PORTADAS EL UNIVERSAL: DOS CÁRTELES SE PELEAN SINALOA EXCÉLSIOR: RECULA EN EL PRD: ORTEGA, ADELANTE MILENIO: ¡YA BASTA!: CALDERÓN LA JORNADA: GUERRA DE NARCOS DEJA 16 MUERTOS LA CRÓNICA: CON BASUKAS Y LANZA MISILES MATARON AL HIJO DEL CHAPO
Por unafuente.com
EL UNIVERSAL: DOS CÁRTELES SE PELEAN SINALOAEl cártel de Juárez rompió su alianza con el de Sinaloa y trasladó la guerra frontal que mantenían en el norte de Chihuahua en las últimas semanas a ese estado del Pacífico, que ha producido más de 20 muertos en las últimas 48 horas. El enfrentamiento entre los dos cárteles es resultado de la ruptura de la alianza entre Joaquín El Chapo Guzmán Loera, Ismael El Mayo Zambada y los hermanos Arturo y Alfredo Beltrán Leyva, con Vicente Carrillo Fuentes, líder del cártel de Juárez. VER NOTA COMPLETA.
EXCÉLSIOR: RECULA EN EL PRD: ORTEGA, ADELANTE La Comisión Técnica Electoral (CTE) del Partido de la Revolución Democrática dio a conocer que concluyó el cómputo de todas las casillas de su elección nacional interna, y que Jesús Ortega Martínez se ubica como ganador de los comicios del pasado 16 de marzo. VER NOTA COMPLETA.
MILENIO: ¡YA BASTA!: CALDERÓNProtegido por cientos de elementos de la IV Región militar, el presidente Felipe Calderón concretó su tercera visita a Tamaulipas, donde advirtió a la delincuencia organizada que, “lejos de atemorizarnos o amedrentarnos”, su gobierno redoblará la lucha contra el crimen, en alusión al asesinato de Édgar Millán Gómez, coordinador general de Seguridad Regional de la Secretaría de Seguridad Pública federal. VER NOTA COMPLETA.
LA JORNADA: GUERRA DE NARCOS DEJA 16 MUERTOSUn comando de al menos 15 hombres asesinó la noche del jueves a Édgar Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, líder del cártel de Sinaloa. El joven iba acompañado por tres personas, dos de las cuales perdieron la vida. Estos tres homicidios forman parte del capítulo más reciente de la guerra que grupos antagónicos del crimen organizado intensificaron desde la semana pasada en Culiacán y Navolato, la cual ha dejado saldo de 35 personas ultimadas, entre ellas una decena de agentes locales y federales, y cerca de 10 personas desaparecidas o levantadas. VER NOTA COMPLETA.
LA CRÓNICA: CON BASUKAS Y LANZA MISILES MATARON AL HIJO DEL CHAPOCon fusiles de alto poder y una bazuka, fueron ejecutados dos hijos de conocidos narcotraficantes ligados al Cártel de Sinaloa.Uno, Edgar Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán; y otro: Arturo Meza Cázares, hijo de Blanca Margarita Cázares Salazar, conocida como La Emperatriz y quien presuntamente es operadora financiera de Ismael El Mayo Zambada. La balacera y las muertes se dan después de que el cártel sinaloense ha sido nombrado como el responsable de los asesinatos de altos mandos de la Policía Federal en la última semana. VER NOTA COMPLETA.
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EL UNIVERSAL: DOS CÁRTELES SE PELEAN SINALOAEl cártel de Juárez rompió su alianza con el de Sinaloa y trasladó la guerra frontal que mantenían en el norte de Chihuahua en las últimas semanas a ese estado del Pacífico, que ha producido más de 20 muertos en las últimas 48 horas. El enfrentamiento entre los dos cárteles es resultado de la ruptura de la alianza entre Joaquín El Chapo Guzmán Loera, Ismael El Mayo Zambada y los hermanos Arturo y Alfredo Beltrán Leyva, con Vicente Carrillo Fuentes, líder del cártel de Juárez. VER NOTA COMPLETA.
