Hasta
2016 se desclasificarán los expedientes ya consignados en contra del ex
mandatario y otros por el genocidio del 68 y el 71.
La Procuraduría General de la República (PGR) rechazó entregar una
versión pública de las dos averiguaciones que hace más de una década
consignó en contra del expresidente Luis Echeverría por el delito de
genocidio, argumentando en solo cuatro meses dos razones distintas:
primero, que ya no existía ningún expediente en sus archivos y luego… que si tiene los datos pero dentro de una averiguación en curso y reservada.
Esta información fue proporcionada exactamente por la misma subprocuraduría de la PGR y ratificada en ambos casos como válida por el Comité de Información de la dependencia. Los datos se habían solicitado por transparencia.
En enero el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI)
advirtió a la Procuraduría, tras su primer negativa a revelar los datos
bajo el argumento de la inexistencia, que la investigación de los
hechos ocurridos en el 68 y el 71 tenía que revelarse y más aún al
tratarse de crímenes de lesa humanidad, en los que impera el principio
de “máxima publicidad”
“Los hechos de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, y de 1971, en
las inmediaciones del Casco de Santo Tomás, forman parte de una de las
fases más penosas de la historia contemporánea de nuestro país (…) ¿no
convendría hacer un esfuerzo por sistematizarla y tenerla disponible?”
señaló en ese momento el comisionado Joel Salas Suárez.
Tras esa resolución Animal Político requirió los datos de los referidos expedientes pero la PGR los negó argumentando, ahora, que existe una averiguación en trámite.
La Procuraduría insistió además en la reserva por un periodo de hasta doce años
en las averiguaciones previas consignadas. Los dos expedientes que se
solicitaron fueron reservados y enviados a un juez en los años 2004 y
2005, por lo que sería hasta 2016 cuando sean desclasificados.
Cabe señalar que según cifras del IFAI, la PGR se encuentra entre
las dependencias en contra de las que se interponen más quejas por
opacidad: en 2014 fueron más de 200 recursos y en la mitad de ellos los
comisionados le dieron la razón a los quejosos.
Primera respuesta: ya no están
En la solicitud de información folio 0001700277814 un peticionario
solicitó a la PGR que se le entregaran versiones públicas de las
averiguaciones PGR/FEMOSPP/011/2002 y PGR/FEMOSPP/002/2002 integradas
por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del
Pasado y relacionadas con el homicidio masivo de estudiantes en los
años 1968 y 1971.
En dichos expedientes la PGR acusó a varias personas, entre ellos al
ex presidente Luis Echeverría por el delito de genocidio, considerado
en el Código Penal Federal como un ilícito contra la humanidad.
En su petición el solicitante argumentó que la PGR no podía negar
esta información pues existía evidencia de que fue entregada antes en
otra solicitud y además, porque se trataba de un caso de graves
violaciones a derechos humanos o lesa humanidad lo que anulaba la
reserva del mismo.
Pero la Subprocuraduría Jurídica de la PGR respondió que la
información era “inexistente.” Detalló que la Subprocuraduría de
Delitos Federales realizó una “búsqueda exhaustiva”
de las averiguaciones sin que las mismas fueron encontradas ya que
fueron consignadas en los años 2004 y 2005 según los libros de gobierno.
Se realizó una búsqueda en los archivos de concentración de
expedientes, agregó la PGR, sin que se encontrara ningún otro
documento. La inexistencia de la información fue revisada y ratificada
por su Comité de información en su 43 sesión ordinaria celebrada el 14
de noviembre del año pasado.
Por esta respuesta se presentó el recurso de revisión y el pasado 3
de enero el IFAI resolvió en favor del solicitante y consideró que la
Procuraduría estaba obligada a entregar copias del expediente
consignado.
Segunda respuesta: Están en otra averiguación
Tras la argumentación hecha por el IFAI, Animal Político
solicitó a la PGR el acceso a las versiones públicas de los dos
expedientes que consignó en contra del ex presidente Luis Echeverría.
La petición quedó asentada bajo el folio 0001700067315.
La respuesta negativa fue de las mismas subprocuradurías que se
pronunciaron en la solicitud de noviembre pero con otra justificación:
“la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales
manifestó que la información solicitada se encuentra inmersa en una averiguación previa que se encuentra en trámite, por lo que tiene el carácter de reservada por un periodo de doce años”.
La PGR no dio detalles extras de esta averiguación que se encuentra,
según ellos, en desarrollo y de la que no hizo referencia alguna en la
respuesta de noviembre, cuando señaló tras la “búsqueda exhaustiva” que
todo el material estaba consignado.
Al continuar con su argumentación la procuraduría expuso varios
artículos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública en los que se establece que una averiguación previa y todo su
contenido es clasificado hasta por un periodo de doce años.
Lo que la Procuraduría “olvidó” señalar es que uno de los artículos
que menciona, el 14 de la Ley Federal de Transparencia, señala en su
último párrafo que no puede invocarse el carácter de información
reservada en caso de lesa humanidad, situación que aplica al delito de
genocidio por el cual fueron consignadas al menos las averiguaciones
iniciadas hace más de una década.
Pese a lo anterior, la Procuraduría dijo que esta nueva respuesta
respecto a la “reserva” de los datos fue revisada y ratificada por su
Comité de Información en la octava sesión ordinaria que se llevó a cabo
el pasado 3 de marzo. Se trata del mismo comité que meses antes dio por
válido que no existía expediente alguno del caso.
Un “no” reiterado
La negativa a proporcionar datos en el caso Echeverría se suma a
otras investigaciones o hechos de alto impacto en donde la Procuraduría
también se ha reusado a revelar información sin importar incluso, si
existe un pronunciamiento del IFAI.
Por ejemplo, la PGR ha rechazado hasta ahora dar a conocer los
peritajes y otros detalles de la investigación por la ejecución
extrajudicial de Tlatlaya, pese a que ha sido clasificado como un caso
de graves violaciones a derechos humanos. La PGR ha argumentado desde
la reserva de los datos hasta la falta de copias para no entregar datos.
Solo este año el IFAI ha tenido que instruir a la procuraduría para
que informe sobre las desapariciones de Iguala, sobre los casos
registrados de desaparición forzada en últimos años, para que detalle
los homicidios dolosos vinculados con el crimen organizado, entre otros.
De acuerdo con datos del propio IFAI, solo en 2014 la PGR argumentó
en 1 de cada 10 casos la supuesta inexistencia de los datos que se le
pedían. La dependencia acumuló más de 200 expedientes de queja en ese
año.
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