Los Fox, Mouriño y Bribiesca Sahagún,involucrados en los mismos negocios

Forum 176. Abril de 2008.

www.in4mex.com.mx

www.forumenlinea.com

www.securities.com

José Vilchis Guerrero
jvilchis@yahoo.com

Una nueva línea de investigación de la comisión legislativa que indaga a los hermanos Jorge y Manuel Bribiesca, es la posible relación entre Juan Camilo Mouriño y los negocios de los Bribiesca y Javier Fox, hermano del expresidente Vicente Fox, quien junto con Martha Sahagún también está involucrado en los negocios de sus hijastros.

Lo anterior es una de las comprobaciones que logró la primera comisión legislativa, que desde entonces documentó contratos conseguidos por las empresas de la familia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño como apoderado legal, con Petróleos Mexicanos (Pemex) Refinación en el sexenio pasado, al mismo tiempo presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y luego subsecretario de Energía.
Asimismo, ante la reiterada negativa de los funcionarios federales para aportar información a las comisiones especiales que investigan la configuración de los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito por parte de Vicente Fox, generaron una iniciativa de reforma legal promovida por legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para obligar a funcionarios y exfuncionarios del gobierno federal a entregar la información requerida para tal fin, informó el diputado Víctor Valencia de los Santos.

La razón es que mucha de la información y documentos que la contienen están clasificados como confidenciales, razón de la iniciativa priísta, explicó Valencia de los Santos, quien la presentó ante el pleno cameral.

El 12 de marzo, durante un recorrido por León, Guanajuato, el legislador de esa fracción parlamentaria declaró a La Jornada que debido a la opacidad y falta de voluntad de instituciones públicas para entregar documentación –que está clasificada como confidencial o protegida por el secreto bancario– a la comisión legislativa que investiga las denuncias de ejercicio indebido del servicio público en la Presidencia durante la gestión de Fox, presentará una controversia constitucional para que el Poder Legislativo tenga acceso a dicha información.

Que comparezca Mouriño

Por ese motivo Valencia de los Santos anunció que la comisión investigadora pediría la comparecencia del titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien fue empleado de Fox en la Secretaría de Energía. Por tanto, agregó, la comisión legislativa está facultada para investigar lo que está vinculado con todos los funcionarios que en el gobierno anterior colaboraron con Fox y de alguna forma tienen que ver con el tema.

El presidente de la comisión legislativa que investiga el tráfico de influencias y enriquecimiento de los hijastros de Vicente Fox, anunció que ésta amplía ahora sus investigaciones indirectamente a la actuación del secretario de Gobernación por los contratos firmados en 2000 y 2003, cuando Mouriño presidió la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, cuando Felipe Calderón fue coordinador de la fracción panista y luego secretario de Energía.

Por su parte, el diputado de Convergencia Alberto Esteva dio a conocer que en algún momento de la administración pasada se “engarzó” Juan Camilo Mouriño, como apoderado legal y accionista de la empresa Ivancar, con los hijos de la exprimera dama Martha Sahagún, para introducirlos en los negocios con Pemex.

Comentó que Juan Camilo construyó una relación cercana con los Bribiesca para involucrarlos en los negocios de su familia y favorecerlos en los contratos con Pemex en los que él ya tenía participación en el transporte de hidrocarburos. Mouriño Terrazo, agregó, fue el facilitador de la participación de los Bribiesca en el transporte y renta de buques para transportar hidrocarburos.

Esteva indicó que en ese tejido de negocios en Pemex, a partir de la influencia del ahora secretario de Gobernación, también aparece la empresa Autotransportes Flensa, de la que es accionista Javier Fox Quesada.

Como escribió Miguel Badillo el 17 de marzo en su columna Oficio de Papel: “A partir de que la reportera Ana Lilia Pérez obtuvo y publicó en la revista Contralínea los contratos que firmó Juan Camilo Mouriño con la paraestatal Pemex Refinación, nada volverá a ser igual para el actual secretario de Gobernación”.

En posterior conferencia de prensa, Valencia de los Santos explicó que la controversia constitucional se interpondrá debido a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), el Instituto Nacional para el Fomento a la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), Pemex y la Dirección General de Aduanas, entre otros organismos, no han entregado documentación a esta comisión investigadora.

Entre otras pistas que sigue la investigación, dijo el diputado Antonio Xavier López Adame –también presente en la conferencia de prensa– son unos contratos firmados por Fox cuando era presidente de la República, por servicios profesionales por los que cobraba. Uno de ellos asciende a tres millones de pesos. Lo que se pretende conocer es a quién se prestaron esos servicios profesionales para comprobar lo que es un secreto a voces.

