PORTADAS EL UNIVERSAL: “PEJISTAS” VAN CONTRA MEDIOS EXCÉLSIOR: DEBATE… AL ESTILO PRD MILENIO: ASALTAN LOS PEJISTAS EL CONGRESO LA JORNADA: SE FRACTURA EL ACUERDO PRI-PAN LA CRÓNICA: 68% CONDENA ACTOS DE RESISTENCIA A LA REFORMA
Por unafuente.com
EL UNIVERSAL: “PEJISTAS” VAN CONTRA MEDIOSLegisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) condenaron el trato que los medios de comunicación, principalmente los electrónicos, hicieron de la toma de las tribunas del Senado y de la Cámara de Diputados. Anunciaron que recurrirán a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión para exigir el derecho de réplica en los noticiarios cuyos conductores utilizaron algún adjetivo en contra de su estrategia de resistencia a la reforma energética. VER NOTA COMPLETA
EXCÉLSIOR: RECHAZA 72% TOMA DEL PRDLos resultados de una encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior, efectuada entre el 10 y 11 de abril, muestran un significativo apoyo a la iniciativa de reforma energética del presidente Felipe Calderón Hinojosa y un contundente rechazo a la toma de tribunas por parte de legisladores del Frente Amplio Progresista en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. VER NOTA COMPLETA
MILENIO: LOS PEJISTAS IRÁN ADONDE SESIONE EL CONGRESOLas fracciones de PAN y PRI en la Cámara de Diputados anticiparon la posibilidad de sesionar el próximo martes en un recinto alterno si los legisladores del Frente Amplio Progresista no han liberado para entonces la tribuna parlamentaria, aunque Nueva Alianza no descartó el desalojo mediante la fuerza pública. VER NOTA COMPLETA
LA JORNADA: SE FRACTURA EL ACUERDO PRI-PANPese a la crisis que se registra en el Congreso, la dirigencia nacional del PAN aseguró ayer que la reforma energética seguirá su curso y se concretará en los tiempos y condiciones que acuerde la mayoría de los diputados y senadores. Acción Nacional puntualizó además que impulsará el trámite parlamentario de la enmienda con estricto apego a la legislación vigente. VER NOTA COMPLETA
LA CRÓNICA: 68% CONDENA ACTOS DE RESISTENCIA A LA REFORMASiete de cada diez mexicanos desaprueban que se impida, mediante movilizaciones, la discusión de la reforma energética en el Congreso. Dos de cada diez lo aprueban, y el diez por ciento restante no tiene opinión, según la encuesta nacional telefónica de GEA/ISA, realizada el pasado jueves 10 de abril. VER NOTA COMPLETA
Editorial La Jornada.
Aborto: reacción e intolerancia
Los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, defendieron ayer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los recursos de inconstitucionalidad que interpusieron ante el máximo tribunal por las reformas legales que despenalizan el aborto en el Distrito Federal cuando éste se practica en las primeras 12 semanas de gestación.
Al margen de las posturas morales con respecto al tema, que ciertamente es polémico, es indudable que las condiciones de clandestinidad y descontrol en las que se realizaban los abortos antes de la aprobación de las reformas referidas constituyeron durante mucho tiempo un gravísimo problema de salud pública, que se tradujo en miles de muertes de mujeres pertenecientes, por lo regular, a los estratos sociales más bajos. Ante ello resultaba impostergable, por elementales razones sociales y humanitarias, adecuar el marco legal de esta capital para asegurar que quienes decidieran interrumpir su embarazo lo hicieran en condiciones adecuadas. Con este telón de fondo, la decisión de la PGR y la CNDH de presentar una controversia constitucional contra las reformas sobre el aborto sólo puede entenderse, más que como una defensa de la vida, como un intento de imponer convicciones reaccionarias, fanáticas e intolerantes, de espaldas al órgano legislativo del Distrito Federal y al bienestar de la sociedad: es de suponer que si los recursos interpuestos por estas instituciones prosperaran, miles de capitalinas se verían obligadas a acudir –como ocurría antes de la despenalización– a la práctica de abortos clandestinos en condiciones insalubres y peligrosas, con lo que se les estaría colocando en peligro de muerte.
En la actualidad, tanto la PGR como la CNDH acusan un severo desprestigio en lo que toca al correcto desempeño de sus funciones. Durante los últimos sexenios, la primera ha fungido en ocasiones como instrumento para golpear a las oposiciones políticas y sociales, y como comparsa para exculpar a funcionarios o allegados de los gobiernos en turno sospechosos de enriquecerse a costa del erario. La anacrónica postura que ensayó ayer el titular de esa dependencia revela más su carácter conservador que su compromiso efectivo con la legalidad y el estado de derecho.
De su lado, la CNDH se encuentra sumida, desde hace meses, en un creciente descrédito a causa de la actitud errática que ha exhibido en asuntos que constituyen claras violaciones a las garantías individuales: baste con mencionar su intervención tardía en el contexto de los conflictos de Texcoco-Atenco y Oaxaca, y su inverosímil diagnóstico –al unísono con el del titular del Ejecutivo federal– sobre la muerte de Ernestina Ascensión Rosario: “gastritis crónica mal atendida”, aun cuando los testimonios de familiares, vecinos y autoridades estatales sugerían que la anciana había sufrido una brutal agresión sexual por parte de efectivos del Ejército. Por tanto, sería deseable que los titulares de ambas instituciones se dedicaran a corregir las deficiencias que éstas acusan en el desempeño de sus funciones antes de atacar una normativa que responde a necesidades reales de la sociedad, como lo es la despenalización del aborto.
La SCJN tiene ante sí la oportunidad de revertir en alguna medida el deterioro de su propia imagen ante el conjunto de la opinión pública –agravado severamente con la ominosa resolución por el caso de la periodista Lydia Cacho–, así como la crisis de credibilidad que padece el conjunto de las instituciones políticas en el país. El organismo debe analizar detenidamente a qué acabará por darle mayor peso: si a la voluntad de la mayoría de los habitantes de esta capital –que se reflejó en un proceso legislativo ejemplar, plural y orientado a resolver un problema de salud pública– o a posturas reaccionarias, intolerantes e insensibles.
Por unafuente.com
EL UNIVERSAL: “PEJISTAS” VAN CONTRA MEDIOSLegisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) condenaron el trato que los medios de comunicación, principalmente los electrónicos, hicieron de la toma de las tribunas del Senado y de la Cámara de Diputados. Anunciaron que recurrirán a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión para exigir el derecho de réplica en los noticiarios cuyos conductores utilizaron algún adjetivo en contra de su estrategia de resistencia a la reforma energética. VER NOTA COMPLETA
EXCÉLSIOR: RECHAZA 72% TOMA DEL PRDLos resultados de una encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior, efectuada entre el 10 y 11 de abril, muestran un significativo apoyo a la iniciativa de reforma energética del presidente Felipe Calderón Hinojosa y un contundente rechazo a la toma de tribunas por parte de legisladores del Frente Amplio Progresista en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. VER NOTA COMPLETA
MILENIO: LOS PEJISTAS IRÁN ADONDE SESIONE EL CONGRESOLas fracciones de PAN y PRI en la Cámara de Diputados anticiparon la posibilidad de sesionar el próximo martes en un recinto alterno si los legisladores del Frente Amplio Progresista no han liberado para entonces la tribuna parlamentaria, aunque Nueva Alianza no descartó el desalojo mediante la fuerza pública. VER NOTA COMPLETA
LA JORNADA: SE FRACTURA EL ACUERDO PRI-PANPese a la crisis que se registra en el Congreso, la dirigencia nacional del PAN aseguró ayer que la reforma energética seguirá su curso y se concretará en los tiempos y condiciones que acuerde la mayoría de los diputados y senadores. Acción Nacional puntualizó además que impulsará el trámite parlamentario de la enmienda con estricto apego a la legislación vigente. VER NOTA COMPLETA
LA CRÓNICA: 68% CONDENA ACTOS DE RESISTENCIA A LA REFORMASiete de cada diez mexicanos desaprueban que se impida, mediante movilizaciones, la discusión de la reforma energética en el Congreso. Dos de cada diez lo aprueban, y el diez por ciento restante no tiene opinión, según la encuesta nacional telefónica de GEA/ISA, realizada el pasado jueves 10 de abril. VER NOTA COMPLETA
Editorial La Jornada.
Aborto: reacción e intolerancia
Los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, defendieron ayer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los recursos de inconstitucionalidad que interpusieron ante el máximo tribunal por las reformas legales que despenalizan el aborto en el Distrito Federal cuando éste se practica en las primeras 12 semanas de gestación.
