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Los medios de comunicación occidentales nos han acostumbrado a
contemplar las naciones iberoamericanas de forma bipolar y maniquea.
Según los grandes medios, como Le Monde o El País, habría buenos y
malos. Demócratas y déspotas. Dirigentes realistas y utópicos. En
definitiva, «análisis» periodísticos muchas veces sesgados, incompletos
y muy a menudo engañosos. En este incesante flujo mediático, un país
goza de un trato de favor especial: ¡México! ¡Y no es de extrañar!
Desde que el país se embarcó en la vía neoliberal, hace más de treinta
años, no ha dejado de recibir alabanzas de la prensa y de los gobiernos
occidentales. Liberalización de la economía, sumisión a Estados Unidos,
privatizaciones a marchas forzadas... El cóctel del FMI y del Banco
Mundial se ha seguido al pie de la letra para gran satisfacción de los
mercados financieros y de los inversores extranjeros.
La
enfeudación de México a las multinacionales extranjeras alcanzó el
paroxismo cuando, el 20 de diciembre de 2013, el presidente Enrique
Peña Nieto anunció una reforma constitucional destinada a privatizar el
petroleo del país en beneficio de empresas extranjeras. Pemex, la
empresa pública que mantenía hasta entonces un monopolio sobre el
petroleo quedó vacía de contenido y pasó a ser un simple subcontratista
del ministerio de energía.
Lázaro Cárdenas, padre del Estado
moderno mexicano que, en 1938, hizo del petroleo un bien público
inalienable para apartar a las multinacionales depredadoras, sin duda
tuvo que «retorcerse en la tumba».
Como ya imaginarán, esta
decisión provocó un torrente ininterrumpido de aplausos y
felicitaciones por parte de las multinacionales, de los mercados
financieros, de los gobiernos occidentales y, claro está, de los medios
de comunicación. Se abría la veda del petroleo. El Washington Post en
su editorial del 16 de diciembre de 2013 acogía con entusiasmo esta
reforma del presidente mexicano: «Cuando la economía de Venezuela
implosiona y el crecimiento de Brasil se estanca, México se está
convirtiendo en el productor de petróleo latinoamericano a tener en
cuenta y en un ejemplo de cómo la democracia puede ayudar a un país en
desarrollo».
Incluso el Financial Times elogiaba esta
iniciativa presidencial: «la votación histórica de México a favor de la
apertura de su sector petrolero y gasístico a los inversores privados,
tras setenta y cinco años de sumisión al yugo del Estado». Hacer del
petroleo, recurso estratégico mundial, un bien público al servicio del
pueblo representa según el Financial Times «una sumisión al yugo del
Estado».
En realidad nada demasiado sorprendente viniendo de
un periódico liberal. Pero al menos habría podido hacer un esfuerzo y
hablar del desarrollo impulsado por el Estado tras hacerse cargo de la
industria petrolera. Este hecho esencial en la historia de México ha
quedado en el olvido. En el plano económico, para justificar su
decisión de privatizar el petroleo, el argumento del presidente Nieto
consistió en repetir lo que dicen siempre los liberales cuando se trata
de privatizar partes enteras del sector público. «El estado ya no tiene
medios», «hay que soltar lastre» y evidentemente «el Estado no es
competente», por lo tanto hay que transferir sus actividades al sector
privado, más eficaz que invertirá más, nos dicen. Pero esos argumentos
a menudo solo son mitos.
En Argentina por ejemplo, después de
que el presidente Menem decidiera la privatización de la empresa
nacional del petroleo Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en
beneficio del gigante español Repsol, muy activo en América del Sur, el
balance de esa privatización fue la desinversión para favorecer un
incremento de los dividendos distribuidos a los accionistas, subida de
precios, déficit de la balanza energética... Lo que en abril de 2012
empujó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, reelegida un año
antes con el 54 % de los votos, a expropiar el 51 % de las acciones de
YPF (1) con el fin de reequilibrar la balanza energética y comercial
del país y de contribuir al desarrollo de la nación albiceleste
mediante el dinero de las exportaciones.
