En este sentido, el 20 de junio se conmemora el Día Mundial de las y los Refugiados, aunque el contexto internacional para estos grupos sigue en estado crítico. Según la OCHA, los países con los índices de desplazamiento forzado más altos son regiones de Asia y África, específicamente Afganistán, Myanmar, Siria, Sudán del Sur y la República Democrática del Congo.
Un elemento en común entre estas regiones son los numerosos conflictos armados que azotan a diferentes comunidades, sumiéndolas en olas de violencia, hambre y pobreza. En medio de los conflictos, las mujeres y niñas son las más afectadas.
Tortura, abusos y pobreza ocasionan desplazamiento forzado entre mujeres
Quizá dos de los conflictos internacionales más mediatizados en estos últimos años son el golpe militar en Myanmar y la ocupación de Afganistán por parte del régimen talibán.
En la región africana, miles de mujeres se han unido a las protestas contra el golpe de Estado realizado en 2021. Desafortunadamente, de acuerdo con medios como la BBC, muchas de ellas han sido detenidas por las fuerzas policiales y amenazadas con violaciones por su oposición al golpe.
Algunas de las mujeres incluso han denunciado que fueron víctimas de acoso sexual y tortura mientras estaban bajo custodia de las fuerzas armadas. Esto las ha obligado a dejar su país y trasladarse a regiones europeas como España.
Mientras tanto, en Afganistán, el régimen talibán está imponiendo medidas que limitan los derechos humanos y atentan contra la dignidad de mujeres y niñas. Así, mientras unas no pueden acceder a la educación, otras no tienen permitido salir de sus casas a menos que sea completamente necesario y solo pueden hacerlo completamente cubiertas de pies a cabeza.
Al igual que en Myanmar, los conflictos sociales en Afganistán iniciaron en 2021. Sin embargo, en Siria, Sudán del Sur y República Democrática del Congo hay combates internos que llevan años desarrollándose y también han obligado a miles de mujeres a dejar sus hogares.
En Siria, por ejemplo, ya han pasado 11 años desde la revolución contra el régimen de Bashar al-Ássad. Pese a esto, el país continúa en una crisis social y económica que ha afectado principalmente a las mujeres.
Durante la última década, jóvenes, adultas y niñas sirias han perdido hijas e hijos, parejas y padres y madres, quienes eran los principales sustentos de sus hogares. A causa de esto, muchas de ellas se han visto obligadas a desplazarse a lugares como Irak y Líbano, donde se refugian en campamentos que en la mayoría de los casos no se dan abasto para cubrir sus necesidades básicas.
Sudán del Sur, por su parte, se está reponiendo de una guerra civil que inició en 2013 y que terminó recién en 2020. Este fue un conflicto que, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), trajo consigo un aumento en la violencia y explotación sexual contra mujeres y niñas.
Mientras tanto, en la República Democrática del Congo, el número de combates internos en el país y su intensidad han crecido durante el último año, según el Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre (Oxfam). Aquí, la escasez de alimentos y agua, así como la reaparición del ébola y la violencia sexual generalizada en algunas regiones están empujando a miles de mujeres a abandonar sus comunidades.
La pandemia recrudeció la situación para mujeres y niñas refugiadas
A la par de estos conflictos, la pandemia de COVID-19 recrudeció las violencias hacia las mujeres, quienes en muchos casos tuvieron que confinarse con sus agresores y enfrentar mayores desigualdades en temas como el desempleo o la falta de ingresos.
Esto provocó aún más desplazamientos forzados entre mujeres y niñas. Pero además, expuso a más violencias a aquellas que ya estaban en situación de movilidad, buscando refugio en países diferentes al suyo.
Según datos del Fondo Malala, por ejemplo, es probable que el 50 por ciento de las niñas refugiadas que abandonaron la escuela durante la pandemia no vuelvan a pisar un salón de clases nunca más.
Aunado a esto, las restricciones por la pandemia, el cierre de fronteras internacionales y las cuarentenas limitaron las posibilidades de las familias refugiadas de reunirse en países de asilo. Por el contrario: la Organización de las Naciones Unidas (ONU) explica que se incrementó la posibilidad de separación entre madres, padres e hijas e hijos.
A lo anterior se suma el golpe derivado de la crisis económica y social para diferentes programas de ayuda a niños, niñas y sobrevivientes de violencia de género. Organismos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se vieron obligadas a reformar estos programas, pero no han garantizado concretamente la protección de miles de mujeres y niñas alrededor del mundo.
La pandemia también exacerbó la discriminación hacia las personas refugiadas, quienes han experimentado rechazo bajo argumentos racistas y clasistas que las señalan como portadoras de COVID-19.
Previo a la crisis desatada por este virus, niñas y mujeres desplazadas de sus países ya se enfrentaban a otras violencias: según OCHA, entre 24 y 80 por ciento de ellas experimentaron algún tipo de violencia sexual durante su tránsito. Además, el riesgo latente del tráfico de personas o matrimonios infantiles está presente, incluso en los países de acogida.
Ante este panorama, las acciones de diferentes organizaciones internacionales han quedado limitadas. Mientras tanto, millones de mujeres y niñas continúan siendo víctimas de diversos problemas sociales que las oprimen de profundas maneras.
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