EXCÉLSIOR: RECULA EN EL PRD: ORTEGA, ADELANTE La Comisión Técnica Electoral (CTE) del Partido de la Revolución Democrática dio a conocer que concluyó el cómputo de todas las casillas de su elección nacional interna, y que Jesús Ortega Martínez se ubica como ganador de los comicios del pasado 16 de marzo. VER NOTA COMPLETA.
MILENIO: ¡YA BASTA!: CALDERÓNProtegido por cientos de elementos de la IV Región militar, el presidente Felipe Calderón concretó su tercera visita a Tamaulipas, donde advirtió a la delincuencia organizada que, “lejos de atemorizarnos o amedrentarnos”, su gobierno redoblará la lucha contra el crimen, en alusión al asesinato de Édgar Millán Gómez, coordinador general de Seguridad Regional de la Secretaría de Seguridad Pública federal. VER NOTA COMPLETA.
LA JORNADA: GUERRA DE NARCOS DEJA 16 MUERTOSUn comando de al menos 15 hombres asesinó la noche del jueves a Édgar Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, líder del cártel de Sinaloa. El joven iba acompañado por tres personas, dos de las cuales perdieron la vida. Estos tres homicidios forman parte del capítulo más reciente de la guerra que grupos antagónicos del crimen organizado intensificaron desde la semana pasada en Culiacán y Navolato, la cual ha dejado saldo de 35 personas ultimadas, entre ellas una decena de agentes locales y federales, y cerca de 10 personas desaparecidas o levantadas. VER NOTA COMPLETA.
LA CRÓNICA: CON BASUKAS Y LANZA MISILES MATARON AL HIJO DEL CHAPOCon fusiles de alto poder y una bazuka, fueron ejecutados dos hijos de conocidos narcotraficantes ligados al Cártel de Sinaloa.Uno, Edgar Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán; y otro: Arturo Meza Cázares, hijo de Blanca Margarita Cázares Salazar, conocida como La Emperatriz y quien presuntamente es operadora financiera de Ismael El Mayo Zambada. La balacera y las muertes se dan después de que el cártel sinaloense ha sido nombrado como el responsable de los asesinatos de altos mandos de la Policía Federal en la última semana. VER NOTA COMPLETA.
Editorial
Bolivia: democracia contra oligarquía
El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha aceptado el desafío de la oposición de ese país y anunció que someterá su mandato a un referendo revocatorio que, al menos en principio, se presentaba como un instrumento más de la oligarquía para coartar el proyecto del mandatario. Con ello, Morales ha decidido poner en manos de su pueblo el destino de una nación históricamente dominada por una minoría, que al día de hoy continúa acumulando grandes cuotas de poder político y económico, pero que ha visto amenazados y reducidos sus privilegios con la llegada al poder de un presidente indígena, cuya bandera ha sido, precisamente, la transformación social del país andino.
Ciertamente, la propuesta de consulta popular para decidir la remoción o permanencia del mandatario boliviano no es nueva, ni provino de la oposición: el propio Morales la había presentado en enero como una posible salida para destrabar la aguda crisis política que enfrenta esa nación andina, apuntalada por el debate en torno a las autonomías departamentales, una demanda añeja que, al ser explotada y reivindicada por los grupos oligarcas opositores, principalmente en el departamento de Santa Cruz de la Sierra –el más rico del país–, ha degenerado en un proyecto secesionista que pretende trasladar facultades irrenunciables del gobierno central a las administraciones locales y echar a andar, con ello, un proceso de desintegración nacional. Al parecer, la derecha boliviana quiere aprovechar la coyuntura política actual y decidió, por vía de sus legisladores, aceptar la iniciativa de referendo revocatorio, acaso con la expectativa de reditar los resultados obtenidos el pasado domingo, durante la consulta –antidemocrática, ilegal de origen y desconocida por la comunidad internacional– sobre el “estatuto autonómico” de Santa Cruz.
Frente a esto, el presidente Evo Morales ha optado por someter a decisión popular la continuidad de su mandato. Esto cobra relevancia sobre todo en un contexto internacional en el que las clases políticas de otros países han demostrado incapacidad, sordera y falta de voluntad para atender las demandas ciudadanas, dar voz a los opositores y, en general, para trabajar en aras de los intereses y el bienestar públicos. La postura de Morales denota, en cambio, una clara e inequívoca actitud democrática y una disposición a hacer escuchar todas las voces del conjunto de la sociedad boliviana, lo cual, por otro lado, no es otra cosa más que un acto de congruencia: debe recordarse que la llegada de Morales al poder significó la reivindicación de una población indígena –mayoritaria en esa nación– durante siglos explotada, despojada y excluida de los procesos políticos.
