Conflictos políticos y poder económico, la causa
Por Soledad Jarquín Edgar/corresponsal
Oaxaca, Oax., 11 abril 08 (CIMAC).- Tras rechazar la posible intervención de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) o del Ejército en el territorio Triqui, José Ramírez Flores, presidente del municipio autónomo de San Juan Copala, apuntó que “hay autores intelectuales” del asesinato de Teresa Bautista y Felicitas Martínez, y señaló como responsables al ex diputado local Rufino Merino Zaragoza y al líder del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT), Heriberto Pazos Ortiz.
El munícipe de San Juan Copala calificó el asesinato de las dos locutoras y reporteras de “La Voz que Rompe el Silencio” como una venganza de los integrantes del Partido de Unificación Popular (PUP) creado por el dirigente del MULT, Heriberto Pazos Ortiz.
En entrevista con Cimacnoticias sostuvo que en San Juan Copala existe un clima de indignación y tristeza por el homicidio de las dos jóvenes, sepultadas la tarde del miércoles en el panteón municipal, porque “todo el mundo sabe quiénes son nuestros enemigos, los mismos que se opusieron a la formación del municipio autónomo en enero de 2007, los mismos que nos acusan de la desaparición de las hermanas Virginia y Daniela Ortiz Ramírez”.
Sin embargo, apuntó, la violencia que enfrenta a los pueblos de la zona Triqui es creada por las organizaciones políticas que no quieren el avance de nuestro municipio.
“Por eso no tenemos duda que detrás de todo lo que ocurre es preparado sólo por las personas que mencioné”, dijo refiriéndose al ex diputado Rufino Merino y a Heriberto Pazos Ortiz.
Explicó a Cimacnoticias que como resultado del conflicto político y desde la creación del municipio autónomo de San Juan Copala --antes agencia del municipio de Juxtlahuaca, uno de los tres grandes municipios que conforman la zona Triqui-- se ha dificultado el paso de la gente “nosotros no entramos a la zona de Putla y Juxtlahuaca (donde desparecieron Daniela y Virginia en junio de 2007) ahí sólo circula gente del MULT”.
De acuerdo con familiares de las dos jóvenes locutoras y reporteras asesinadas el pasado 7 de abril --Felicitas y Teresa-- ambas habían recibido amenazas de muerte de gente del diputado Merino Zaragoza y de Pazos Ortiz, reiteró el presidente municipal del municipio autónomo de San Juan Copala.
Por otra parte, Macario García Merino, secretario municipal de San Juan Copala, sostuvo que será necesaria la intervención del gobierno federal para que se esclarezca el asesinato de Teresa y Felicitas, sin embargo rechazó que “la militarización resuelva el problema, al contrario podría agravar la situación y pone en riesgo los derechos humanos, en especial de las mujeres”.
En la región tenemos amargas experiencias, como sucedió en 1964 y en 1978, cuando el Ejército mexicano entró en la zona, dice, “la partida de militares detenía a las personas que la gente del partido oficial señalaba porque no convenía a sus intereses, cuando la gente huía al monte, los soldados entraban a las casas y violaban a las mujeres, no queremos que eso se repita”.
MUNICIPIO AUTÓNOMO
La zona Triqui está conformada por 26 comunidades que hasta enero de 2007 pertenecían a los municipios de Santiago Juxtlahuaca, Tlaxiaco y Putla.
En esa fecha, la hasta entonces agencia municipal de San Juan Copala se declaró municipio autónomo y al menos 18 comunidades Triquis se adhieren a esta iniciativa. El resto se quedó bajo la “tutela” del MULT y el PUP, partido político con registro estatal.
García Merino explica que la formación de este municipio autónomo obedeció a que las organizaciones como el MULT, UBISORT y MULTI dividían a la población por lo que las dos últimas decidieron conformar el municipio autónomo, a lo que se opuso el dirigente del MULT, Heriberto Pazos Ortiz, a quien identifica como “muy ligado” al PRI.
En un principio cuando se conformó, el MULT trabajó bien --dice el secretario municipal de San Juan Copala-- pero al paso del tiempo se fueron corrompiendo.
Unos cuantos líderes manejaban los recursos que los gobiernos enviaban. Incluso metieron al banco los recursos del Procampo y sólo pretendían distribuir los intereses que éstos generaban, “no sé cuánto dinero era, pero era muchísimo dinero”, denuncia.
