Y las otras dos promesas se cumplieron, pero a medias.
animalpolitico.com
En noviembre de 2014 el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer un
decálogo de acciones “prioritarias” en seguridad tras la crisis
desatada por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa; 120 días
después, ocho de los puntos anunciados no se han materializado, y los
otros dos apenas se cumplieron parcialmente.
Entre los pendientes hay algunos atorados en el Senado o con los
diputados, pero también están iniciativas o programas que el mismo
gobierno no ha presentado. Por ejemplo, la línea de emergencia 911
causó gran impacto y polémica al principio pero meses después es poco
lo que se ha dicho.
De acuerdo con Peña Nieto, concretar este plan es vital para que
México cambie, pues como el mismo mandatario reconoció, lo hecho hasta
hace cuatro meses era insuficiente para revertir las condiciones de
violencia y deterioro en varios sitios del país.
“A pesar de las acciones emprendidas en la actual y anteriores
administraciones, algunas de estas condiciones de debilidad
institucional siguen presentes (…) los hechos de Iguala nos han dejado
claro a todos, a sociedad y Gobierno, que aún hay mucho por hacer” dijo
el 27 de noviembre.
Menos de 48 horas después de ese discurso legisladores del PRI
calificaron como una “prioridad” la aprobación de estas medidas, pero
hasta ahora, el balance deja muchos más pendientes que objetivos
consumados.
Primera acción: Ley contra la infiltración del crimen en municipios
Estatus: No concretada
El 1 de diciembre de 2014 la Presidencia envió al Senado una
propuesta de reformas a la Constitución, que entre otras cosas, darían
facultades a la federación para intervenir en los municipios donde se
tuvieran “indicios” de una infiltración del crimen organizado. Incluso
podría pedirse la destitución misma del alcalde.
La iniciativa sufrió cuestionamientos de la oposición casi
inmediatos, sobretodo en vel sentido de que se rompía con el pacto
federal y podría ser objeto de abusos.
La reforma está prácticamente congelada en las comisiones de
justicia, puntos legislativos y constitucionales de la Cámara Alta,
aunque se dijo que en abril será revisada y modificada.
Segunda acción: Redefinir sistemas de competencia
Estatus: No concretada
El presidente planteó establecer nuevas “Leyes de Concurrencia y
Competencia” con el objetivo de agilizar la investigación de delitos
con independencia del fuero al que pertenecen. Por ejemplo, se propuso
que fiscalías locales pudieran indagar casos de delincuencia organizada.
La iniciativa no recibió los cuestionamientos que tuvieron algunas
de las otras propuestas de parte de la oposición, pero forma parte del
paquete de reformas que está parado en el Senado de la República y por
ende, no se ha concretado.
Tercera acción: Creación de Policías estatales únicas
Estatus: No concretada
Peña Nieto propuso eliminar definitivamente las más de mil 800
policías municipales que existen en el país y que la operación y mando
se traslade a 32 corporaciones estatales únicas, con el objetivo, según
se dijo, de dificultar que permee la corrupción. A las fuerzas de los
ayuntamientos se les dejará únicamente labores de vialidad.
Esta propuesta no solo enfrenta la resistencia de los legisladores
sino también la oposición de otros sectores. Por ejemplo, la Asociación
Nacional de Alcaldes sostuvo que era peligroso restarle fuerza a los
municipios que son la primera línea de contacto con los ciudadanos;
investigadores como Javier Oliva de la UNAM o María Eugenia Suárez de
INSyDE señalaron que se va en contra de la tendencia internacional a
formar cuerpos policiales de proximidad.
La eliminación de las policías municipales forma parte del paquete de reformas que está en el Senado sin avance hasta ahora.
Cuarta acción: Expedición del número único 911
Estatus: No concretada
El presidente argumentó que crear la línea 911 era necesario para
establecer un número homologado de emergencia en el país, que además
agilice la respuesta de las autoridades y permita recopilar datos. La
selección de esa marcación obedece a que es conocida por la mayoría
debido a su uso en los Estados Unidos.
La propuesta tuvo impacto casi de inmediato a nivel mediático y fue
de lo más comentado y también satirizado en redes sociales. El
Instituto Federal de Telecomunicaciones fue designado para analizar la
viabilidad del proyecto, pero en lo que va de este año no se han dado a
conocer avances.
