Suspenden indígenas huelga de hambre en respuesta a llamado de Samuel Ruiz

Personalidades mundiales exigen liberar presos en Tabasco y Chiapas
Firman la petición el premio Nobel Pérez Esquivel y Manu Chao, entre otros, y más de una decena de ONG internacionales

■ Instruye el clérigo al Centro Fray Bartolomé a asistir en sus procesos a quienes aún están

San Cristóbal de las Casas, Chis., 5 de abril. Tras 41 días de protesta, cinco indígenas en huelga de hambre y dos en ayuno parcial –del movimiento de presos políticos La Voz del Amate y el “grupo zapatista”– determinaron dar por terminada la acción, sin abandonar la exigencia de libertad que el gobierno de Chiapas sigue negándoles. Los indígenas tomaron la decisión en respuesta a la solicitud que, “humanitariamente”, les hiciera el obispo emérito Samuel Ruiz García.Agradecen “a la comunidad local, nacional e internacional por su valioso apoyo” tanto a la huelga como al plantón de sus familiares frente al palacio de gobierno en Tuxtla Gutiérrez. “Ustedes han sido observadores para calificar la impunidad y la poca voluntad del sistema de gobierno”.Una vez más quedó demostrado –apuntan– “que la lucha del pueblo puede consolidar el éxito por la libertad. Gracias a esta huelga, varios compañeros injustamente presos obtuvieron su libertad”.

Convencidos de que Pueblo Creyente y las demás organizaciones y personas que les dieron solidaridad “seguirán muy de cerca nuestro proceso”, la tarde de hoy concluyeron su acción extrema de resistencia, cuando ya ponía en riesgo serio sus vidas.Diciendo esperar que el gobierno “cumpla con el corto plazo que nos ha comunicado”, firman Alberto Patishtán Gómez, Julio César Pérez Ruiz, Marcelino Díaz González, Jesús López López, José Pérez Pérez, María Delia Pérez Arizmendi, Antonio Gómez Díaz y Miguel Gómez Gómez.Este desenlace ocurre en medio de una creciente ola de apoyo a la huelga de hambre y ayuno en cárceles de Chiapas y Tabasco. Hoy se dio a conocer un “pronunciamiento público mundial” por su libertad, firmado por organizaciones de una decena de países y más de un centenar de individuos y personalidades, como el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel; los músicos Manu Chao y Amparanoia; los escritores Javier Sicilia, Jean Robert, Sylvia Marcos y Xóchitl Leyva, entre otros.“Por razones éticas, humanitarias y de justicia, expresamos nuestro profundo rechazo a la privación de la libertad de personas mediante la ‘fabricación’ de delitos.

Estamos preocupados porque la criminalización de los movimientos sociales es una estrategia del gobierno mexicano para eliminar otras formas de hacer política”, manifiestan.El pronunciamiento demanda “la liberación de todas las personas presas políticas de Chiapas y de México”, y lo respaldan organizaciones de Suecia, Italia, Estados Unidos, Francia, Italia, Estado Español (y País Vasco), Alemania, Canadá, Argentina, Noruega, Grecia y México.La noche del jueves, mediante una carta a los reos indígenas, el obispo emérito Samuel Ruiz García había reiterado el apoyo a sus demandas y les pedía levantar la huelga de hambre, “preocupado por su estado de salud”. Mencionaba “el daño que en su organismo ha causado esta lucha para que sea reconocida su inocencia, así como las injusticias que han sufrido por causa de su aprehensión y encarcelamiento”.

Dirigiéndose a los presos (que se consideran “políticos” y de conciencia en los Ceresos 5 y 14), el Tatic expresó: “Su lucha no ha sido en vano; su sacrificio ha servido ya para la causa justa de quienes se han visto liberados en días recientes, obteniendo resultados más allá de lo que todos esperábamos. Pero no deseo que sea esta huelga de hambre la que los derrote, causando efectos irreversibles en su cuerpo, o la muerte”.El prelado confió en “seguir luchando por su justa liberación, utilizando otros medios”. Por ello, añadió, “les ruego suspendan en este crítico momento la huelga de hambre y el ayuno”. Como presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Ruiz García solicitó a dicho organismo que “asista y acompañe en sus procesos” a los todavía reclusos.Aún se desconoce la respuesta de los ocho presos de la Voz de los Llanos, en protesta desde hace 31 días dentro del Cereso 5, pero se prevé que sea en el mismo sentido.

