilegios que ofrece el poder, que en mejorar las condiciones laborales de los agremiados.
Por todo lo que llevaban a cuestas y el impacto contraproducente que tenían en la sociedad, las paraestatales se convirtieron en una carga para el Estado más que un beneficio, aunado a ello, el cambio de las dinámicas globales en materia de mercados, entre otros factores como el aumento del poder de las trasnacionales, fueron detonantes para que fueran soltadas y absorbidas por los grandes consorcios y por los sujetos y/o grupos favorecidos por la cercanía que guardan con las cúpulas políticas.
Con todos sus claroscuros estos organismos formaron parte del desarrollo que mantuvo el país y de alguna manera fungieron como soporte de actividades estratégicas como la siembra y distribución de maíz, la operación de los ingenios azucareros, la extracción minera, almacén y distribución de alimentos, transportación aérea, terrestre, marítima, sector agrícola, pesca y por supuesto el sector energético.
Gracias a dos de estas empresas (Ferrocarriles Nacionales de México y Ferrocarril del Pacífico) los mexicanos teníamos la posibilidad de viajar en tren como lo hacen la mayoría de ciudadanos en el mundo. Este importantísimo medio de transporte fue privatizado con argumentos que nada tienen que ver con lo que finalmente sucedió y tenemos. No tan sólo ya no contamos con este servicio que en otras latitudes es indispensable, si no que las instalaciones han sido bardeadas, literalmente bloqueadas por sus nuevos dueños estadounidenses en una forma que pareciera marcar un territorio ajeno al país.
El desplazamiento sobre rieles desde el norte es posible para cualquier caso de invasión. Cabe preguntar a quién sirvió la privatización de los trenes e infraestructura ferroviaria y la misma interrogante pudiéramos aplicar para indagar sobre los beneficiarios de otras ventas y hasta remates que llevan a cabo los gobernantes apoyados por las cámaras legislativas también a las órdenes de los organismos internacionales y de las familias involucradas y beneficiarias de las transacciones que tienen lugar al amparo de la ilegalidad que no de la ley como esperaríamos que fuera.
Antes de pensar en que PEMEX reciba capitales privados para participar como accionistas en exploración, perforación, explotación, petroquímica y otras actividades relacionadas, es elemental observar resultados de los traslados, los múltiples desplazamientos de bienes públicos al sector privado que han emprendido los gobernantes. Medir las consecuencias a futuro y evaluar resultados debería ser el punto de partida y no la urgencia de las trasnacionales y políticos contratados por ellas.
La falta de maquinaria es un pretexto que no encaja totalmente en la realidad. Son primordialmente intereses de apropiación particular en oposición a la vocación nacionalista y pública de la empresa petrolera mexicana, los que ordenan al grupo gobernante a que endose el sector energético a su favor.
Detrás de la presión se menciona a Bush como uno de los principales interesados en el petróleo mexicano y a las compañías españolas del sector energético que pretenden introducirse en el mercado estadounidense desde nuestro país.
Petróleos Mexicanos no ha sido diferente en su lógica al resto de las paraestatales que le acompañaron durante buena parte de la historia moderna de nuestro país. No sabemos a ciencia cierta qué sucede con los recursos que genera y se nos hacen costosos los productos derivados como la gasolina.
Petróleos Mexicanos no ha sido diferente en su lógica al resto de las paraestatales que le acompañaron durante buena parte de la historia moderna de nuestro país. No sabemos a ciencia cierta qué sucede con los recursos que genera y se nos hacen costosos los productos derivados como la gasolina.
Esto se reconoce debido a la falta de desarrollo de la industria petroquímica y la dependencia tecnológica en todos los campos involucrados, aunado todo ello a directrices deficientes. Las finanzas de la empresa constantemente son sacudidas por malos manejos y al mismo tiempo es el mayor fondo por vía tributaria del que dispone el Estado para el gasto social. En manos externas de cualquier índole estaría en temerario juego precisamente el sostén del país.