Al margen de las posturas morales con respecto al tema, que ciertamente es polémico, es indudable que las condiciones de clandestinidad y descontrol en las que se realizaban los abortos antes de la aprobación de las reformas referidas constituyeron durante mucho tiempo un gravísimo problema de salud pública, que se tradujo en miles de muertes de mujeres pertenecientes, por lo regular, a los estratos sociales más bajos. Ante ello resultaba impostergable, por elementales razones sociales y humanitarias, adecuar el marco legal de esta capital para asegurar que quienes decidieran interrumpir su embarazo lo hicieran en condiciones adecuadas. Con este telón de fondo, la decisión de la PGR y la CNDH de presentar una controversia constitucional contra las reformas sobre el aborto sólo puede entenderse, más que como una defensa de la vida, como un intento de imponer convicciones reaccionarias, fanáticas e intolerantes, de espaldas al órgano legislativo del Distrito Federal y al bienestar de la sociedad: es de suponer que si los recursos interpuestos por estas instituciones prosperaran, miles de capitalinas se verían obligadas a acudir –como ocurría antes de la despenalización– a la práctica de abortos clandestinos en condiciones insalubres y peligrosas, con lo que se les estaría colocando en peligro de muerte.
En la actualidad, tanto la PGR como la CNDH acusan un severo desprestigio en lo que toca al correcto desempeño de sus funciones. Durante los últimos sexenios, la primera ha fungido en ocasiones como instrumento para golpear a las oposiciones políticas y sociales, y como comparsa para exculpar a funcionarios o allegados de los gobiernos en turno sospechosos de enriquecerse a costa del erario. La anacrónica postura que ensayó ayer el titular de esa dependencia revela más su carácter conservador que su compromiso efectivo con la legalidad y el estado de derecho.
De su lado, la CNDH se encuentra sumida, desde hace meses, en un creciente descrédito a causa de la actitud errática que ha exhibido en asuntos que constituyen claras violaciones a las garantías individuales: baste con mencionar su intervención tardía en el contexto de los conflictos de Texcoco-Atenco y Oaxaca, y su inverosímil diagnóstico –al unísono con el del titular del Ejecutivo federal– sobre la muerte de Ernestina Ascensión Rosario: “gastritis crónica mal atendida”, aun cuando los testimonios de familiares, vecinos y autoridades estatales sugerían que la anciana había sufrido una brutal agresión sexual por parte de efectivos del Ejército. Por tanto, sería deseable que los titulares de ambas instituciones se dedicaran a corregir las deficiencias que éstas acusan en el desempeño de sus funciones antes de atacar una normativa que responde a necesidades reales de la sociedad, como lo es la despenalización del aborto.
La SCJN tiene ante sí la oportunidad de revertir en alguna medida el deterioro de su propia imagen ante el conjunto de la opinión pública –agravado severamente con la ominosa resolución por el caso de la periodista Lydia Cacho–, así como la crisis de credibilidad que padece el conjunto de las instituciones políticas en el país. El organismo debe analizar detenidamente a qué acabará por darle mayor peso: si a la voluntad de la mayoría de los habitantes de esta capital –que se reflejó en un proceso legislativo ejemplar, plural y orientado a resolver un problema de salud pública– o a posturas reaccionarias, intolerantes e insensibles.
Se fractura el acuerdo PRI-PAN
Insuficiente, el tiempo del periodo de sesiones: priístas
Insuficiente, el tiempo del periodo de sesiones: priístas
Se harán los cambios necesarios y se rechazará lo que vaya contra la nación, advierte
En encerrona, el PRI decide que el plan de Calderón requiere análisis exhaustivo
■ Los 17 días restantes del actual periodo ordinario son insuficientes para analizar el futuro de Pemex
No al debate, dice el blanquiazul; exige desalojo de tribunas
Cita Beltrones para el lunes a la Junta de Coordinación Política
"Aquí nos quedamos", advierte en las cámaras el FAP
Adelitas demandan a Televisa tiempos y derecho de réplica
En encerrona, el PRI decide que el plan de Calderón requiere análisis exhaustivo
■ Los 17 días restantes del actual periodo ordinario son insuficientes para analizar el futuro de Pemex
No al debate, dice el blanquiazul; exige desalojo de tribunas
Cita Beltrones para el lunes a la Junta de Coordinación Política
"Aquí nos quedamos", advierte en las cámaras el FAP
Adelitas demandan a Televisa tiempos y derecho de réplica
La réplica es un derecho social, plantean las adelitas a Televisa
■ Mujeres defensoras del petróleo protestan en carta a Azcárraga por manejo de información sobre Pemex
Durante una manifestación, las Brigadas de Mujeres en Defensa del Petróleo entregaron una carta en las instalaciones de Televisa para demandar derecho de réplica. A continuación el texto íntegro.
Emilio Azcárraga Jean
Presidente de Grupo Televisa
Presente
El proyecto de reforma que el gobierno federal presentó esta semana en la Cámara de Senadores para legalizar y ampliar la participación de las empresas privadas nacionales y extranjeras en la industria petrolera, ha generado el rechazo de amplios sectores de la población y de una parte de los legisladores en el Congreso de la Unión.
Muchos mexicanos no vemos razón alguna de interés nacional para abrir la industria petrolera a intereses privados, y mucho menos extranjeros. Sin embargo, sobran los intereses de individuos, grupos y empresas que quieren apoderarse de esta riqueza, el sector más rentable de nuestra economía. Ese es el centro de la actual disputa por el petróleo mexicano.
Por tal razón, hemos emplazado a un debate nacional a todas las fuerzas políticas del país, al gobierno, a los medios y a la sociedad en su conjunto, sin exclusiones ni exclusivismos, para que la población conozca a fondo los argumentos de todos los interesados y las implicaciones que tendrá la reforma para los mexicanos y las futuras generaciones.
Como ha sido del dominio público, este movimiento ciudadano rechaza cualquier forma, abierta o disfrazada, de privatizar Pemex y la industria petrolera, porque significaría cancelar el futuro para millones de mexicanos y la posibilidad de desarrollo para nuestro país.
Sin embargo, el gobierno, el PRI y el PAN, y no pocos medios de comunicación, confunden el dar la voz a unos cuantos, a puerta cerrada, con el debate libre y amplio que este tema y la ciudadanía se merecen.
Frente a este panorama, los canales de televisión y las emisoras de radio de su empresa han difundido información distorsionada de nuestro movimiento y han asumido como propios los argumentos del gobierno, con el objetivo de manipular la opinión pública. Los noticiarios de Televisa y sus conductores se han dedicado a calumniar el movimiento de resistencia civil pacífica en defensa del petróleo. Esta política editorial no fomenta el debate ni la discusión, pero sí el odio y la polarización.
Nosotros queremos un debate nacional en el que la radio y la televisión deben jugar un papel central. Por esta razón, y por respeto a los televidentes, que también son ciudadanos, le solicitamos abrir espacios y brindar tiempo en sus noticiarios y su programación para exponer nuestros puntos de vista y argumentos en contra de la reforma energética de Felipe Calderón. Es un derecho de la sociedad y es una obligación de los concesionarios. Esa es la forma civilizada de abordar los problemas nacionales; la cerrazón nos regresa a los tiempos del autoritarismo y la barbarie.
Atentamente
Brigadas de Mujeres en Defensa del Petróleo
Claudia Sheinbaum
Responsable
■ Mujeres defensoras del petróleo protestan en carta a Azcárraga por manejo de información sobre Pemex
Durante una manifestación, las Brigadas de Mujeres en Defensa del Petróleo entregaron una carta en las instalaciones de Televisa para demandar derecho de réplica. A continuación el texto íntegro.
Emilio Azcárraga Jean
Presidente de Grupo Televisa
Presente
El proyecto de reforma que el gobierno federal presentó esta semana en la Cámara de Senadores para legalizar y ampliar la participación de las empresas privadas nacionales y extranjeras en la industria petrolera, ha generado el rechazo de amplios sectores de la población y de una parte de los legisladores en el Congreso de la Unión.
Muchos mexicanos no vemos razón alguna de interés nacional para abrir la industria petrolera a intereses privados, y mucho menos extranjeros. Sin embargo, sobran los intereses de individuos, grupos y empresas que quieren apoderarse de esta riqueza, el sector más rentable de nuestra economía. Ese es el centro de la actual disputa por el petróleo mexicano.
Por tal razón, hemos emplazado a un debate nacional a todas las fuerzas políticas del país, al gobierno, a los medios y a la sociedad en su conjunto, sin exclusiones ni exclusivismos, para que la población conozca a fondo los argumentos de todos los interesados y las implicaciones que tendrá la reforma para los mexicanos y las futuras generaciones.
