La iniciativa fue presentada en el Senado de la República por mujeres de las colectivas Las del Aquelarre, Raíces Radicales, Asteria, La Resistencia Radical, Lesbianas Feministas Abolicionistas, Ley Vicaria, Amor No Es Violencia, Cariátides y el Frente Nacional Feminista Abolicionista. En la presentación participó también el senador José Narro Céspedes, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien apoya abiertamente la propuesta.
Durante una conferencia de prensa, Teresa Ulloa Ziárruiz, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés), explicó que la iniciativa pretende reformar varios artículos de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, así como de la Ley General de Salud.
Los cambios en ambos documentos se enfocan en el ámbito del tráfico de órganos. En los artículos referentes al tema, únicamente están penadas las acciones en lo que respecta al tráfico de órganos, tejidos y sus componentes; con los cambios propuestos, las penalizaciones serían mayores y también incluirían a quienes trafiquen, además, con las funciones de los órganos, tal como ocurre en el caso del alquiler de vientres.
La abogada Teresa Ulloa y la diputada Beatriz Rojas Martínez (Morena) son quienes redactaron la iniciativa. Por su parte, Rojas Martínez la presentó en la Cámara de Diputados, pero aún falta que llegue al Senado de la República de manera formal.
Durante las próximas semanas, las mujeres de las colectivas propulsoras trabajarán arduamente para conseguir el apoyo de más senadoras y senadores. Así, la reforma podrá llevarse al pleno y discutirse para su aprobación.
Una práctica denigrante para mujeres e infancias
Keith López Nares, internacionalista y maestrante en Desarrollo Rural en el Colegio de Postgraduados campus Montecillo, ha investigado de cerca el negocio de los vientres de alquiler en el estado de Tabasco. Según las declaraciones de la investigadora durante la conferencia en el Senado, las mujeres más vulnerables son quienes recurren a esta forma de explotación para subsistir.
De acuerdo con López Nares, pese a las regulaciones que hay en la entidad, la realidad es que existen redes de corrupción que incluyen al gobierno, registros civiles, empresas y hasta grupos de la delincuencia organizada.
Aunque la renta de vientres y la donación de óvulos se consideran un método de reproducción asistida, en la práctica no busca tratar la infertilidad; por el contrario, daña los cuerpos de las mujeres que pasan por estos procedimientos, de acuerdo con Keith López.
Teresa Ulloa secundó esta opinión y detalló que hay consecuencias documentadas derivadas de este tipo de métodos. Tales consecuencias incluyen el desarrollo de cáncer, ovarios poliquísticos e infertilidad entre las mujeres que se someten a altas dosis de hormonas para poder vender sus óvulos o alquilar sus vientres.
De acuerdo con Keith López, las autoridades y las empresas ignoran dichas repercusiones para las mujeres. Ellas, por su parte, no pueden costear tratamientos médicos para recuperarse, pues el dinero que les pagan por las funciones de sus órganos apenas les alcanza para cubrir sus necesidades básicas.
Esto no es más que la explotación de los cuerpos de las mujeres, no es más que la explotación y comercialización de sus hijos. Nadie tiene derecho a comprar un ser humano a costa del cuerpo de otra.
Keith López Nares
Mónica Soto Elízaga, maestra en ciencias sociales y miembra del Frente Nacional Feminista Abolicionista, declaró que la renta de vientres también vulnera los derechos de las niñas y niños concebidos bajo estos métodos.
Estas infancias –afirmó Soto Elízaga– tienen derecho a conocer su origen e historia genética: “Son personas que se pertenecen a sí mismas y nadie puede disponer de sus vidas”, declaró la también activista. Por otro lado, aseveró que las niñas y niños tienen derecho a ser parte de una familia, y las parejas no tienen derecho a comprar a una o un menor para satisfacer sus deseos.
“Legalizar los vientres de alquiler no es más que abrir las puertas al capitalismo salvaje“, un capitalismo en el que se puede mercantilizar hasta con el cuerpo de las mujeres, sentenció Mónica Soto.
Reforman en contra de los derechos de las mujeres
De acuerdo con Teresa Ulloa Ziárruiz, las senadoras Sylvana Beltrones Sánchez y Olga Sánchez Cordero han formado iniciativas para regular el alquiler de vientres bajo el término de “maternidad subrogada”. No obstante, el movimiento feminista abolicionista sigue luchando para detener esta regulación que atenta contra la integridad de mujeres e infancias.
La práctica del alquiler de vientres también se realiza legalmente en Sonora, pero en otros estados se lleva a cabo bajo la clandestinidad. Además, de acuerdo con Keith López Nares, hay personas que sacan a mujeres de Tabasco para llevarlas a otros lados y forzarlas a ejercer este tipo de reproducción.
Bajo la consigna “las mujeres no somos incubadoras, los niños no son objeto ni mercancías“, las colectivas feministas exigieron que deje de reformarse a favor de estas prácticas que no son más que otra modalidad de trata. Solo así se garantizará una protección real hacia los cuerpos de mujeres y niñas y niños, quienes no deberían formar parte de un mercado voraz.
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