La congruencia apunta del lado de una depuración y modernización total de la principal fuente de ingresos que se tiene, sin poner en riesgo un ápice de su pertenencia a la sociedad mexicana. Mejorar todos los renglones inherentes al petróleo durante el tiempo en que se mantenga la posibilidad de extraerlo, de acuerdo a las reservas y nuevos descubrimientos, es una asignatura importante. Además ésta riqueza debería servir para impulsar el desarrollo de fuentes alternas de energía como la solar, eólica, biótica, entre otras.
En síntesis, las privatizaciones en México, además de ser propiciadas bajo presión externa de los organismos financieros internacionales, han servido para enriquecer a ciertas elites que tienen acceso a los más elevados niveles de poder.
Han contribuido al empobrecimiento y atraso en los diferentes sectores más que a una mejora en la calidad de vida de la mayoría. No ha cambiado la situación de la población con el traspaso de las carreteras o los transportes. De nada públicamente valioso ha servido la telefonía en manos de un magnate y vemos el trato de su empresa hacia los usuarios que es igual o peor que el que se tuvo antes, además las tarifas y cobros se ejercen sin control alguno. Telmex es uno de los monopolios más poderosos, caros e ilícitos del mundo. Los aeropuertos son ineficientes y costosos al igual que las carreteras de peaje y no se diga el gas cuyo precio se ha disparado a partir de su entrega a los concesionarios.
El curso de la privatización del sector energético tan negado por las autoridades, está en marcha, por lo que es importante la suma de esfuerzos y voluntades en defensa del factor más importante que tenemos para sostener económicamente el país.
Aún con toda su inoperancia, el envejecimiento y obsolescencia de su infraestructura y retraso tecnológico, pese a la sangría interminable de que es objeto, PEMEX es la instancia que hasta el día de hoy costea la mayor parte del gasto público de México. Privarnos de ella o sus partes es restar presupuesto a partidas o erogaciones básicas para la población de menos recursos, significa disminuir fuerza para hacer frente a los requerimientos y problemas sociales en todos los renglones y todavía no encuentro la lógica mediante la cual en base a venderla se pueda hacer más mexicana.
De acuerdo a esta racionalidad que utiliza Calderón para enfocar y resumir los hechos, así sucederá con las inversiones privadas en la compañía petrolera y en todo el sector, es decir, será más nacional, más nuestro en la medida en que lo configuren bajo las leyes privatizadoras del mercado global. ¿Será? Yo pienso que no. Por el contrario, las tensiones aumentarán con las dificultades que implica centrar la atención en la transformación neoliberal en lugar de atender las prioridades y generar verdaderas políticas sociales que es lo más apremiante.
Todos los males parten del desequilibrio mayúsculo que refleja la sociedad y de la insistencia de los grupos hegemónicos en permanecer en el mismo rumbo que solamente ha sido una especie de fábrica de magnates a costa del padecimiento de millones que ya no ven la manera, no saben verdaderamente qué hacer para sobrevivir.
No tan sólo la pobreza y su tendencia a agudizarse son consecuencias de la forma en que la gente de poder pretende tener más, si no que también los recursos se deterioran a la velocidad en que la ambición transforma los espacios naturales y literalmente borra el paisaje con todo y la vida que conlleva. Bosques, cuencas, acuíferos subterráneos, playas, selvas y demás fuentes de vida, son acosadas diariamente por máquinas, explosivos, derrames tóxicos y demás ingredientes de la agresión del capital sin fronteras. Es la factura del progreso dicen sonrientes los promotores de estos “cambios” que llaman reformas.
Si el país está en manos de gente lesiva, antidemocrática e indiferente al sentido patriótico, los que no deberíamos quedarnos con los brazos cruzados somos los ciudadanos que deseamos ordenar las cosas de una manera democrática en la amplitud del concepto.
Es necesaria toda protesta viable para alcanzar el objetivo que es impedir más abusos y sobretodo este que sería la derrota final del pueblo para condenarlo al sometimiento incondicional de los intereses de grupos cuya ética les confunde con los cárteles que azuelan a las naciones.