Como ha sido del dominio público, este movimiento ciudadano rechaza cualquier forma, abierta o disfrazada, de privatizar Pemex y la industria petrolera, porque significaría cancelar el futuro para millones de mexicanos y la posibilidad de desarrollo para nuestro país.
Sin embargo, el gobierno, el PRI y el PAN, y no pocos medios de comunicación, confunden el dar la voz a unos cuantos, a puerta cerrada, con el debate libre y amplio que este tema y la ciudadanía se merecen.
Frente a este panorama, los canales de televisión y las emisoras de radio de su empresa han difundido información distorsionada de nuestro movimiento y han asumido como propios los argumentos del gobierno, con el objetivo de manipular la opinión pública. Los noticiarios de Televisa y sus conductores se han dedicado a calumniar el movimiento de resistencia civil pacífica en defensa del petróleo. Esta política editorial no fomenta el debate ni la discusión, pero sí el odio y la polarización.
Nosotros queremos un debate nacional en el que la radio y la televisión deben jugar un papel central. Por esta razón, y por respeto a los televidentes, que también son ciudadanos, le solicitamos abrir espacios y brindar tiempo en sus noticiarios y su programación para exponer nuestros puntos de vista y argumentos en contra de la reforma energética de Felipe Calderón. Es un derecho de la sociedad y es una obligación de los concesionarios. Esa es la forma civilizada de abordar los problemas nacionales; la cerrazón nos regresa a los tiempos del autoritarismo y la barbarie.
Atentamente
Brigadas de Mujeres en Defensa del Petróleo
Claudia Sheinbaum
Responsable
Los espacios están abiertos, responde la concesionaria
Gozoso transcurrió el segundo día de la resistencia pacífica
Aplaude el FMI los proyectos energéticos del gobierno federal
La iniciativa sobre Pemex excluye a la Auditoría Superior
Gozoso transcurrió el segundo día de la resistencia pacífica
Aplaude el FMI los proyectos energéticos del gobierno federal
La iniciativa sobre Pemex excluye a la Auditoría Superior
La propuesta de incorporación de cuatro nuevos integrantes al consejo de administración de Petróleos Mexicanos (Pemex), que serían nombrados por el Ejecutivo federal, limita la facultad de revisión de la Secretaría de la Función Pública y excluye de esta fiscalización a la Auditoría Superior de la Federación, a la cual, por cierto, ni se menciona, lo que definitivamente conculca la facultad de supervisión por parte del Congreso.
Además, la propuesta de iniciativa para el “fortalecimiento de Pemex” concentra toda la operación, fiscalización, evaluación y demás aspectos en el Ejecutivo federal y en el Comité de Transparencia y Auditoría, y no en la Nación como lo quiere hacer parecer el texto de iniciativa, según advierte un amplio análisis de la Secretaría de la Hacienda Pública del autodenominado gobierno legítimo, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
El pasado 8 de abril, Felipe Calderón envió a la Cámara de Senadores el paquete de iniciativas que conforman la llamada reforma energética, que involucran la modificación de cinco leyes secundarias que rigen a Pemex.
Se propone modificaciones al régimen de gobierno corporativo de Pemex. Actualmente el consejo de administración esta integrado por seis representantes del gobierno y cinco representantes del sindicato, para un total de 11 miembros, así como un comisario que es el representante de la Secretaría de la Función Pública y del órgano de control interno de la petrolera.
Con las modificaciones propuestas se pretende incluir a cuatro consejeros “profesionales” que serían designados por el Ejecutivo federal; dos de ellos representantes del gobierno y otros dos “consejeros externos”, en virtud de que sólo trabajarían tiempo parcial.
Al respecto, Mario Di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública del “gobierno legítimo” comentó que, contrario a lo que establece la iniciativa, estos consejeros no son autónomos puesto que en primer lugar serán designados por el Ejecutivo federal (o sea que le deberán el nombramiento) y en segundo lugar la propia iniciativa establece que “dos de los consejeros profesionales que se proponen trabajarán de tiempo completo en la paraestatal, por tanto, se considerarán como representantes del Estado”.
Esto, dijo el especialita, resulta igualmente falso, ya que Estado y gobierno federal no son sinónimos, porque no hay que olvidar que serán designados por el Ejecutivo federal, y no por los poderes que conforman al Estado y a la sociedad.
Otro punto relevante es el fortalecimiento de las facultades del consejo de administración para la creación de otros organismos subsidiarios de Pemex, sin perjuicio de su autonomía de gestión.
Esto implica que el nuevo consejo de administración puede, en determinado momento, crear más empresas subsidiarias de Pemex, con lo que se incrementaría aún más la disgregación de las cadenas productivas, de por sí ya muy desintegradas, y la creación de una Pemex alterna.
Adicionalmente, se le faculta para la conducción central y dirección estratégica de Pemex, pero también las actividades relativas a la programación, coordinación y evaluación estratégica institucional de sus actividades y las de sus organismos subsidiarios.
Esto significa que el consejo de administración se convierte en “juez y parte” al tener la dirección central y estratégica, pero al mismo tiempo la evaluación institucional de sus actividades.
Más aún, el artículo 29 de la iniciativa establece textualmente que: “La Secretaría de la Función Pública y el órgano interno de control no podrán ejercer, en ningún caso, las facultades previstas en esta ley para el comité de transparencia y auditoría o el comisario, salvo a solicitud expresa del citado comité para que coadyuven con él, en el cumplimiento de las funciones que este último tiene encomendadas”.
Por su parte, el Comité de remuneraciones asumirá la tarea de proponer al consejo de administración las remuneraciones del director general y de los funcionarios de los tres niveles inmediatos inferiores a aquel, tomando en consideración el otorgamiento de incentivos con base en el desempeño y resultados.
Lo anterior conculca la facultad del Congreso para establecer las remuneraciones de los servidores públicos y nuevamente abre la posibilidad de que se asignen a estos funcionarios niveles de sueldo similares a los del Poder Judicial, como en el caso de los consejeros del IFE.
Además, la propuesta de iniciativa para el “fortalecimiento de Pemex” concentra toda la operación, fiscalización, evaluación y demás aspectos en el Ejecutivo federal y en el Comité de Transparencia y Auditoría, y no en la Nación como lo quiere hacer parecer el texto de iniciativa, según advierte un amplio análisis de la Secretaría de la Hacienda Pública del autodenominado gobierno legítimo, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
El pasado 8 de abril, Felipe Calderón envió a la Cámara de Senadores el paquete de iniciativas que conforman la llamada reforma energética, que involucran la modificación de cinco leyes secundarias que rigen a Pemex.
Se propone modificaciones al régimen de gobierno corporativo de Pemex. Actualmente el consejo de administración esta integrado por seis representantes del gobierno y cinco representantes del sindicato, para un total de 11 miembros, así como un comisario que es el representante de la Secretaría de la Función Pública y del órgano de control interno de la petrolera.
Con las modificaciones propuestas se pretende incluir a cuatro consejeros “profesionales” que serían designados por el Ejecutivo federal; dos de ellos representantes del gobierno y otros dos “consejeros externos”, en virtud de que sólo trabajarían tiempo parcial.
Al respecto, Mario Di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública del “gobierno legítimo” comentó que, contrario a lo que establece la iniciativa, estos consejeros no son autónomos puesto que en primer lugar serán designados por el Ejecutivo federal (o sea que le deberán el nombramiento) y en segundo lugar la propia iniciativa establece que “dos de los consejeros profesionales que se proponen trabajarán de tiempo completo en la paraestatal, por tanto, se considerarán como representantes del Estado”.
Esto, dijo el especialita, resulta igualmente falso, ya que Estado y gobierno federal no son sinónimos, porque no hay que olvidar que serán designados por el Ejecutivo federal, y no por los poderes que conforman al Estado y a la sociedad.
Otro punto relevante es el fortalecimiento de las facultades del consejo de administración para la creación de otros organismos subsidiarios de Pemex, sin perjuicio de su autonomía de gestión.
Esto implica que el nuevo consejo de administración puede, en determinado momento, crear más empresas subsidiarias de Pemex, con lo que se incrementaría aún más la disgregación de las cadenas productivas, de por sí ya muy desintegradas, y la creación de una Pemex alterna.
Adicionalmente, se le faculta para la conducción central y dirección estratégica de Pemex, pero también las actividades relativas a la programación, coordinación y evaluación estratégica institucional de sus actividades y las de sus organismos subsidiarios.
