Activistas critican desinterés gubernamental
Defensoras de los derechos de las trabajadoras del hogar denunciaron que al no ratificar el Convenio189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -sobre empleo decente para este grupo- Enrique Peña Nieto, Ejecutivo Federal, desprotege de manera voluntaria, a más de 2 millones de personas que realizan esta actividad y que padecen diversos abusos laborales.
Marcelina Bautista Bautista, directora del Centro de Apoyo y Capacitación para las Empleadas del Hogar (CACEH) y Marcela Azuela Gómez, impulsora del proyecto “Hogar Justo Hogar” (una agrupación de personas que ofrece empleo digno a las trabajadoras del hogar), anunciaron la mañana de hoy que enviaron una carta al gobierno federal para exigir la ratificación del Convenio 189.
Previo al Día Internacional de la Trabajadora del Hogar, que se conmemora hoy, las activistas dirigieron la misiva al titular del Ejecutivo, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; al secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña; y al abogado de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos Cervantes.
En el documento enfatizan la importancia de que el Estado mexicano ratifique el Convenio 189 de la OIT –firmado por México en 2011- para que sea una obligación federal regular las horas de trabajo, días de descanso, espacios de trabajo seguros, trato digno y contratos de trabajo para todas las personas trabajadoras del hogar, principalmente mujeres, que no cuentan con ninguna prestación ni protección laboral.
La carta enviada al Ejecutivo dice que el Convenio 189 de la OIT entró en vigor en 2013, y aunque la Segob prometió enviar el documento para su estudio y ratificación al Senado de la República, no cumplió.
“Esto quiere decir que de manera voluntaria, el Ejecutivo Federal ha dejado en estado de indefensión legal a más de dos millones de mexicanos, mujeres en su mayoría, que se dedican al trabajo remunerado del hogar”, agregaron las defensoras de los derechos laborales.
Además, la actual administración “no puede darse el lujo” de seguir cometiendo errores en materia de Derechos Humanos (DH), advirtieron por escrito las expertas.
Las activistas calificaron como “pretexto” que el gobierno federal se niegue a ratificar el Convenio por los supuestos costos que generaría asegurar prestaciones sociales para las millones de personas mexicanas que se dedican al trabajo del hogar.
Sin embargo, señalaron, lo que el gobierno federal ignora es que podría obtener beneficios al incorporar a las trabajadoras a la Seguridad Social toda vez que se generarían más ingresos para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que deberán pagar los nuevos contribuyentes.
Marcelina Bautista Bautista, principal impulsora de este Convenio, criticó que otros países hayan avanzado más que México para la ratificación de este Convenio, aún cuando es urgente porque las trabajadoras del hogar en este país “están muy lejos de tener un empleo decente”.
De acuerdo con la activista –indígena oaxaqueña que durante 20 años fue trabajadora del hogar- ellas se enfrentan día a día con actitudes discriminatorias por parte de sus empleadoras, quienes en muchos casos se niegan a pagarles un sueldo justo y las acusan de presuntos robos para evitar pagarles una liquidación.
De acuerdo con Bautista, que reunió datos actualizados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las trabajadoras del hogar representan el 10 por ciento de las mujeres ocupadas en México, las cuales reciben de uno a dos salarios mínimos, no cuentan con contratos de trabajo ni seguridad social y, en el futuro, no gozarán de una jubilación.
La directora de CACEH criticó que los programas sociales que impulsó el gobierno del Distrito Federal (DF) para que las trabajadoras del hogar cuenten con seguro popular y apoyos para la vivienda son de corte asistencialista que duran sólo sexenalmente y que son de difícil acceso para las trabajadoras, toda vez que al menos en su organización ninguna de ellas logró beneficiarse con estos programas.
Por su parte, Marcela Azuela informó que aunque muchas personas quieren asegurar a sus trabajadoras no existen condiciones legales para hacerlo, por lo que es urgente reformar el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo –sobre horarios de descanso y alimentación de estas trabajadoras- y que la Ley del Seguro Social convierta en una obligación asegurar a las empleadas del hogar.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.-
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