En la actualidad, añade el entrevistado, la gente del MULT sigue acaparando los recursos del Ramo 28 y del Ramo 33 “y si alguna autoridad pregunta en Juxtlahuaca por los recursos, corre el riesgo de que lo castiguen o lo metan a la cárcel, en el mejor de los casos”.
El gobierno estatal no quiere reconocer al municipio autónomo de San Juan Copala, nosotros estamos buscando los mecanismos para logarlo, pues se trata de un asunto de justicia social, ya que hasta 1948 San Juan Copala era la cabecera municipal, sólo que por intereses políticos nos redujeron a agencia municipal de Santiago Juxtlahuaca, explica.
QUE INVESTIGUEN
La etnia Triqui, ubicada en la parte más occidental de Oaxaca, es considerada como uno de los más antiguos pobladores de México y han “convivido” con los mixtecos, sus más cercanos vecinos.
Los Triquis son un pueblo dividido por los conflictos políticos y por el poder económico, sostiene García Merino, quien reconoce que se habrían recrudecido más a raíz de la creación del municipio autónomo o quizá porque “ahora sí la gente está más enterada de lo que aquí pasa, antes nadie sabía de la violencia”.
Todo ello a pesar de que uno de los objetivos del municipio autónomo creado el 20 de enero de 2007 es buscar la unidad y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, “tal parece que hay gente empeñada en seguir sembrando la violencia, pero no somos nosotros”, agrega.
Sostiene que a pesar de las acusaciones del MULT sobre la presunta responsabilidad de la gente del municipio autónomo (UBISORT-MULTI) en la desaparición de Virginia y Daniela Ortiz, nosotros nada tenemos que ver, al contrario hemos exigido que las autoridades investiguen.
En ese mismos sentido, el presidente del municipio autónomo pone el dedo en la yaga: “creemos que los responsables están entre la misma gente del MULT”.
Ahora las autoridades municipales exponen que es necesaria una investigación a fondo, para esclarecer los homicidios de Teresa Bautista y Felicitas Martínez, locutoras y reporteras de “La Voz que Rompe el Silencio”, así como para dar con el paradero de las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, desaparecidas desde el 5 de julio de 2007, “que vengan y que investiguen, nosotros no estamos cerrados y no tenemos nada que ver”, remata.
08/SJ/CV
Por Soledad Jarquín Edgar/corresponsal
Oaxaca, Oax., 11 abril 08 (CIMAC).- Tras rechazar la posible intervención de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) o del Ejército en el territorio Triqui, José Ramírez Flores, presidente del municipio autónomo de San Juan Copala, apuntó que “hay autores intelectuales” del asesinato de Teresa Bautista y Felicitas Martínez, y señaló como responsables al ex diputado local Rufino Merino Zaragoza y al líder del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT), Heriberto Pazos Ortiz.
El munícipe de San Juan Copala calificó el asesinato de las dos locutoras y reporteras de “La Voz que Rompe el Silencio” como una venganza de los integrantes del Partido de Unificación Popular (PUP) creado por el dirigente del MULT, Heriberto Pazos Ortiz.
En entrevista con Cimacnoticias sostuvo que en San Juan Copala existe un clima de indignación y tristeza por el homicidio de las dos jóvenes, sepultadas la tarde del miércoles en el panteón municipal, porque “todo el mundo sabe quiénes son nuestros enemigos, los mismos que se opusieron a la formación del municipio autónomo en enero de 2007, los mismos que nos acusan de la desaparición de las hermanas Virginia y Daniela Ortiz Ramírez”.
Sin embargo, apuntó, la violencia que enfrenta a los pueblos de la zona Triqui es creada por las organizaciones políticas que no quieren el avance de nuestro municipio.
“Por eso no tenemos duda que detrás de todo lo que ocurre es preparado sólo por las personas que mencioné”, dijo refiriéndose al ex diputado Rufino Merino y a Heriberto Pazos Ortiz.
Explicó a Cimacnoticias que como resultado del conflicto político y desde la creación del municipio autónomo de San Juan Copala --antes agencia del municipio de Juxtlahuaca, uno de los tres grandes municipios que conforman la zona Triqui-- se ha dificultado el paso de la gente “nosotros no entramos a la zona de Putla y Juxtlahuaca (donde desparecieron Daniela y Virginia en junio de 2007) ahí sólo circula gente del MULT”.
