Desnudez forzada y violación sexual, práctica generalizada
Mujeres
sobrevivientes de los operativos policiacos de Texcoco y San Salvador
Atenco en 2006 durante la presentación de la campaña "Mujeres en lucha
contra la tortura sexual" |
El
informe del relator especial de Naciones Unidas (ONU) sobre la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Juan E. Méndez,
confirmó que en México las mujeres que son detenidas pueden ser víctimas
de desnudez forzada, insultos, humillaciones verbales, manoseos y
violación sexual reiterada y por varias personas.
Al presentar hoy su reporte ante el Consejo de Derechos Humanos de la
ONU, en Ginebra, Suiza, el relator sostuvo que en el país la tortura es
generalizada durante la detención y antes de la puesta a disposición de
la justicia, por ello propuso implementar medidas para prevenir y
castigar está práctica violatoria de los Derechos Humanos (DH).
Las conclusiones, resultado de la visita de Juan E. Méndez a México
–entre el 21 de abril y 2 de mayo de 2014–, indican que la mayoría de
los casos no son investigados ni sancionados, o bien son calificados
como conductas de menor gravedad, además de que las mujeres son
revictimizadas al someterlas a exámenes médicos para comprobar el
ilícito.
Asimismo, el relator especial observó una tendencia a detener para
investigar, en lugar de investigar para detener, y escaso control
efectivo, tanto ministerial como judicial, sobre la legalidad de la
detención, por lo que consideró que estas prácticas dan lugar a
detenciones arbitrarias, y aumentan la incidencia de torturas y malos
tratos.
De acuerdo con el informe, aunque hay un alto número de denuncias y
testimonios de víctimas, esto no se refleja en el número de
investigaciones, ya que el gobierno mexicano informó de sólo cinco
sentencias condenatorias por tortura entre 2005 y 2013, de las cuales
dos han quedado firmes e imponen penas de tres y 37 años de prisión.
“Esto indica que la impunidad abarca casos de tortura comprobados por
las comisiones (de Derechos Humanos de los estados). Salvo ejemplos
aislados, tampoco hay investigaciones administrativas ni destituciones y
muchos de los presuntos culpables continúan en sus funciones”, indicó
en el documento.
De acuerdo con las conclusiones, de manera frecuente no se inician
investigaciones de oficio sobre este delito y en las pesquisas no se
excluyen pruebas obtenidas bajo tortura; y además se hace una
interpretación restrictiva e incorrecta del Protocolo de Estambul,
herramienta para investigar los casos de presuntos tratos crueles e
inhumanos.
Ante las aseveraciones del relator, el embajador de México ante la ONU
en Ginebra, Jorge Lomónaco, dijo que la afirmación de que la tortura es
generalizada es una “falacia” porque se sustenta en 14 casos. “No puedo
más que reiterar que no podemos compartir la observación de que la
tortura es generalizada en el país, porque no corresponde con la
realidad”, acotó.
Por su parte, Amnistía Internacional (AI), quien se unió a la campaña
“Rompiendo el silencio: todas juntas contra la tortura sexual”, que
visibilizo a mujeres víctimas de esta práctica, respaldó las
conclusiones del relator y aseguró que sí hay deficiencias en la
aplicación del Protocolo de Estambul e impunidad en los casos
denunciados.
A decir de AI, aunque el informe destacó la documentación de 14 casos,
se elaboró con información de más casos, con entrevistas a víctimas, con
reuniones con altos funcionarios y visitas al Distrito Federal, Nuevo
León, Chiapas y Baja California.
En videoconferencia de prensa, Erika Guevara-Rosas, directora para las
Américas de AI, sostuvo que este informe destaca una cultura de la
impunidad y la brutalidad. “El presidente Enrique Peña Nieto no puede
alegar desconocimiento sobre este tema. Por el contrario, se debe
aceptar y actuar sobre todas las recomendaciones de la ONU establecidas
en el informe del relator especial”, llamó.
En tanto, Madeleine Penman, investigadora para México de AI, declaró que
la violencia sexual es un tema de especial interés porque en su informe
el relator expuso los patrones de este delito cuando se comete contra
las mujeres.
“Las mujeres, desafortunadamente, viven una vulnerabilidad mayor en
algunos aspectos, en cuanto a sus detenciones, por cuerpos policiacos y
militares de este país”, mencionó.
A su vez, Perseo Quiroz, director de AI-México, lamentó que el Estado
niegue que la tortura es una práctica generalizada, y explicó que hay un
universo de casos que no están denunciados por temor. “Muchas víctimas
no confían en las autoridades para poder formular ahí las denuncias”,
dijo.
Mientras, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
(Centro Prodh) emitió un comunicado en el que señaló que las
observaciones de la ONU confirman que México se encuentra en una grave
crisis originada en la impunidad de las graves violaciones a DH, entre
ellas la tortura, situación que organizaciones civiles y familiares de
víctimas han denunciado desde hace varios años.
Cabe decir que el Centro Prodh litiga varios casos de tortura, entre
ellos los casos de 11 mujeres sobrevivientes de los operativos
policiacos de Texcoco y San Salvador Atenco ocurridos en el Estado de
México, en 2006, así como el de Claudia Tamariz y Belinda Garza Melo,
detenidas y torturadas sexualmente para confesar delitos que no
cometieron.
Una de las recomendaciones del relator Juan E. Méndez fue que el
gobierno mexicano reconozca públicamente la dimensión de la impunidad y
envíe enérgicos mensajes públicos a todos los funcionarios de seguridad y
justicia federal y estatal, de que todo acto de tortura y maltrato será
seriamente investigado y castigado, conforme a las normas
internacionales, constitucionales y penales.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.-
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