No es de sorprender
que los medios de comunicación pusieran el grito en el cielo, como el
Financial Times que aplaudía la privatización en México y que
calificaba esta expropiación de acto de «piratería». Por su parte, el
gobierno español, indignado, calificó esta decisión de «arbitraria» y
amenazó a Argentina con tomar represalias. Las dos varas de medir... Un
ejemplo entre otros que muestra la duplicidad de los medios de
comunicación.
Pero volvamos a México. El entusiasmo expresado
por la prensa capitalista frente a las políticas neoliberales impuestas
en la nación azteca se acompaña de un profundo silencio sobre las
despiadadas violaciones de derechos humanos. En el editorial citado
anteriormente, el Washington Post elogia la «democracia» mexicana que
sería, según el periódico, beneficiosa para el «desarrollo» del país.
¿Los medios de comunicación occidentales dominantes son realmente los
más adecuados para hablar de democracia? Está claro que no.
Analicemos de cerca la famosa «democracia» mexicana. En primer lugar,
por lo que se refiere a la privatización del petroleo, hay que señalar
que el presidente Nieto no consultó en absoluto a su pueblo sobre una
reforma que, sin embargo, era crucial para la independencia económica
de México. El espíritu democrático habría consistido en organizar un
referéndum sobre esta infame privatización. En lugar de eso, se hizo
una rápida votación en el Parlamento Nacional y listo. Esta reforma
hecha a espaldas del pueblo por una elite política que reúne a los tres
principales partidos bajo la denominación de «Pacto por México» puso
una vez más en evidencia la atomización del debate público y el
creciente desprecio de las elites hacia el pueblo. Porque como señala
John Mill Ackerman, investigador en el instituto de investigaciones
jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), «el
Pacto profundizó el abismo entre el mundo político y la sociedad».
Esta privatización del petroleo provocó un gran enfado en el pueblo
mexicano. Porque solo beneficia a dos sectores: las multinacionales
extranjeras y la oligarquía político-económica nacional en el poder. La
encuesta anual Latinobarómetro confirma la tendencia autocrática que ha
tomado la democracia mexicana. Así, revela que en 2013 apenas el 21 %
de los mexicanos decía estar satisfecho con su democracia... el peor
resultado de América Latina.
Eso, el Washington Post no lo
dice. Igual que guarda silencio sobre las relaciones que mantienen los
partidos dominantes con los cárteles de las droga. La reciente masacre
de los 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa en
Iguala, en el Estado de Guerrero, es un ejemplo sobrecogedor que
muestra la complicidad entre el poder del Estado y los poderes de los
cárteles.
Cuando los estudiantes que se habían manifestado
por la supervivencia de su escuela se encontraban en un autobús, fueron
detenidos por la policía que se los llevó a un lugar secreto y se los
entregó a una organización criminal para que se encargara de hacerlos
desaparecer. Desde hace varios años, los estudiantes de las escuelas
normales rurales luchan sin tregua para conservar sus escuelas. En
efecto, el desinterés del Estado por los servicios públicos amenaza la
vida de estas instituciones. Escuelas que nacieron tras la gran
revolución mexicana de 1910-1917. Su creación tenía como finalidad
ofrecer a los jóvenes del campo la oportunidad de realizar estudios
universitarios.
Pero también permitir a los jóvenes maestros
salidos del campesinado el poder enseñar. Estas escuelas, que han
dejado una huella importante en la sociedad mexicana, no dejan de
recibir ataques de los neoliberales que quieren convertir la escuela no
en un bien público para todos sino en una mercancía cualquiera. Así, el
Estado terrorista de México recurrió a los criminales para que se
encargaran de hacer desaparecer a los estudiantes que se habían vuelto
molestos y que podían contagiar al resto de la sociedad mexicana, harta
de una casta política corrupta y violenta.