Por lo demás, la apuesta presidencial no está exenta de riesgos: enfrentado a la oligarquía opositora, que controla el Senado, el poder económico e incluso presume el respaldo y las simpatías de “gobiernos afines” en el panorama internacional, Evo Morales no cuenta con aparato de contención alguno, más que el respaldo y la confianza que el pueblo le otorgó en 2005, y el sustento de un proyecto progresista y comprometido con las transformaciones sociales que el país sudamericano necesita con urgencia.
Con este telón de fondo, a los bolivianos les corresponde permanecer alerta, asistir a hacer valer su derecho al sufragio, y denunciar y evitar cualquier intento de subvertir la democracia. A final de cuentas, habrán de decidir entre dos rumbos de país: uno basado en el poder del dinero y en las prácticas ilegales y antidemocráticas, y otro fundamentado en la máxima de que, en democracia, el pueblo es el que manda.
Bolivia: democracia contra oligarquía
El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha aceptado el desafío de la oposición de ese país y anunció que someterá su mandato a un referendo revocatorio que, al menos en principio, se presentaba como un instrumento más de la oligarquía para coartar el proyecto del mandatario. Con ello, Morales ha decidido poner en manos de su pueblo el destino de una nación históricamente dominada por una minoría, que al día de hoy continúa acumulando grandes cuotas de poder político y económico, pero que ha visto amenazados y reducidos sus privilegios con la llegada al poder de un presidente indígena, cuya bandera ha sido, precisamente, la transformación social del país andino.
Ciertamente, la propuesta de consulta popular para decidir la remoción o permanencia del mandatario boliviano no es nueva, ni provino de la oposición: el propio Morales la había presentado en enero como una posible salida para destrabar la aguda crisis política que enfrenta esa nación andina, apuntalada por el debate en torno a las autonomías departamentales, una demanda añeja que, al ser explotada y reivindicada por los grupos oligarcas opositores, principalmente en el departamento de Santa Cruz de la Sierra –el más rico del país–, ha degenerado en un proyecto secesionista que pretende trasladar facultades irrenunciables del gobierno central a las administraciones locales y echar a andar, con ello, un proceso de desintegración nacional. Al parecer, la derecha boliviana quiere aprovechar la coyuntura política actual y decidió, por vía de sus legisladores, aceptar la iniciativa de referendo revocatorio, acaso con la expectativa de reditar los resultados obtenidos el pasado domingo, durante la consulta –antidemocrática, ilegal de origen y desconocida por la comunidad internacional– sobre el “estatuto autonómico” de Santa Cruz.
Frente a esto, el presidente Evo Morales ha optado por someter a decisión popular la continuidad de su mandato. Esto cobra relevancia sobre todo en un contexto internacional en el que las clases políticas de otros países han demostrado incapacidad, sordera y falta de voluntad para atender las demandas ciudadanas, dar voz a los opositores y, en general, para trabajar en aras de los intereses y el bienestar públicos. La postura de Morales denota, en cambio, una clara e inequívoca actitud democrática y una disposición a hacer escuchar todas las voces del conjunto de la sociedad boliviana, lo cual, por otro lado, no es otra cosa más que un acto de congruencia: debe recordarse que la llegada de Morales al poder significó la reivindicación de una población indígena –mayoritaria en esa nación– durante siglos explotada, despojada y excluida de los procesos políticos.
Por lo demás, la apuesta presidencial no está exenta de riesgos: enfrentado a la oligarquía opositora, que controla el Senado, el poder económico e incluso presume el respaldo y las simpatías de “gobiernos afines” en el panorama internacional, Evo Morales no cuenta con aparato de contención alguno, más que el respaldo y la confianza que el pueblo le otorgó en 2005, y el sustento de un proyecto progresista y comprometido con las transformaciones sociales que el país sudamericano necesita con urgencia.