Esto significa que el consejo de administración se convierte en “juez y parte” al tener la dirección central y estratégica, pero al mismo tiempo la evaluación institucional de sus actividades.
Más aún, el artículo 29 de la iniciativa establece textualmente que: “La Secretaría de la Función Pública y el órgano interno de control no podrán ejercer, en ningún caso, las facultades previstas en esta ley para el comité de transparencia y auditoría o el comisario, salvo a solicitud expresa del citado comité para que coadyuven con él, en el cumplimiento de las funciones que este último tiene encomendadas”.
Por su parte, el Comité de remuneraciones asumirá la tarea de proponer al consejo de administración las remuneraciones del director general y de los funcionarios de los tres niveles inmediatos inferiores a aquel, tomando en consideración el otorgamiento de incentivos con base en el desempeño y resultados.
Lo anterior conculca la facultad del Congreso para establecer las remuneraciones de los servidores públicos y nuevamente abre la posibilidad de que se asignen a estos funcionarios niveles de sueldo similares a los del Poder Judicial, como en el caso de los consejeros del IFE.
Correa les dio trato de “compañeros” a los familiares en duelo. Antes, frente al pleno del Colegio, en presencia de centenares de universitarios y diplomáticos, expresó: “Verlos a ustedes aquí me llena mi corazón de dolor, de indignación; tal vez de preocupación al preguntarme si no hubiéramos podido hacer algo más para conservar la vida de sus hijos”.
Por su parte, José Narro, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) agradeció al presidente ecuatoriano la ayuda humanitaria que brindó su gobierno a los deudos “de estos cinco ciudadanos mexicanos, todos ellos jóvenes, todos ellos estudiantes, todos ellos afectados de la misma manera irracional; cuatro de ellos en su vida y una en su destino”.
El rector rechazó, una vez más, “la violencia, venga de donde venga” porque ésta –dijo– no puede imponerse “como método de lucha, como tampoco se acepta el conformismo que admite la existencia de la pobreza y la injusticia como parte irremediable de la realidad”. Narro Robles volvió a salir al paso a la campaña negativa que sufrió la UNAM a raíz de que se supo que eran universitarios los jóvenes atacados en el campamento de las FARC: “Somos y seguiremos siendo parte fundamental de la conciencia crítica de la sociedad”, refrendó. Sus palabras fueron saludadas con un sentido “goya” de las familias de las víctimas.
Agradece Narro Robles la ayuda humanitaria de Ecuador a los deudos
Tenemos coincidencias, dice Calderón; "sólo le falta ser socialista", le reviran
Por su parte, José Narro, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) agradeció al presidente ecuatoriano la ayuda humanitaria que brindó su gobierno a los deudos “de estos cinco ciudadanos mexicanos, todos ellos jóvenes, todos ellos estudiantes, todos ellos afectados de la misma manera irracional; cuatro de ellos en su vida y una en su destino”.
El rector rechazó, una vez más, “la violencia, venga de donde venga” porque ésta –dijo– no puede imponerse “como método de lucha, como tampoco se acepta el conformismo que admite la existencia de la pobreza y la injusticia como parte irremediable de la realidad”. Narro Robles volvió a salir al paso a la campaña negativa que sufrió la UNAM a raíz de que se supo que eran universitarios los jóvenes atacados en el campamento de las FARC: “Somos y seguiremos siendo parte fundamental de la conciencia crítica de la sociedad”, refrendó. Sus palabras fueron saludadas con un sentido “goya” de las familias de las víctimas.
Agradece Narro Robles la ayuda humanitaria de Ecuador a los deudos
Tenemos coincidencias, dice Calderón; "sólo le falta ser socialista", le reviran
El presidente Felipe Calderón fue el primero en resaltar las coincidencias con Rafael Correa: 45 años de edad, tres hijos, aficionados a la música latinoamericana y al ciclismo. “Mucho en común”, convalidó el ecuatoriano, pero con una sugerencia de por medio. “Sólo le falta ser socialista, presidente, no perdemos las esperanzas. Ser de derecha ya pasó de moda en América Latina. Véngase, bienvenido siempre”.
el visitante confirmó que a partir del 1º de mayo los mexicanos no necesitarán visa para entrar a Ecuador. La razón, explicó, es que “creemos que no debe haber restricciones para la circulación de los seres humanos, más aún, de hermanos latinoamericanos dentro de Latinoamérica”. Por parte del anfitrión no hubo anuncio parecido, sino agradecimiento acompañado de la promesa de “facilitar” el flujo de turistas y personas de negocios de Ecuador en tanto se revisa el marco la política migratoria,
Preparan acción penal contra Lucía Morett cuando regrese a México, confirma abogado Aunque al menos oficialmente Lucía no figura en la averiguación previa de la PGR como “indiciada”, al representante legal de la sobreviviente le preocupa que el interrogatorio distó de indagar sobre la verdad histórica de los hechos ocurridos en la frontera ecuatoriana y, en cambio, “se orientó a investigar sobre un probable delito cometido por la interrogada, previo a su viaje a Ecuador y perseguible en México”.
Opinó que el “procedimiento irregular de la PGR tiene la intención de disminuir el valor de un testimonial” de Lucía Morett en el juicio internacional que la Aldhu prepara contra Colombia por “actos de guerra ilegales” y terrorismo.
“Vamos a protestar. Si la PGR tiene elementos de juicio para iniciar un proceso en su contra, que lo inicie. Y si no, que no especule. Vamos a forzarlos a que abran sus cartas para que Lucía pueda ejercer su derecho a la defensa”, comentó.
Opinó que el “procedimiento irregular de la PGR tiene la intención de disminuir el valor de un testimonial” de Lucía Morett en el juicio internacional que la Aldhu prepara contra Colombia por “actos de guerra ilegales” y terrorismo.
“Vamos a protestar. Si la PGR tiene elementos de juicio para iniciar un proceso en su contra, que lo inicie. Y si no, que no especule. Vamos a forzarlos a que abran sus cartas para que Lucía pueda ejercer su derecho a la defensa”, comentó.
Incluso en la Casa Blanca les hacían demostraciones de las técnicas: ABC News
Cheney, Rice y otros jefes de EU avalaron torturas en 2002-03
Presuntos integrantes de Al Qaeda, principales objetivos de esos métodos de interrogación
Ahí se solicitó al Departamento de Justicia que endosara la legalización de tormentos
El entonces procurador John Ashcroft expresó: "la historia no juzgará esto gentilmente"
David Brooks, corresponsal
Cheney, Rice y otros jefes de EU avalaron torturas en 2002-03
Presuntos integrantes de Al Qaeda, principales objetivos de esos métodos de interrogación
Ahí se solicitó al Departamento de Justicia que endosara la legalización de tormentos
El entonces procurador John Ashcroft expresó: "la historia no juzgará esto gentilmente"
David Brooks, corresponsal
Nueva York, 11 abril. El vicepresidente Dick Cheney, la entonces asesora de Seguridad Nacional Condoleezza Rice, el ex secretario de Estado Colin Powell y otros altos funcionarios del gobierno de George W. Bush evaluaron y autorizaron personalmente el uso de técnicas de tortura entre 2002 y 2003.
Estos funcionarios, acompañados por el entonces procurador general John Ashcroft, el director de la Agencia Central de Investigaciones (CIA) George Tenet y el secretario de Defensa Donald Rumsfeld, evaluaron las diferentes técnicas en detalle –hasta les hacían presentaciones sobre cómo se empleaban– durante reuniones presididas por Rice en el Cuarto de Situaciones de la Casa Blanca.
Entre ellos discutían varios de los “métodos severos de interrogación” que casi universalmente son considerados tortura, incluyendo el simulacro de ahogamiento o waterboarding, pero también el uso de golpes, bofetadas, privación de sueño y más, reveló esta semana ABC News y confirmó hoy la agencia Ap.
Según estos medios, hubo veces en que oficiales de la CIA demostraban algunas de las tácticas ante los reunidos para asegurarse de que “entendían plenamente” a qué serían sometidos los sospechosos de pertenecer a Al Qaeda.
Ahí solicitaron que el Departamento de Justicia endosara la legalidad de estas técnicas para escudar a todos los que autorizaron e implementaron estas medidas. Los famosos memorandos que legalizaban la tortura, cuyos contenidos se han dado a conocer recientemente, fueron formulados para este propósito.
Por lo menos uno de los participantes, reportó ABC News, se preocupaba no sólo de la autorización y legalidad de estas tácticas, sino también sobre quiénes se juntaban para discutirlas. El procurador general Ashcroft dijo después de una de estas reuniones, según un alto funcionario: “¿Por qué estamos hablando de esto en la Casa Blanca? La historia no juzgará esto gentilmente”.