Niegan documentos en Los Pinos

El pasado 12 de marzo, el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) hizo un llamado de atención a la Presidencia de la República para que deje de negar la inexistencia de documentos que obran en sus archivos, sobre todo cuando hay evidencias de ellos en el organismo.
Le ordenó entregar la lista de personas que en la anterior administración visitaron a la señora Sahagún en sus oficinas de Los Pinos y las copias de 6 mil 50 fojas de documentos enviados a la fundación Vamos México.

El exhorto de los cinco comisionados del IFAI a la Presidencia precisa que cualquier documento que obre en sus archivos es susceptible de acceso, o sea, es información pública y no procede la declaratoria de inexistencia, sino de clasificación probable de confidencialidad, si así correspondiera conforme a la ley.

De lo contrario, además de la declaratoria de confidencialidad tendría que presentar al IFAI un oficio en el que explique por qué no los tiene, cuál fue su destino, qué sucedió con ellos; si fueron dados de baja, se transfirieron al Archivo General de la Nación o es otra la causa de su inexistencia.

Al resolver el recurso 4590/07, a cargo del comisionado Alonso Lujambio, se explicó que la orden anterior se sustenta en los artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y 70, fracción V, que obligan a rendir un informe.

En el pleno del IFAI Juan Pablo Guerrero propuso modificar la resolución, pues inicialmente se había dictaminado que la Presidencia hiciera una búsqueda exhaustiva de las personas que visitaron a la señora Sahagún Jiménez y de no encontrarlas declarara su inexistencia.

Recordó que fueron muchas las quejas que se presentaron en la administración anterior por la negativa a entregar dichos documentos porque en la Presidencia alegaron que las visitas a Sahagún eran de particulares y sus hijos Manuel y Jorge Bribiesca, y que por ese motivo se clasificaron de confidenciales.

También rememoró Guerrero que por entonces hubo inconsistencia por parte de las autoridades de la Presidencia, pues a los peticionarios de la información les negó la existencia de documentos y luego que se presentó la queja ante el IFAI, la dependencia informó que había localizado 6 mil 50 documentos entregados a la presidenta de Vamos México.

Desde que surgió, las oficinas de Vamos México se ubicaban dentro de la residencia presidencial de Los Pinos y se pagaban del erario los sueldos de los empleados.

Silencio en la PGR

En el número 156 de mayo de 2006, páginas 6-9, Forum dio a conocer la denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) que presentó la comisión que presidía en la anterior legislatura el diputado de Convergencia, Jesús González Schmal.

“Los hermanos Jorge y Manuel Bribiesca Sahagún, hijastros del presidente Vicente Fox; su socio Miguel Khoury, el secretario ejecutivo del IPAB Mario Beauregard, y cinco empresarios más fueron denunciados el 4 de abril por diputados ante la Procuraduría General de la República como presuntos responsables del delito de tráfico de influencias.
“En la víspera de la ratificación de la denuncia el diputado Jesús González Schmal, presidente de la comisión legislativa que investiga los negocios de los hijos de Martha Sahagún, dijo que la primera dama podría ser llevada ante los tribunales para que responda sobre su función como titular de la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República, pues se desconoce su declaración de ingresos como servidora pública”.

González Schmal, ahora al frente de su despacho de abogados, enfrentó una denuncia de Martha Sahagún, porque presentó a la PGR documentación en la que demostró que Fox y su esposa están involucrados en los negocios de sus hijos y aportó a la nueva comisión investigadora la documentación correspondiente para que se continúe la investigación.

Los integrantes de esta comisión viajaron antes de la semana santa al rancho de San Cristobal, en San Francisco del Rincón, Guanajuato, para atender una demanda de despojo de tierras a ejidatarios del que se responsabiliza a Vicente Fox Quesada y a su familia.

Valencia de los Santos lamentó que los panistas Juan de Dios Castro Muñoz y Alma Edwiges Alcaraz se hayan negado a participar en el recorrido que incluyó una entrevista con el titular del Tribunal Agrario de Guanajuato.

Relató que junto con sus compañeros Juan Guerra, del Partido de la Revolución Democrática, y Antonio López Adame, del Verde Ecologista, revisarían los documentos en los que se comprobaría que los ejidatarios ganaron un amparo interpuesto ante el incumplimiento del decreto 449/89, firmado por el presidente Lázaro Cárdenas del Río, quien ordenó dotar a los vecinos de San Cristóbal con 2 mil 114 hectáreas que formaban parte de la hacienda de San Cristóbal, propiedad de José L. Fox, padre de Vicente Fox.
La denuncia de los ejidatarios es que Vicente Fox ocupa indebidamente estos terrenos y ahí se construyó su primera casa y la remodeló tan pronto como inició su administración. Hoy la finca incluye una magnífica residencia remodelada por el arquitecto Humberto Artigas, una casa de huéspedes, un lago artificial, alberca y extensos jardines.