Con este telón de fondo, a los bolivianos les corresponde permanecer alerta, asistir a hacer valer su derecho al sufragio, y denunciar y evitar cualquier intento de subvertir la democracia. A final de cuentas, habrán de decidir entre dos rumbos de país: uno basado en el poder del dinero y en las prácticas ilegales y antidemocráticas, y otro fundamentado en la máxima de que, en democracia, el pueblo es el que manda.
Guerra de narcos deja 16 muertos
Matan a tiros y bazucazos en Culiacán a Édgar Guzmán, hijo del Chapo
En Navolato, 7 ejecuciones; hallan 3 cadáveres con huellas de tortura
Asesinan en el Distrito Federal a comandante de la Policía Judicial
La reacción del hampa, “síntoma de los logros” en su contra, según SG
Urge remitir a México recursos de la Iniciativa Mérida: Casa Blanca
Rubén Villalpando, Javier Valdez, Claudia Herrera, Agustín Salgado, Miroslava Breach, Antonio Heras y Luis A. Boffil
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Declara el CTE el triunfo de Ortega; Encinas rechaza acciones “fraudulentas”
Alonso Urrutia y Fabiola Martínez
Mouriño es un “delincuente confeso”, señala López Obrador
“Tomadura de pelo”, la comisión que lo exoneró, pues “él mismo la formó”
Alma E. Muñoz
Lo exoneró una comisión de diputados que “él mismo formó”
Mouriño, delincuente confeso; exigiremos su castigo: AMLO
Alma E. Muñoz (Enviada)
La Paz, BCS, 9 de mayo. Juan Camilo Mouriño es un “delincuente confeso, exonerado por una comisión de diputados que él mismo formó”, sentenció Andrés Manuel López Obrador, quien consideró “una tomadura de pelo” el trabajo de los legisladores que integran dicha comisión.
Advirtió que como el delito de tráfico de influencias en que incurrió el secretario de Gobernación no prescribe, y “está claro que hay delitos que perseguir, nosotros, desde el gobierno legítimo, nunca vamos a quitar el dedo del renglón para que se castigue a ese delincuente”, advirtió.
Al continuar su gira por el país para reunirse con brigadistas del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, tanto en esta ciudad como en Tijuana, Baja California, el político tabasqueño fue interrogado sobre la decisión de los legisladores que formaron la comisión Mouriño para investigar los contratos que –como apoderado legal de Ivancar– firmó con Petróleos Mexicanos (Pemex) para beneficiar a su familia, cuando era presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y después subsecretario de Energía, cuyas pruebas exhibió López Obrador.
“Esa comisión que crearon fue una tomadura de pelo. Ya sabíamos en qué iba a terminar y que la habían formado a la medida de los intereses de Mouriño y Calderón. La pactaron en la misma Secretaría de Gobernación”, sostuvo.
–Entonces, ¿no se cierra la posibilidad de que se le enjuicie?
–No. Esos asuntos no prescriben. Hay tráfico de influencias en la firma de sus contratos, por lo que existen delitos que perseguir. Desgraciadamente, impera la impunidad en el gobierno usurpador, además de que Mouriño y Calderón son socios.
–¿No implica, entonces, que él ya puede estar tranquilo?
–No. Nosotros nunca vamos a quitar el dedo del renglón.
–¿Se tendría que presentar denuncia formal?
–Vamos a ver en qué termina esto, pero es una gran farsa lo de Mouriño.
Señaló que una regla básica para sacar adelante a Pemex, sin privatizarlo ni “trampear la Constitución”, es combatir la corrupción que allí priva, “para que Mouriño y Calderón no sigan haciendo negocios en el sector energético”.
Y a la par, continuó, hay que luchar para que se transfieran a la paraestatal recursos de los excedentes petroleros, los cuales este año superarán los 20 mil millones de dólares, en lugar de privatizarla. “Así, de paso, Calderón dejaría de manejar ese dinero de manera discrecional”.
–¿Hasta dónde va a llegar la lucha por el petróleo?
–Hasta impedir que se privatice.
Indicó que las reuniones con brigadistas en todo el país son justamente para evitar “abrir de par en par las puertas (de la paraestatal) a manos extranjeras”, como pretende el gobierno calderonista, e insistió en la importancia de que se realice una consulta popular.