Como suele ser la práctica en asuntos tan políticamente delicados y potencialmente explosivos, los altos funcionarios aseguraron otorgar lo que se llama “negación plausible” a su jefe, aislando al presidente de estas reuniones.
“¿Quién podría haber imaginado que en Estados Unidos en el siglo XXI los altos funcionarios de la rama ejecutiva se reunían de manera rutinaria en la Casa Blanca para aprobar la tortura?”, se preguntó el senador Edward Kennedy en un comunicado al revelarse estos detalles. “Mucho después de que el presidente Bush deje su puesto, nuestro país seguirá pagando el precio por el repudio irresponsable del imperio de la ley y los derechos humanos fundamentales por su gobierno”.
El Centro de Derechos Constitucionales (CCR) en esta ciudad, una de las principales organizaciones del país en enfrentar ante tribunales nacionales (incluyendo la Suprema Corte) e internacionales los abusos legales del gobierno de Bush en coordinación con cientos de abogados, declaró hoy que “es escalofriante” que estos altos funcionarios se enfocaron en los detalles más repugnantes de interrogatorios ilegales.
Afirmó que para los cientos “cuya tortura fue explícitamente aprobada en estas reuniones secretas de más alto nivel, la condena en el futuro de los arquitectos del programa de tortura no es suficiente… merecen justicia. Los funcionarios del gobierno de Bush tienen que ser fiscalizados por sus actos criminales. Mientras que nuestro país no pueda enjuiciarlos en nuestros tribunales, el CCR continuará persiguiendo a los arquitectos del programa de tortura estadunidense en los tribunales por todo el mundo”.
Por su parte, la principal organización nacional de libertades civiles solicitó el jueves pasado al Congreso nombrar un investigador especial para levantar cargos contra estos funcionarios.
La directora de la oficina de asuntos legislativos de la Unión Americana de Libertades Civiles, Carolina Fredrickson, dijo hoy que “si los funcionarios actuales y anteriores del gobierno violaron la ley, deben ser fiscalizados por actos criminales. Nadie está sobre la ley. Con cada nueva revelación, empieza a verse cómo la operación de tortura sí fue manejada y dirigida desde la Casa Blanca. Era lo que sospechábamos desde el principio. El Congreso tiene que llegar al fondo de estos informes”.
Estos funcionarios, acompañados por el entonces procurador general John Ashcroft, el director de la Agencia Central de Investigaciones (CIA) George Tenet y el secretario de Defensa Donald Rumsfeld, evaluaron las diferentes técnicas en detalle –hasta les hacían presentaciones sobre cómo se empleaban– durante reuniones presididas por Rice en el Cuarto de Situaciones de la Casa Blanca.
Entre ellos discutían varios de los “métodos severos de interrogación” que casi universalmente son considerados tortura, incluyendo el simulacro de ahogamiento o waterboarding, pero también el uso de golpes, bofetadas, privación de sueño y más, reveló esta semana ABC News y confirmó hoy la agencia Ap.
Según estos medios, hubo veces en que oficiales de la CIA demostraban algunas de las tácticas ante los reunidos para asegurarse de que “entendían plenamente” a qué serían sometidos los sospechosos de pertenecer a Al Qaeda.
Ahí solicitaron que el Departamento de Justicia endosara la legalidad de estas técnicas para escudar a todos los que autorizaron e implementaron estas medidas. Los famosos memorandos que legalizaban la tortura, cuyos contenidos se han dado a conocer recientemente, fueron formulados para este propósito.
Por lo menos uno de los participantes, reportó ABC News, se preocupaba no sólo de la autorización y legalidad de estas tácticas, sino también sobre quiénes se juntaban para discutirlas. El procurador general Ashcroft dijo después de una de estas reuniones, según un alto funcionario: “¿Por qué estamos hablando de esto en la Casa Blanca? La historia no juzgará esto gentilmente”.
Como suele ser la práctica en asuntos tan políticamente delicados y potencialmente explosivos, los altos funcionarios aseguraron otorgar lo que se llama “negación plausible” a su jefe, aislando al presidente de estas reuniones.
“¿Quién podría haber imaginado que en Estados Unidos en el siglo XXI los altos funcionarios de la rama ejecutiva se reunían de manera rutinaria en la Casa Blanca para aprobar la tortura?”, se preguntó el senador Edward Kennedy en un comunicado al revelarse estos detalles. “Mucho después de que el presidente Bush deje su puesto, nuestro país seguirá pagando el precio por el repudio irresponsable del imperio de la ley y los derechos humanos fundamentales por su gobierno”.
El Centro de Derechos Constitucionales (CCR) en esta ciudad, una de las principales organizaciones del país en enfrentar ante tribunales nacionales (incluyendo la Suprema Corte) e internacionales los abusos legales del gobierno de Bush en coordinación con cientos de abogados, declaró hoy que “es escalofriante” que estos altos funcionarios se enfocaron en los detalles más repugnantes de interrogatorios ilegales.
Afirmó que para los cientos “cuya tortura fue explícitamente aprobada en estas reuniones secretas de más alto nivel, la condena en el futuro de los arquitectos del programa de tortura no es suficiente… merecen justicia. Los funcionarios del gobierno de Bush tienen que ser fiscalizados por sus actos criminales. Mientras que nuestro país no pueda enjuiciarlos en nuestros tribunales, el CCR continuará persiguiendo a los arquitectos del programa de tortura estadunidense en los tribunales por todo el mundo”.
Por su parte, la principal organización nacional de libertades civiles solicitó el jueves pasado al Congreso nombrar un investigador especial para levantar cargos contra estos funcionarios.
La directora de la oficina de asuntos legislativos de la Unión Americana de Libertades Civiles, Carolina Fredrickson, dijo hoy que “si los funcionarios actuales y anteriores del gobierno violaron la ley, deben ser fiscalizados por actos criminales. Nadie está sobre la ley. Con cada nueva revelación, empieza a verse cómo la operación de tortura sí fue manejada y dirigida desde la Casa Blanca. Era lo que sospechábamos desde el principio. El Congreso tiene que llegar al fondo de estos informes”.
Arturo Alcalde Justiniani
La propuesta de reforma laboral de la STPS
Repentinamente, y aun antes de ser presentado ante la Cámara de Diputados, fue filtrado en su integridad el proyecto de reforma laboral elaborado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que empieza a ser conocido como reforma Lozano. La iniciativa esta esencialmente apoyada en la conocida reforma Abascal, que en el sexenio pasado provocó un gran rechazo popular y fracasó su aprobación al no convencer siquiera a los sindicatos corporativos.
La reforma Lozano tiene aspectos positivos, tales como eliminar la distribución unilateral de la jornada bajo el denominado “sistema de banco de horas”, considerar nula la clasificación de confianza a trabajadores cuyas funciones no se ajusten a la definición del artículo 9 de la ley, e intentar regular a las empresas subcontratistas al obligarlas a registrarse ante la autoridad laboral, fijando la presunción de ser dolosa cuando en una misma empresa una o más personas subcontratadas perciban salarios menores a los que tienen quienes laboran para la empresa beneficiaria.
Los aspectos negativos son incontables: ignora los diagnósticos y propuestas surgidas en múltiples foros, ponencias, análisis académicos y de especialistas que buscaban transitar hacia un modelo laboral más democrático, honesto, responsable y competitivo. Omite considerar las decenas de iniciativas de ley previamente presentadas por distintos partidos y desecha en su totalidad los planteamientos de la iniciativa UNT-PRD del 31 de octubre de 2002, tales como el voto secreto en las elecciones sindicales, el registro público de sindicatos y contratos colectivos, el fortalecimiento de la contratación colectiva legítima o la reforma al sistema de justicia laboral.
El despido se libera en términos aún más amplios que en la reforma Abascal, se suprime la cláusula de exclusión cuando los trabajadores renuncian a un sindicato, sin embargo se ignoran las medidas recíprocas elementales que impida a los patrones presionar a los trabajadores para que renuncien; reduce, aún más, las obligaciones patronales en materia de capacitación, y como una muestra evidente de la parcialidad del proyecto, se crea una nueva disposición que establece que los sindicatos gremiales ya no podrán obtener la titularidad de un contrato colectivo cuando haya sido celebrado con un sindicato de industria (artículo 388 parte final). Esta petición empresarial, que busca consolidar los contratos de protección patronal en las nuevas empresas de bajo costo, fue incluso rechazada en la época de Abascal, por resultar lesiva a los sindicatos democráticos tales como los de pilotos y sobrecargos.
