MEXICO ES UN PELIGRO CON ESTOS PANISTAS...

México, peligrosísimo para periodistas

Nelly Olivos
nelly24olivos@yahoo.com.mx

* En el sexenio de Vicente Fox fueron asesinados 30 y cuatro desaparecieron * Con Felipe Calderón 11 asesinados y cuatro desaparecidos

México es considerado por varios organismos internacionales uno de los más peligrosos para el ejercicio del periodismo, tan sólo después de Irak, una nación que vive un estado de guerra.

No obstante varias de las propuestas para “solucionar el problema” ya han demostrado su poca eficacia en otros países como es el caso de Colombia.
De acuerdo a diferentes organizaciones no gubernamentales en el sexenio foxista (2000-2006) en nuestro país fueron asesinados 30 periodistas y cuatro desaparecieron. En lo que va de la actual administración 11 periodistas fueron asesinados y cuatro han desaparecido. Las denuncias sobre temas del narcotráfico y del crimen organizado aparecen como las principales causas de la muerte o desaparición de periodistas.

El gobierno de Felipe Calderón le ha declarado la guerra al crimen organizado mediante operativos militares que en nada han mejorado las condiciones de seguridad pública. Curiosamente dichos operativos comenzaron en Michoacán, tierra natal del mandatario, pero que de acuerdo a información del Comité para la Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) en dicho estado las amenazas contra los comunicadores ha ido en aumento. Situación que ha generado un nuevo fenómeno: la autocensura.
Inclusive la situación de lucha contra el narcotráfico ha sido comparada con lo ocurrido en Colombia cuando los cárteles de la droga desataron una verdadera guerra contra el gobierno a finales de la década de los 80 y principios de los 90.

Tal vez de esta comparación surja una nada novedosa idea de protección para los periodistas, se trata de “prevenir” las acciones intimidatorias contra los comunicadores.

José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), declaró en el Foro Crimen organizado y abuso de poder: retos y futuro de la libertad de expresión en México, que se debe “proteger a los periodistas amenazados mediante medidas de seguridad y auxilio, de manera congruente y oportuna, y proporcional al hecho, para evitar la consumación de las amenazas. Para ello, sería conveniente crear un Comité de Evaluación de Riesgos, como el existente en Colombia, que determine niveles de riesgo y grados de amenaza a los periodistas y que recomiende las medidas de protección a que haya lugar.”

De acuerdo a Soberanes tal Comité de Evaluación estaría integrado por miembros de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de la República, por organismos de defensa de los periodistas, asociaciones de informadores y por representantes de los gobiernos estatales y municipales cuando el caso lo amerite.

En ningún momento el doctor Soberanes mencionó la posibilidad de que al interior de dicho comité esté representada la Secretaría de la Defensa Nacional, posibilidad que no suena del todo descabellada cuando integrantes del Ejército eran los encargados de salvaguardar la integridad física del entonces director del semanario Zeta, Jesús Blancornelas.

La protección en Colombia

Este sistema impera en Colombia donde, entre 2000 y 2006, 41 periodistas han sido asesinados debido a su trabajo periodístico.
El gobierno colombiano creó el Programa de Protección de Periodistas y Comunicadores Sociales, del Ministerio del Interior y de Justicia, en el año 2000, es una instancia donde están presentes organizaciones no gubernamentales defensoras de las libertades de expresión e información, el cual trabaja de la siguiente manera:

El Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgo es el encargado de recomendar las medidas necesarias para proteger a los periodistas. El primer paso es crear un estudio de nivel de riesgo y amenazas de las solicitudes de protección presentadas. Una vez realizado este análisis se recomienda tomar una de las siguientes medidas:

a) Blandas, consistentes en cursos de autoprotección llevados a cabo por la Policía Nacional o por el Departamento Administrativo de Seguridad y ayudas humanitarias de carácter nacional, como puede ser el traslado de los afectados de sus regiones a capital del país.

b) Duras, que otorgan medios de transporte, servicio de escoltas, blindaje de sedes, y ayudas humanitarias internacionales, como pueden ser la búsqueda de asilo en otro país o la agilización de los trámites necesarios en la obtención de documentos de migración.

Además de estas medidas también se provee asistencia económica que puede extenderse hasta por seis meses.

El primer problema al que se enfrenta un periodista en riesgo de ser asesinado es la burocracia, pues como requisito del Programa de Protección, hay que hacer la denuncia correspondiente ante las autoridades. Luego el estudio de riesgo es elaborado en muchas ocasiones en Bogotá, principal ciudad de Colombia alejada de la región donde labora el periodista y que puede determinar, en algunos casos, que el riesgo es bajo.

A continuación viene la propuesta de las medidas a tomar para garantizar la integridad física del periodista, pero muchas de las disposiciones no se cumplen, sobre todo en las regiones alejadas de la capital. No existe una coordinación entre las autoridades correspondientes ni mucho menos los recursos para dotar de protección a los periodistas, como suele ser la designación de una escolta.

