Advierten OSC de todo el país
De la redacción
México DF, 11 abril 08 (CIMAC).- El crudo, indiscriminado e inconstitucional proceso de militarización de la vida civil del país tiene en Ciudad Juárez, Chihuahua, una expresión extrema de violencia institucional que multiplica la violencia por medio de la impunidad de integrantes de las fuerzas armadas que actúan en el estado, con lo que se atenta contra los derechos humanos de las mujeres que son agredidas.
En este proceso --señalan el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, conformado por 40 organizaciones en 17 estados del país-- las mujeres somos vistas en forma diversa, por la cultura misógina patriarcal y se nos asume como parte de los bonos que se ofrecen a las fuerzas represivas del Estado.
Por tanto, exigen se garantice un contexto de seguridad en la vida de las mujeres, en el marco de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de las recomendaciones jurídicamente vinculantes emitidas a México por los organismos internacionales de protección a los derechos humanos.
Señalan que la abierta e inmoral criminalización de la protesta social --que ahora se pretende aplicar retroactivamente, pues la reforma al 139 del Código Penal Federal fue aprobada en abril de 2007-- significa la renuncia al diálogo por parte del gobierno, y se vive en la indiscriminada represión policial, la descalificación del movimiento social, la militarización que trae consigo detenciones arbitrarias y otras violaciones al debido proceso, que equipara a luchadores sociales con delincuentes y pone agravantes a las acusaciones contra ellos.
Un ejemplo de esto, recuerdan, es el caso de Cipriana Jurado, integrante del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera, quien el pasado 3 de abril fue arrestada arbitrariamente --sin exhibir la orden de aprehensión-- por policías federales, pretendiendo responsabilizarla de un bloqueo de una hora al Puente Internacional Santa Fe, ocurrido en 2006 en el que participaron centenares de personas.
Consideran preocupante la declaraciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que, a través de un comunicado, afirma que “la organización Carrillo Fuentes empleando uniformes similares a los de uso militar pretende: Efectuar actos ostensibles a plena luz del día, a bordo de vehículos civiles pintados como los del ejercito mexicano (y) realizar violaciones tumultuarias durante supuestos cateos a casas habitación, negocios y centros nocturnos”.
La Sedena informa también que esta organización ha emprendido una estrategia, la cual consiste en financiar marchas, plantones y pronunciamientos sin fundamento para desprestigiar al Ejército Mexicano. “Nos parece indignante, dice el comunicado, que la Sedena generalice que todas las marchas, plantones y pronunciamientos son financiados por el Cartel de Juárez”.
Por todo esto, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio exige el retiro inmediato de los cargos “a quienes injustamente se les ha imputado un delito en el marco legal antes expuesto” y que hoy se encuentran en libertad “condicional”, y se dicte la libertad absoluta, para que puedan reintegrarse a la vida cotidiana con seguridad.
Exigimos también que el Ejército asuma los abusos y arbitrariedades que ha cometido contra la ciudadanía poniendo en riesgo la integridad de las y los mexicanos
Se pronuncia en exigencia del respeto por parte del Estado a la labor de defensoría de los derechos humanos, protegida por la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, (A/RES/53/144-1999; Artículo 12.3).
Y que se garantice un contexto de seguridad en la vida de las mujeres, en el marco de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de las recomendaciones jurídicamente vinculantes emitidas a México por los organismos internacionales de protección a los derechos humanos.
CARTA A LAS AUTORIDADES
En forma paralela, decenas de organizaciones de todo el país, entre ellas feministas, personas y colectivos comprometidos con los derechos humanos se sumaron a la exigencia porque se respete la dignidad humana en Ciudad Juárez, informó Cencos.
En una carta dirigida a Felipe Calderón; Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, José Reyes Baeza Terrazas, gobernador de Chihuahua; José Reyes Ferriz, presidente Municipal de Ciudad Juárez, afirman que las y los ciudadanos de Ciudad Juárez quieren y exigen seguridad en su cotidianidad, porque están ante un escenario de intimidación, arbitrariedad, impunidad, persecución, tortura e ilegalidad, que pretende agregar “a nuestras vidas el miedo y el temor que paraliza y enmudece porque viene de instancias de gobierno”.