Según Rafael
Barajas y Pedro Miguel, periodistas mexicanos, la connivencia entre el
poder político y los barones de la droga convierte a México en un
«narco-Estado». Este arreglo entre los dos poderes, estrechamente
vinculados, se explica básicamente por su dependencia mutua. En efecto,
según la agencia de seguridad Kroll, el dinero procedente de la droga
que alimentaría la economía mexicana se sitúa entre los 25 mil y los 40
mil millones de dólares. Un capital indispensable para un Estado
neoliberal en el que el sector financiero ocupa un lugar preponderante.
Una suma superior a la de los ingresos de las exportaciones del
petroleo, que alcanza los 25 mil millones de dólares. Lo que significa
que el Estado mexicano no puede vivir sin el dinero procedente de la
droga.
Ahora se entiende mejor por qué se mantiene la
impunidad de las organizaciones criminales. Como subrayan los
periodistas mexicanos, «los narcotraficantes no pueden actuar sin la
cooperación de políticos y funcionarios a todos los niveles». Y el
presidente Nieto no es una excepción. Una parte de la prensa ya reveló
los posibles lazos entre este y los narcotraficantes. Y según las
informaciones de la prensa mexicana, habría recibido millones de
dólares para financiar su campaña electoral, una de las más caras de la
historia (2).
Finalmente, es preciso señalar la terrible
represión policial y militar que se cierne constantemente sobre los que
se atreven a desafiar el orden injusto y violento que prevalece en
México. Uno de los objetivos predilectos de los distintos poderes son
los periodistas. Desde 2010, han sido asesinados más de cien
reporteros, doce de ellos solo en el Estado de Guerrero, donde
desaparecieron los estudiantes (3).
Criticar al poder o
incluso atreverse a desvelar sus lazos con los barones de la droga es
sentenciarse a muerte. Ser periodista crítico con el poder en este país
es vivir en el miedo. El miedo al secuestro, el miedo a la violación,
el miedo a la muerte. En un reportaje realizado por la cadena de
información Telesur en el Estado de Guerrero un periodista cuenta (4):
«el
Estado de Guerrero es una zona muy complicada. Puedes sentirte
amenazado por los narcotraficantes, por el alcalde, por los
militares... no tienes ninguna seguridad» antes de denunciar la
complicidad de los medios de comunicación dominantes mexicanos con el
poder especialmente en el tema de Ayotzinapa: «La televisión se ha
convertido en el medio para legitimar al poder».
Hoy en
México, el simple hecho de reivindicar algún derecho manifestándose es
suficiente para encontrarse entre rejas o en una de las cientos de
fosas comunes que hay en el país. La inseguridad reina y el poder
siembra el miedo cotidiano. Solo hay que ver las cifras (5): 57 899
diligencias previas por homicidio abiertas en el país desde la llegada
al poder de Enrique Pena Nieto el 1 de diciembre de 2012. El nuevo
presidente mexicano no es nuevo en esto de la represión. Cuando era
gobernador del Estado de México, en 2006, dio la orden de reprimir a
los manifestantes de San Salvador Atenco que luchaban para que no se
les expulsara de su tierra. Esta violencia sin piedad se aplica
igualmente hacia los que no piensan o que se atreven a mostrar su
desacuerdo político o ideológico con el poder de turno. En agosto de
2014, la organización Nestora Libre que defiende a los prisioneros
políticos informó de que más de 350 personas habían sido encarcelas,
desde diciembre de 2012, por motivos políticos.
Ante estos datos alarmantes, ¿es posible considerar a México como un país democrático donde reina un estado de derecho?
Este Estado terrorista, presidido por un hombre tan violento y cruel no parece incomodar a algunos presidentes occidentales.
En efecto, Francia le ha concedido recientemente la gran cruz de la
Legión de Honor, que también hace honor a la política neoliberal
impulsada por el presidente Nieto.