La propuesta de la STPS considera formas de contratación temporal orientadas a reducir la estabilidad en el empleo, particularmente por medio de los contratos a prueba, de capacitación y temporada, flexibilidades que abonan la precariedad laboral. En materia procesal, reduce el carácter protector de las reglas vigentes, especialmente en el capítulo de cargas probatorias, otorgando a los empresarios mayores ventajas. En los temas relacionados con la transparencia de contratos colectivos y de registro de asociaciones, en los que ya existe el compromiso de publicidad total, se da un paso atrás al optar por una vía discrecional o “preferente”.
Son de destacar tres artículos, 387, 899-A y 899-C, los cuales en conjunto atentan contra el derecho de asociación profesional, contratación colectiva y huelga. Mediante los dos primeros, se imponen requisitos insalvables en la práctica para que los trabajadores puedan ejercitar el derecho de huelga para obtener la firma de un contrato colectivo de trabajo, o en caso de cambio de sindicato, cuando el existente no cuenta con la preferencia de los trabajadores; en la actualidad, estos dos procesos son las únicas posibilidades para contar con un sindicato fuera del control patronal.
En la propuesta se exige como requisito previo a cualquier trámite ante la Junta de Conciliación y Arbitraje (JCA) informar los nombres de los trabajadores inconformes, exhibir sus firmas y acreditar la afiliación al sindicato promovente de la demanda demostrando su relación laboral con el patrón demandado. Se trata de una verdadera monstruosidad, claramente inconstitucional y violatoria de los convenios internacionales en materia de libertad sindical; de ser aprobado, cerraría el cerco en contra de los trabajadores, consolidando los contratos colectivos de protección patronal, por la simple razón, de que ningún trabajador se animaría a la aventura de cumplir con tales requisitos previos sabiendo que será despedido de inmediato.
Este mecanismo conocido como “listas negras” fue incluso retirado de la reforma Abascal, por las críticas que mereció cuando se intentó llegar a un consenso sobre la reforma laboral; hoy se retoma por gestión de los abogados empresariales, que no ceden en su intento de proteger el negocio de la venta de contratos de protección. Por su parte, el artículo 899-C consagra un mecanismo adicional para bloquear los juicios de titularidad de contratos colectivos al establecer que mientras exista un juicio en curso, los trabajadores no podrán intentar cambio de sindicato alguno; un auténtico disparate, pues obliga a una espera eterna.
La filtración integral de la reforma Lozano da la oportunidad para iniciar desde los sindicatos, los trabajadores y la sociedad una discusión abierta sobre el tema, a fin de crear las condiciones para transitar por una vía distinta de reforma laboral que tome en cuenta las experiencias internacionales, la realidad de nuestro país, favorecer el desarrollo productivo y el mejoramiento de la calidad de vida de los hombres y las mujeres que trabajan.
Esta propuesta es mala no sólo por las lesiones que genera, sino fundamentalmente por sus omisiones. Seguramente el próximo primero de mayo los trabajadores harán sentir su protesta ante este intento de cerrarles el cerco.
La propuesta de reforma laboral de la STPS
Repentinamente, y aun antes de ser presentado ante la Cámara de Diputados, fue filtrado en su integridad el proyecto de reforma laboral elaborado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que empieza a ser conocido como reforma Lozano. La iniciativa esta esencialmente apoyada en la conocida reforma Abascal, que en el sexenio pasado provocó un gran rechazo popular y fracasó su aprobación al no convencer siquiera a los sindicatos corporativos.
La reforma Lozano tiene aspectos positivos, tales como eliminar la distribución unilateral de la jornada bajo el denominado “sistema de banco de horas”, considerar nula la clasificación de confianza a trabajadores cuyas funciones no se ajusten a la definición del artículo 9 de la ley, e intentar regular a las empresas subcontratistas al obligarlas a registrarse ante la autoridad laboral, fijando la presunción de ser dolosa cuando en una misma empresa una o más personas subcontratadas perciban salarios menores a los que tienen quienes laboran para la empresa beneficiaria.
Los aspectos negativos son incontables: ignora los diagnósticos y propuestas surgidas en múltiples foros, ponencias, análisis académicos y de especialistas que buscaban transitar hacia un modelo laboral más democrático, honesto, responsable y competitivo. Omite considerar las decenas de iniciativas de ley previamente presentadas por distintos partidos y desecha en su totalidad los planteamientos de la iniciativa UNT-PRD del 31 de octubre de 2002, tales como el voto secreto en las elecciones sindicales, el registro público de sindicatos y contratos colectivos, el fortalecimiento de la contratación colectiva legítima o la reforma al sistema de justicia laboral.
El despido se libera en términos aún más amplios que en la reforma Abascal, se suprime la cláusula de exclusión cuando los trabajadores renuncian a un sindicato, sin embargo se ignoran las medidas recíprocas elementales que impida a los patrones presionar a los trabajadores para que renuncien; reduce, aún más, las obligaciones patronales en materia de capacitación, y como una muestra evidente de la parcialidad del proyecto, se crea una nueva disposición que establece que los sindicatos gremiales ya no podrán obtener la titularidad de un contrato colectivo cuando haya sido celebrado con un sindicato de industria (artículo 388 parte final). Esta petición empresarial, que busca consolidar los contratos de protección patronal en las nuevas empresas de bajo costo, fue incluso rechazada en la época de Abascal, por resultar lesiva a los sindicatos democráticos tales como los de pilotos y sobrecargos.
La propuesta de la STPS considera formas de contratación temporal orientadas a reducir la estabilidad en el empleo, particularmente por medio de los contratos a prueba, de capacitación y temporada, flexibilidades que abonan la precariedad laboral. En materia procesal, reduce el carácter protector de las reglas vigentes, especialmente en el capítulo de cargas probatorias, otorgando a los empresarios mayores ventajas. En los temas relacionados con la transparencia de contratos colectivos y de registro de asociaciones, en los que ya existe el compromiso de publicidad total, se da un paso atrás al optar por una vía discrecional o “preferente”.
Son de destacar tres artículos, 387, 899-A y 899-C, los cuales en conjunto atentan contra el derecho de asociación profesional, contratación colectiva y huelga. Mediante los dos primeros, se imponen requisitos insalvables en la práctica para que los trabajadores puedan ejercitar el derecho de huelga para obtener la firma de un contrato colectivo de trabajo, o en caso de cambio de sindicato, cuando el existente no cuenta con la preferencia de los trabajadores; en la actualidad, estos dos procesos son las únicas posibilidades para contar con un sindicato fuera del control patronal.
En la propuesta se exige como requisito previo a cualquier trámite ante la Junta de Conciliación y Arbitraje (JCA) informar los nombres de los trabajadores inconformes, exhibir sus firmas y acreditar la afiliación al sindicato promovente de la demanda demostrando su relación laboral con el patrón demandado. Se trata de una verdadera monstruosidad, claramente inconstitucional y violatoria de los convenios internacionales en materia de libertad sindical; de ser aprobado, cerraría el cerco en contra de los trabajadores, consolidando los contratos colectivos de protección patronal, por la simple razón, de que ningún trabajador se animaría a la aventura de cumplir con tales requisitos previos sabiendo que será despedido de inmediato.
Este mecanismo conocido como “listas negras” fue incluso retirado de la reforma Abascal, por las críticas que mereció cuando se intentó llegar a un consenso sobre la reforma laboral; hoy se retoma por gestión de los abogados empresariales, que no ceden en su intento de proteger el negocio de la venta de contratos de protección. Por su parte, el artículo 899-C consagra un mecanismo adicional para bloquear los juicios de titularidad de contratos colectivos al establecer que mientras exista un juicio en curso, los trabajadores no podrán intentar cambio de sindicato alguno; un auténtico disparate, pues obliga a una espera eterna.
La filtración integral de la reforma Lozano da la oportunidad para iniciar desde los sindicatos, los trabajadores y la sociedad una discusión abierta sobre el tema, a fin de crear las condiciones para transitar por una vía distinta de reforma laboral que tome en cuenta las experiencias internacionales, la realidad de nuestro país, favorecer el desarrollo productivo y el mejoramiento de la calidad de vida de los hombres y las mujeres que trabajan.
Esta propuesta es mala no sólo por las lesiones que genera, sino fundamentalmente por sus omisiones. Seguramente el próximo primero de mayo los trabajadores harán sentir su protesta ante este intento de cerrarles el cerco.
