Persiste maltrato laboral en el campo, comercio y los hogares
Más
de un millón de niñas y adolescentes mexicanas son explotadas
laboralmente en los campos, los comercios y los hogares, informaron
especialistas en los derechos de la infancia.
Al iniciar la mesa de análisis “Contra la explotación de niñas, niños y
adolescentes”, organizaciones civiles denunciaron que un millón 163 mil
niñas y adolescentes de cinco a 17 años de edad realizan alguna
actividad económica, y en la mayoría de los casos sin remuneración.
La cifra real incluso podría ser mayor, ya que este número –que aportó
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)– no contabiliza las
ocupaciones ilegales y el trabajo no remunerado que se realiza en los
hogares, lo que deja en duda la supuesta reducción del 2.1 por ciento
(medio millón de niñas y niños) del trabajo infantil que recién anunció
el gobierno federal.
Nashieli Ramírez Hernández, coordinadora general de la organización
civil Ririki Intervención Social, observó que ninguna política pública
en México atiende en específico las problemáticas de las niñas y
adolescentes, quienes se ocupan principalmente como trabajadoras del
hogar, en el comercio y la agricultura.
A esto se suma –detalló– que las políticas enfocadas a la infancia son
insuficientes para atender a toda esta población, además de que carecen
de presupuesto o no operan efectivamente.
A decir de la experta, fue hasta 1990 que el Estado mexicano empezó a
asumir compromisos y responsabilidades para generar rutas y mecanismos
que hicieran frente al trabajo infantil, un flagelo que tan sólo de
2007 a la fecha cobró la vida de 39 menores de edad, de los que 13 eran
niñas, hasta donde las organizaciones civiles han podido documentar.
Fue hasta el año 2000 que se empezaron a crear rutas para erradicar el
trabajo infantil y las peores formas de explotación laboral, como llama
la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Ramírez Hernández dijo que la tercera parte de la infancia ocupada en
México se desempeña en la agricultura, sector que requiere jornadas de
más de 12 horas de trabajo, y expone a las y los niños a la aspiración
de fertilizantes y químicos.
Pese a esto, en la actualidad el Programa de Atención de Jornaleros
Agrícolas (con el que se destinan recursos para estancias infantiles)
cuenta con tan sólo 75 millones de pesos para la infancia, y el
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (que otorgaba apoyos
para niñas y adolescentes embarazadas) dejó de existir este 2015, por
mencionar sólo unos ejemplos, expuso la activista.
A la par, este año México no contará con asistencia técnica
internacional que se desprende del Programa Internacional para la
Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC/OIT), que otorga recursos a los
países a fin de prevenir y combatir esta situación.
La especialista también señaló que la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes –que establece la igualdad sustantiva y
acciones específicas contra el trabajo infantil– aún no cuenta con
presupuesto asignado, por lo que a marzo de este año la norma no se ha
aplicado, aseguró.
Además de recurso etiquetado, urge que esta norma se armonice en todas
las entidades del país y se inicie la construcción de los Sistemas
Integrales de Protección que plantea; “mientras estos procesos no
concluyan, la ley será sólo un primer preámbulo”, comentó la
coordinadora de Ririki.
La defensora de los derechos de la infancia también criticó que si bien
la Ley Federal del Trabajo se modificó en 2014, para elevar la edad
mínima para trabajar de 14 a 15 años, y establece sanciones y multas
para quien ofrezca o contrate la fuerza laboral de menores de edad, no
ha derivado en sentencias contra quienes cometen este delito.
Ante este panorama, la activista urgió a reforzar políticas públicas
para erradicar el trabajo infantil que realizan niñas y adolescentes en
condiciones de riesgo, elaborar una política enfocada al trabajo que
desempeña la población femenina infantil, y a mejorar las condiciones
laborales de quienes son madres y padres.
También llamó a garantizar estándares mínimos de subsistencia en los
albergues para familias jornaleras migrantes, y restringir los
subsidios sólo a los productores que garanticen los Derechos Humanos de
sus trabajadores.
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.-
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