El
gobierno del Estado de México –entidad en la que se registra la
desaparición de dos mujeres al día, de acuerdo con grupos civiles– no
da muestras reales de querer garantizar el acceso a la justicia a las
víctimas de violencia de género.
La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
determinó que las autoridades de la entidad cometieron irregularidades
al investigar la muerte de Mariana Lima Buendía, joven asesinada en
2010 en el municipio mexiquense de Chimalhuacán, por lo que ordenó
reabrir el caso como un probable feminicidio y no como un supuesto
“suicidio” (Cimacnoticias, 25 de marzo de 2015).
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio
(OCNF), tras la resolución con carácter de urgente del máximo órgano
judicial del país, la Procuraduría General de Justicia del Estado de
México (PGJEM) en primer lugar debía asegurar que el judicial
mexiquense Julio César Hernández Ballinas –señalado como responsable
del asesinato de Mariana– no busque eludir a la justicia.
Además la PGJEM debía brindar seguridad a Irinea Buendía (madre de
Mariana) y su familia, garantizar que la nueva investigación la
realizara personal altamente capacitado en Derechos Humanos y
perspectiva de género, y asegurar que altos mandos respondieran ante el
caso calificado por la SCJN como “importante y trascendente”, pero nada
de ello ha ocurrido.
En entrevista con Cimacnoticias, Rodolfo Domínguez, director de
Justicia, Género y Derecho Humanos y abogado del caso, señaló que la
falta de compromiso por parte de la PGJEM sigue siendo una constante.
Informó que hasta el momento no hay un acercamiento oficial de la
Procuraduría con la familia de Mariana Lima, con el argumento de que la
dependencia no ha sido notificada formalmente de la resolución de la
Corte.
A decir del abogado, la notificación es un “mero formalismo que la
PGJEM está usando para ganar tiempo”, pues ya se cuentan con los
elementos suficientes para iniciar nuevamente la investigación, y para
este momento ya se debió haber garantizado que Ballinas sería
considerado como probable responsable y que no escape de la justicia.
En una reunión informal que el OCNF mantuvo con personal de la PGJEM se
informó que Ballinas no ha sido suspendido como agente judicial, y se
argumentó “que lo van a tener contratado para tenerlo vigilado”.
Rodolfo Domínguez agregó que actualmente el caso se encuentra en la
Fiscalía de Asuntos Especiales –que depende directamente de la PGJEM–,
pero externó su preocupación de que se decida regresar el expediente a
la Fiscalía de Feminicidio, que fue la que determinó el no ejercicio de
la acción penal contra Ballinas, al considerar que el caso no cumplía
con las características de este delito.
El defensor subrayó que debido a las negligencias cometidas hay mucho
material probatorio que se perdió, pero hay elementos que son
rescatables en el expediente, por lo que se debe garantizar que la
investigación mandatada por la SCJN la realice personal altamente
capacitado.
“Por experiencia en otros casos sabemos que ese personal no existe y
ante este mandato judicial, la Procuraduría tiene la obligación de
contratar al personal capacitado que se requiere”, observó el abogado.
Domínguez lamentó que las autoridades mexiquenses encargadas de
procurar y administrar justicia no estén dimensionando la importancia
de la resolución de la SCJN, pues no sólo mandata que se realice de
nuevo la investigación, sino que también les ordena a realizar una
revaloración al interior de la PGJEM.
“Lo que la sentencia está diciendo no es poca cosa, pues analizaron el
expediente y su respuesta también señala que hay un actuar deliberado y
doloso para obstruir el acceso a la justicia a las víctimas de
violencia feminicida, lo que se traduce en corrupción, impunidad y
violencia institucional”, puntualizó.
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.-
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