De acuerdo con familiares de las dos jóvenes locutoras y reporteras asesinadas el pasado 7 de abril --Felicitas y Teresa-- ambas habían recibido amenazas de muerte de gente del diputado Merino Zaragoza y de Pazos Ortiz, reiteró el presidente municipal del municipio autónomo de San Juan Copala.
Por otra parte, Macario García Merino, secretario municipal de San Juan Copala, sostuvo que será necesaria la intervención del gobierno federal para que se esclarezca el asesinato de Teresa y Felicitas, sin embargo rechazó que “la militarización resuelva el problema, al contrario podría agravar la situación y pone en riesgo los derechos humanos, en especial de las mujeres”.
En la región tenemos amargas experiencias, como sucedió en 1964 y en 1978, cuando el Ejército mexicano entró en la zona, dice, “la partida de militares detenía a las personas que la gente del partido oficial señalaba porque no convenía a sus intereses, cuando la gente huía al monte, los soldados entraban a las casas y violaban a las mujeres, no queremos que eso se repita”.
MUNICIPIO AUTÓNOMO
La zona Triqui está conformada por 26 comunidades que hasta enero de 2007 pertenecían a los municipios de Santiago Juxtlahuaca, Tlaxiaco y Putla.
En esa fecha, la hasta entonces agencia municipal de San Juan Copala se declaró municipio autónomo y al menos 18 comunidades Triquis se adhieren a esta iniciativa. El resto se quedó bajo la “tutela” del MULT y el PUP, partido político con registro estatal.
García Merino explica que la formación de este municipio autónomo obedeció a que las organizaciones como el MULT, UBISORT y MULTI dividían a la población por lo que las dos últimas decidieron conformar el municipio autónomo, a lo que se opuso el dirigente del MULT, Heriberto Pazos Ortiz, a quien identifica como “muy ligado” al PRI.
En un principio cuando se conformó, el MULT trabajó bien --dice el secretario municipal de San Juan Copala-- pero al paso del tiempo se fueron corrompiendo.
Unos cuantos líderes manejaban los recursos que los gobiernos enviaban. Incluso metieron al banco los recursos del Procampo y sólo pretendían distribuir los intereses que éstos generaban, “no sé cuánto dinero era, pero era muchísimo dinero”, denuncia.
En la actualidad, añade el entrevistado, la gente del MULT sigue acaparando los recursos del Ramo 28 y del Ramo 33 “y si alguna autoridad pregunta en Juxtlahuaca por los recursos, corre el riesgo de que lo castiguen o lo metan a la cárcel, en el mejor de los casos”.
El gobierno estatal no quiere reconocer al municipio autónomo de San Juan Copala, nosotros estamos buscando los mecanismos para logarlo, pues se trata de un asunto de justicia social, ya que hasta 1948 San Juan Copala era la cabecera municipal, sólo que por intereses políticos nos redujeron a agencia municipal de Santiago Juxtlahuaca, explica.
QUE INVESTIGUEN
La etnia Triqui, ubicada en la parte más occidental de Oaxaca, es considerada como uno de los más antiguos pobladores de México y han “convivido” con los mixtecos, sus más cercanos vecinos.
Los Triquis son un pueblo dividido por los conflictos políticos y por el poder económico, sostiene García Merino, quien reconoce que se habrían recrudecido más a raíz de la creación del municipio autónomo o quizá porque “ahora sí la gente está más enterada de lo que aquí pasa, antes nadie sabía de la violencia”.
Todo ello a pesar de que uno de los objetivos del municipio autónomo creado el 20 de enero de 2007 es buscar la unidad y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, “tal parece que hay gente empeñada en seguir sembrando la violencia, pero no somos nosotros”, agrega.
Sostiene que a pesar de las acusaciones del MULT sobre la presunta responsabilidad de la gente del municipio autónomo (UBISORT-MULTI) en la desaparición de Virginia y Daniela Ortiz, nosotros nada tenemos que ver, al contrario hemos exigido que las autoridades investiguen.
En ese mismos sentido, el presidente del municipio autónomo pone el dedo en la yaga: “creemos que los responsables están entre la misma gente del MULT”.
