MÉXICO,
D.F. (apro).- La marca de la casa del PRI de Enrique Peña Nieto en la
segunda parte de su administración parece que será la impunidad frente
a los actos de corrupción, violación de los derechos humanos,
asociación delictuosa, enriquecimiento inexplicable y compra de votos
que se avecinan para las próximas elecciones.
¿O cómo entender que se elija como ministro de justicia a Eduardo
Medina Mora con antecedentes de corruptela, amiguismo y solapamiento?
¿O cómo entender también el caso del PVEM que viola la ley a su antojo
para ganar más espacios en complicidad electoral con el priismo? O
también ¿cómo entender que el gobierno federal se lave las manos en la
caso de los estudiantes de Ayotzinapa mientras los familiares siguen
pidiendo justicia o que se elija como procuradora general de la
República a Arely Gómez vinculada con los directivos de Televisa?
Hace apenas unos días, Peña Nieto y 200 invitados viajaron a
Inglaterra en una gira que pareció ser más turística que de negocios.
La nota fue el despilfarro de la familia del presidente mexicano
vistiendo ropa de miles de pesos para visitar a la reina de Inglaterra
y asistir a una cena palaciega mientras en México hay 50 millones de
pobres.
Con el barco a la deriva en medio de la violencia del crimen
organizado que no para en todo el país a pesar de la campaña mediática
oficial que festina la detención de los cabecillas mientras el cuerpo
de la delincuencia se multiplica, el PRI peñista se empeña en replicar
la impunidad dejando libres a los supuestos autodefensas Hipólito Mora
y Luis Antonio Torres El Americano responsables de la muerte de 11
personas en un enfrentamiento con tintes de crimen organizado el pasado
mes de diciembre en Michoacán.
Y mientras miles de familiares siguen pidiendo justicia para
castigar a quienes asesinaron o desaparecieron a sus seres queridos,
–muchos de ellos, autoridades protegidas por la ley-; mientras que
organismos internacionales como la ONU afirman que en México la tortura
es una práctica generalizada entre las autoridades mexicanas y mientras
sigue aumentando el número de periodistas muertos o desaparecidos
rebasando el centenar, el gobierno peñista sigue sin atender los 23 mil
casos de desaparecidos.
Además, censura la información sobre los muertos por homicidios
dolosos, le regresa a Raúl Salinas de Gortari miles de millones de
pesos que hurtó de las arcas públicas cuando su hermano Carlos era el
que controlaba a su antojo al país, deja libre al líder histórico del
narcotráfico mexicano Rafael Caro Quintero, negocia con Televisa los
nuevos canales de televisión, ofrece contratos millonarios con sus
amigos empresarios de Higa, intenta privatizar el agua y se prepara
para ganar lo suficiente para mantenerse en el poder en las elecciones
del 7 de junio ofreciendo dinero, despensas y medicinas medrando con la
pobreza con toda impunidad.
La impunidad proveniente del gobierno es la expresión más clara del
autoritarismo y eso es lo que el PRI está construyendo desde ahora al
debilitar a las instituciones de procuración de justicia, a las que
organizan las elecciones, a las que pueden defender los derechos
humanos o las que deberían dar seguridad social y al establecer la
censura como una política de información.
Twitter: @GilOlmos
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