Repudian activistas descalificaciones a informes sobre tortura
La
política exterior mexicana dio un severo retroceso en materia de
Derechos Humanos (DH) al descalificar los informes del relator especial
de la ONU sobre Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Juan Méndez, y
del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (Comité
CED), que dan cuenta de la lacerante realidad que enfrentan muchas
mexicanas.
Organizaciones civiles mexicanas e internacionales, como Asociadas por
lo Justo (JASS, por sus siglas en inglés) y la Comisión Mexicana de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), enviaron una
carta a Enrique Peña Nieto para expresarle su rechazo y preocupación
ante las recientes declaraciones de funcionarios de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE) en torno a los informes recientemente
publicados.
Lo anterior, luego de que el embajador Juan Manuel Gómez Robledo,
subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE,
calificó el informe del relator sobre Tortura como “no profesional y
poco ético”.
Tal postura fue avalada por el canciller, José Antonio Meade, quien
–sin sustentar sus afirmaciones– rechazó que la tortura sea
generalizada en México, y fijó la postura del Estado mexicano de no
querer “trabajar más con el relator de Tortura (de la ONU)”.
El pasado 9 de marzo se publicó el informe del relator especial sobre
la Tortura, y en él se confirma que en México las mujeres que son
detenidas pueden ser víctimas de “desnudez forzada, insultos,
humillaciones verbales, manoseos y violación sexual reiterada y por
varias personas”.
Situación que se agrava debido a que la mayoría de los casos no son
investigados ni sancionados, o bien son calificados como conductas de
menor gravedad, además de que las mexicanas son revictimizadas al
someterlas a exámenes médicos para comprobar el ilícito.
Por otro lado, las observaciones finales del Comité CED (presentadas en
febrero pasado) dicen que las mujeres que son sometidas a desaparición
forzada son particularmente vulnerables a actos de violencia sexual y
otras formas de violencia de género.
En su documento, el Comité detalló que las mujeres que son familiares
de una persona desaparecida son particularmente vulnerables a sufrir
serios efectos sociales y económicos adversos, así como a padecer
violencia, persecución y represalias por sus esfuerzos para localizar a
sus seres queridos.
En este contexto, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de
Chihuahua (Cedehm) y el Grupo de Información en Reproducción Elegida
(GIRE), entre otras organizaciones, evidenciaron que la postura de la
SRE no sólo va en contra de los métodos de trabajo del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU, del que México es parte, “sino que
evidencian la intolerancia y el desconocimiento ante graves violaciones
que se vienen cometiendo en todo nuestro país”.
Por lo que reprocharon al titular del Ejecutivo federal que la falta de
reconocimiento de la situación real del país y de los desafíos que
enfrenta en materia de DH “representa un retroceso para la
consolidación democrática de un Estado de Derecho.
“Una política exterior que se base en el desconocimiento de las
instituciones internacionales a las que el Estado mismo ha contribuido
a edificar y fortalecer, resta legitimidad al compromiso de avanzar a
favor del respeto, protección y realización de los DH”.
Finalmente llamaron a la congruencia en la política exterior mexicana
en materia de DH y solicitaron al Ejecutivo rectificar las respuestas
del Estado mexicano a las observaciones finales del Comité CED y del
relator especial de la ONU, así como atender a la brevedad las
recomendaciones presentadas en ambos informes.
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.-
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