Ahora las autoridades municipales exponen que es necesaria una investigación a fondo, para esclarecer los homicidios de Teresa Bautista y Felicitas Martínez, locutoras y reporteras de “La Voz que Rompe el Silencio”, así como para dar con el paradero de las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, desaparecidas desde el 5 de julio de 2007, “que vengan y que investiguen, nosotros no estamos cerrados y no tenemos nada que ver”, remata.
08/SJ/CV
Cinco redes de periodistas exige justicia
Oaxaca: asesinato de reporteras comunitarias, parte de ola represiva
México DF, 11 abril 08 (CIMAC).- Organizaciones de la sociedad civil de Oaxaca, autoridades municipales y radios comunitarias denunciaron que el clima de violencia represiva que sufren los pueblos de Oaxaca se ha incrementado en los últimos meses.
Los secuestros, detenciones y asesinatos son una política de Estado, con la cual el Gobierno de Ulises Ruiz busca frenar la lucha legitima de nuestros pueblos, señalan.
Como ejemplo de la violencia cotidiana que se vive en el estado mencionaron la muerte de Teresa Bautista Merino y Felicitas Martínez Sánchez, reporteras y locutoras de la radio comunitaria del municipio autónomo de San Juan Copala, quienes fueron emboscadas y asesinadas el pasado 7 de abril, así como los recientes asesinatos, aún impunes, de los líderes indígenas Placido López Castro, Lauro Juárez y Rosalino Díaz, señalan en un comunicado difundido por Cencos.
Las organizaciones que suscriben el comunicado son: Ayuntamiento Autónomo de San Juan Copala, Red de Radios Comunitarias Indígenas del Sureste de México, CODECI, OIDHO, Autoridades Municipales de Yosotatu, CACTUS, Centro de Orientación y Asesoría a los Pueblos Indígenas COAPI, Asoc. Nacional de Abogados Democráticos, AMAP, MAIZ, UCIZONI, CAMA, Codedi´Xanica, Radio Ayuuk, Radio Huave, Frente de Pueblos del Istmo en Defensa de la tierra.
Asimismo, Radio Triqui, CEDAPI. Consejo de Organizaciones y Pueblos de la Chinantla, Bienes comunales de Chalcatongo, Bienes Comunales de San Juan Yaveo, Comité de Presos Políticos de Ixcotel, Alianza Magonista Zapatista, estudiantes de la UABJO, Comisión Magisterial de derechos Humanos de la Secc. 22 del SNTE, Radio Arco Iris
ASESINATO DE REPORTERAS
El asesinato de nuestras compañeras, quienes eran locutoras de la Radio Triqui, “La Voz que Rompe el Silencio”, patrocinada por el Ayuntamiento Autónomo de San Juan Copala –explican las OSC en el comunicado-- fue perpetrado en las proximidades de Llano Juárez, Juxtlahuaca, “zona donde ha sido denunciada la actuación de una banda de pistoleros ligada al partido Unidad Popular”, en un acto más de represión del Gobierno que encabeza Ulises Ruiz, el gobernador del estado.
Ante lo que consideran un nuevo crimen de Estado, demandan una investigación a fondo y el castigo de los autores materiales e intelectuales del mismo, que la investigación sobre este nuevo hecho de sangre que conmueve a la región Triqui sea atraída por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos en contra de periodistas y por la Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) relacionada con atentados en contra de los comunicadores.
Recuerdan también que, como parte de la situación que priva en el estado, en diferentes cárceles se encuentran injustamente detenidos Pedro Castillo Aragón, Flavio Sosa, Adán Mejía López, Miguel Ángel García, Miguel Juan Hilaria, Víctor Hugo Martínez Toledo, Roberto Cárdenas Rosas, Reynaldo Martínez Álvarez, Juliantino Martínez García, Homero Castro López, Constantino Castro López y Abraham Ramírez Vázquez, de quienes exigen su inmediata liberación, así como la cancelación de órdenes de aprehensión libradas en contra de cientos de indígenas y dirigentes sociales.
Afirman que la impunidad, la fabricación de culpables y la indiscriminada liberación de órdenes de aprehensión y otros actos de hostigamiento contra líderes sociales y comunitarios, configuran en Oaxaca una política parapolicial y represiva, violatoria de las garantías constitucionales, los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas.
