Nombramientos aberrantes

Manuel Bartlett

Hundido en la crisis política que ha generado, Peña insiste en imponer sus intereses contrarios al interés nacional: la entrega del país y su plan de negocios. Los nombramientos en la Procuraduría y la Suprema Corte profundizarán el descrédito presidencial y de ambas instituciones, profundizarán la crisis del gobierno. La designación de Arely como procuradora, se impone con “golpe mediático”, lo notifica Televisa, sin la fundamentación del Presidente de su propuesta y subrepticiamente dando salida inexplicada al procurador Murillo, enredado en una investigación rechazada mundialmente. La propuesta del embajador en Washington, Eduardo Medina Mora, para ministro de la SCJN, mal disfrazada en terna de comparsas, es igualmente inmoral. Ubicando Peña a dos dependientes en posiciones claves transexenales, se garantiza protección e impunidad. Ambos nombramientos vinculados a Televisa, fortalecen su penetración en aparatos del poder público, instrumentos de los intereses oligárquicos, cuyo proyecto sostiene el presidente. Peña llego al poder mediante Televisa y se mantiene, pese a su impopularidad, por la construcción de realidades virtuales, teleteatro presidencial y la desinformación. 

Arely en la PGR no garantiza la recuperación del prestigio perdido por la simulación e inconsistencia de Murillo, porque igualmente carece de independencia de la Presidencia, requisito que se exige para la Procuraduría hacia la futura Fiscalía General de Nación. No buscará Arely la verdad oculta de Ayotzinapa ni de Tlatlaya, no transformará la PGR acusada de violación sistemática de derechos humanos, no tiene posibilidad para una investigación exhaustiva y en plenitud que se demanda, atada a los intereses que impiden el encuentro de la verdad. Arely carece además, de los requisitos profesionales que demanda la procuración de justicia, su entronización no obedece a una capacidad supuesta, sino a los intereses de Peña Nieto. 

Medina Mora es nombrado con la misma perversión, incluido en una terna como comparsa; incumple los requisitos constitucionales para ministro de la SCJN, no tiene la residencia obligada de 2 años en el país; incumple los requisitos de buena reputación y fama, carece del prestigio profesional requerido. Un alud de críticas de académicos, articulistas independientes, ciudadanos lo denuncian fundadamente como “garrote policiaco” que, como director del Cisen, secretario de Seguridad Pública y procurador, utilizó esos instrumentos del Estado para reprimir a satisfacción de los intereses del poder: Atenco, Oaxaca, Michoacanazo, las Truchas, Pasta de Conchos, detenciones ilegales de indígenas; acuerdo con el gobierno norteamericano para introducir ilegalmente armas a México, fallido intento para detectar destinatarios, provocando asesinatos de mexicanos. Operador con García Luna de la “guerra contra el narco”, impuesta por EU, la mayor tragedia humana mexicana, sin más resultado que la penetración de las agencias norteamericanas en territorio nacional; incongruente, abogado de la nación fue promotor del Aspan y del Plan Mérida, instrumentos de dominación norteamericana, fundados en acuerdos “intersecretariales”, violando funciones del Senado. Embajador en EU, pieza clave en el acuerdo de Peña con ese país para introducir a sus empresas en la explotación del petróleo y la electricidad en México; participante en la definición de la estructura constitucional y legal de la reforma energética que establece privilegios a las transnacionales, particularmente la “ocupación de tierras” de mexicanos. Como ministro de la SCJN seguirá representando los intereses oligárquicos que defendió en diversas funciones y estará en el alto tribunal cuando comunidades indígenas, ejidatarios, campesinos busquen amparo por el despojo que sufrirán de las transnacionales, su voto no amparará a los mexicanos, sí a los intereses extranjeros que apoyó para introducirlos a México. La sumisión del Senado que aprobó los aberrantes nombramientos, fortalecerá el dominio presidencial del Poder Judicial. Anulación de la división de poderes.

Senador de la República