Proyecta EU trasladar una base militar de Ecuador a Colombia: embajada en Bogotá
■ Washington y Buenos Aires pactan crear una “estructura para dialogar a nivel alto”
Afp y Dpa
Bogotá, 11 de abril. El gobierno de Estados Unidos reveló hoy planes para trasladar a la costa del Pacífico colombiano una base militar que actualmente se encuentra en Ecuador, al tiempo que reiteró acusaciones contra Venezuela sobre una supuesta tolerancia al tráfico de drogas hacia Europa.
En una jornada en la que las relaciones con América Latina ocuparon un lugar destacado, el subsecretario para Asuntos Hemisféricos, Thomas Shannon, acordó en Buenos Aires con el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Jorge Taina, una “estructura que podemos usar para dialogar y asegurar el contacto a un nivel alto en temas en los que realmente podemos producir resultados sustantivos en poco tiempo”.
La visita de Shannon a Buenos Aires ocurre mientras en Miami continúa un proceso judicial emprendido por el Departamento de Justicia contra cuatro venezolanos y un uruguayo que supuestamente trataron de acallar a un empresario venezolano-estadunidense que desde Caracas intentó meter miles de dólares para apoyar la campaña proselitista de la actual presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el año pasado.
En Bogotá, el embajador estadunidense, William Brownfield, aseguró: “hemos dialogado con el gobierno colombiano sobre las posibilidades de ubicar en algún punto del Pacífico colombiano” la base de Manta, único enclave militar de Washington en América del sur.
Las instalaciones de Manta fueron establecidas en 1978 sobre la costa ecuatoriana del Pacífico. En octubre de 1998 el presidente Jamil Mahuad, quien sólo estuvo en el poder de agosto de ese año a enero de 2000, cedió a Estados Unidos el uso de la base por 10 años, en el marco del Plan Colombia, plataforma contra el narcotráfico y la guerrilla.
El presidente Rafael Correa propuso desde su campaña presidencial, en 2006, cancelar el convenio al cumplirse el plazo pactado, lo cual fue aprobado este año por la Asamblea Constituyente, que prepara nuevas bases para el Estado ecuatoriano. El mandatario ha señalado que el arrendamiento de Manta es equivalente a un acto contrario a los intereses de su nación.
Otras instalaciones castrenses de Estados Unidos fuera de su territorio se encuentran en Guantánamo –sureste de la isla de Cuba–, donde está uno de sus principales centros navales, Puerto Rico, que alberga un campo de tiro, y Panamá, sede de una base aérea.
En Bruselas, el director de la Oficina de la Política Nacional para el Control de las Drogas, John Walters, afirmó hoy en conferencia de prensa que el reciente fortalecimiento del euro frente al dólar ha favorecido el flujo de drogas –especialmente cocaína– hacia el viejo continente, particularmente proveniente de Venezuela.
Según cifras presentadas por Walters, la cantidad de cocaína enviada de Venezuela a Europa –segundo mayor mercado de drogas después de Estados Unidos– aumentó 30 por ciento, al pasar de 43 mil 328 kilos en 2006 a 58 mil 148 kilos en 2007. Esto contrasta con la disminución del tráfico procedente de Colombia, que bajó de 14 mil 465 kilos en 2006 a 3 mil 621 en 2007.
B. Petrich, C. Herrera y E. Olivares
■ Washington y Buenos Aires pactan crear una “estructura para dialogar a nivel alto”
Afp y Dpa
Bogotá, 11 de abril. El gobierno de Estados Unidos reveló hoy planes para trasladar a la costa del Pacífico colombiano una base militar que actualmente se encuentra en Ecuador, al tiempo que reiteró acusaciones contra Venezuela sobre una supuesta tolerancia al tráfico de drogas hacia Europa.
En una jornada en la que las relaciones con América Latina ocuparon un lugar destacado, el subsecretario para Asuntos Hemisféricos, Thomas Shannon, acordó en Buenos Aires con el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Jorge Taina, una “estructura que podemos usar para dialogar y asegurar el contacto a un nivel alto en temas en los que realmente podemos producir resultados sustantivos en poco tiempo”.
La visita de Shannon a Buenos Aires ocurre mientras en Miami continúa un proceso judicial emprendido por el Departamento de Justicia contra cuatro venezolanos y un uruguayo que supuestamente trataron de acallar a un empresario venezolano-estadunidense que desde Caracas intentó meter miles de dólares para apoyar la campaña proselitista de la actual presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el año pasado.
En Bogotá, el embajador estadunidense, William Brownfield, aseguró: “hemos dialogado con el gobierno colombiano sobre las posibilidades de ubicar en algún punto del Pacífico colombiano” la base de Manta, único enclave militar de Washington en América del sur.
Las instalaciones de Manta fueron establecidas en 1978 sobre la costa ecuatoriana del Pacífico. En octubre de 1998 el presidente Jamil Mahuad, quien sólo estuvo en el poder de agosto de ese año a enero de 2000, cedió a Estados Unidos el uso de la base por 10 años, en el marco del Plan Colombia, plataforma contra el narcotráfico y la guerrilla.
El presidente Rafael Correa propuso desde su campaña presidencial, en 2006, cancelar el convenio al cumplirse el plazo pactado, lo cual fue aprobado este año por la Asamblea Constituyente, que prepara nuevas bases para el Estado ecuatoriano. El mandatario ha señalado que el arrendamiento de Manta es equivalente a un acto contrario a los intereses de su nación.
Otras instalaciones castrenses de Estados Unidos fuera de su territorio se encuentran en Guantánamo –sureste de la isla de Cuba–, donde está uno de sus principales centros navales, Puerto Rico, que alberga un campo de tiro, y Panamá, sede de una base aérea.
En Bruselas, el director de la Oficina de la Política Nacional para el Control de las Drogas, John Walters, afirmó hoy en conferencia de prensa que el reciente fortalecimiento del euro frente al dólar ha favorecido el flujo de drogas –especialmente cocaína– hacia el viejo continente, particularmente proveniente de Venezuela.
Según cifras presentadas por Walters, la cantidad de cocaína enviada de Venezuela a Europa –segundo mayor mercado de drogas después de Estados Unidos– aumentó 30 por ciento, al pasar de 43 mil 328 kilos en 2006 a 58 mil 148 kilos en 2007. Esto contrasta con la disminución del tráfico procedente de Colombia, que bajó de 14 mil 465 kilos en 2006 a 3 mil 621 en 2007.
B. Petrich, C. Herrera y E. Olivares
Organizaciones sociales e indígenas de Oaxaca denunciaron que el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz “busca frenar la lucha legítima de nuestros pueblos” mediante una política de estado basada en secuestros, arrestos y asesinatos de luchadores sociales.
En un documento emitido por el municipio autónomo de San Juan Copala, la Red de Radios Comunitarias Indígenas del Sureste de México, autoridades de Yosotatu, el Centro de Orientación y Asesoría de los Pueblos Indígenas, entre otros, se denuncia que recientemente fueron asesinados los líderes indígenas Plácido López, Lauro Juárez y Rosalino Díaz, lo que “muestra la violencia cotidiana que se vive en nuestro estado. Las organizaciones oaxaqueñas denunciaron también detenciones arbitrarias de luchadores sociales como Pedro Castillo, Flavio Sosa Villavicencio, Adán Mejía, Miguel Ángel García, Constantino Castro López, entre otros, quienes “se encuentran injustamente detenidos, por lo que exigimos su inmediata liberación”. Además, demandaron la cancelación de órdenes de arresto libradas contra decenas de dirigentes indígenas y sociales.
“La impunidad, la fabricación de culpables y la indiscriminada liberación de órdenes de aprehensión y otros actos de hostigamiento contra líderes sociales y comunitarios, configuran en Oaxaca una política parapolicial y represiva de las garantías constitucionales, derechos humanos y garantías de derechos indígenas”, señalan.
Asimismo exigieron presentar con vida a las indígenas triques Virginia y Daniela Ortiz García, desaparecidas en julio de 1997; que la PGR intervenga “inmediatamente” en los crímenes referidos y cese la represión que el gobierno de Ulises Ruiz encabeza contra los movimientos sociales en la entidad.
En este contexto, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo denunció que elementos del Ejército Mexicano ocuparon hoy el municipio de Matías Romero e instalaron un reten en la colonia Rincón Viejo, Santa María Petapa, para indagar las actividades de los integrantes de esa organización.
Carlos Beas Torres, coordinador de Programas de la agrupación, dijo que los soldados arribaron a las 13 horas a la colonia Rincón Viejo cuando se encontraban reunidos en las oficinas varios campesinos de San Juan Guichicovi, Matías Romero, Barrio de la Soledad y Santa María Petapa, afectados por la ampliación del tendido eléctrico Juchitán, Oaxaca-Acayucan, Veracruz, de la Comisión Federal de Electricidad.
