PGR no investigará a los curas que aceptaron la “generosidad” de narcos

■ El servicio que prestan es una cuestión similar al secreto profesional, consideran funcionarios

Gustavo Castillo García

La Procuraduría General de la República (PGR), no tiene porqué iniciar ninguna averiguación previa en contra de jerarcas o sacerdotes católicos por tratar con narcotraficantes y, en algunos casos, beneficiarse con la construcción de templos o capillas, ya que “el servicio que prestan es una cuestión similar al secreto profesional que ejerce un abogado”, consideraron altos funcionarios de esa dependencia.

Lo anterior fue mencionado un día después de que el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Carlos Aguiar Retes, reconociera que hay narcotraficantes que se han acercado a jerarcas católicos “no necesariamente en confesión, para solicitar orientación y consejo”.

Los entrevistados indicaron que esta es una cuestión que anteriormente fue tratada, y habría que recordar lo sucedido en 1993, cuando el entonces nuncio apostólico Girolamo Prigione, se reunió con los hermanos Benjamín y Ramón Arellano Félix los que se deslindaron del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. En esa ocasión, indicaron los funcionarios, se argumentó que era secreto de confesión y que de acuerdo con el derecho canónico esto era similar al secreto profesional que ejerce un abogado con sus clientes, ya que ellos le cuentan la verdad de lo sucedido, pero como su abogado no tiene que revelar nada a las autoridades.

En ese contexto, cabe recordar que, según dijo el presidente de la CEM, la Iglesia católica también ha salido beneficiada de los acercamientos entre obispos y narcotraficantes, toda vez que los integrantes de estos grupos delictivos en general “han sido muy generosos (con la dotación de infraestructura a sus comunidades de origen) y muchas veces también construyen templos o una capilla.

“En algunos pueblos muy alejados en la Sierra, donde ni el gobierno tiene recursos para actuar, los narcotraficantes hacen obras muy significativas para la comunidad. No los estoy justificando, simplemente estoy señalando la evidencia”, dijo, de acuerdo con la información publicada por este diario ayer sábado.

Presunto lavado de dinero

Sin embargo, los representantes de la Iglesia católica podrían incurrir en el delito de lavado de dinero, toda vez que se benefician de bienes inmuebles y muebles que son adquiridos con recursos de procedencia ilícita.

Descartan legisladores ley de amnistía para quien deje el crimen organizado

Andrea Becerril, Fabiola Martínez y Georgina Saldierna

■ Del tamaño del pecado es el donativo,

ironiza Graco Ramírez

Senadores de PRD y PAN rechazaron la propuesta del presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Carlos Aguiar Retes, de que se legisle para proteger a aquellos narcotraficantes que se quieran retirar de esa actividad delictiva y advirtieron que no se debe ceder ante la delincuencia organizada, menos conceder amnistías, ya que el hecho de que sean caritativos con la Iglesia católica, a los mexicanos agraviados no les dice nada.

El secretario de doctrina y formación del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Carlos Abascal Carranza, y el coordinador de los senadores del blanquiazul, Santiago Creel, coincidieron en que el fin no justifica los medios y eso “es un principio absoluto”.

Entrevistado antes de la inauguración del Consejo Nacional panista, Creel recalcó también que el fin no justifica los medios. Los medios malos, dijo, “conducen irremediablemente a un fin equivocado”, toda vez que, “independientemente de que el dinero malo se dedique a un fin bueno, sigue siendo dinero malo”.

Se manifestó en contra de una ley que permita a los narcos “dejar el oficio” e insistió en que se debe cerrar la puerta al narcotráfico en todas partes. “Es una batalla toral, en la que nada se debe ceder, absolutamente nada, ni un centavo”.
Por separado, el senador panista Ricardo García Cervantes, resaltó que se debe siempre tender hacia un estado de derecho y en ese sentido no procede “la especie de ley de amnistía” que propone el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, ya que se trata de delincuencia común.
Hizo notar que “la generosidad” de los narcotraficantes con la Iglesia católica no justifica la crueldad, la pérdida de vidas, el daño social e institucional que causa el tráfico de drogas.
“Me parece que a los mexicanos que se han visto agraviados por esos delincuentes, no les significa nada que sean caritativos con la Iglesia”.

Sobre el tema, el senador del PRD, Graco Ramírez Garrido Abreu, advirtió que su grupo parlamentario no aceptará, en forma alguna, una legislación para proteger a los narcos. Dijo que aunque era ya sabido, impresionan las declaraciones del representante de la jerarquía católica, al aceptar que han recibido donativos de narcotraficantes, lo que los lleva a abogar por ellos.

“Del tamaño del pecado es el tamaño de los donativos o limosnas”, seguramente, pero lo peor es que el obispo Aguiar Retes quiere pagar la generosidad de los narcos y pide una amnistía, para que una vez que los delincuentes hayan amasado una gran fortuna, se retiren sin problema a gozar del dinero. Aceptarlo, reiteró, sería “un acto del peor cinismo”.
El senador consideró que llama la atención que el presidente de la CEM se refiera al narcotráfico como un “oficio”, cuando se trata de la peor delincuencia organizada de México y el mundo.

Debe revisarse la relación de la Iglesia con el Estado: Observatorio Eclesial

Gabriel León Zaragoza

Las organizaciones sociales integrantes del Observatorio Eclesial celebraron el que la Iglesia católica admitiera que jerarcas de su institución sostienen “acercamientos” con integrantes del narcotráfico, porque en los hechos reconocen que dentro de su red de poderes fácticos, además de empresarios, políticos y medios de comunicación, se encuentran grupos del crimen organizado.

Con base en esta aceptación de hechos, “debe ser sometida a revisión la relación de la Iglesia con el Estado mexicano para evitar que se repitan, entre otros, casos como el de Jalisco, donde el gobierno estatal destinó recursos del erario público a obras religiosas”, destacó el observatorio, entre cuyos miembros se encuentran Católicas por el Derecho a Decidir, Colectivo Alas, Cencos, los centros de Estudios Ecuménicos y el de Reflexión Teológica, y el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina.

El vocero del organismo no gubernamental, José Guadalupe Sánchez, consideró que también se deben revisar de manera pública los problemas sociales en los que religiosos de este culto se han visto involucrados, como la pederastia, a cuyos presuntos infractores no ha sido posible presentarlos ante las instancias civiles de justicia “por los vínculos que guarda la Iglesia católica con sectores políticos y de gobierno”, entre otros.

Destacó que las afirmaciones del presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Carlos Aguiar –sobre que narcotraficantes se han acercado a la Iglesia católica “para solicitar orientación y consejo” con el fin de cambiar su estilo de vida y que para ello exista una legislación–, “puede ser una buena oportunidad para que la institución tome una postura cada vez más congruente con su mensaje evangélico”.

La intención “purifica”

Esta no es la primera vez que la Iglesia católica del país reconoce que recibe dádivas de miembros del crimen organizado; está el caso del recién fallecido obispo de Aguascalientes, Ramón Godínez Flores, quien a finales de 2005 aceptó que esa institución en México recibe limosnas provenientes del narcotráfico, pero que éstas se “purifican” con la buena intención de ayudar, justificó.

En su momento, el prelado afirmó que la Iglesia católica recibe narcolimosnas y que acepta el dinero sin investigar su origen. En ese año, el Vaticano declinó comentar sobre el tema.