No es posible erradicar la práctica de la tortura si las autoridades a quienes corresponde esta tarea se niegan a admitir la gravedad y las dimensiones de los casos que ocurren a nivel nacional.
lasillarota.com
El
pasado 9 de marzo, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la
Tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes,
presentó su informe elaborado tras su visita a México que tuvo lugar
del 21 de abril al 2 de mayo de 2014, en el que confirmó uno de
nuestros más grandes temores: La tortura en México es generalizada.
En el informe el relator resaltó que nuestro país atraviesa por una
compleja situación de seguridad pública, señalando que a partir del
inicio de la denominada “guerra contra el narcotráfico” se ha
registrado un aumento de las quejas por tortura y malos tratos.
Asimismo, enfatizó que la militarización de la seguridad pública se
mantiene como una estrategia, ya que más de 32.000 militares aún
cumplen tareas que corresponderían a la policía.
El relator, Juan Méndez, concluyó que “la tortura y los malos tratos
durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a
disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un
contexto de impunidad”, especificando que la frecuente utilización de
torturas y malos tratos en diversas partes del país es realizada “por
parte de policías municipales, estatales y federales, agentes
ministeriales estatales y federales, y las fuerzas armadas”.
Uno de los puntos recomendatorios del informe consiste en “reconocer
públicamente la dimensión de la impunidad respecto a las torturas y
malos tratos”, las cuales, de acuerdo con el relator, son resultado de
“fallas estructurales, repetidas a nivel federal y estatal, que
potencian esta impunidad” ya que en varias ocasiones “los ministerios
públicos son reticentes a investigar las denuncias” o bien
“reiteradamente las víctimas deben denunciar la tortura ante el mismo
cuerpo al que acusan de cometerla o permitirla”.
Además el relator denunció que existe una fuerte tendencia a
calificar los actos de tortura o malos tratos como delitos sin la mayor
importancia y de menor gravedad. Y no se equivoca, las reacciones de la
propia Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) en torno a este
informe así lo confirman.
Como un grave elemento que complementa el incremento de la tortura
en nuestro país, el relator reiteró en su informe algo que desde 2012
afirmamos algunas diputadas y diputados integrantes de la LXII
Legislatura: El arraigo no es compatible con los derechos humanos.
El informe da cuenta de una tendencia existente que se ve reflejada
en detenciones para investigar, en vez de realizar investigaciones para
detener, por lo que también ha recomendando la eliminación de la figura
del arraigo, misma que en la actual Legislatura el PRI, PAN, Partido
Verde y Nueva Alianza detuvieron.
Resulta preocupante que tras la presentación del informe, la
Secretaría de Relaciones Exteriores expresara su rechazo a la
aseveración del relator sobre el carácter generalizado de la práctica
de la tortura en el país sin que ofreciera evidencias que sostuvieran
una explicación verosímil que contrastara lo afirmado en el informe.
Por el contrario, las cifras de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, así como de la Procuraduría General de la República demuestran
que en efecto, la situación es alarmante.
En ambos casos, las quejas o averiguaciones previas abiertas relacionadas con hechos de tortura reflejan un aumento importante.
Sin embargo, lejos de aceptar la recomendación de aceptar las
dimensiones del problema, el gobierno de Enrique Peña Nieto, en voz del
subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE,
Juan Manuel Gómez Robledo, descalificó el trabajo del relator sobre
tortura de la ONU, calificando su actuación “irresponsable, poco ética
y sin sustento”, por afirmar que en todo México se experimentan casos
de tortura.
Dicha afirmación fue realizada en una sesión de trabajo con
integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la
República, en donde agregó que “por algún tiempo” dejarán de trabajar
con el relator.
Estas temerarias acusaciones fueron respaldadas por José Antonio
Meade, secretario de Relaciones Exteriores, quien ha manifestado
públicamente su molestia con el relator especial, Juan Méndez, por el
informe presentado, afirmando que “suscribe todos y cada uno” de los
términos empleados por Gómez Robledo.
No es esta la primera vez que el gobierno de Peña Nieto rechaza las
recomendaciones o investigaciones de prestigiosos y reconocidos entes
del ámbito internacional en materia de derechos humanos.
Tan solo hace unos meses, el ex procurador Jesús Murillo Karam
rechazó las investigaciones y recomendaciones realizadas por el equipo
argentino de antropología forense, en torno a los hechos ocurridos hace
seis meses en Iguala, Guerrero, que resultaran en la desaparición
forzada de 43 estudiantes.
Respecto a lo que fue acreditado en el informe del relator respecto
a la tortura en nuestro país, las recomendaciones coinciden plenamente
con aquellas que fueron emitidas por el Comité de Desaparición Forzada
en febrero de 2015, las surgidas del Examen Periódico Universal de
2013, así como las emitidas por el Comité Contra la Tortura en 2012.
Es grave que el gobierno federal dé poca credibilidad a esta
información, pues no es posible erradicar la práctica de la tortura si
las autoridades a quienes corresponde esta tarea se niegan a admitir la
gravedad y las dimensiones de los casos que ocurren a nivel nacional.
Nuevamente nos enfrentamos ante una situación en la que un gobierno
ineficiente rechaza lo que a nivel internacional es evidente e
ineludible: En México no se respetan los derechos humanos y el gobierno
federal está dispuesto a desacreditar a cualquier institución, antes
que aceptar que hoy en día, la situación social, política y económica
de nuestro país es tan inestable que ha llevado al 57% de la población
a rechazar la gestión de Enrique Peña Nieto.
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