Mencionó que los militares interrogaron en forma prepotente y grosera a los vecinos de la colonia sobre las actividades de la Ucizoni. A pesar de esto, destacó que unos mil integrantes de la organización y profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, así como vecinos de las colonias populares y trabajadores del sector salud marcharon por las calles de Matías Romero, para demandar mejoras en el servicio del Hospital IMSS-Oportunidades.
Beas Torres condenó el uso de tropas en tareas propias de los cuerpos policiacos pues además de violar la Constitución Federal, la falta de preparación de los militares los lleva con facilidad a violar las garantías constitucionales y los derechos humanos de la población civil.
En un documento emitido por el municipio autónomo de San Juan Copala, la Red de Radios Comunitarias Indígenas del Sureste de México, autoridades de Yosotatu, el Centro de Orientación y Asesoría de los Pueblos Indígenas, entre otros, se denuncia que recientemente fueron asesinados los líderes indígenas Plácido López, Lauro Juárez y Rosalino Díaz, lo que “muestra la violencia cotidiana que se vive en nuestro estado. Las organizaciones oaxaqueñas denunciaron también detenciones arbitrarias de luchadores sociales como Pedro Castillo, Flavio Sosa Villavicencio, Adán Mejía, Miguel Ángel García, Constantino Castro López, entre otros, quienes “se encuentran injustamente detenidos, por lo que exigimos su inmediata liberación”. Además, demandaron la cancelación de órdenes de arresto libradas contra decenas de dirigentes indígenas y sociales.
“La impunidad, la fabricación de culpables y la indiscriminada liberación de órdenes de aprehensión y otros actos de hostigamiento contra líderes sociales y comunitarios, configuran en Oaxaca una política parapolicial y represiva de las garantías constitucionales, derechos humanos y garantías de derechos indígenas”, señalan.
Asimismo exigieron presentar con vida a las indígenas triques Virginia y Daniela Ortiz García, desaparecidas en julio de 1997; que la PGR intervenga “inmediatamente” en los crímenes referidos y cese la represión que el gobierno de Ulises Ruiz encabeza contra los movimientos sociales en la entidad.
En este contexto, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo denunció que elementos del Ejército Mexicano ocuparon hoy el municipio de Matías Romero e instalaron un reten en la colonia Rincón Viejo, Santa María Petapa, para indagar las actividades de los integrantes de esa organización.
Carlos Beas Torres, coordinador de Programas de la agrupación, dijo que los soldados arribaron a las 13 horas a la colonia Rincón Viejo cuando se encontraban reunidos en las oficinas varios campesinos de San Juan Guichicovi, Matías Romero, Barrio de la Soledad y Santa María Petapa, afectados por la ampliación del tendido eléctrico Juchitán, Oaxaca-Acayucan, Veracruz, de la Comisión Federal de Electricidad.
Mencionó que los militares interrogaron en forma prepotente y grosera a los vecinos de la colonia sobre las actividades de la Ucizoni. A pesar de esto, destacó que unos mil integrantes de la organización y profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, así como vecinos de las colonias populares y trabajadores del sector salud marcharon por las calles de Matías Romero, para demandar mejoras en el servicio del Hospital IMSS-Oportunidades.
Beas Torres condenó el uso de tropas en tareas propias de los cuerpos policiacos pues además de violar la Constitución Federal, la falta de preparación de los militares los lleva con facilidad a violar las garantías constitucionales y los derechos humanos de la población civil.
Bajo Reserva
Periodista de EL UNIVERSAL12 de abril de 2008
No conforme con bloquear el acceso a los funcionarios locales, la Cancillería ahora impide que los visitantes extranjeros hablen con la prensa. No nos referimos a ningún otro país, estamos hablando de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores prohibió al equipo del presidente Rafael Correa que el mandatario ecuatoriano diera entrevistas a medios mexicanos. “La verdad es que el área de protocolo de la Cancillería mexicana nos pidió cancelar las entrevistas con los periódicos mexicanos”, dijo apenada una funcionaria de la presidencia ecuatoriana, quien se comunicó con este diario a las dos y media de la mañana para cancelar la entrevista pactada. Nos aseguran que la intención era evitar a toda costa que el presidente Correa hablara con la prensa antes de hacerlo con su colega Felipe Calderón.
No conforme con bloquear el acceso a los funcionarios locales, la Cancillería ahora impide que los visitantes extranjeros hablen con la prensa. No nos referimos a ningún otro país, estamos hablando de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores prohibió al equipo del presidente Rafael Correa que el mandatario ecuatoriano diera entrevistas a medios mexicanos. “La verdad es que el área de protocolo de la Cancillería mexicana nos pidió cancelar las entrevistas con los periódicos mexicanos”, dijo apenada una funcionaria de la presidencia ecuatoriana, quien se comunicó con este diario a las dos y media de la mañana para cancelar la entrevista pactada. Nos aseguran que la intención era evitar a toda costa que el presidente Correa hablara con la prensa antes de hacerlo con su colega Felipe Calderón.
AGENCIA INFORMATIVA PULSAR - PANORAMA DEL DIA - 2008-04-11
PERÚ-REPRESIÓN
Congresista pide renuncia de ministro del Interior por ordenar represión
La congresista peruana, Elizabeth León, exigió este viernes la renuncia del ministro del Interior, Luis Alva Castro, por ordenar la represión a bloqueos del paro nacional agrario de febrero. Cuatro campesinos fueron asesinados en las manifestaciones.
Audios disponibles:
Elizabeth León, congresista de Unión por el Perú. - 16 seg. (257 Kb.)
Elizabeth León, congresista de Unión por el Perú. - 53 seg. (833 Kb.)
Elizabeth León, congresista de Unión por el Perú. - 55 seg. (863 Kb.)
ARGETINA-TIERRAS
Justicia remata campo habitado por campesinos en Argentina
La Justicia de la provincia argentina de Córdoba remató esta semana un campo trabajado por campesinos. La subasta pública presentó el terreno como deshabitado. Un abogado del Movimiento Campesino de Córdoba fue detenido al intentar impedir el remate.
Audios disponibles:
Joaquín Gonzalez, abogado del Movimiento Campesino de Córdoba. - 1 min. 12 seg. (1,11 Mb.)
Joaquín Gonzalez, abogado del Movimiento Campesino de Córdoba. - 1 min. 19 seg. (1,20 Mb.)
BRASIL-INDÍGENAS
Al menos 76 indígenas asesinados en Brasil por hechos violentos en 2007
Un informe elaborado por el Consejo Indigenista Misionero (CIMI) asegura que los hechos de violencia contra pueblos originarios aumentaron un 60 por ciento entre 2006 y 2007. Al menos 76 indígenas fueron asesinados en el 2007 en sucesos violentos.
AGENCIA INFORMATIVA PULSAR - FIN DEL DESPACHO
PERÚ-REPRESIÓN
Congresista pide renuncia de ministro del Interior por ordenar represión
La congresista peruana, Elizabeth León, exigió este viernes la renuncia del ministro del Interior, Luis Alva Castro, por ordenar la represión a bloqueos del paro nacional agrario de febrero. Cuatro campesinos fueron asesinados en las manifestaciones.
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Elizabeth León, congresista de Unión por el Perú. - 16 seg. (257 Kb.)
Elizabeth León, congresista de Unión por el Perú. - 53 seg. (833 Kb.)
Elizabeth León, congresista de Unión por el Perú. - 55 seg. (863 Kb.)
ARGETINA-TIERRAS
Justicia remata campo habitado por campesinos en Argentina
La Justicia de la provincia argentina de Córdoba remató esta semana un campo trabajado por campesinos. La subasta pública presentó el terreno como deshabitado. Un abogado del Movimiento Campesino de Córdoba fue detenido al intentar impedir el remate.
Audios disponibles:
Joaquín Gonzalez, abogado del Movimiento Campesino de Córdoba. - 1 min. 12 seg. (1,11 Mb.)
Joaquín Gonzalez, abogado del Movimiento Campesino de Córdoba. - 1 min. 19 seg. (1,20 Mb.)
BRASIL-INDÍGENAS
Al menos 76 indígenas asesinados en Brasil por hechos violentos en 2007
Un informe elaborado por el Consejo Indigenista Misionero (CIMI) asegura que los hechos de violencia contra pueblos originarios aumentaron un 60 por ciento entre 2006 y 2007. Al menos 76 indígenas fueron asesinados en el 2007 en sucesos violentos.
AGENCIA INFORMATIVA PULSAR - FIN DEL DESPACHO
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