La división entre lo público y lo privado, el derecho de ambas riveras, es materia de un análisis riguroso que nos permita esclarecer nuevamente cuál es la razón, el objeto capital que guardan los bienes públicos y la importancia de su permanencia y fortalecimiento para la sociedad en el contexto global del desarrollo de la economía dominante. Privatizar algunas empresas e incluso sectores completos puede reforzar económicamente al país al crearse polos de inversión, producción y circulación de productos o servicios altamente competitivos, sin embargo, los beneficios amplios derivados de tales dinámicas no se han demostrado, este escenario no se ha presentado en nuestro país.
No es más fuerte la economía que hace veinte años. El no crecer nos mantiene enfrascados en una vorágine de endeudamientos y expectativas incumplidas que se tratan muchas veces de ocultar con cuentas alegres y discursos de fanfarronería propios de un acto circense donde un bufón enfrenta a las fieras.
Ni los millones de spots que inundan las frecuencias de radio y televisión, ni tampoco los kilómetros de líneas que escriben diariamente los que tienen la consigna de tratar de motivar la confianza de los lectores o audiencias con sus loas a lo que hacen o dicen los gobernantes, pueden ya negarnos la verdad: Los bienes públicos más valiosos del país han sufrido una subasta y van por más los martilleros.
No se qué es lo que pueda parar la fiesta. La gente ya se cansó de ver la misma función y estos cirqueros no descansan a los enanos ni a los payasos, junto con sus animales.
Afuera, miles continúan en sus maromas para sobrevivir el día, adentro, los trapecistas vuelan de puesto en puesto sobre la red del erario público.
Nosotros, adentro y afuera, permanecemos en tensión, por momentos pasmados y de pronto hasta cerramos los ojos, pero no nos perdemos el espectáculo.
carlos antonio villa guzmán
caviguz1@hotmail.com
El Feminicidio en el contexto Neoliberal
Uno de los aspectos que no han sido analizados a profundidad en la incidencia del fenómeno del feminicidio en México, es sin duda, la política económica de Estado, enmarcada en el Neoliberalismo inhumano y propiciatorio de un ámbito criminógeno –generador del crimen impune-, y en ello deseamos hacer énfasis en este Foro Social Mundial en el que se analizan los factores sociales que rodean al Neoliberalismo.
En este sentido, debemos tomar en cuenta que, al hacerse notorio el fenómeno en Ciudad Juárez, a finales de 1993, México estaba por concluir un periodo de abierta ilegalidad gubernamental. En 1988 había llegado Carlos Salinas de Gortari a la presidencia -producto de un fraude electoral que ilegitimó todo su mandato-, estableciendo las condiciones que permitieron el florecimiento de una industria maquiladora –producto del desmantelamiento de la infraestructura productiva nacional, incluso con la venta de la industria petroquímica al reclasificarla de "petroquímica secundaria"- lo que ahora nos mantiene como un país consumidor de bienes, y que ha generado que el 25% de la población nacional haya decidido, por razones económicas, emigrar a los EEUU.
Esta situación de apertura comercial sin variaciones el la política económica, sin fomentar la industria nacional, ha generado durante los últimos 15 años una escala nacional creciente de desempleo y falta de oportunidades para todos los sectores de la población - el desempleo juvenil que en
Ello ha llevado al país a un incremento brutal en la comisión de delitos, que no son perseguidos, investigados y menos aún sancionados. Con base en los datos proporcionados por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad en México, en la totalidad del territorio nacional, el 75% de los delitos no son denunciados –por desconfianza en las instituciones de impartición de justicia. Del 25% que presentan denuncia por los delitos que se comenten en su contra, apenas 2 de cada 10 casos se sigue –es decir que se investiga la Averiguación Previa-. De ellos sólo el 12% terminan en consignación, y de este último porcentaje, apenas el 5% de los culpables son sentenciados.
La probabilidad de que el Ministerio Público –local o federal- integre efectivamente una Averiguación Previa, en consecuencia detenga a un delincuente y que éste sea presentado ante un juez es en México de aproximadamente 1.8%. En términos reales, esa sería la posibilidad real de que alguien que interpone una denuncia, sea atendido y se aplique justicia en su caso. Es decir, la incidencia de impunidad en cualquier tipo de delito en México se da en un aproximado de
98.2% de los casos.