Propone abogado revisión de todos los casos; muchos padecen más que los recluidos por motivos políticos

En evidencia, desventajas jurídicas para los pueblos nativos de México

■ Afrontan torturas y corrupción, advierte abogado

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 5 de abril. La crisis penitenciaria desatada en Chiapas por la extensa protesta de huelgas de hambre y ayunos en tres cárceles puso en evidencia la situación que prevalece en materia jurídica para los pueblos indígenas, tanto en el estado como en el país. No sólo se confirmó la existencia de prácticas como aprehensiones arbitrarias, tortura, autoinculpaciones forzadas y sentencias bajo consigna por motivos políticos. Se reveló que las desventajas jurídicas de los indígenas son muchas.
Un caso reciente, en apariencia menor: el pasado 4 de marzo, Martín Pérez Vázquez, de 50 años, así como su hijo y Mariano Pérez Pérez, de 27, tzotziles del municipio de Zinacantán, fueron detenidos y acusados ante la justicia federal de robo, ataque a las vías generales de comunicación y pandillerismo, estos últimos considerados graves. Habían cortado algunos metros de la malla de alambre colocada en los cerros de la carretera federal San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez. Ellos declararon que la querían para hacer gallineros. Actualmente afrontan un proceso por el que podrían alcanzar hasta 12 años de prisión.

Numerosos juristas y observadores han señalado que la normatividad nacional no respeta las particularidades culturales y los derechos de los pueblos nativos. Ése es uno de los fundamentos de los incumplidos acuerdos de San Andrés, que precisamente ofrecían soluciones al desequilibrio legal que tantos conflictos y sufrimientos causa a los indios mexicanos.

Consultado por La Jornada, Miguel Ángel de los Santos, abogado desde hace muchos años de decenas de presos indígenas y defensor de los derechos humanos, propone la revisión general de los casos de los reclusos en Chiapas. Considera que quienes protestaron con huelgas de hambre encarnan “casos extremos”, pero hay otros que están “igual o peor”, y no necesariamente relacionados con conflictos políticos, agrarios o sociales.

“Las detenciones arbitrarias y la tortura como medios para obtener confesiones son comunes”. Obedecen –dice– a un intento de las autoridades judiciales “por mostrar eficiencia en la resolución de procesos”. Si bien son prácticas generalizadas, en el caso de los indígenas (la tercera parte de la población en el estado) “se agrava por las diferencias culturales y desventajas económicas”. En Chiapas, particularmente en la zona indígena, “las sentencias de libertad cuestan hasta 50 mil pesos, sea culpable o no el acusado”.

Tortura e intimidación son frecuentes durante los procesos, pero a los nativos “los enfrenta a un sistema judicial que les es ajeno, porque ellos resuelven sus problemas con otros mecanismos, sin policías judiciales, ministerios públicos y menos la aplicación de la tortura”. De los Santos asegura que “el sistema de justicia penal no considera las diferencias culturales”. Compara esto a lo que puede experimentar cualquier mexicano procesado en Estados Unidos “bajo reglas, lengua y condiciones que desconoce”.

Como ilustran las experiencias de los presos en Chiapas y Tabasco que se declararon en huelga de hambre y ayuno desde febrero, hay una clara desventaja del indígena frente a los procesos judiciales.

Los procesados indígenas suelen hablar poco español, o nada. Los traductores y abogados de oficio son muy deficientes, cuando hay. “Por ejemplo, las discusiones legales no las traducen y, por tanto, los acusados no entienden qué pasa”, relata.

“El factor económico es otra desventaja. Secretarias, actuarios y hasta jueces piden dinero para agilizar procesos a conveniencia. Gran porcentaje de los detenidos vive en lugares lejanos, no puede pagar un abogado, y las familias raramente cuentan con medios para hacerse presentes y coadyuvar presentando pruebas para la defensa. Los presos son abandonados literalmente, sometidos a procesos que les son ajenos, y al final sentenciados sin que sepan muchas veces cuál fue su delito”.

Sólo por eso, juzga el abogado, se debería revisar cada uno de los casos de los indígenas presos, como se hizo en Oaxaca entre 2004 y 2005, cuando se excarceló a cerca de 2 mil.

Hermann Bellinghausen y Ángeles Mariscal

(Enviado y corresponsal La Jornada.)