Por: Teresa Ulloa Ziáurriz*
En
un país como México es posible mencionar cientos de casos judiciales
que se han trasladado a los medios, y escándalos mediáticos que se han
llevado a los juzgados.
Existe una línea difusa entre ambas esferas, principalmente provocada
por un creciente número de “comunicadores” o “periodistas” que se dan
el lujo de opinar sobre prácticamente cualquier tema por el sólo hecho
de tener acceso a un micrófono, salir a cuadro o contar con un espacio
en la prensa, sin que esto signifique necesariamente que respeten a su
público por su desempeño ético, o por cumplir con el derecho de réplica
que a cualquiera nos otorga la ley.
El caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre tiene a la fecha una serie
de ingredientes que bien podrían convertirse en película policiaca, de
lo inverosímil que resulta el desempeño de sus protagonistas, no
obstante la gravedad que implica el hecho de que el presidente de un
partido político tenga tras de sí, no sólo decenas de averiguaciones
previas sin avance, sino más de una imputación directa, presentada ante
las autoridades, sobre una presunta red de prostitución al amparo de
recursos públicos, y con jóvenes mujeres en estado de necesidad como
víctimas que, a la fecha, no han tenido un mínimo espacio como sujetas
del derecho al acceso a la justicia mexicana.
Es así que, mientras la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal (PGJDF), a través de su titular, Rodolfo Ríos Garza, se ha
empeñado –sistemáticamente y de muy diversas formas– en negar el acceso
a la justicia para las víctimas de Gutiérrez de la Torre, y la PGR
sigue sin resolver si atraerá el caso –ya que existen los elementos que
configuran el delito de delincuencia organizada–, otros más listos
tratan de ganar terreno en los medios de comunicación.
¿Qué diría usted si una persona como Gutiérrez de la Torre de pronto
aparece ante Ciro Gómez Leyva –quien, según sus propias palabras, le
“rogó” para obtener la entrevista– no sólo negando los hechos o
afirmando que no existen imputaciones directas en su contra (lo cual es
falso), sino haciendo apología del drama con la excusa de que intentó
suicidarse un par de ocasiones, o que padece cáncer de próstata
ocasionado por el estrés, o que se encuentra en tratamiento
psiquiátrico?
¿Por qué apelar a la emocionalidad discursiva, en vez de defender su supuesta inocencia ante los tribunales?
¿Qué diría usted si este mismo personaje –acusado de delitos tan graves
como reclutar a jóvenes en situación de vulnerabilidad, a través de
publicidad ilícita o engañosa, utilizando las instalaciones y recursos
de un partido político para después pedirles favores sexuales– haya
sido mágicamente exculpado por su propio partido, sin mediar siquiera
un intento de investigación, luego de que diversas voces que dentro del
mismo PRI han exigido su salida, y que dos presidentas de la Comisión
de Justicia Partidaria hayan renunciado porque éticamente no pudieron
cumplir con el lineamiento o instrucción que les impuso la dirigencia
nacional del Revolucionario Institucional?
En este país es por todos sabido que cuando delitos de esa magnitud no
son investigados o están en la impunidad intencional por parte de las
autoridades responsables, existe más de un cómplice a quien o quienes
no les conviene que se siga investigando, justamente porque más de un
político o autoridad podrían verse involucrados.
Y ya que son justamente los titulares de la PGJDF y de la PGR quienes
están al frente de esta responsabilidad, ¿es o no válido dudar o
suponer que, dada la negligencia e irresponsabilidad con que han
tratado el caso, son ellos quienes se encuentran involucrados, o al
menos, hoy son ya cómplices por omisión por no haber actuado con la
debida diligencia? ¿Qué otra cosa deberíamos pensar?
En medio del protagonismo, autocensura y servilismo de Ciro Gómez
Leyva; de la autovictimización de Gutiérrez de la Torre; de la
complacencia del PRI, de la satanización al equipo de Carmen Aristegui
por haber presentado el reportaje que develó el tema (no obstante que
por ese trabajo ganó el Premio PEN Internacional, junto con Elena
Poniatowska), existen al menos tres víctimas y dos averiguaciones
previas de quienes sí fueron perjudicadas, quienes tienen derechos
amparados por nuestra Constitución y por instrumentos internacionales,
y a quienes nadie quiere ver en medio de un terrible marasmo de
corrupción que les ha negado la justicia.
¿Por cuánto tiempo más? Mientras, la CATWLAC ganó la revisión del
amparo contra la PGR y se le ordena al Juzgado de Distrito reponer el
procedimiento, lo que sólo es una batalla jurídica ganada, mas no la
guerra.
Hoy la palabra la tiene la procuradora general de la República, Arely
Gómez, para demostrarnos que será una institución cercana a las
víctimas y no sólo un discurso de más y más simulación.
Yo confío que así será.
Twitter: @CATWLACDIR
*Directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en
América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
Foto: Luis Contreras/hielos/Altoscontrastes
Cimacnoticias | México, DF.-
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