Haciendo un recuento de lo anterior, tenemos que el apoltronamiento de neoliberalismo en México, ha traído desmantelamiento de la planta productiva, desempleo, falta de oportunidades y diversos tipos de delincuencia, entre los que se encuentra el asesinato de mujeres. El proceso de empobrecimiento colectivo, que se ve acendrado con la feminización de la pobreza, expone a las mujeres –que ya se encuentran en medio de una estructura social profundamente discriminadora y misógina, que se expresa a través de la violencia de género- a una mayor indefensión. A este contexto, que se agudiza con la pobreza, habrá que sumar una naturalización de la violencia institucional que potencia la impunidad y no permite a las mujeres el desarrollo de una vida libre de violencia y hace nulo su derecho al acceso a la justicia.
En términos reales, esto ha significado, ya entrando en materia, que el fenómeno del feminicidio ha tenido un caldo de cultivo para su desarrollo. Durante todo el sexenio de Ernesto Zedillo y hasta el año 2003, el gobierno federal acumuló una serie de acciones fallidas para combatir el feminicidio, concentrando sus esfuerzos en informar a la comunidad internacional que se ocupaban del tema, sin hacer nada en concreto. En 2003, tercer año del gobierno de Vicente Fox, las madres de las víctimas –ya para entonces más de 300-, se reunieron con él, lo que dio paso a la instauración de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez (Comisión de Juárez), con rango de subsecretaría dependiente de la Secretaría de Gobernación, y de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua de la Procuraduría General de la República.
En ese entonces, los Decretos presidenciales de creación de ambos organismos reconocían que éstos respondían a los cientos de Recomendaciones jurídicamente vinculantes emitidas, con lo se pretendió "resolver" el problema y así fue informado a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres. Tan sólo durante el sexenio de Fox, según información de la Comisión Especial de Feminicidios de la LIX Legislatura, el feminicidio alcanzó una cifra a nivel nacional de más de 6 mil mujeres asesinadas. Al término de dicho gobierno se informó que el trabajo de la PGR en Ciudad Juárez había concluido, dejando un saldo de más de 450 mujeres asesinadas (1993-2006), 177 funcionarios públicos responsables de que no se pueda dar con los responsables de los asesinatos, impunes todos ellos –funcionarios y perpetradores-, más del 75% de los casos sin resolver, y una ofensiva institucional y de la iniciativa privada en Cuidad Juárez contra las y los defensores de los derechos humanos que han denunciado.
En lo que va del gobierno de Felipe Calderón, han continuado los asesinatos de mujeres a nivel nacional, hasta agosto el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, tiene un recuento de más de 1800 casos de feminicidio en todo el país. En Ciudad Juárez en 2006 hubo 25 casos y entre el 1° y el 22 de enero de 2008 se han cometido 7 asesinatos en esa Ciudad. Ante esta incidencia, la respuesta del gobierno ha sido la virtual desaparición de la Comisión de Juárez, la desactivación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos de Violencia contra las Mujeres (FEVIM) y una campaña internacional para la desactivación del tema del feminicidio en los organismos de protección a los derechos humanos, informado falacias sobre el compromiso del Estado Mexicano en la solución de esta problemática.
En sintonía con esta política de simulación, es lamentable que el Poder Legislativo sostenga posturas similares: durante el 2006 la Comisión Especial para Conocer las Políticas y la Procuración de Justicia Vinculada a los Feminicidios en el País, no tuvo una sola reunión Plenaria y no ha informado de sus actividades.
Durante 2006, se asesinó a Ernestina Ascencio Rosario por militares exonerados por el presidente y por el presidente de la CNDH; el ejército violó masivamente a mujeres en Michoacán sin castigo; se dio impunidad a los militares que violaron a 14 mujeres en Castaños, Coahuila; fue asesinado nuestro compañero Ricardo Murillo, del Frente Cívico Sinaloense –integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio- sin que hasta la fecha se conozcan las causas, y en diciembre fue allanado el local del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios de Saltillo, Coahuila –también integrante del Observatorio- y fue golpeada nuestra compañera Mariana Villarreal, lo que hace un contexto de hostigamiento y zozobra para las y los defensores de los derechos humanos que trabajamos el tema del feminicidio.
