Impulsa obras y programas que las orillan a salir de comunidades
Lejos
de invertir para evitar la migración de personas de comunidades
indígenas, el Estado mexicano aplica modelos económicos para
expulsarlas, toda vez que impulsa proyectos que invaden los
territorios, e impiden que la colectividad realice sus actividades
económicas vinculadas a su entorno y su cultura.
Lo anterior tiene un mayor impacto para las mujeres indígenas en
contextos migratorios, a lo que se suma que el Estado no implementa
políticas públicas para atender sus necesidades, se concluyó en la mesa
de análisis “Mujeres y transformaciones socioeconómicas en México”,
celebrada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La maestra en Administración Pública por la UNAM María de Jesús López
Amador observó que programas federales “asistencialistas”, como
Prospera, irrumpen en las costumbres de las comunidades, sobrecargan de
trabajo y responsabilidades a las mujeres, y les impiden que sigan
desarrollando sus actividades en el campo.
Abundó que en medio de esa situación son las mujeres quienes más han
resistido el fenómeno migratorio, que cada vez es más inseguro y
violento, debido a que tienen más necesidad de incrementar su fuente de
ingreso para asegurar su subsistencia y la de sus hijas e hijos.
La también maestra en Género, Sociedad y Políticas Públicas por la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) puso como
ejemplo que las jóvenes indígenas (especialmente de estados como
Veracruz, Hidalgo y Puebla) tienen una trayectoria migratoria
importante desde los años 40, la cual se incrementó desde que el
gobierno federal dejó de invertir en el campo.
López Amador abundó que este abandono del Estado –que derivó en crisis
económicas para las mujeres artesanas y dedicadas a ciertas actividades
agrícolas– orilló a que la población femenina –indígena y no indígena–
que emigra al extranjero aumentara hasta conformar el 27 por ciento de
la migración total en 2010, según datos que la experta ha recopilado.
Y sin embargo –advirtió la académica– nadie está vigilando las
condiciones laborales y de migración bajo las que subsisten las
trabajadoras indígenas en Estados Unidos, que incluso en México son las
más marginadas.
La especialista detalló que las trabajadoras migrantes indígenas
experimentan en los países de destino múltiples discriminaciones, nulo
acceso a servicios de salud, explotación laboral, entre otras
violaciones a sus derechos.
Pese a tal contexto adverso, las mujeres migrantes en general están
enviando en promedio el 27 por ciento de las remesas totales que
ingresan al país, de acuerdo con cifras que la maestra obtuvo de
Bancomer.
María de Jesús López Amador explicó que este desplazamiento de salarios
que hace la población indígena femenina está destinado al sostenimiento
del hogar y la familia (80 por ciento), y el resto (20 por ciento) a la
sostenibilidad de las comunidades.
No obstante –acotó– este ingreso sigue siendo insuficiente para el
desarrollo pleno de las comunidades, por lo que el Estado no puede
dejar su responsabilidad de garantizar condiciones de vida digna en las
comunidades indígenas.
Además, las mujeres que se quedan en estas localidades son jefas de
hogar que incluso reciben menos remesas que los varones que se quedan
en sus lugares de origen.
López Amador detalló que si bien la población femenina receptora de
remesas administra el recurso económico que reciben las familias, aún
no están ocupando puestos de decisión y no tienen oportunidad de votar
sobre la distribución de los ingresos.
Además de que la infraestructura que se está generando en las
comunidades no son espacios construidos para las necesidades de las
mujeres, aun cuando son mayoría dentro de la población que se queda en
los países de origen, dijo la experta.
En conjunto, las mujeres indígenas en contextos migratorios enfrentan
la transgresión a su lengua y costumbres, la separación familiar y la
discriminación en su país de origen y en el de destino, por lo que la
investigadora llamó a que se amplíe el marco de derechos para las
indígenas migrantes, generar políticas públicas para la población
rural, y desarrollar estudios más focalizados.
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario