En días pasados, Tlatelolco Lab y el Programa Universitario Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, ambas instancias de investigación de la UNAM, dieron a conocer un estudio en el que se detalla la manera en que se articula una campaña contra López Obrador para relacionarlo con el narcotráfico. El análisis se divide en dos medios: por una parte, cómo se inflaron ciertas tendencias en redes sociales y, por otra, la forma en que ese mismo mensaje apareció en 32 columnas de opinión de los medios corporativos de comunicación. En el caso de las redes sociales, Twitter, Instagram, y Facebook, se encontraron decenas de cuentas anómalas “en ráfaga”, es decir, usuarios falsos que emitieron un mensaje cada minuto y 12 segundos.
Usaron varios hastags, #Narcopresidente y #narcomorena, aunque también uno muy entrañable como #narcocomunista. Lo hicieron justo en los días anteriores a la jornada electoral del pasado 5 de junio, es decir, aprovechando la veda electoral y se coordinaron con otros usuarios que usaban los hastags de #eleccionesaguascalientes o #eleccionesdurango. Queda claro, entonces, que era una operación robotizada para influir en las elecciones.
Notablemente, este mensaje fue reproducido por columnistas de opinión. Los programas de la investigación de la UNAM ubicaron a dos grupos: por un lado, opinadores anti-amlo como Loret de Mola, Héctor de Mauleón, Ricardo Alemán o Federico Reyes Heroles; y, por otro, políticos que aprovecharon entrevistas o discursos en tribuna como Francisco Labastida o Beatriz Pagés, del PRI o Rubén Aguilar, el exvocero de Vicente Fox, y hasta Porfirio Muñoz Ledo que milita en el partido de sí mismo. En la lista hay un opinador, Fernando García Ramírez, uno de los señalados, junto con Enrique Krauze, de sostener una fábrica de noticias falsas contra López Obrador durante la campaña de 2018; un caso que se llamó consecutivamente, “Pejeleaks”, “Operación Berlín” o “El populismo en América Latina” y que tuvo su punto culminante en la “intelectualmente formidable” intervención de Rusia a favor de López Obrador. Todavía nos seguimos riendo.
Según el estudio de la UNAM, la idea es vincular al Presidente López Obrador y su partido con el narcotráfico se hizo a partir de repetir que existe un pacto del Estado con el crimen; que las visitas del Presidente para supervisar una carretera que pasa por la sierra tradicional del narco en Sinaloa son sospechosas; y que los homicidios por todo el país se deben a eso, a saludar a la mamá del Chapo.
El narcomensaje es, como toda propaganda, una conjunto de vilezas y pequeñeces. Su centro es decir que la estrategia para la pacificación del país es un pacto con el narco. Es decir, que atacar las causas del sicariato con becas escolares, que sembrar millones de árboles que sustituyan a la amapola, que demandar a las compañías de armas estadunidenses por venderles a los criminales mexicanos, que congelar las cuentas asociadas a los cárteles, que detener los precursores químicos en las aduanas, que todo eso no importa si no hay balaceras del ejército y la marina en las calles. Uno de los materiales de comunicación de la campaña dice: “Calderón atacó al narco para defender a la sociedad. AMLO ataca a la sociedad para defender al narco”. Y esa es justo la idea que quieren transminar los autores intelectuales de esta campaña: claman que haya más muertos para que baje el número de muertos. Se quejan, por ejemplo, de que no se haya detenido a Ovidio Guzmán el 17 de octubre de 2019, a pesar de que hacerlo habría desatado una masacre, por lo menos de los hijos de los militares que estaban acordonados por los narcotraficantes en un multifamiliar de Culiacán. Lo que quieren ver es el río de sangre que generó Felipe Calderón donde todos los muertos eran “daños colaterales” y los desaparecidos, culpables de su propia desaparición. Se quejan, también, de que el Presidente haya dicho que, en el “Triángulo Dorado”, entre Chihuahua, Sinaloa y Durango, hay gente trabajadora. De inmediato los que piensan que Oaxaca, Chiapas y Guerrero deberían ser separados del resto del país por pobres, los que se refieren a Putla como “pueblo arrabalero y horroroso”, protestaron porque, para ellos, hay estados “narcotraficantes”, es decir, regiones enteras de la república que no debieran gozar de derechos constitucionales. Y ese es justo uno de los prejuicios con respecto a los estados donde ganó Morena: si obtuvo una mayoría de votos para gobernar Sinaloa, los criminales deben haber influido. No dicen nada de Durango, por ejemplo, cuya gubernatura conservó la alianza opositora del PRIAN y que sería, en su prejuicio geográfico, parte del triángulo delincuente.