¿A cargo de quién? –se le preguntó. “Hay que verlo. Pueden acordarlo los legisladores, pero está contemplado en la Constitución cuando se trata de asuntos importantes para el desarrollo económico y social”, dijo.
Mouriño, delincuente confeso; exigiremos su castigo: AMLO
Alma E. Muñoz (Enviada)
La Paz, BCS, 9 de mayo. Juan Camilo Mouriño es un “delincuente confeso, exonerado por una comisión de diputados que él mismo formó”, sentenció Andrés Manuel López Obrador, quien consideró “una tomadura de pelo” el trabajo de los legisladores que integran dicha comisión.
Advirtió que como el delito de tráfico de influencias en que incurrió el secretario de Gobernación no prescribe, y “está claro que hay delitos que perseguir, nosotros, desde el gobierno legítimo, nunca vamos a quitar el dedo del renglón para que se castigue a ese delincuente”, advirtió.
Al continuar su gira por el país para reunirse con brigadistas del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, tanto en esta ciudad como en Tijuana, Baja California, el político tabasqueño fue interrogado sobre la decisión de los legisladores que formaron la comisión Mouriño para investigar los contratos que –como apoderado legal de Ivancar– firmó con Petróleos Mexicanos (Pemex) para beneficiar a su familia, cuando era presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y después subsecretario de Energía, cuyas pruebas exhibió López Obrador.
“Esa comisión que crearon fue una tomadura de pelo. Ya sabíamos en qué iba a terminar y que la habían formado a la medida de los intereses de Mouriño y Calderón. La pactaron en la misma Secretaría de Gobernación”, sostuvo.
–Entonces, ¿no se cierra la posibilidad de que se le enjuicie?
–No. Esos asuntos no prescriben. Hay tráfico de influencias en la firma de sus contratos, por lo que existen delitos que perseguir. Desgraciadamente, impera la impunidad en el gobierno usurpador, además de que Mouriño y Calderón son socios.
–¿No implica, entonces, que él ya puede estar tranquilo?
–No. Nosotros nunca vamos a quitar el dedo del renglón.
–¿Se tendría que presentar denuncia formal?
–Vamos a ver en qué termina esto, pero es una gran farsa lo de Mouriño.
Señaló que una regla básica para sacar adelante a Pemex, sin privatizarlo ni “trampear la Constitución”, es combatir la corrupción que allí priva, “para que Mouriño y Calderón no sigan haciendo negocios en el sector energético”.
Y a la par, continuó, hay que luchar para que se transfieran a la paraestatal recursos de los excedentes petroleros, los cuales este año superarán los 20 mil millones de dólares, en lugar de privatizarla. “Así, de paso, Calderón dejaría de manejar ese dinero de manera discrecional”.
–¿Hasta dónde va a llegar la lucha por el petróleo?
–Hasta impedir que se privatice.
Indicó que las reuniones con brigadistas en todo el país son justamente para evitar “abrir de par en par las puertas (de la paraestatal) a manos extranjeras”, como pretende el gobierno calderonista, e insistió en la importancia de que se realice una consulta popular.
¿A cargo de quién? –se le preguntó. “Hay que verlo. Pueden acordarlo los legisladores, pero está contemplado en la Constitución cuando se trata de asuntos importantes para el desarrollo económico y social”, dijo.
Declara el CTE el triunfo de Ortega; Encinas rechaza acciones “fraudulentas”
Hubo irregularidades en Chiapas, Oaxaca y Veracruz, recuerda Ernestina Godoy
Da el Comité Técnico Electoral triunfo a Ortega; Garantías cuestiona el cómputo
■ Acosta Naranjo convoca a reunión mañana para validar el acta; es ilegal, advierten encinistas
Cerca de las 23 horas de ayer, los funcionarios responsables de la Comisión Técnica Electoral (CTE) del Partido de la Revolución Democrática dieron a conocer los resultados de la totalidad de las actas de los comicios para la dirigencia del partido. Conforme a las cifras oficiales, el candidato de Nueva Izquierda (NI), Jesús Ortega, obtuvo 557 mil 729 votos, y el aspirante de Izquierda Unida (IU), Alejandro Encinas, 541 mil 515.
