El año avanza sin que haya una ley general en la materia, sin el nuevo mecanismo de búsqueda en marcha, y sin una base de datos consolidada.
En enero de 2015 en México desaparecieron 353 personas y casi la mitad de las víctimas son mujeres. El estado de México y Nuevo León concentraron en su territorio la tercera parte de todos los casos.
Mientras eso sucede, México continua con varias carencias para
combatir este problema, como la falta de una ley general en la
materia, de una base de datos consolidada, y del nuevo mecanismo de
búsqueda que la Procuraduría General de la República (PGR) y los
estados preparan desde el año pasado.
En promedio, en enero de 2015 desaparecieron 11 personas cada 24 horas, de acuerdo con los datos actualizados del Registro Nacional de Personas Desaparecidas que presenta el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Para ponerlo en proporción, los 353 desaparecidos registrados en las primeras cuatro semanas del año equivalen a la mitad de los casos que se reportaron en todo el 2007.
Del total de las víctimas, poco más del 45% son mujeres,
lo que refleja, aunque solo sea en enero, un margen de diferencia más
estrecho entre géneros del que históricamente se ha registrado, con más
del 70% de desaparecidos del sexo masculino.
El estado de México y Nuevo León concentraron casi la tercera parte
de las desapariciones que ocurrieron en las primeras cuatro semanas del
año. Por el contrario, en doce estados no se reportaron casos de
personas no localizadas.
La entidad que gobierna Eruviel Ávila, la cual registra la mayor densidad demográfica del país, registró 61 casos de desaparecidos, lo que equivale al 17% de los casos a nivel nacional. En el registro histórico se ubica en tercer sitio. Nuevo León registró 59 personas desaparecidas en enero. Le siguieron Puebla, Guanajuato, y Jalisco.
Tamaulipas, el estado que históricamente tiene la mayor cantidad de desaparecidos, no aparece con ningún caso en enero.
Las otras entidades que tampoco reportaron personas desaparecidas en el
arranque del año fueron Baja California, Baja California Sur, Tlaxcala,
Nayarit, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Coahuila, Morelos,
Quintana Roo e Hidalgo.
Según el registro, de los casos que se presentaron en el primer mes de 2015, solamente ocho están contemplados en averiguaciones previas de la PGR mientras que el resto son responsabilidad de las procuradurías o fiscalías de los estados.
Ya con las personas no localizadas en enero, el registro histórico de desaparecidos en México superó las 25 mil 700 víctimas. El Sistema Nacional de Seguridad Pública precisa que se trata de hombres y mujeres cuyo paradero se desconoce actualmente.
La cantidad de desaparecidos se ha incrementado casi de forma
sostenida año con año. En 2007 el reporte fue de 765 casos; para 2010
se informó de 3 mil 170 y en 2014 fueron más de 6 mil desaparecidos.
Una crítica de organismos internacionales como Naciones Unidas es
que este registro nacional no es consolidado y además no arroja
información respecto al motivo de la ausencia de las personas, es
decir, ahí mismo están revueltos casos de gente que posiblemente se
perdió, con otras víctimas de secuestro e incluso de desaparición
forzada.
Los pendientes
La PGR y varios estados trabajan desde el año pasado en un nuevo
mecanismo de búsqueda de personas desaparecidas apoyado en un software
especializado que utiliza la Cruz Roja Internacional, pero hasta ahora,
no hay fecha de cuándo será puesto en marcha.
Este software, según lo que reveló la PGR, estará sustentado en dos
bases de datos consolidadas, una de personas no localizadas y otra de
fallecidos sin identificar para realizar un cruce automático de
información.
En el diseño de este motor de búsqueda participa activamente la Unidad Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR, área cuyo presupuesto en 2015 fue recortado en más de 60% en comparación con lo recibido en 2014.
Otros pendientes son la creación de una Ley General para
Desaparición Forzada y de un registro consolidado de personas
desaparecidas, ausencias que fueron subrayadas por Naciones Unidas en
un informe emitido en febrero pasado y en el que se pidió a México se
concrete lo antes posible.
Datos de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados proporcionados a Animal Político indican que hay siete iniciativas de reformas al código penal y de creación de una ley general, pero hasta ahora ninguna se ha concretado.
La responsable de dar seguimiento, junto con la PGR, al diseño de
políticas públicas para la búsqueda de personas no localizadas, la
exsubsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación
(Segob), Lía Limón, renunció en la primera semana de
marzo para inscribirse en la lista de candidatos plurinominales del
PVEM a una diputación federal. En su momento, esta funcionaria fue
quien dio a conocer los números sobre desaparecidos en México.
CIDH urge apresurar ley
Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
pidieron a diputados en México que apresuren el diseño y aprobación de
una ley sobre desaparición forzada, la cual debe
sustentarse en cuatro pilares: tipificación del delito uniforme y
acorde a estándares internacionales, protocolos de búsqueda inmediatos,
procedimientos de coordinación y planes de reparación del daño.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos de la CIDH sostuvo el 11 de marzo una reunión de trabajo con los legisladores de la comisión especial por el caso Ayotzinapa en la que ofrecieron su colaboración para el diseño de la ley.
La especialista guatemalteca Claudia Paz y Paz consideró que debe
trabajarse sobre un anteproyecto unificado con las distintas
iniciativas para que la Comisión Interamericana pueda extender
observaciones, e insistió en que México no puede estar aislado de la
tipificación internacional que ya existe sobre la desaparición forzada.
Actualmente, la desaparición forzada solo está mencionada en el artículo 215 del Código penal Federal y se le describe como un ilícito que cometen los funcionarios públicos.
Por el contrario, las convenciones internacionales consideran que este
delito también puede ser cometido por particulares que se coluden con
autoridades.
La diputada federal Lilia Aguilar, secretaria de la Comisión de
Justicia, dijo a los especialistas de la CIDH que pondrían a su
disposición las iniciativas presentadas y se acordó por lo menos una
reunión más para revisar los avances.
El diputado Guillermo Anaya, presidente de la Comisión por el Caso Ayotzinapa, recordó que existe un compromiso de la Cámara de Diputados para “sacar” la Ley general de desaparición forzada antes del 30 de abril, fecha en que concluye el periodo ordinario de sesiones.
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