Sintetizan puntualmente sus exigencias a las autoridades en el castigo para los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de Felicitas Martínez, Teresa Bautista, Lauro Juárez, Rosalino Díaz y Plácido López Castro.
También, en la liberación inmediata “de nuestros compañeros” injustamente detenidos y la cancelación de cientos de órdenes de aprehensión libradas en contra de dirigentes sociales y representantes de pueblos indígenas. La presentación con vida de Virginia y Daniela Ortiz García, desaparecidas desde julio del 2007.
En la intervención de la Procuraduría General de la República en estos crímenes, de acuerdo a sus facultades legales. Y en el cese a la represión del Gobierno de Ulises Ruiz en contra del movimiento social en Oaxaca y el respeto pleno al derecho a la Autonomía de los pueblos Indios.
JUSTICIA PARA TERESA Y FELICITAS: PERIODISTAS
En tanto, las y los periodistas de la Red Nacional de Periodistas de México, La Red de México Centroamérica y el Caribe; la Red Trinacional de Periodistas: México, Estados Unidos y Canadá; la Red Latinoamericana de Periodistas y la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, exigieron por medio de sendas misivas al Gobierno mexicano la inmediata investigación de los asesinatos de las periodistas Teresa Bautista y Felicitas Martínez, locutoras y reporteras de la radio “La Voz que Rompe el Silencio”, así como el castigo a los culpables.
En asesinato de Teresa Bautista y Felicitas Martínez, explican, se suma a una larga de atentados contra periodistas de México, que al día de hoy siguen en la impunidad, dicen el casi centenar de periodistas México, Latinoamérica, Europa, Estados Unidos y Canadá en su carta a las autoridades.
Aseguran que atentar contra las y los periodistas en un país que se dice democrático es sinónimo de atraso y preocupación, cuando México se coloca en el segundo país, en todo el mundo, más peligroso para ejercer el periodismo.
Como periodistas comprometidas con la libertad de expresión y con los derechos humanos de las mujeres exigimos al gobierno mexicano la inmediata investigación y el castigo a los culpables, así como todas las garantías necesarias para el libre ejercicio del periodismo en México, explican las periodistas de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.
Asimismo, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú condenó de manera enérgica el asesinato de las comunicadoras, al igual que la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Comunicación Social (Felatracs), crimen que se enmarca en la violencia contra las mujeres en la región Triqui, como resultado del conflicto político.
08/GG/CV
Oaxaca: asesinato de reporteras comunitarias, parte de ola represiva
México DF, 11 abril 08 (CIMAC).- Organizaciones de la sociedad civil de Oaxaca, autoridades municipales y radios comunitarias denunciaron que el clima de violencia represiva que sufren los pueblos de Oaxaca se ha incrementado en los últimos meses.
Los secuestros, detenciones y asesinatos son una política de Estado, con la cual el Gobierno de Ulises Ruiz busca frenar la lucha legitima de nuestros pueblos, señalan.
Como ejemplo de la violencia cotidiana que se vive en el estado mencionaron la muerte de Teresa Bautista Merino y Felicitas Martínez Sánchez, reporteras y locutoras de la radio comunitaria del municipio autónomo de San Juan Copala, quienes fueron emboscadas y asesinadas el pasado 7 de abril, así como los recientes asesinatos, aún impunes, de los líderes indígenas Placido López Castro, Lauro Juárez y Rosalino Díaz, señalan en un comunicado difundido por Cencos.
Las organizaciones que suscriben el comunicado son: Ayuntamiento Autónomo de San Juan Copala, Red de Radios Comunitarias Indígenas del Sureste de México, CODECI, OIDHO, Autoridades Municipales de Yosotatu, CACTUS, Centro de Orientación y Asesoría a los Pueblos Indígenas COAPI, Asoc. Nacional de Abogados Democráticos, AMAP, MAIZ, UCIZONI, CAMA, Codedi´Xanica, Radio Ayuuk, Radio Huave, Frente de Pueblos del Istmo en Defensa de la tierra.