Entre las organizaciones feministas y del movimiento de mujeres que firman la carta, junto con las demás OSC, ciudadanas y ciudadanos están: Casa Amiga Centro de Crisis; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua; Centro de Mujeres Tonantzin; Mujeres por México, en Chihuahua; Promoción de la Integración Familiar y Salud Integral; Red Nacional Género y Economía; y Marcha Mundial de las Mujeres.
También, Mujeres por el Diálogo; Red Latinoamericana Mujeres Transformando la Economía; Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer; Mujeres por México, en Chihuahua; Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez; Mujeres Unidas: Olympia de Gouges; Las Hormigas Comunidad en Desarrollo; Nuestras Hijas de regreso a Casa; así como Justicia para Nuestras Hijas.
Señalan en su misiva el caso de Cipriana Jurado, activista social interceptada y detenida con violencia en Ciudad Juárez por elementos encapuchados de la AFI, remitida al Cereso y liberada bajo fianza al siguiente día. Ella, recuerdan, semanas antes, el 1 de febrero, ya había sido detenida en circunstancias similares.
También el caso de Nain Paulino Romero acusado de motín por participar en una manifestación frente a la PGR; Armando Villareal Martha, dirigente social y líder campesino, asesinado el 14 de marzo en Casas Grandes, Chihuahua; Carlos Chávez, compañero de Villareal, arrestado por participar en una manifestación en el puente internacional de Juárez, por el mismo motivo, el 3 de abril.
Relatan también a las autoridades que tres mujeres policías acusan a los militares de desnudarlas y cometer vejaciones contra ellas, que agentes ministeriales arrestados bajo sospecha fueron torturados y que policías de seguridad pública también acusan a los militares de torturarlos de diversas formas.
Tras esas detenciones, dicen las organizaciones a los funcionarios, se anuncia que la PGR tiene más de 40 órdenes de aprehensión contra dirigentes de organizaciones sociales por haber participado en diversos eventos.
Los soldados, afirman, han entrado a hogares de ciudadanos de bien sin orden de cateo y sin ninguna explicación, dejando a familias enteras en crisis y a niñas, niños, mujeres, ancianas y ancianos sumidos en el miedo. “Y si esto fuera poco, también se les acusa de llevarse pertenencias”.
Estamos, dicen, a favor de la vida, del Estado de derecho, de la justicia y la dignidad de toda persona. No se abate la delincuencia matando a los delincuentes ni se les encuentra en hogares comunes y a los policías no se les endereza con tortura. La historia y el pasado reciente de nuestra ciudad nos han demostrado cómo la tortura y la violencia gubernamental fabricaron culpables de feminicidios.
No es legítimo decir –enfatizan a las autoridades-- que se ven rebasados y seguir viviendo de nuestros impuestos montando escenarios de terror. Se requiere trabajo de inteligencia e investigación profesionales que aporten pruebas suficientes para ubicar a los criminales y demostrar su culpabilidad así como la complicidad y participación de agentes policíacos en la delincuencia organizada.
Las y los defensores de los derechos humanos no defendemos delincuentes, aclaran las OSC, a pesar de que algunas voces quieren perversamente hacerlo parecer así, en cambio, la violación de ellos sí fabrica delincuentes y deja a los verdaderos en las calles y en las corporaciones.
Preocupantes son también las declaraciones que brindan un contexto de impunidad a esta situación, afirman.
Y sostienen: no es el precio que se tiene que pagar, como dicen algunos regidores, tampoco son acciones necesarias aunque sean ilegales como dicen los colegios de abogados, no somos todos responsables de la violencia que se vive en la ciudad como dicen algunos medios de comunicación, ni se trata de matar delincuentes para que sean menos como expresa un comandante del Ejército.
Advierten que seguirán luchando porque se respete la dignidad de todas y todos, denunciando las acciones arbitrarias de los tres niveles de gobierno y manifestando ideas y propuestas, porque su misión y las leyes les otorgan el derecho a defender los Derechos Humanos.