Minutos después de difundirse los resultados, la presidenta de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del PRD, Ernestina Godoy, cuestionó la celeridad con que operó la CTE. “En el arranque del proceso de cómputo había irregularidades en estados como Chiapas, Oaxaca y Veracruz. No me explico cómo contabilizaron lo que no se atrevieron a contar”.
Advirtió que la premura de anoche coloca al partido más lejos de un arreglo en el conflicto poselectoral; no obstante, precisó: “ya lo veremos (este cómputo) al momento de la calificación” de los comicios, falta el proceso de impugnaciones.
Con las firmas de Amet Ramos Troconis, coordinador del área de planeación de la CTE –quien había rubricado el acta anterior con 83.95 por ciento de los sufragios–, y de Fermín Pérez Montes, encargado del área jurídica, el acta fue elaborada “en cumplimiento estricto de lo ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el pasado 7 de mayo”.
El documento fue depositado minutos antes de las 9 de la noche en la Oficialía de Partes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), instancia que tiene un plazo de 48 horas para determinar la validez del mismo, para lo cual, Guadalupe Acosta Naranjo –presidente provisional no reconocido por IU y que ha sido impugnado ante la Comisión Nacional de Garantías– ya convocó a una sesión del CEN para mañana a las 11 horas.
El proceso se realizó con extraordinaria celeridad, incluso antes de que transcurrieran la mitad de las 72 horas fijadas por el TEPJF para cerrar los conteos estatales y 48 más para elaborar el cómputo nacional.
Interpretaciones distintas
La rapidez con que concluyó el dictamen de los cómputos estatales y el nacional fue producto de la confrontación de las interpretaciones legales de ambas corrientes, en la que finalmente se impuso la posición de Nueva Izquierda.
Para los representantes de Izquierda Unida, en los hechos fue un albazo que atropelló todos los plazos fijados por el TEPJF, en el que se avalaron los cómputos ilegalmente realizados, especialmente el de Chiapas, cuya inclusión permitió que Ortega pudiera obtener la ventaja final.
La confrontación entre las corrientes del PRD se trasladó a la interpretación legal del fallo emitido por el tribunal federal respecto a los plazos para concluir los cómputos de la elección del pasado 16 de marzo.
Los simpatizantes de Ortega operaron para que su interpretación jurídica del fallo de los magistrados prevaleciera entre los responsable de la CTE. Para esta corriente, los cómputos estatales ya habían sido concluidos y, por tanto, el plazo de 72 horas que habían dado era innecesario, por lo que debía –como sucedió– elaborarse el acta del cómputo nacional dentro de las 48 horas siguientes a la notificación oficial del TEPJF.
Sin embargo, para los encinistas resultaba inadmisible cerrar el proceso validando el conteo “irregular” en Chiapas, cuya importancia en el resultado final era clave para inclinar la balanza en favor de Ortega, según dijo Dolores Padierna, quien consideró que por esa razón era necesario que corrieran los plazos de los cómputos estatales, para no validar aquellos que fueron irregulares y revisar los que se efectuaron tras la renuncia de Arturo Núñez a la Comisión Técnica Electoral, porque “no tienen aval jurídico”.
Para ambos grupos, los tiempos fueron clave en el desenlace de anoche, dada la condición de incertidumbre jurídica respecto a la presidencia del partido, ya que solamente el dirigente nacional puede convocar a una reunión del CEN para validar el acta.
En tal sentido, para Nueva Izquierda era fundamental acelerar los tiempos de decisión antes de que la Comisión Nacional de Garantías pudiera desahogar el recurso de los seguidores de Encinas en contra de la sesión del Consejo Nacional Extraordinario, donde se nombró “ilegalmente” a Acosta Naranjo.
La celeridad del proceso sorprendió incluso a Ernestina Godoy, a quien los integrantes de la CTE le manifestaron la existencia de “una problemática” al momento de iniciar el cómputo. “Hasta donde sé, no van a concluir hoy (viernes)... pero puede haber sorpresas”, había dicho una hora antes de que finalizara el cómputo.