Como en el caso de Perú
que se mostró muy complaciente con las multinacionales, Francia, al
igual que la mayoría de países imperialistas y neocoloniales, ha
decidido hacer la vista gorda ante las atrocidades que sacuden a
México. Y lo mismo ha sucedido con la prensa que, aunque se ha hecho
eco de los sucesos de Ayotzinapa, se ha mantenido discreta sobre los
lazos que unen al Estado mexicano y los narcotraficantes. Esto quiere
decir lo siguiente: mientras que un país sirva a los intereses
económicos, energéticos, geopolíticos de las multinacionales, aunque
cometa los peores crímenes, asesinar sin duelo, torturar como le
parezca bien, encarcelar arbitrariamente, no será criticado ni por los
gobiernos ni por los medios de comunicación occidentales. Como afirmaba
el secretario de los Estados Unidos Henry Kissinger: «las grandes
potencias no tienen principios, solo intereses». El caso de México es
un ejemplo perfecto.
Ayotzinapa: crónica de una desaparición anunciada
Hace ya seis meses que 43 estudiantes mejicanos de la escuela normal
rural de Ayotzinapa han desaparecido. Una desaparición que muchos en
Méjico, desde organizaciones indígenas a movimientos estudiantiles,
imputan al Estado mejicano y a redes narcotraficantes. Se acusa a estas
dos organizaciones de haber colaborado para hacer desaparecer estos
estudiantes molestos. Os proponemos aquí de volver cronológicamente
sobre las fechas clave y los hechos significativos de esta tragedia.
26 septiembre 2014: Por falta de medios debidos a las políticas
neoliberales del Gobierno mejicano que tienen como consecuencia el
abandono por el Estado de sus obligaciones, los estudiantes de la
escuela de Ayotzinapa requisicionan dos autobuses para poder realizar
su trabajo de observación en las escuelas primarias del pueblo y
posteriormente participar en la conmemoración de la masacre del 2 de
octubre 1968 (*) La policía municipal de la ciudad de Iguala en el
estado de Guerrero (donde se encuentra la escuela de Ayotzinapa) bajo
las ordenes del alcalde José Luis Abarca dispara en cuatro ocasiones
sobre los estudiantes. Resultado: 6 muertos y 43 desaparecidos.
30 septiembre 2014: 22 policías son detenidos y son sospechosos de
haber participado en el asesinato de 6 personas en Iguala. Serán
juzgados por homicidio.
7 octubre 2014: Es decir once días
después de la desaparición de los estudiantes , el presidente de Méjico
Enrique Peña Nieto se expresa por primera vez. Promete que toda la luz
será hecha sobre la desaparición de los estudiantes y que los autores
serán castigados.
4 octubre 2014: 16 fosas clandestinas son
localizadas en Iguala, Se descubre que esas fosas contienen 28 cuerpos.
5 octubre 2014: Luis Abarca, alcalde de Iguala se fuga con su esposa.
10 octubre 2014: Otras 4 personas son detenidas y cuatro nuevas fosas comunes son localizadas
17 octubre 2014: Las cifras conocidas indican que 36 policías
municipales están detenidos así como 17 miembros de redes criminales
organizadas. Se localizan 3 nuevas fosas en Iguala.
22
octubre 2014: Un nueva pista aparece : José Luis Abarca y su esposa han
actuado en complicidad con un grupo criminal de narcotraficantes, el
cartel Guerreros Unidos. La esposa del alcalde y su hermana forman
parte del grupo de responsables del cartel.
4 noviembre 2014: Detención de José Luis Abarca y de su mujer en una casa de la ciudad de Mejico.
7 noviembre 2014: Las familias de los desaparecidos se expresan: Las
familias consideran que por falta de pruebas sus hijos están vivos. Los
cuerpos no han sido jamás localizados. Deciden no abandonar la lucha a
pesar de que el Gobierno afirma que los estudiantes están muertos.
8 noviembre 2014: Centenas de personas manifiestan en Ciudad de Méjico
a lo largo de una jornada nacional de protesta. La policía detiene ese
día 18 personas. Entre ellos se encuentran estudiantes de Ayotzinapa,
del Instituto politécnico nacional y del Instituto de tecnología de
Monterrey y están acompañados de actores de cine mejicanos.
13 febrero 2015: La Comisión Interamericana de Derechos del Hombre
(CIDH) decide realizar una investigación sobre la desaparición de los
estudiantes.
Marzo 2015: Por el momento, los estudiantes de Ayotzinapa no han sido aun encontrados.
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