Asimismo, Radio Triqui, CEDAPI. Consejo de Organizaciones y Pueblos de la Chinantla, Bienes comunales de Chalcatongo, Bienes Comunales de San Juan Yaveo, Comité de Presos Políticos de Ixcotel, Alianza Magonista Zapatista, estudiantes de la UABJO, Comisión Magisterial de derechos Humanos de la Secc. 22 del SNTE, Radio Arco Iris
ASESINATO DE REPORTERAS
El asesinato de nuestras compañeras, quienes eran locutoras de la Radio Triqui, “La Voz que Rompe el Silencio”, patrocinada por el Ayuntamiento Autónomo de San Juan Copala –explican las OSC en el comunicado-- fue perpetrado en las proximidades de Llano Juárez, Juxtlahuaca, “zona donde ha sido denunciada la actuación de una banda de pistoleros ligada al partido Unidad Popular”, en un acto más de represión del Gobierno que encabeza Ulises Ruiz, el gobernador del estado.
Ante lo que consideran un nuevo crimen de Estado, demandan una investigación a fondo y el castigo de los autores materiales e intelectuales del mismo, que la investigación sobre este nuevo hecho de sangre que conmueve a la región Triqui sea atraída por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos en contra de periodistas y por la Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) relacionada con atentados en contra de los comunicadores.
Recuerdan también que, como parte de la situación que priva en el estado, en diferentes cárceles se encuentran injustamente detenidos Pedro Castillo Aragón, Flavio Sosa, Adán Mejía López, Miguel Ángel García, Miguel Juan Hilaria, Víctor Hugo Martínez Toledo, Roberto Cárdenas Rosas, Reynaldo Martínez Álvarez, Juliantino Martínez García, Homero Castro López, Constantino Castro López y Abraham Ramírez Vázquez, de quienes exigen su inmediata liberación, así como la cancelación de órdenes de aprehensión libradas en contra de cientos de indígenas y dirigentes sociales.
Afirman que la impunidad, la fabricación de culpables y la indiscriminada liberación de órdenes de aprehensión y otros actos de hostigamiento contra líderes sociales y comunitarios, configuran en Oaxaca una política parapolicial y represiva, violatoria de las garantías constitucionales, los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas.
Sintetizan puntualmente sus exigencias a las autoridades en el castigo para los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de Felicitas Martínez, Teresa Bautista, Lauro Juárez, Rosalino Díaz y Plácido López Castro.
También, en la liberación inmediata “de nuestros compañeros” injustamente detenidos y la cancelación de cientos de órdenes de aprehensión libradas en contra de dirigentes sociales y representantes de pueblos indígenas. La presentación con vida de Virginia y Daniela Ortiz García, desaparecidas desde julio del 2007.
En la intervención de la Procuraduría General de la República en estos crímenes, de acuerdo a sus facultades legales. Y en el cese a la represión del Gobierno de Ulises Ruiz en contra del movimiento social en Oaxaca y el respeto pleno al derecho a la Autonomía de los pueblos Indios.
JUSTICIA PARA TERESA Y FELICITAS: PERIODISTAS
En tanto, las y los periodistas de la Red Nacional de Periodistas de México, La Red de México Centroamérica y el Caribe; la Red Trinacional de Periodistas: México, Estados Unidos y Canadá; la Red Latinoamericana de Periodistas y la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, exigieron por medio de sendas misivas al Gobierno mexicano la inmediata investigación de los asesinatos de las periodistas Teresa Bautista y Felicitas Martínez, locutoras y reporteras de la radio “La Voz que Rompe el Silencio”, así como el castigo a los culpables.
En asesinato de Teresa Bautista y Felicitas Martínez, explican, se suma a una larga de atentados contra periodistas de México, que al día de hoy siguen en la impunidad, dicen el casi centenar de periodistas México, Latinoamérica, Europa, Estados Unidos y Canadá en su carta a las autoridades.
Aseguran que atentar contra las y los periodistas en un país que se dice democrático es sinónimo de atraso y preocupación, cuando México se coloca en el segundo país, en todo el mundo, más peligroso para ejercer el periodismo.
Como periodistas comprometidas con la libertad de expresión y con los derechos humanos de las mujeres exigimos al gobierno mexicano la inmediata investigación y el castigo a los culpables, así como todas las garantías necesarias para el libre ejercicio del periodismo en México, explican las periodistas de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.
Asimismo, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú condenó de manera enérgica el asesinato de las comunicadoras, al igual que la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Comunicación Social (Felatracs), crimen que se enmarca en la violencia contra las mujeres en la región Triqui, como resultado del conflicto político.
08/GG/CV
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