Paramilitarismo mexicano

Francisco Cerezo Contreras

10 de mayo de 2008

La amenaza de muerte que ha recibido el Comité Cerezo México demuestra un fenómeno que no se había dado en nuestro país, aunque en Colombia lleva ya varios años de ventaja: la oficialización de un grupo paramilitar, es decir, la creación y operación dentro de la estrategia represiva del Estado de un grupo de miembros de sus corporaciones policiacas y militares con acceso a información clasificada de inteligencia, con movilidad y recursos materiales, monetarios y humanos ilimitados y, sobre todo, que trabaja en la clandestinidad; esta última característica es un gran salto dentro de la estrategia contrainsurgente, a diferencia del carácter estatal de la Dirección Federal de Seguridad y su Brigada Blanca de los 70 y 80.

El Estado mexicano cubre varios objetivos al emplear esta forma represiva.

Primero: evadir la acusación de que emplea la desaparición forzada de personas por motivos políticos, negando en reiteradas ocasiones que no tienen nada que ver con la detención-desaparición de dos miembros del EPR.

Segundo: mostrarse como un país democrático —recordemos que ratificó el protocolo sobre desaparición forzada— al investigar legalmente la denuncia de la desaparición forzada. Aunque no todas sus piezas trabajan al mismo ritmo; a los familiares les negaron poner una denuncia ante el Ministerio Público Federal, y cuando ésta se realizó fue iniciada por el delito de secuestro y privación ilegal de la libertad, negando el delito de desaparición forzada de personas, intentando, en el tenor del primer objetivo, que queden como delitos cometidos por particulares.

Tercero: salir del atolladero políticamente, acusando a algunos de sus miembros de bajo rango de “malos elementos” que por su cuenta y “olvidando” sus obligaciones realizaron la detención-desaparición, con lo cual oculta la cadena de mando de responsabilidades y se exonera de la utilización de la desaparición forzada como estrategia del terrorismo de Estado.

Cuarto: el Estado pone en operación a un grupo que crea el imaginario social de que es una venganza de personas ajenas al Estado, deslindando así su participación y creando de manera artificial a un tercer actor, que tratará de convencernos de que no sólo no es parte orgánica del Estado, sino de que no está bajo su control.

Este cuarto punto es la oficialización de la utilización de los métodos ilegales para el combate a la subversión y todo aquello que se le parezca, así sean miembros de grupos insurgentes y todo lo que considere su entorno; sus familias, los defensores de los derechos humanos y del movimiento estudiantil, social y popular empezaremos a sufrir hostigamientos, amenazas de muerte, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales no sólo desde las fuerzas policiaco-militares regulares del Estado, sino desde la mano siniestra de éste, manteniendo así en la impunidad su actuar ilegal.

Generaremos entonces una larga cauda de averiguaciones previas, tal vez hasta iniciadas de oficio por el Estado en su “preocupación” por “impartir justicia” y “castigar a los responsables”, mientras ilegalmente intenta destruir el tejido social provocando terror para detener la lucha social y el descontento generado por las reformas estructurales que ha venido impulsando en los últimos años. No nos extrañemos de que pronto y debido a la lucha que seguiremos dando las organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas de este grupo paramilitar, el Estado se vea forzado a crear una institución de protección a defensores de los derechos humanos, y en unos 30 años logremos —lo que pasa en Colombia— probar judicialmente que aquellos que hoy están en las altas esferas del Estado son los principales promotores de los grupos paramilitares.

¿Miedo? ¡Por supuesto! Nadie en su sano juicio quiere ser víctima del hostigamiento, la tortura y el asesinato, pero no somos nosotros los que con nuestra actividad en defensa de nuestros derechos provocamos un final así; entendemos que existe el riesgo por decidir conscientemente contribuir con nuestro esfuerzo a un México justo y democrático, y cualquier daño a la integridad física y sicológica de todos y cada uno de los miembros de la organización de derechos humanos Comité Cerezo México es responsabilidad del Estado mexicano ahora encabezado por el presidente Felipe Calderón, ya sea que lo realice legalmente o a través de su nuevo y terrorífico grupo paramilitar.

Miembro del Comité Cerezo México