08/GG/CV
De la redacción
México DF, 11 abril 08 (CIMAC).- El crudo, indiscriminado e inconstitucional proceso de militarización de la vida civil del país tiene en Ciudad Juárez, Chihuahua, una expresión extrema de violencia institucional que multiplica la violencia por medio de la impunidad de integrantes de las fuerzas armadas que actúan en el estado, con lo que se atenta contra los derechos humanos de las mujeres que son agredidas.
En este proceso --señalan el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, conformado por 40 organizaciones en 17 estados del país-- las mujeres somos vistas en forma diversa, por la cultura misógina patriarcal y se nos asume como parte de los bonos que se ofrecen a las fuerzas represivas del Estado.
Por tanto, exigen se garantice un contexto de seguridad en la vida de las mujeres, en el marco de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de las recomendaciones jurídicamente vinculantes emitidas a México por los organismos internacionales de protección a los derechos humanos.
Señalan que la abierta e inmoral criminalización de la protesta social --que ahora se pretende aplicar retroactivamente, pues la reforma al 139 del Código Penal Federal fue aprobada en abril de 2007-- significa la renuncia al diálogo por parte del gobierno, y se vive en la indiscriminada represión policial, la descalificación del movimiento social, la militarización que trae consigo detenciones arbitrarias y otras violaciones al debido proceso, que equipara a luchadores sociales con delincuentes y pone agravantes a las acusaciones contra ellos.
Un ejemplo de esto, recuerdan, es el caso de Cipriana Jurado, integrante del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera, quien el pasado 3 de abril fue arrestada arbitrariamente --sin exhibir la orden de aprehensión-- por policías federales, pretendiendo responsabilizarla de un bloqueo de una hora al Puente Internacional Santa Fe, ocurrido en 2006 en el que participaron centenares de personas.
Consideran preocupante la declaraciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que, a través de un comunicado, afirma que “la organización Carrillo Fuentes empleando uniformes similares a los de uso militar pretende: Efectuar actos ostensibles a plena luz del día, a bordo de vehículos civiles pintados como los del ejercito mexicano (y) realizar violaciones tumultuarias durante supuestos cateos a casas habitación, negocios y centros nocturnos”.
La Sedena informa también que esta organización ha emprendido una estrategia, la cual consiste en financiar marchas, plantones y pronunciamientos sin fundamento para desprestigiar al Ejército Mexicano. “Nos parece indignante, dice el comunicado, que la Sedena generalice que todas las marchas, plantones y pronunciamientos son financiados por el Cartel de Juárez”.
Por todo esto, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio exige el retiro inmediato de los cargos “a quienes injustamente se les ha imputado un delito en el marco legal antes expuesto” y que hoy se encuentran en libertad “condicional”, y se dicte la libertad absoluta, para que puedan reintegrarse a la vida cotidiana con seguridad.
Exigimos también que el Ejército asuma los abusos y arbitrariedades que ha cometido contra la ciudadanía poniendo en riesgo la integridad de las y los mexicanos
Se pronuncia en exigencia del respeto por parte del Estado a la labor de defensoría de los derechos humanos, protegida por la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, (A/RES/53/144-1999; Artículo 12.3).
Y que se garantice un contexto de seguridad en la vida de las mujeres, en el marco de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de las recomendaciones jurídicamente vinculantes emitidas a México por los organismos internacionales de protección a los derechos humanos.
CARTA A LAS AUTORIDADES
En forma paralela, decenas de organizaciones de todo el país, entre ellas feministas, personas y colectivos comprometidos con los derechos humanos se sumaron a la exigencia porque se respete la dignidad humana en Ciudad Juárez, informó Cencos.
En una carta dirigida a Felipe Calderón; Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, José Reyes Baeza Terrazas, gobernador de Chihuahua; José Reyes Ferriz, presidente Municipal de Ciudad Juárez, afirman que las y los ciudadanos de Ciudad Juárez quieren y exigen seguridad en su cotidianidad, porque están ante un escenario de intimidación, arbitrariedad, impunidad, persecución, tortura e ilegalidad, que pretende agregar “a nuestras vidas el miedo y el temor que paraliza y enmudece porque viene de instancias de gobierno”.