Garantías –instancia que el TEPJF emplazó para dar cumplimiento a la sentencia– tenía previsto monitorear y solicitar información a los integrantes de la comisión electoral del PRD, a fin de garantizar el cumplimiento de la resolución dictada por los magistrados electorales. Sin embargo, el fast track de la comisión electoral terminó por rebasar las previsiones de Godoy.
La jornada transcurrió también con supuestos contactos entre los líderes de las corrientes internas para analizar la propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas, quien en la víspera planteó la necesidad de que se reúnan los integrantes del Consejo Político del PRD para encontrar una salida al conflicto poselectoral y analizar la forma en que podría refundarse el partido. Esta opción representaría que Encinas y Ortega renuncien a sus aspiraciones.
Por la mañana, en entrevista para la televisión, Acosta Naranjo perfilaba el cierre del cómputo de ciento por ciento de las actas, y que Ortega resultaría ganador con una ventaja de 16 mil 800 votos.
Horas después, Padierna informó que recibieron una convocatoria de Acosta Naranjo para que el CEN sesione este domingo a las 11 de la mañana, con el único punto de avalar el acta de la CTE.. Para nosotros –dijo– esta convocatoria “es ilegal, porque su designación también lo es, está recurrida ante la Comisión Nacional de Garantías y, por tanto está sub júdice.
Minutos después de difundirse los resultados, la presidenta de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del PRD, Ernestina Godoy, cuestionó la celeridad con que operó la CTE. “En el arranque del proceso de cómputo había irregularidades en estados como Chiapas, Oaxaca y Veracruz. No me explico cómo contabilizaron lo que no se atrevieron a contar”.
Advirtió que la premura de anoche coloca al partido más lejos de un arreglo en el conflicto poselectoral; no obstante, precisó: “ya lo veremos (este cómputo) al momento de la calificación” de los comicios, falta el proceso de impugnaciones.
Con las firmas de Amet Ramos Troconis, coordinador del área de planeación de la CTE –quien había rubricado el acta anterior con 83.95 por ciento de los sufragios–, y de Fermín Pérez Montes, encargado del área jurídica, el acta fue elaborada “en cumplimiento estricto de lo ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el pasado 7 de mayo”.
El documento fue depositado minutos antes de las 9 de la noche en la Oficialía de Partes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), instancia que tiene un plazo de 48 horas para determinar la validez del mismo, para lo cual, Guadalupe Acosta Naranjo –presidente provisional no reconocido por IU y que ha sido impugnado ante la Comisión Nacional de Garantías– ya convocó a una sesión del CEN para mañana a las 11 horas.
El proceso se realizó con extraordinaria celeridad, incluso antes de que transcurrieran la mitad de las 72 horas fijadas por el TEPJF para cerrar los conteos estatales y 48 más para elaborar el cómputo nacional.
Interpretaciones distintas
La rapidez con que concluyó el dictamen de los cómputos estatales y el nacional fue producto de la confrontación de las interpretaciones legales de ambas corrientes, en la que finalmente se impuso la posición de Nueva Izquierda.
Para los representantes de Izquierda Unida, en los hechos fue un albazo que atropelló todos los plazos fijados por el TEPJF, en el que se avalaron los cómputos ilegalmente realizados, especialmente el de Chiapas, cuya inclusión permitió que Ortega pudiera obtener la ventaja final.
La confrontación entre las corrientes del PRD se trasladó a la interpretación legal del fallo emitido por el tribunal federal respecto a los plazos para concluir los cómputos de la elección del pasado 16 de marzo.
Los simpatizantes de Ortega operaron para que su interpretación jurídica del fallo de los magistrados prevaleciera entre los responsable de la CTE. Para esta corriente, los cómputos estatales ya habían sido concluidos y, por tanto, el plazo de 72 horas que habían dado era innecesario, por lo que debía –como sucedió– elaborarse el acta del cómputo nacional dentro de las 48 horas siguientes a la notificación oficial del TEPJF.
Sin embargo, para los encinistas resultaba inadmisible cerrar el proceso validando el conteo “irregular” en Chiapas, cuya importancia en el resultado final era clave para inclinar la balanza en favor de Ortega, según dijo Dolores Padierna, quien consideró que por esa razón era necesario que corrieran los plazos de los cómputos estatales, para no validar aquellos que fueron irregulares y revisar los que se efectuaron tras la renuncia de Arturo Núñez a la Comisión Técnica Electoral, porque “no tienen aval jurídico”.