El sistema de acumulación y dominación que representa el neoliberalismo, se ocupa primordialmente de tomar el control de los actores sociales, procesos económicos y culturales, para dar paso al desarrollo de un proceso de legitimación de sus políticas públicas economicistas que ignoran la esencia de los derechos humanos, así como la integridad individual especialmente la de las mujeres. Esta política deshumanizada, ha emprendido un camino de aceptación cultural de la violencia de género y de violación sistémica de los derechos humanos.
Es decir, el régimen neoliberal que ya cumple más de 26 años de ejercicio depredador, no sólo ha propiciado la miseria, sino que agudizó la inequidad social y la injusticia que ya se promovía desde la estructuras de poder. Violencia y discriminación que se ensaña con las mujeres y tiene una de sus expresiones más dramáticas y extremas en el feminicidio.
A T E N T A M E N T E .
México: vivir y morir en un callejón sin salida
En la película italiana Milagro en Milán (1951), del neorrealista Vittorio de Sica, los habitantes pobres del nuevo cordón industrial alrededor de la ciudad realizan todo tipo de gestiones y luchas ante el poder para regularizar su apremiante situación, sin obtener el menor resultado. Al final, los empobrecidos deciden, como último recurso, manifestarse en la plaza central de Milán, en donde son recibidos a palos y manguerazos por las fuerzas del orden.
Entonces, los manifestantes deciden huir… elevándose en fila hacia el cielo. Del neorrealismo al realismo mágico… ¿Adónde va México en 2008? Al callejón sin salida de su historia. Con la entrada en vigor del capítulo referido a la apertura del comercio del maíz, frijol, leche y azúcar, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿adónde irán los ocho millones de campesinos mexicanos que se verán afectados directamente?
Si se cierran cada vez más las oportunidades políticas para la emigración a los Estados Unidos, ¿acaso no se calentará aún más la frontera norte? Acosados por doquier, los desempleados del campo y la ciudad se verán sitiados y arrinconados contra los muros; y, como un tropel de ratas deseperadas, tratarán de salvarse como puedan -los saldos trágicos son predecibles. ¿Y adónde irán los millones de habitantes de las ciudades, si la política económica oficial desoye las recomendaciones de los bancos internacionales, en el sentido impostergable de fortalecer los mercados internos para salir del estancamiento económico?
Desmantelado el futuro de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, aprobado en sólo dos pesos el aumento del salario mínimo para el 2008 y en marcha la contrarreforma laboral, no se necesita ser adivino para predecir el túnel negro en que se adentra nuestra fuerza de trabajo. ¿Cuál es el futuro de un país que se dispone a privatizar sectores clave de su economía como los energéticos, el agua y los recursos naturales?
No tiene uno que ser catastrofista para responder que el porvenir es, en efecto, catastrófico. México, con un nivel de crecimiento económico comparable al de Haití, vive una dramática y prolongada caída histórica. Los costos del golpe de Estado, perpetrado con el fraude electoral de 2006 por el bloque en el poder –y la subsecuente derrota política de la izquierda, cada vez más dividida-, caerán sobre la sociedad como una maldición. Y cuando todas las puertas permanecen cerradas y las otras salidas posibles han sido canceladas una por una, al pueblo no le queda otra opción que “volar”: elevarse por encima de su circunstancia y hacer lo inesperado…
Alejandro Rozado.
Patricia Romana Bárcena Molina
romanapaloma@hotmail.com
Conferencia de Denise Dresser
Dra.DeniseDresser...
http://www.coparmex.org.mx/nuevositio/videoStream/eventos/enc_empr_denisseDresser_121007.htm...Saludos...
Alejandro Rozado.
Patricia Romana Bárcena Molina
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