Pero otro rasgo sobresaliente de los columnistas y exfuncionarios ligados al narcomensaje es que no sólo no ofrecen pruebas de sus dichos sino que aclaran que no se trata más que de inferencias. Como en el caso de la casa de Houston de la nuera del Presidente o de la fábrica de chocolates de sus hijos, los autores señalan sin rubores que lo que uno va a leer no es verdad, sino una suposición suya. Como he dicho otras veces, una inferencia requiere de una regularidad: si ves una nube negra, infieres que va a llover. Pero en el caso de estas “inferencias” periodísticas no hay regularidad a la cual atender, salvo por el prejuicio geográfico según el cual hay estados de México que son narcotraficantes. Veamos, por ejemplo, a Raymundo Rivapalacio, señalado en el estudio de la UNAM. Publica el 6 de junio, un día después de la elección, un texto en El Financiero que dice: “Nada realmente sorprendente en esta elección, salvo, una vez más, la notoria mano del narco y la forma como fue actuando en el proceso. En Tamaulipas las acciones estaban encaminadas a minar la alianza; en Oaxaca, a repartirse la victoria morena”. Si es tan “notoria” la mano del narco, al menos podría decir unas tres formas de su notoriedad. Al menos algo para entender cómo el narco quería minar a la alianza que sostiene en Tamaulipas justo a un gobernador desaforado por el Congreso de la Unión por nexos con el crimen organizado.
Otro ejemplo es el del exvocero de Vicente Fox, Rubén Aguilar, que escribe en Animal Político dos días antes de la elección: “A partir de la elección del 6 de junio de 2021 la situación cambió de manera radical. El crimen organizado participó en las elecciones a gobernador como nunca había ocurrido en la historia de México. Su influencia fue definitiva”. Igual que con la “notoriedad” de Rivapalacio, a Rubén Aguilar se le escapa la “influencia definitiva” porque no da un solo dato sobre esa definitividad que, en nuestro idioma, quiere decir rotundo, categórico, contundente.
Otra manera fue la del Sol de México que publicó el 8 de marzo de este año una cabeza que se lee: “Utiliza el narco ganancias para influir en elecciones en México, advierte EU”. Cuando leemos la nota, se supone que 17 agencias de inteligencia estadunidenses —no sabía que pagaban tantas— dicen que “En partes de México, las organizaciones criminales transnacionales usan miles de millones de dólares de las ganancias del tráfico de drogas para intimidar a políticos e influir en elecciones”. Es decir, lo que se entiende en la cabeza como financiamiento ilegal de candidatos, ya en la nota se debilita a que los criminales intimidan candidatos. Lo más soprendente quizás es que se tengan que reunir a 17 agencias de espionaje norteamericanas para saber que los criminales amenazan, amedrentan y coaccionan.
Acaso lo más notable del estudio de la UNAM es que destaca la participación de medios internacionales en la campaña negra contra AMLO. En Deutsche Welle de Alemania, El País de España, o Los Angeles Times aparecieron notas llenas de “notorios” y “definitivos” pactos con el crimen. Es como si le hubieran dado crédito a Silvano Aureoles, el exgobernador de Michoacán que, tras su derrota el 6 de julio de 2021, llevaba y traía una silla de plástico verde para sentarse a esperar a que alguien, en una oficina de gobierno, le recibiera sus denuncias. Él fue de los primeros que aseguraron la victoria de los narcotraficantes en su estado y hasta fue recibido por Luis Almagro, ese humanista de la OEA, pero todo se vino abajo cuando al propio Aureoles le descubrieron un quebranto que se calculó en 50 mil millones de pesos del erario michoacano. Parte de ese dinero, se presume, financió la plataforma cómico-política, Latinus. Desde entonces, Aureoles anda desaparecido de las denuncias públicas.
Unos usuarios anónimos y robotizados en redes, unos opinadores en diarios nacionales, y otros en internacionales respaldan la idea de un Narco Estado sin mayor prueba. Se trata de un mensaje para no reconocer que la ola democrática en México está encabezada por las decenas de millones de electores que respaldan el proyecto de la 4T, el de la contención de la desigualdad, la lucha contra la corrupción, y las obras de infraestructura. Para no mirar a los ciudadanos plebeyos, la oposición más siniestra y ruin que la de los partidos, la de la opinión alquilada, declara que los triunfos del obradorismo son de los narcos que, no se sabe, a lo mejor desplazan a millones de personas bajo amenazas a las mesas ciudadanas de votación. A lo mejor, desde debajo de sus bigotes y sombreros, le ordenan a la población a ir a votar en tal o cual sentido. O quizás son dueños de una estructura corporativa que nadie ha detectado ni estudiado. ¿Para quién está pensado ese mensaje ridículo? Quizás sólo para sembrar sospechas, para decir que no sólo hay Genaros García Lunas, Felipes Calderón, o Cabezas de Vaca en la alianza del PRIAN, para debilitar la esperanza en una nueva política. Quién sabe. Pero, a juzgar por los resultados electorales, los narcomensajeros siguen siendo botellas al mar.
Fabrizio Mejía Madrid
Es escritor y periodista. Colabora en La Jornada y Aristégui Noticias. Ha publicado más de 20 libros entre los que se encuentran las novelas Disparos en la oscuridad, El rencor, Tequila DF, Un hombre de confianza, Esa luz que nos deslumbra, Vida digital, y Hombre al agua que recibió en 2004 el Premio Antonin Artaud.
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