Pese a las críticas a este sistema de protección algunos periodistas colombianos, como Eduardo Márquez presidente del Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, sostienen que el Programa de Protección sí funciona ya que “ha permitido salvar muchas vidas y en muchos casos se puede apelar a la fuerza del Estado”, para salvaguardar la vida de los comunicadores

La protección mexicana

Dadas las difíciles condiciones que los periodistas tienen que enfrentar en México para llevar a cabo su trabajo, resulta increíble imaginar a reporteros, fotógrafos y camarógrafos acompañados de una escolta al momento de realizar su trabajo. Claro que hay que recordar el penoso incidente de la conductora Lily Téllez, quien en 2000 sufriera un atentado, y que también protagonizara un altercado con el entonces procurador capitalino, Samuel del Villar, afuera del domicilio particular del funcionario, donde agentes policiales encargados de la seguridad de la conductora fueron detenidos y es que llevaban varios días vigilando al procurador.

Tras el incidente fueron varias las interrogantes éticas que surgieron: ¿Qué clase de periodismo se puede llevar a cabo respaldado por una escolta de agentes del gobierno? ¿La escolta no resultaría un obstáculo para obtener información oficial?

Situación que nos lleva a recordar otro caso, el de Jesús Blancornelas, hasta el 23 de noviembre de 2006, director del semanario Zeta de Tijuana, Baja California.

Debido a las diversas amenazas y acciones de los narcotraficantes contra Blancornelas, éste contaba con una escolta asignada por el gobierno estatal, misma que fue retirada justo antes del 27 de noviembre de 1997, día en el que el entonces director de Zeta sufrió un atentado.

El Consejo Editorial del semanario se apresuró a sacar varias hipótesis respecto al retiro de la escolta y una de ellas apuntaba a la existencia de un acuerdo previo entre narcos y funcionarios; otra mencionaba la ineptitud del gobierno estatal al no prever el atentado contra su director.

Una de las hipótesis apuntó al chofer-escolta de Blancornelas, Luis Lauro Valero, muerto en el atentado, y quien se había desempeñado como agente de la Procuraduría General de Justicia del Estado y escolta de varios políticos, lo que le permitió tener acceso a cierto tipo de información, por lo que se convirtió en una importante fuente de información al periodista.

El caso de Blancornelas nos lleva a plantearnos nuevas interrogantes: ¿Pueden los periodistas confiar en la asignación de escoltas por parte del gobierno? ¿Cómo separar las funciones de seguridad de las de fuentes de información? En última instancia fue el Ejército el encargado de velar por la seguridad del periodista.

Otro de los casos que dejan al descubierto la falta de efectividad de tales acciones es el de la periodista Lydia Cacho, que tras las amenazas recibidas por parte de Succar Kuri, estaba “protegida” por una escolta de la Agencia Federal de Investigación, misma que no actuó cuando agentes policiales de puebla detuvieron a Cacho debido a la demanda que por difamación había interpuesto en su contra el empresario Kamel Nacif.

No podemos hablar de un arreglo previo entre los agentes federales asignados como escolta de la periodista con autoridades poblanas; sin embargo, sí deja al descubierto su capacidad de reacción, pues como relata Lydia Cacho en su libro Memorias de una infamia, su escolta no se dio ni por enterada de lo sucedido.

Los casos aquí presentados dejan ver las serias dudas que un sistema de protección como el que señala el presidente de la CNDH, no ayudarán en nada a limitar las acciones intimidatorias contra los periodistas. Los trabajadores que han contado con la protección de las autoridades no han dejado de ser blanco de agravios.

Diversos especialistas coincidimos en que no necesitamos un comité de protección a periodistas si va a tener una función decorativa parecida a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de Periodistas, creada el 15 de febrero de 2006, al interior de la Procuraduría General de la República, y que surgió con límites en los recursos económicos, materiales y humanos. Además de que sólo tendrá injerencia en los casos donde el crimen organizado no esté presente. Pero con todas estas limitantes la Fiscalía ya resolvió su primer caso: las amenazas que recibió la “periodista”

Lolita de la Vega (Dolores de la Rosa Sabre), el 16 de agosto de 2007 Demetrio Pineda Ibarra fue detenido y acusado de enviar mensajes electrónicos con amenazas a De la Rosa.

Despenalizar los llamados delitos de prensa, difamación y calumnia; federalizar los delitos cometidos contra periodistas y crear mecanismos ineficaces como la Fiscalía Especial o una comisión de la Cámara de Diputados, son acciones que –pronosticaron– de nada van a servir mientras no se tenga verdadera voluntad política de esclarecer los crímenes de periodistas, porque hasta ahora ninguna autoridad ha abordado el tema de la procuración de justicia para terminar con la impunidad que impera, no sólo en los casos de comunicadores agraviados, sino en todos aquellos casos donde los culpables son liberados y los inocentes encarcelados.

Tal vez deberíamos ser más creativos en la solución de estos problemas antes de importar modelos como de costumbre o caer en los que antaño ya demostraron su poca eficacia.