Para ambos grupos, los tiempos fueron clave en el desenlace de anoche, dada la condición de incertidumbre jurídica respecto a la presidencia del partido, ya que solamente el dirigente nacional puede convocar a una reunión del CEN para validar el acta.
En tal sentido, para Nueva Izquierda era fundamental acelerar los tiempos de decisión antes de que la Comisión Nacional de Garantías pudiera desahogar el recurso de los seguidores de Encinas en contra de la sesión del Consejo Nacional Extraordinario, donde se nombró “ilegalmente” a Acosta Naranjo.
La celeridad del proceso sorprendió incluso a Ernestina Godoy, a quien los integrantes de la CTE le manifestaron la existencia de “una problemática” al momento de iniciar el cómputo. “Hasta donde sé, no van a concluir hoy (viernes)... pero puede haber sorpresas”, había dicho una hora antes de que finalizara el cómputo.
Garantías –instancia que el TEPJF emplazó para dar cumplimiento a la sentencia– tenía previsto monitorear y solicitar información a los integrantes de la comisión electoral del PRD, a fin de garantizar el cumplimiento de la resolución dictada por los magistrados electorales. Sin embargo, el fast track de la comisión electoral terminó por rebasar las previsiones de Godoy.
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Por la mañana, en entrevista para la televisión, Acosta Naranjo perfilaba el cierre del cómputo de ciento por ciento de las actas, y que Ortega resultaría ganador con una ventaja de 16 mil 800 votos.
Horas después, Padierna informó que recibieron una convocatoria de Acosta Naranjo para que el CEN sesione este domingo a las 11 de la mañana, con el único punto de avalar el acta de la CTE.. Para nosotros –dijo– esta convocatoria “es ilegal, porque su designación también lo es, está recurrida ante la Comisión Nacional de Garantías y, por tanto está sub júdice.
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Violencia y discriminación inhiben el derecho a la educación: CDHDFSeñala el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que es preocupante la pobreza e intolerancia en la que se desenvuelven los jóvenes
Claudia Bolaños / EL UNIVERSALEl UniversalCiudad de MéxicoSábado 10 de mayo de 2008
Claudia Bolaños / EL UNIVERSALEl UniversalCiudad de MéxicoSábado 10 de mayo de 2008
Cuatro de cada diez jóvenes que abandonan la escuela lo hacen por necesidad, y en el caso del bachillerato, un 40 por ciento no la culminan, además de que enfrentan la incomprensión de los adultos, dijo el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
"La violencia y la discriminación se convierten en poderosas dinámicas que inhiben el ejercicio del derecho a la educación, y ese es el contexto en el que nos movemos", refirió.
Poco más del 50% de los jóvenes mexicanos se ubicaron en los niveles de cero y uno en las habilidades de ciencia y matemáticas, lo cual refleja su insuficiencia para continuar en sus estudios en los niveles superiores.
En la clausura del Diplomado "Inclusión Educativa y Derechos Humanos", realizado en la Universidad La Salle, participaron 60 docentes de secundarias y bachilleratos del Distrito Federal.
En ese contexto opinó que la ola de intolerancia extremadamente preocupante que surgió con los "chavos" denominados "emos", es parte de esa mala relación y entendimiento hacia los menores.
"El ejemplo que los adultos damos es la resolución de nuestras diferencias a partir de la intolerancia; por qué esperamos que los jóvenes resuelvan distinto", cuestionó.
"Por qué los jóvenes tendrían que actuar distinto si los adultos hemos resuelto nuestras diferencias en base a la intolerancia, si llevamos tres años de diferencia política, de polarizar a nuestra sociedad, de no dar el ejemplo de que la democracia implica valores como el diálogo y sentarse a platicar", apuntó.
"La violencia y la discriminación se convierten en poderosas dinámicas que inhiben el ejercicio del derecho a la educación, y ese es el contexto en el que nos movemos", refirió.
Poco más del 50% de los jóvenes mexicanos se ubicaron en los niveles de cero y uno en las habilidades de ciencia y matemáticas, lo cual refleja su insuficiencia para continuar en sus estudios en los niveles superiores.
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