Quinta acción: Clave Única de Identidad
Estatus: No concretada
Que en México exista un documento único que identifique a todos los
ciudadanos es una petición que viene desde sexenios pasados. En 2014
activistas como María Elena Morera insistieron al presidente que este
tema tenía que sacarse adelante y Peña Nieto lo incluyó en el decálogo
de acciones anunciadas.
El 5 de enero la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago) firmó un
convenio junto con la administración federal para iniciar los trabajos
que requiere la adopción de esta clave. Desde ahí no se han conocido de
nuevos avances en el tema y no se ha confirmado una fecha específica
para que esto se materialice.
Sexta acción: Operativos en Tierra Caliente, Tamaulipas y Jalisco
Estatus: Concretada parcialmente
El presidente anunció a finales de noviembre que el gabinete de
seguridad reforzaría los operativos especiales en la región de tierra
caliente en Michoacán y Guerrero así como en diversos municipios de
Jalisco y Tamaulipas, estados donde las condiciones de inseguridad y
violencia se han profundizado.
En la primera semana de diciembre se informó de la nueva fase del
despliegue en tierra caliente, pero en lo que respecta a los otros
estados no hubo anuncios. La alcaldesa de Matamoros, Tamaulipas,
Leticia Salazar, señaló en febrero pasado que les urgía un mayor apoyo
federal debido a la violencia en la zona fronteriza.
Estos cuatro estados fueron también elegidos como los primeros en donde
se eliminará de forma definitiva a las policías municipales, pero esto
no ha ocurrido.
Séptima acción: Agenda de reformas en justicia cotidiana
Estatus. No concretada
Peña Nieto consideró necesario apuntalar una serie de reformas en lo
que denominó “justicia cotidiana” con la finalidad de fortalecer los
derechos de los ciudadanos en temas de derecho civil y mercantil y no
solo penal. Para ello pidió al Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE) la elaboración de recomendaciones en la materia en un
plazo de 90 días.
En febrero concluyeron los foros que realizó el CIDE sobre estos
temas y también el plazo mencionado, pero hasta ahora se desconoce cuál
es la propuesta definitiva pues no se ha anunciado. En consecuencia el
gobierno tampoco ha presentado las iniciativas de reformas que se
requerirán al Congreso.
Octava acción: Leyes y reformas en derechos humanos
Estatus. Concretada parcialmente
El presidente anunció varias iniciativas para apuntalar la
protección de los derechos humanos y en especial de las víctimas. La
mayoría de ellas eran pendientes que se venían acarreando desde meses
atrás, y otras un reclamo de organizaciones de la sociedad civil u
organismos internacionales.
Entre lo anunciado ya se cumplió con el reglamento de la Ley General
de Víctimas, el diseño de un fondo para la protección y reparación del
daño, y la integración de un consejo consultivo para reformas en
derechos humanos.
Pero siguen pendientes temas coyunturales como leyes generales en
desaparición forzada y tortura de las que ya hay varias iniciativas no
aprobadas, y tampoco existe el sistema nacional de búsqueda o el de
información genética. En la Cámara de Diputados hay el compromiso de
que antes de que concluya el actual periodo de sesiones se dictaminen
estos pendientes.
Novena acción: Puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción
Estatus: no concretada
Peña dio en noviembre su respaldo “total” a la puesta en marcha del
Sistema Nacional Anticorrupción propuesto por la oposición, que incluye
el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación, el
nacimiento de un tribunal imparcial para sanciones administrativas y de
una fiscalía especializada.
Los diputados aprobaron a finales de febrero el dictamen para sacar
adelante esta iniciativa sin embargo, el tema se estancó en el Senado
donde ya adelantaron que habrá cambios en la minuta. Tampoco se ha
designado a un fiscal en la materia, como se pretendía hacer desde
diciembre pasado.
Décima acción. Nuevo portal de transparencia
Estatus: no concretada
El presidente anunció que la Secretaría de la Función Pública (SFP)
lanzaría un nuevo portal de información sobre los proveedores y
contratistas de toda la Administración Pública Federal. El objetivo es
que los ciudadanos pudieran conocer en un solo sitio el número y monto
de los contratos de cada dependencia o de cada empresa.
El 3 de febrero Virgilio Andrade fue designado al frente de la SFP y
prometió investigar a fondo casos como el de la llamada “Casa Blanca”
del presidente; pero del portal anunciado el año pasado no se dieron
noticias.
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