Entre las organizaciones feministas y del movimiento de mujeres que firman la carta, junto con las demás OSC, ciudadanas y ciudadanos están: Casa Amiga Centro de Crisis; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua; Centro de Mujeres Tonantzin; Mujeres por México, en Chihuahua; Promoción de la Integración Familiar y Salud Integral; Red Nacional Género y Economía; y Marcha Mundial de las Mujeres.
También, Mujeres por el Diálogo; Red Latinoamericana Mujeres Transformando la Economía; Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer; Mujeres por México, en Chihuahua; Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez; Mujeres Unidas: Olympia de Gouges; Las Hormigas Comunidad en Desarrollo; Nuestras Hijas de regreso a Casa; así como Justicia para Nuestras Hijas.
Señalan en su misiva el caso de Cipriana Jurado, activista social interceptada y detenida con violencia en Ciudad Juárez por elementos encapuchados de la AFI, remitida al Cereso y liberada bajo fianza al siguiente día. Ella, recuerdan, semanas antes, el 1 de febrero, ya había sido detenida en circunstancias similares.
También el caso de Nain Paulino Romero acusado de motín por participar en una manifestación frente a la PGR; Armando Villareal Martha, dirigente social y líder campesino, asesinado el 14 de marzo en Casas Grandes, Chihuahua; Carlos Chávez, compañero de Villareal, arrestado por participar en una manifestación en el puente internacional de Juárez, por el mismo motivo, el 3 de abril.
Relatan también a las autoridades que tres mujeres policías acusan a los militares de desnudarlas y cometer vejaciones contra ellas, que agentes ministeriales arrestados bajo sospecha fueron torturados y que policías de seguridad pública también acusan a los militares de torturarlos de diversas formas.
Tras esas detenciones, dicen las organizaciones a los funcionarios, se anuncia que la PGR tiene más de 40 órdenes de aprehensión contra dirigentes de organizaciones sociales por haber participado en diversos eventos.
Los soldados, afirman, han entrado a hogares de ciudadanos de bien sin orden de cateo y sin ninguna explicación, dejando a familias enteras en crisis y a niñas, niños, mujeres, ancianas y ancianos sumidos en el miedo. “Y si esto fuera poco, también se les acusa de llevarse pertenencias”.
Estamos, dicen, a favor de la vida, del Estado de derecho, de la justicia y la dignidad de toda persona. No se abate la delincuencia matando a los delincuentes ni se les encuentra en hogares comunes y a los policías no se les endereza con tortura. La historia y el pasado reciente de nuestra ciudad nos han demostrado cómo la tortura y la violencia gubernamental fabricaron culpables de feminicidios.
No es legítimo decir –enfatizan a las autoridades-- que se ven rebasados y seguir viviendo de nuestros impuestos montando escenarios de terror. Se requiere trabajo de inteligencia e investigación profesionales que aporten pruebas suficientes para ubicar a los criminales y demostrar su culpabilidad así como la complicidad y participación de agentes policíacos en la delincuencia organizada.
Las y los defensores de los derechos humanos no defendemos delincuentes, aclaran las OSC, a pesar de que algunas voces quieren perversamente hacerlo parecer así, en cambio, la violación de ellos sí fabrica delincuentes y deja a los verdaderos en las calles y en las corporaciones.
Preocupantes son también las declaraciones que brindan un contexto de impunidad a esta situación, afirman.
Y sostienen: no es el precio que se tiene que pagar, como dicen algunos regidores, tampoco son acciones necesarias aunque sean ilegales como dicen los colegios de abogados, no somos todos responsables de la violencia que se vive en la ciudad como dicen algunos medios de comunicación, ni se trata de matar delincuentes para que sean menos como expresa un comandante del Ejército.
Advierten que seguirán luchando porque se respete la dignidad de todas y todos, denunciando las acciones arbitrarias de los tres niveles de gobierno y manifestando ideas y propuestas, porque su misión y las leyes les otorgan el derecho a defender los Derechos Humanos.
08/GG/CV
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